El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y su jefe de gabinete, Pablo Cano, fueron los encargados de coordinar al equipo que, desde el Ayuntamiento de Madrid, lleva al menos seis meses buscando pruebas contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según ha desvelado el periódico El Mundo aludiendo a fuentes directas que participaron en ese operativo de espionaje. Por su parte, el PP ha desmentido “tajantemente” esta información, “publicada sin que el medio se haya puesto en contacto con el PP para contrastar su veracidad”, han asegurado.

Según el relato de El Mundo, la secretaría general del PP pasó a denominarse “la sala de guerra” y el pasado mes de agosto, enviaron al entonces coordinador de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, la información fiscal del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, filtrada desde la Moncloa, según aseguró la propia presidenta.

A partir de ese mismo momento, el objetivo de Carromero fue demostrar que el hermano de Ayuso había cobrado una comisión de 286.000 euros por intermediar en el contrato de la compra de mascarillas. El excoordinador pidió ayuda a un selecto grupo de empleados del Ayuntamiento de Madrid, algunos de ellos adscritos a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), según señala El Mundo. La propia Ayuso aclaró posteriormente que la factura es en realidad de 55.850 euros más IVA.

La obtención de esas pruebas, señalan fuentes del operativo de espionaje, no iba a servir para “arrojar luz” sobre un contrato cuestionado, como dijo Casado el pasado viernes en su entrevista en Cope. El objetivo era poner las pruebas a disposición del PP y filtrarlas posteriormente a los medios de comunicación. Pero como no encontraron nada, llamaron a la agencia de detectives Mira para conseguir el modelo 347 de Hacienda. La petición fue la siguiente: “¿Hay alguna manera de conseguir esto? Es un encargo directo de Génova.”

Como ya confirmó el propio director de la agencia, Julio Gutiez, rechazó el encargo por ser ilegal. “Lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía investigación ilegal”. Pero le comentó esta historia a un exministro de Mariano Rajoy (posiblemente Alberto Ruiz Gallardón), que se lo comunicó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña. MAR únicamente compartió esta información con Ayuso y dejó que los rumores siguiesen circulando, sabiendo que el encargo había llegado directamente desde Génova.

Cuando todo este asunto llegó a oídos de Isabel Díaz Ayuso, ésta habló con José Luis Martínez Almeida, que ordenó en aquel momento una investigación interna a espaldas de Cs, su socio de gobierno. Según el propio Almeida, “no se ha producido ningún pago con dinero publico del Ayuntamiento” a la empresa de espionaje. Sin embargo, las explicaciones que el presidente de la EMV, Álvaro González, dio este mismo viernes en el consejo de administración no han convencido nada a Ciudadanos, especialmente tras la publicación del audio de una conversación entre González y Gutiez, en el que el presidente de la EMV pide al investigador “contrastar una información” cara a cara.

Por el momento, el único que ha caído ha sido el hasta ahora coordinador general de Alcaldía y hombre de confianza del Pablo Casado y Teodoro García Egea: Carromero. Según el comunicado del Ayuntamiento, fue Carromero quien presentó su dimisión. Otras fuentes señalan que fue Almeida quien que le obligó a dimitir.

Después de que El Mundo publicase la noticia que vinculaba a la Secretaría General del PP con la trama de espionaje contra Isabel Díaz Ayuso, el PP publicó un mensaje en Twitter para desmentir “tajantemente” esta información, “publicada sin que el medio se haya puesto en contacto con el PP para contrastar su veracidad”, señalaba el partido, que también ha afirmado que “tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades”.