Sociedad
Más protección para mujeres trabajadoras: El Tribunal Supremo reconoce el derecho de las prostitutas independientes a crear un sindicato
De este modo, el alto tribunal corrige la decisión de la Audiencia Nacional, que disolvió el Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).
La creación del sindicato fue recurrida inicialmente ante la Audiencia por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla. Estas plataformas se niegan a cualquier regularización del trabajo sexual.
La Audiencia actuó con la excusa de que sus estatutos contemplaban también a los trabajadores que por cuenta ajena, cuando no fue así según el TS y el propio sindicato.
Según la Fiscalía, el sindicato en estos casos encubre legalmente el proxenetismo y la trata.
Revés al feminismo abolicionista.
La Sala de lo Social del Alto Tribunal estima así el recurso del sindicato contra la decisión de la Audiencia Nacional de considerar nulos sus estatutos. Esa decisión vino acompañada de una orden para su disolución por amparar la prostitución asalariada.
Los magistrados del Supremo consideran que los estatutos presentados por el sindicato tienen encaje legal y que «las personas que desarrollan trabajos sexuales deben gozar del derecho fundamental a la libertad sindical«.
Solo una nueva batería de medidas legales contra la prostitución en todas sus formas podría frenar la creación de estos nuevos sindicatos de trabajadores sexuales autónomos. La creación de una federación de sindicatos del trabajo sexual podría venir acompañada de una consolidación de estos como lobby de presión que persiga la regularización y normalización del que para muchos es el negocio más antiguo del mundo.
Si bien las organizaciones abolicionistas y el propio Gobierno vieron necesaria la expulsión de OTRAS del registro de sindicatos por «amparar el proxenetismo» el TS considera que ese es otro debate distinto.
El Supremo entiende que los derechos de unos trabajadores a sindicarse es ajeno al debate sobre la legalidad de la prostitución. Es decir, el TS reconoce a los trabajadores sexuales pero se abstiene de entrar en la legalidad o no del negocio al que se dedican, pues esa consideración es asunto del poder legislativo.
Sigue la negativa a contemplar el trabajo sexual por cuenta ajena.
El Supremo entiende que los estatutos del sindicato que habían sido anulados por la Audiencia «no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena».
El propio sindicato reconoce que en esos casos «no existe relación laboral válida», por tanto, no hay discusión en ese sentido.
La sentencia señala que unos estatutos sindicales «no pueden determinar la legalidad o no de cualquier actividad, lo cual es tarea del legislador».
Habemus sindicato de prostitutas.
Con su decisión, el TS ha dado un gran paso en la dirección de reconocer los derechos de los trabajadores sexuales, gigolós y prostitutas.
En cierto modo, también en la línea de regularizar este tipo de actividad económica tan lucrativa y que computa en el PIB desde hace ya muchos años sin que a ningún hipócrita gobierno de turno le haya supuesto un problema.
La Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) lleva años luchando en los tribunales para que se les reconozca su derecho a estar sindicadas porque de esta manera pueden defender y luchar por sus derechos laborales como trabajadoras que son.
España
«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!
El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.
El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.
El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.
El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.
El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.
El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.
El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.
Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.
El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.
