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Sucesos

La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la ‘bomba biológica’ del 8 de marzo, uno de los focos principales de la pandemia

Redacción

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La juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de las manifestaciones del 8-M pese a la pandemia del coronavirus, ha citado a declarar como investigado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para esclarecer si cometió prevaricación al permitir esas concentraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. La comparecencia, aclara, se llevará a cabo preferentemente de forma telemática por la crisis sanitaria del Covid-19.

Asimismo, la magistrada reclama a la Delegación del Gobierno que antes del 1 de junio le remita un informe en el que detalle las peticiones de manifestaciones que llegaron a sus manos, y las que prohibió, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, y también una relación de los expedientes de concentraciones que en esa última fecha estaban pendientes de resolver sobre su autorización o denegación.

La instructora del procedimiento también quiere saber las circunstancias en que se desconvocaron o no se permitieron 21 manifestaciones y en qué fechas la Delegación del Gobierno requirió a sus organizadores para que las protestas no se celebrasen.

Al Ministerio de Sanidad, la juez le solicita, también antes del próximo 1 de junio, que aclare qué difusión tuvieron sus recomendaciones de medidas extraordinarias por el coronavirus del pasado 3 de marzo, si fue colgado en la web del ministerio y si fue remitido a la Delegación del Gobierno y en qué fecha.

Y en relación con el comunicado de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, del pasado 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia, la magistrada pide a Sanidad que aclare si “se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones”, si se subió a la web ministerial y si se envió a la Delegación del Gobierno de Madrid o a Interior.

La instructora cita igualmente, en su caso como testigos, al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; a Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y al director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas.

El abogado Víctor Valladares denunció a título particular al delegado del Gobierno -al igual que hizo contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo- por permitir esas manifestaciones del 8-M pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias.

En la resolución en la que acordó la apertura de diligencias, la magistrada ya dejó claro su interés en esclarecer “si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las mismas, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro”. Y también reclamó a la Guardia Civil que investigase si por parte de las autoridades competentes “se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones celebradas con posterioridad al 5 de marzo 2020, tales como guantes, mascarillas u otras”.

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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