La Plataforma Elecciones Transparentes presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto fraude electoral el 28 de abril - ALERTA NACIONAL
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La Plataforma Elecciones Transparentes presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto fraude electoral el 28 de abril

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En un hecho sin precedentes en la historia del régimen democrático español, medio centenar de ciudadanos han suscrito una denuncia de la Plataforma Elecciones Transparentes contra “el cúmulo de irregularidades sucedidas antes, durante y después de las elecciones del 28 de abril al Congreso y el Senado español”.

Según sus promotores, entre los que se encuentra Pilar Gutiérrez, las investigaciones se han llevado a cabo durante dos meses, en los cuales una docena de abogados y juristas, además de informáticos y matemáticos, han aportado su experiencia y opiniones, para que el escrito tuviera las máximas posibilidades.

Se puede bajar la denuncia aquí y los documentos probatorios aquí, con la primera impresa y los segundos grabados en un CD.

Aunque la mayoría de los demandantes están en la órbita de Vox, este partido se ha desentendido de las denuncias contra un posible pucherazo en los comicios generales. Aún así justifican el indiferentismo del partido de Abascal.


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Trapero dice que se le ha tratado “injustamente” porque hizo lo posible por evitar el 1 de octubre

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El mayor de los Mossos José Luis Trapero ha asegurado este martes, en la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional por el proceso independentista en Cataluña, se siente injustamente tratado porque hizo lo posible para impedir el 1-O y la policía catalana actuó bien, pese a que ha reconocido que hubo algunos agentes que no estuvieron “a la altura” por su ideología.

Trapero también ha declarado que la policía autonómica se negó a entregar información económica y fiscal solicitada por el Gobierno de Carles Puigdemont para una futura república catalana que se instauraría tras conseguir la independencia.

La declaración de Trapero se ha reanudado este martes cerca de las 10.30 horas con las preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha comenzado con un nuevo bloque relacionado con correos electrónicos. El interrogatorio del mayor comenzó este lunes, cuando estuvo respondiendo a las cuestiones del Ministerio Público durante cinco horas.

Uno de los correos electrónicos que ha salido durante el interrogatorio ha sido el que le envió en julio de 2017 el comisario Rafael Comes, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, en el que éste indicaba que había asistido a una reunión a la que estaban también, entre otros, el ex secretario general de Interior César Puig y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó. En él se mencionaba un plan para que en una futura república catalana la policía autonómica tuviera “competencias plenas”, entre las que destacaba el “control de aduanas” y la “investigación de blanqueo para evitar la evasión fiscal de Cataluña”.

Trapero ha comenzado a explicar que en una de los encuentros semanales que él tenía con el consejero del Interior y Puig –también acusado por el delito de rebelión en esta vista oral– para revisar las previsiones semanales, el secretario general le informó que la Consejería de Economía y Hacienda le estaba pidiendo una reunión de “carácter muy técnico”.

“Hasta la fecha nos habían pedido dos temas”, ha indicado el mayor, que se enfrenta a 11 años de cárcel por el delito de rebelión. El primero, está relacionado con “información de tipo fiscal para saber si los hoteles pagaban los impuestos de la Generalitat sobre ese cometido” y el otro, “querían tener información sobre fraude y blanqueo”.

Mossos no facilitó ningún tipo de información

“Mossos no facilitó ningún tipo de información”, ha asegurado, señalando que a la reunión sobre el primer asunto acudió él mismo y les comunicó que “como Administración no tenían que tener ese tipo de información”, que se encuentra en bases de datos de seguridad. “Me parecía una barbaridad”, ha dicho Trapero, expresando la misma palabra con la que ayer tachó el proceso soberanista.

Para la segunda reunión designó como representante de los Mossos a Comes, que acudió acompañado del jefe del área de blanqueo y estafas. Según ha recordado, ambos le indicaron tras el encuentro que se “quedaron a cuadros” cuando escucharon la petición de Hacienda, por lo que también rechazaron facilitar este tipo de información. Trapero ha añadido que después Puig le pidió perdón, alegando que “no sabía de que iba esto”.

Otro de los mails por los que ha sido preguntado ha sido el que recibió el 11 de agosto en el que, según ha dicho el fiscal, se envió un informe que hablaba de “novedades relevantes” sobre el ‘procés’, pues ya se hacía mención del día en el que se iba a votar en el Parlament la Ley del Referéndum.

Aunque el representante del Ministerio Público ha insinuado que el mayor tenía “información privilegiada”, Trapero se ha defendido diciendo que “partir de la premisa” de que él leía todos los correos que recibía “es mucho suponer”.

Niega que temieran la colocación de artefactos explosivos por el 1-O

El mayor de los Mossos D’Esquadra ha negado por otro lado que temieran que algún grupo anarquista colocara artefactos explosivos por el 1-O, tal y como consta en un informe de evaluación de riesgos del 8 de septiembre de 2017 de la Comisaría General de información de la Policía catalana.

El teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha continuado su interrogatorio a Trapero preguntándole acerca de una serie de correos electrónicos que recibió de la Comisaría General de Información.

Según Carballo, en uno de esos correos, se evaluaba la “posible actuación de colectivos anarquistas que podían incluso reivindicar la actividad violenta en forma de artefactos explosivos y de actividad armada en Cataluña”.

Trapero previamente ha querido aclarar que no se puede dar por supuesto que se leía todos los informes que le enviaban, “no es así”. “Uno no tiene capacidad de leer absolutamente todo lo que le llega al correo”, ha replicado, para después asegurar que ese correo en concreto no lo llegó a leer.

“Eso le aseguro no haberlo leído y en ninguna reunión en la que se analizaban los riesgos para el 1-O, la Comisaría General de Información jamás se habló en esos términos”, ha sostenido.

Ha explicado que sobre los colectivos anarquistas, ayer ya señaló que en las últimas valoraciones que se expusieron en una de las reuniones que tuvo en el Palau de la Generalitat se habló de 40 zonas, barrios conflictivos con grupos de tipo anarquista con los que ya habían tenido habíamos problemas.

Más allá de eso, “nunca se valoró en esos términos de que hubiese artefactos”, ha insistido.

Sobre estos correos que le fueron remitidos, Trapero ha explicado que los informes sobre la valoración de riesgos de cara al 1-O comenzaron a hacerse de forma semanal o quincenal para pasar a ser diarios al acercarse la fecha de referéndum

A preguntas del fiscal ha rechazado que estos informes estuviesen relacionados con el conocido como el plan Ágora, ya que este se diseñó en julio, y entró en vigor el 4 de septiembre, algo más tarde de lo previsto debido a los atentados de Cataluña del 17 de agosto

El Plan Ágora, según ha indicado, respondía a que el proceso soberanista implicaba un “tensionamiento social”, por lo que se centraba en dar seguridad a las instituciones que tuvieran “algún tipo de amenaza, escrache o daño. “Esa sería la única relación” con el procés, ha precisado.

Según el fiscal, en un informe del 11 de agosto Manuel Castellví, responsable de la comisaria general, aportó “novedades relevantes en relación con el proceso” como las fechas en las que estaba prevista la votación de las leyes del referéndum, que entonces no se sabían.

“Usted tenía información privilegiada sobre esa tramitación legislativa”, le ha señalado Carballo a Trapero, que ha afirmado que no recordaba haber leído ese correo como otros muchos, y ha explicado que en las reuniones que se mantenían se hacía una síntesis de las novedades más relevantes.

Ha asegurado desconocer de dónde se obtuvo esa información, y ha indicado que Castellví ha sido llamado como testigo a este juicio, y “le podrán preguntar”. “Lo que se hizo con esa información es responsabilidad de la Comisaría general de Información”, ha zanjado.


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Vox registra una ley en el Congreso para ilegalizar a ERC, Junts, Bildu y la CUP

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha registrado este lunes en el Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017, lo que incluye a Esquerra (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), la CUP y EH Bildu, entre otros.

Según ha explicado en rueda de prensa en el Congreso, lo que pretenden es ilegalizar “a todos los partidos que pretendan la destrucción de las unidad nacional”, y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

La proposición de ley de Vox se basa en exigir a los partidos políticos que recojan expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, y en caso contrario se pueden ver abocados a la ilegalización.


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El PP se persona en el TS contra el acta de Torra

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El presidente del PP, Pablo Casado
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El Partido Popular se ha personado en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por Joaquim Torra contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que ejecutó su inhabilitación por desobediencia.

Según ha podido saber ABC, la formación de Pablo Casado presentó el pasado viernes su escrito de personación en el Alto Tribunal tras ser emplazado a hacerlo como parte interesada que es en el procedimiento, pues es del PP de quien partió la iniciativa para que la Junta Electoral Central (JEC) hiciera efectiva la condena por inhabilitación que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este mismo emplazamiento se ha hecho también a Ciudadanos, a Vox y al diputado que, según el acuerdo de la JEC, debe sustituir a Torra en el Parlament, Ferran Mascarell. Previsiblemente la Sala Tercera del TS dará ahora a las nuevas partes personadas un plazo de alegaciones. El PP defenderá el acuerdo de la Junta que aplicó el artículo 6.2 b) de la Loreg. Este precepto señala que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública son «inelegibles» por causa sobrevenida.

En este trámite de alegaciones, el fiscal presentó un escrito el viernes en el que no se opone a que Torra mantenga el acta de diputado hasta que el TS resuelva sobre el fondo del asunto: la nulidad del acuerdo de la JEC.


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