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¡OBEDECED, ESCLAVOS! Ley de la ‘nueva normalidad’: desde hoy, en España, la mascarilla es siempre obligatoria. ¡SIEMPRE! ¿ENTENDIDO?

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Desde hoy el uso de la mascarilla es obligatorio, sin importar si hay suficiente espacio de seguridad o sí se está al aire libre. El Gobierno ha publicado una nueva normativa, en el BOE, que expone que «el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes».

Con ello, de nuevo nos aseguramos las imágenes del pasado verano cuando normalizamos pasear por la orilla del mar con mascarilla o salir por el campo con ella, porque mucho han de cambiar las cifras en tres meses e impactar la vacunación en ellas. En pleno inicio de la cuarta ola, con cifras al alza, el empleo de la mascarilla se ha vuelto fundamental como medida de contención de la transmisión y su uso correcto, sobre todo esto último como han subrayado muchas veces los expertos en Salud Pública.

En el marco de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, se dan las pautas de actuación en esta situación de pandemia. En la misma, se referencia cómo debe ser la práctica de las mascarillas en diferentes situaciones diarias.

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«Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote».

Además, el texto contempla las excepciones. Por un lado, pacientes que no puedan usarla: «La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización».

Y de nuevo, coloca al deporte como un momento en el que no se exigirá su uso. «Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias».

La aprobación de Ley 2/2021, de 29 de marzo, ha supuesto el siguiente paso del Real Decreto Ley 21/2020 se aprobó en junio y que se ha tramitado como ley bajo la promesa gubernamental de incluir las aportaciones del resto de partidos. Aunque, finalmente, tras el paso por el Congreso y el Senado, no ha incluido ninguna enmienda de PP, Ciudadanos o Vox.

Este decreto, bautizado como ‘decreto de nueva normalidad’, ha salido adelante sin aceptar prácticamente ninguna aportación del resto de partidos políticos, manteniendo casi intacto el texto inicial del decreto ley aprobado por el Gobierno con carácter de urgencia hace ocho meses y convirtiendo la tramitación por ley «en una farsa» y «una tomadura de pelo» según han denunciado partidos de la oposición como el PP o Vox.

Lo interesante de la cuestión es que el uso de la mascarilla se volvió obligatorio en su paso por el Senado a través de una enmienda, ya que en el Congreso la norma sólo estimaba la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

 

Ya sabéis, esbirros de poca monta: esclavos; siervos. ¡MASCARILLA! Así estéis en el campo, a solas. Frente a un acantilado, un manantial o pescando. De día, de noche. En cualquier parte y lugar. ¡MASCARILLA PUESTA! Porque no sois nada, no sois nadie: estáis para obedecer y pagar las putas y la cocaína a los políticos. ¡Ah! Y los viajes, los chalets, los coches, las… 


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España

«La derechita cobarde» enseña la patita: El programa de Díaz Ayuso, más allá de la economía: ideología de género y adoctrinamiento LGTBI

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¿De verdad pensaban que Ayuso era diferente? ¡Ay, ingenuos!

Díaz Ayuso se muestra partidaria de equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales y de las leyes de imposición LGTBI. Preguntada por el PIN Parental, escurre el bulto, mientras se muestra partidaria de los vientres de alquiler con argumentos de sentimentalismo y trilerismo dialéctico.

Isabel Díaz Ayuso no encajó bien que, durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la Comunidad de Madrid hace un par de años, algunos le recordaran sus posiciones favorables al aborto y a la agenda LGTBI.

Tanto que trató de censurar la libertad de HazteOir.org, la entidad responsable de dichas campañas en las que se daban a conocer frases literales de la entonces neocandidata del Partido Popular apoyando el aborto y las leyes de adoctrinamiento e imposición LGTBI en la Comunidad de Madrid. Pero el Tribunal Supremo ya había establecido doctrina favorable a la participación de HazteOir.org en las campañas electorales, tras una dura batalla legal emprendida por su antecesora, Cristina Cifuentes.

HazteOir.org retrató a Díaz Ayuso entonces como un camaleón:

Ayuso vuelve a confirmar la campaña de HazteOir.org a través de un reportaje publicado en el diario El Mundo, en el que se pasea por el madrileño barrio de Chueca -icono pop de la ideología de género patria- mientras comenta algunos puntos de calado ideológico.

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La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid confirma que es contraria al recurso que el Partido Popular interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que equiparó civilmente el matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo por que, alega «no se puede legislar sobre cuestiones tan personales».

Sin embargo, sí es partidaria de las leyes LGTBI aprobadas en la Comunidad de Madrid cuando ella formaba parte del Grupo parlamentario Popular. Se trata de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminacion pro razón de Orientación Sexual, que se meten, y mucho, «sobre cuestiones tan personales».

Ayuso también ha aprovechado para desmarcarse de la protección del derecho de los padres a tener voz y voto sobre determinados contenidos controvertidos que se imparten en los centros educativos. Contenidos impuestos precisamente por las leyes anteriormente citadas apoyadas por Díaz Ayuso.

