No hay rastro de Antonio David cuatro meses después de su desaparición. Su madre aseguró haberlo matado y arrojado a unos contenedores en Madrid.

Si se contabiliza como asesinato, serían al menos seis los menores que perdieron la vida el año pasado a manos de sus madres. Son víctimas invisibles. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género solo registra los crímenes cometidos por los padres. Siete en 2021. Es la llamada violencia vicaria.

El término fue acuñado hace una década por la psicóloga Sonia Vaccaro. Alude a la violencia que ejerce un varón contra los allegados de una mujer para causarle el mayor daño posible. El concepto caló en la sociedad con el caso de Olivia y Anna, las menores que desaparecieron en Tenerife en abril después de que su padre dijera a su expareja que jamás volvería a verlas. Tras varias semanas de búsqueda, encontraron el cadáver de una de las pequeñas en el fondo del océano.

Modificar la ley

PSOE y Podemos registraron en diciembre una propuesta para introducir por primera vez el término en la ley de violencia de género. Todos los partidos, excepto Vox, parecen estar de acuerdo. Eso se desprende de la inclusión del concepto en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en noviembre, al que solo se opuso la formación que preside Santiago Abascal.

La modificación en la ley de violencia de género también tiene detractores entre los profesionales del Derecho. La abogada Guadalupe Sánchez considera que el concepto es fruto de la «manipulación». «Es puramente ideológico porque solo alude a los padres que hacen daño a sus hijos. Nos dicen que al contrario no hay violencia vicaria, lo cual supone una instrumentalización política», insiste la autora de Populismo punitivo, un libro que relata cómo se explota el dolor de las víctimas.

Sánchez no entiende la distinción entre víctimas, que en su opinión son siempre los niños. «Las estadísticas solo reflejan al hombre como autor de estos crímenes, cuando es un delito que también cometen las mujeres. A los primeros se les da una significación especial y a los segundos se les orilla». La abogada va un paso más lejos al asegurar que «el feminismo identitario usa la ley para convertirla en privilegios».

«Se trata de crear un derecho penal en el que solo pueden ser víctima las mujeres y autores los hombres. Si una mujer agrede a su pareja recibe una pena, pero mucho menor que si el delito lo comete el varón», explica Sánchez. En su opinión, esto pone en jaque al Estado de derecho, pues puede acabar con la presunción de inocencia. E insiste: «La ideología ha llegado al derecho».

La presunción de inocencia

Una opinión que comparte Luis Romero, abogado penalista y doctor en Derecho. «Se aplica el principio de culpabilidad, no el de presunción de inocencia». Según este experto, la ley de violencia de género es «inconstitucional» porque vulnera el derecho de igualdad: «Dice que hay que proteger a las mujeres, pero discrimina al hombre por el simple hecho de serlo». Pone como ejemplo los casos en que hay una denuncia por malos tratos y se prohíbe al padre ver a sus hijos antes de ser condenado.

Romero afirma que los asesinatos de menores se han convertido en una cuestión de Estado cuando el número crímenes es «ridículo, aunque no deje de ser terrible». En su opinión, también hay casos de mujeres que acaban con la vida de sus hijos para hacer daño al padre, aunque estos ni salen a la luz ni existen «estadísticas fiables».

El año pasado, la diputada de Vox Mireia Borrás denunció en redes sociales que el 70% de los filicidios fueron cometidos por mujeres y «nadie las criminaliza». Un estudio realizado por el verificador de información Newtral reveló que 34 de los 61 filicidios cometidos entre 2013 y 2020 llevaban el sello del padre biológico, lo que supone el 56% de los asesinatos. Como fuente se aludía al Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El Ministerio del Interior contabiliza 13 asesinatos de menores hasta septiembre del año pasado. Sin embargo, su sistema estadístico no desglosa el autor por parentesco. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presentó hace dos semanas los datos relativos a 2021. Anunció siete asesinatos de niños a manos de sus padres, por los tres del año anterior. Sin embargo, no registra cifras de los menores que han perdido la vida a manos de sus madres.

Save the Children, una ONG internacional que vela por los derechos de la niñez, contabilizó hasta noviembre 12 asesinatos de menores. La mayoría, cinco, fueron perpetrados por sus padres. En tres ocasiones, la autoría correspondió a la madre. En otros casos fueron cometidos por desconocidos o un exnovio. «No hay datos oficiales sobre este tipo de asesinatos. Lo que realizamos es un seguimiento de los casos que trascienden mediáticamente, así que no están todos», revela un portavoz de la organización.

Víctimas sin registrar

La ONG incluye en su base de datos el caso Leyre, una niña de dos años asesinada en Zaragoza por su madre y el novio de esta en enero del año pasado. O el de un niño de siete meses acontecido en mayo en Elche (Alicante) a manos de su madre y la pareja de esta. El mismo mes, una mujer acabó con la vida de su hija Yaiza, de cuatro años, en Sant Joan Despí (Barcelona), tras administrarle una sobredosis de medicamentos. Tres menores asesinadas por sus madres que no aparecen en ninguna estadística.

Buceando en las informaciones que han aparecido en los medios de comunicación se han podido contabilizar al menos otros tres casos. Uno de ellos, si se termina reconociendo su muerte, es el de Antonio David, el niño discapacitado de 15 años al que se le perdió la pista hace cuatro meses y cuya madre asegura haber matado en un caso de «suicidio asistido».

En noviembre, una mujer y sus dos hijos menores fallecieron en el incendio de una vivienda en el barrio de El Alquián, en Almería. La policía descubrió que la mujer había provocado el fuego para matar a sus hijos y suicidarse. En los días previos había comprado una gran cantidad de gasolina y en el origen de las llamas se encontraron restos de acelerantes. Además, una cama bloqueaba la puerta de acceso de la habitación de los pequeños, que estaban sedados.

En los últimos años se han producido otros casos similares, aunque ninguno forma parte de la estadística oficial. En abril, la Audiencia Provincial de Almería condenó a una mujer a prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo Sergio, de siete años. Lo hizo, aseguró la acusada, para «hacer el mayor daño posible al padre».

Violencia vicaria

José Luis Pedreira, prestigioso psiquiatra del Hospital La Luz de Madrid, explica que el término violencia vicaria solo se puede utilizar en el caso de varones porque son quienes ejercen su posición a través de la fuerza. «También hay mujeres que dañan y asesinan a sus hijos, pero una cosa es el maltrato a la infancia y otra la violencia de género. Hay que distinguir».

Este experto con más de cuatro décadas de ejercicio afirma que emplear la violencia contra los niños no tiene por qué llevar aparejado un problema mental ni de conducta. «No se activa nada en el cerebro, simplemente hay personas que son malas. Sin más».