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Tribunales

Piden 48 años para un yihadista que deseó arrojar a gays desde edificios de Chueca

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Un presunto yihadista que alentaba en internet a recuperar “violentamente” Al Andalus y poder arrojar al vacío a “todos” los homosexuales desde “lo alto” de edificios del barrio madrileño de Chueca, conocido por su ambiente gay, se enfrenta a 48 años de cárcel por integración en Dáesh y por amenazas de muerte a profesores y periodistas.

El acusado, Karim el Idrissi Soussi, será juzgado desde este lunes ante la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional por integración en organización terrorista y por cuatro delitos de amenazas terroristas, entre ellas al director sobre radicalización violenta y terrorismo global del Instituto Elcano, el catedrático Fernando Reinares.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en 2015 inició “un intenso proceso de autoadoctrinamiento” en internet para acabar integrándose en Dáesh y tratar de instruirse “en la forma de llevar a efecto acciones violentas”, además de hacer llamamientos para cometer atentados, intentando que sus seguidores en redes sociales percibieran a España como “enemiga del Islam”.

Entre sus propuestas violentas, publicó que la solución para los que calificó de “desviados sexuales” es la muerte por lanzamiento al vacío y manifestó su deseo de que cuando el Estado Islámico recuperara “violentamente” Al Andalus, “todos los homosexuales fueran precipitados desde lo alto de los edificios de Chueca”.

En el registro de su vivienda en Madrid a raíz de su detención el 22 de septiembre de 2016 y también en su poder, le fueron intervenidos un teléfono móvil con su correspondiente tarjeta, un pen drive y un ordenador portátil, así como una pistola simulada y su cargador.


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Economía

La Audiencia Nacional imputa al ex presidente del BBVA, Francisco González, por los pagos a Villarejo

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El ex presidente del BBVA, Francisco González.
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La Audiencia Nacional, tal y como pidió la fiscalía anticorrupción, ha imputado al ex presidente del BBVA en la causa por los pagos al comisario Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación después de que el magistrado decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica.

El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje para “beneficio personal y empresarial”.

La Fiscalía ha pedido su imputación a la vista de la investigación abierta al BBVA en la pieza 9 de esta causa, en la que se indaga sobre las presuntas contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Cuando el juez imputó a la entidad los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, le citó para el 24 de septiembre, fecha que después pospuso al 10 de octubre y finalmente será previsiblemente la semana que viene cuando comparezca un representante legal del banco.


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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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Tribunales

La Fiscalía General del Estado ordena a la catalana investigar si hubo desobediencia en el Parlament

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Roger Torrent
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La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» tras las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

A pesar de haberse reunido de urgencia, no obstante, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JpCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

La mayoría que forman los grupos independentistas (JpC, ERC y la CUP) y los comunes en el Parlamento de Cataluña han permitido este martes la aprobación de una nueva moción a favor del derecho a la autodeterminación, mientras el Tribunal Constitucional (TC) se reunía sobre su legalidad, después de que el Gobierno de España hubiera pedido paralizar su votación.


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