Sobre el PIN Parental, la candidata del Partido Popular resume con respuesta calculada, tergiversando el sentido del PIN Parental, una de las reivindicaciones más notorias de quien, previsiblemente, será un apoyo imprescindible para alcanzar la Presidencia de la Comunidad de Madrid y gobernar: «Yo no quiero que un padre del PP o una madre de Podemos le diga constantemente al profesor lo que ha de hacer».

Ayuso también entra al trapo de otra cuestión que está muy discutida en los ambientes LGTBI, en especial por los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo: la gestación subrogada o los vientres de alquiler.

En esta ocasión, la neolideresa del PP en Madrid tira de sentimentalismo y trilerismo dialéctico: «El enfermero que habitualmente me hace las PCR tiene un hijo por gestación subrogada y es precioso. No puedo pensar que estos niños son un fracaso».

El sentimentalismo -una de las razones de estado de la ideología moderna- lleva a Díaz Ayuso a hablar del aspecto físico un bebé concebido de tal manera bajo encargo y previo pago de un conocido suyo. Ni una palabra de la cosificación de la mujer y del bebé, además de sobre otras implicaciones éticas según el método de fecundación empleado o sobre el ambiente en el que se criará ese niño.

El trilerismo dialéctico le lleva a atribuir a las personas contrarias a los vientres de alquiler la calificación de «fracaso» a esos niños. Se trata de una imputación falaz que no resiste la mera comprobación de los argumentos de quienes denostan tal práctica.

La argucia es aún más sangrante. ¿Se atrevería Díaz Ayuso a responder lo mismo -«no puedo pensar que estos niños son un fracaso»- preguntada por cómo justifica el aborto de quien fue concebido en una violación? Porque lo justifica.

Que Díaz Ayuso haya hecho una gestión más que razonable y exitosa en la medida en que puede hacerse en medio de una pandemia y con el gobierno de la nación poniendo palos en las ruedas no debería ocultar que, en otras materias, Ayuso necesita un «empujoncito». Y esto sólo pasa por que Vox saque un resultado suficiente para condicionar, al menos en parte, un posible Gobierno de Ayuso en estas materias.


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España

España tiene margen legal de importar la vacuna rusa sin esperar a la EMA

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Fuentes de la Aemps admiten a Redacción Médica que podría activarse incluso solo con la autorización del país ruso.

El Gobierno de España tiene capacidad legal para aprobar la importación y administración de la vacuna Covid rusa, la Sputnik V, sin esperar a que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emita un veredicto definitivo sobre su aprobación.

Así lo han confirmado a Redacción Médica fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), añadiendo en cambio que “no se contempla en este momento porque no resulta imprescindible al existir no una sino varias vacunas autorizadas y no haber suministro regular de la vacuna Sputnik”.

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La vacuna, aprobada en Europa solamente por Hungría el pasado mes de enero, no necesitaría para llegar a España ni siquiera esa aprobación de otro Estado de la Unión Europea. “La referencia no sería una autorización de uso en Hungría, que esencialmente carece de datos propios, sino la propia autorización rusa o el procedimiento de Rolling Review que se lleva a cabo en la EMA”, matizan desde la Aemps.

La citada capacidad legal se basa en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; tal y como señala la Aemps pero también fuentes de la industria farmacéutica consultadas por este periódico. Es en su artículo 24 de ‘Garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales’, punto 4, donde se contempla una medida así: “La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la importación de medicamentos no autorizados en España siempre que estén legalmente comercializados en otros Estados, cuando esta importación resulte imprescindible para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de patologías concretas por no existir en España alternativa adecuada autorizada para esa indicación concreta o por situaciones de desabastecimiento que lo justifiquen”.

Es en este último punto, el desabastecimiento, donde la Aemps precisa que al no haberlo, no sería a su juicio justificable una autorización para importar la vacuna Covid-19 rusa, bautizada como Sputnik V. Un fármaco cuya última gran novedad ha llegado esta misma semana, cuando India decidió registrarla convirtiéndose en el sexagésimo país donde se aprueba su uso.

En España, son varias las comunidades autónomas que se han interesado por esta vacuna y que incluso han admitido reuniones para explorar posibilidades de compra. Madrid, por ejemplo, ha reconocido una reunión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el empresario Pedro Mouriño como intermediario para una hipotética adquisición de dosis. Andalucía, por su parte, se reunirá esta misma semana con los fabricantes de la vacuna para analizar las posibilidades de compra en previsión, según explicó el consejero del ramo Jesús Aguirre, para estar preparados por si hubiera que incorporarla al calendario vacunal y también «en caso de ruptura» del mercado de compras.

Vacuna Covid Sputnik V: investigación por si hubo presiones en los ensayos

Según señalan sus creadores, investigadores del Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la Sputnik V se trata de una vacuna basada en vectores adenovirales humanos. Estos sitúan su eficacia en el 91,6% tras testarla en 19.866 voluntarios. Punto, este último, algo controvertido. De hecho, la EMA ha confirmado que realizará “una inspección de buenas prácticas clínicas” en Rusia sobre la forma en la que se realizaron los ensayos en los voluntarios con la vacuna Sputnik V, que se encuentra en un proceso de revisión continua en este regulador europeo desde el pasado 4 de marzo.

