El jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid ha ratificado hoy ante la juez del 8-M que el 2 de marzo hizo un envío masivo a todo el personal de la institución de un correo electrónico con un protocolo con medidas de prevención para evitar posibles contagios. Un documento del que José Manuel Franco, delegado del Gobierno, afirmó el pasado miércoles en su declaración judicial -según fuentes jurídicas- no haber tenido conocimiento ese día, pese a que el testigo precisó que también le puso en copia.

El testigo ratificó también que, tal y como declaró a la Guardia Civil, como experto en riesgos laborales y farmacéutico cree que las manifestaciones celebradas en torno al 8 de marzo no se deberían haber celebrado, además de considerar que pudieron tener incidencia en el número de contagios, por lo que le extrañaba que la Delegación del Gobierno no las hubiese suspendido. Sin embargo, hoy ha matizado que esas manifestaciones las hizo “a título personal” y puso de relieve que él no es virólogo, aunque se estuvo documentando previamente respecto al virus.

El autor del informe de prevención de riesgos laborales de la Delegacion, Ramez Muhzrram, aseguró que ese documento, fechado el 28 de febrero, se envió también a través de la red Intranet.

Para elaborarlo, explicó según fuentes jurídicas, «se estuvo documentando desde el primer momento», entre otras fuentes por medio del Ministerio de Política Territorial, y «tuvo muy en cuenta las medidas de distancia social», aunque precisó que respecto al ámbito laboral. Eso sí, admitió que no informó directamente de ese documento al responsable de Seguridad Ciudadana de la Delegación.

El jefe del servicio de Riesgos Laborales dijo a la Guardia Civil el pasado 29 de mayo que conocía las recomendaciones sanitarias que se habían enviado a la Delegación del Gobierno desde principios de febrero y que le constaba la celebración de reuniones internas sobre la situación sanitaria desde mediados de mes. Se refirió, en particular, a un encuentro por videoconferencia desde la «unidad de coordinación» en el que, detalló, participó y durante el cual se abordaron medidas de prevención, entre ellas el distanciamiento social de uno a dos metros.

Según explicó a la Guardia Civil, el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera, revisó el protocolo antes de remitirlo a todos los trabajadores. Además, añadió el testigo, lo puso en conocimiento de la directora de Sanidad y la subdelegada le llamó para preguntarle qué fuentes informativas había consultado para elaborarlo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 continuó ayer con su ronda de testificales y tomó declaración a cinco trabajadores de la Delegación, cuatro de ellos del departamento de Seguridad Ciudadana -que a partir del 11 de marzo se encargaron de llamar a una docena de promotores de concentraciones autorizadas antes del 8-M para instarles a que las desconvocaron por motivos sanitarios- y a diez promotores de protestas previstas para fechas próximas a la concentración feminista.

Algunos de ellos explicaron a la juez que decidieron desconvocarlas, como hizo la Plataforma de Afectados de Fórum y Afinsa el 11 de marzo tras recibir la autorización cinco días antes, o no celebrarlas a la vista de la situación sanitaria y otros, como el sindicato CGT, contaron que recibieron una llamada de la Delegación del Gobierno, entre el 11 y el 12 de marzo, en la que se les trasladó que “era mejor no seguir adelante”. Sus representantes explicaron que no se sintieron presionados y que finalmente optaron por desconvocar las concentraciones, el 12 de marzo en el caso de una protesta contra Amazon y al día siguiente respecto a dos concentraciones que iban a tener lugar en Leganés.