Sociedad
Muere una profesora, sin patologías previas, tras ponerse la vacuna de AstraZeneca
[L]as autoridades sanitarias y farmacológicas esperan a los resultados forenses para esclarecer las causas exactas de la muerte de una profesora de Marbella. La mujer murió este martes por una hemorragia masiva en el cerebro, tras casi 15 días enferma achacándolo a los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca. Aunque en un principio no se cree que la muerte sea consecuencia de los efectos secundarios de esta vacuna, se están investigando las causas del deceso para saber qué provocó el fatal desenlace de esta mujer de 43 años, a la que los centros donde trabajó recordaron con cariño en la redes sociales.
Fuentes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía han confirmado que están investigando el caso, por lo que han pedido «prudencia» a la población hasta que se conozcan todos los detalles del fatal suceso. Pese a que por el momento se insiste en que no se encuentra relación entre la vacuna y la muerte de la paciente, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, también asegura que ha abierto una investigación y está recabando datos sobre lo ocurrido.
La profesora, que daba matemáticas, según las fuentes, y tenía dos hijos, recibió la vacuna de AstraZeneca el pasado 3 de marzo, como muchos de sus compañeros. Al igual que otros tantos inmunizados, a las pocas horas de haber obtenido su dosis se comenzó a sentir mal. Acudió entonces a las Urgencias del Hospital Quirón de Marbella, donde le observaron cefalea y malestar general. Algo habitual entre los que tienen efectos secundarios por esta vacuna. Por eso, los doctores achacaron estos síntomas al medicamento contra el coronavirus.
Sin embargo, días más tarde, todo empeoró. El 13 de marzo, regresó al centro sanitario porque estaba mal. Allí, visto que no había mejoría, se le realizó un TAC sin ver nada extraño, pero en otro TAC al día siguiente, se observaba una hemorragia masiva en su cabeza. Trataron de drenarla con una intervención quirúrgica en la que se apareció un edema (líquido en el cerebro).
España
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El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.
El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.
El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.
El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.
El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.
El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.
El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.
Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.
El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.