«Realizaremos una inspección de buenas prácticas clínicas en Rusia. Se trata de una evaluación de la forma en la que se realizó el ensayo que permitió generar los resultados. Este es un procedimiento normal que seguimos para muchas vacunas y medicamentos dependiendo del conocimiento que tengamos de los ensayos que se han realizado y de si otras autoridades con las que trabajamos también han realizado inspecciones similares», explicó la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.

La versión del Gobierno ruso indica que militares y funcionarios participaron en los ensayos de la vacuna, financiada por el Fondo Ruso de Inversión Directa, un ente soberano del Kremlin, sin que hubiera presiones sobre las personas que participaron en los ensayos clínicos.

Por Juanma Fernández y Clara Hernández. Redacción Médica.

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España

Buxadé anuncia que VOX acudirá a defender a los trabajadores con Solidaridad el próximo 1 de mayo

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El eurodiputado y vicepresidente primero  del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha anunciado que el 1 de mayo, junto al Sindicato Solidaridad, VOX «va a salir a la calle a defender a los trabajadores«.

Buxadé ha afirmado que los trabajadores «necesitan una voz en la calle que les defienda, porque los sindicatos de clase, marxistas, no defienden a los trabajadores, sino que los han envenenado hablándoles de racismo, de género y de cualquier otra cosa que les haga pensar en algo distinto de sus verdaderas necesidades». «Solidaridad es el sindicato que representa realmente los intereses de los españoles», ha asegurado.

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Por otro lado, ha explicado que «los españoles no quieren la política social de Pekín ni la del Foro de Davos”. Además, ha reprobado que el salario medio de los jóvenes españoles que se incorporan al mercado laboral haya caído desde 1980 un 50%. “¿Qué tiene que decir el PSOE, Iglesias y los sindicatos de clase sobre esto?”, ha preguntado el eurodiputado.

Además, ha reiterado que «sólo VOX reclama acabar con los toques de queda, con los confinamientos y que se abran los negocios y se permita a la gente trabajar, porque todo trabajo es esencial, porque detrás de cada trabajo hay un trabajador y una familia que vive del mismo«.

Sobre la violencia que sufrieron los cargos de VOX, afiliados y simpatizantes que acudieron al acto de presentación de la candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Asamblea de Madrid en Vallecas la pasada semana, Buxadé ha vuelto a apuntar directamente al ministro del Interior como responsable de esos actos violentos. Y ha explicado que estos ataques “han permitido que los madrileños vean que hay que votar a VOX”.

También ha explicado que no ha habido ningún contacto con el Gobierno “más que la que se deduzca de un juzgado de instrucción”. Y ha recordado que el día anterior a la celebración del acto, “esos movimientos terroristas globales” anunciaron los ataques, por lo que VOX  “advirtió de que había que impedir la comisión de delitos”.


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España

Inmigración ilegal: España sufre el incremento del 15.6% con respecto al año anterior

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VOX ha sido la única formación en advertir de las consecuencias de las políticas migratorias del gobierno de Sánchez.

La crisis provocada por la invasión migratoria continúa siendo uno de los principales problemas de nuestro país. El pasado año, España alcanzó cifras históricas en materia de inmigración ilegal. En 2021 las mafias no han cesado su actividad y el año ha comenzado con muy datos elevados.

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Canarias es la Comunidad Autónoma que se está llevando la peor parte. Según la información a la que ha tenido acceso Europapress3.436 ilegales han llegado al archipiélago en tan sólo 3 meses. Esto supone un incremento 117% con respecto al primer trimestre del año anterior.

La oleada de inmigración ilegal también se ha producido en el resto del territorio nacional. Un total de 6.496 ilegales han desembarcado en nuestras costas en lo que llevamos de año, una cifra que es un 15.6% superior a la registrada en el mismo periodo de 2020.

VOX lleva tiempo advirtiendo de la pésima gestión del gobierno de Sánchez. Nuestra formación exigió hace meses al Ejecutivo un protocolo para la recepción de pateras con el objetivo de identificar los casos positivos y evitar que surjan brotes que puedan no ser controlados.

La inmigración ilegal está azotando, cada día y con mayor notoriedad, nuestras costas. Muchas comunidades como Andalucía, Murcia o Canarias están siendo víctimas de las consecuencias de las políticas buenistas de un Gobierno que, con su efecto llamada, favorece la libre actividad de las mafias que se lucran con el tráfico de personas.

Hace pocos meses, el presidente de VOX, Santiago Abascal, quiso visitar Canarias para percibir las consecuencias de la negligente gestión migratoria de Sánchez e Iglesias. También escuchó los testimonios de los vecinos de las islas, víctimas de la gran oleada alentada por el efecto llamada del Gobierno.

 


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