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Hispanoamérica

Oleada xenófoba contra venezolanos en Ecuador después de un brutal asesinato de una ecuatoriana embarazada

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Venezolanos emigrando a Ecuador
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Organizaciones de emigrantes de Venezuela en Ecuador denunciaron hoy que ya hay 82 compatriotas heridos en lo que consideran una ola de violencia y xenofobia contra ellos, después de que un venezolano asesinara brutalmente el pasado sábado a una ecuatoriana embarazada en la ciudad de Ibarra.

El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó a primeras horas de este miércoles ante rumores -ya desmentidos por la policía-, sobre la presunta muerte de cuatro ciudadanos de ese país en Ibarra, en el norte del país.

Y aunque la policía aseguró que “no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados”, el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 compatriotas suyos han sido víctimas de agresiones xenófobas en distintas ciudades de Ecuador.

“Estas noticias sobre muertos y heridos son falsas. La ciudad está en calma”, aseguró en Twitter en referencia a Ibarra la ministra del Interior ecuatoriana, María Paula Romo, que este lunes velaba el cuerpo de Diana Carolina, la víctima del feminicidio.

El asesinato a cuchilladas, ante varios agentes de la policía, de esa madre de dos menores de edad que estaba embarazada, provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos a la presencia de venezolanos en Ibarra, un repudio que, según Febres Cordero, se repitió en otras ciudades.

Y mientras las autoridades pedían mesura y no caer en generalizaciones, la incertidumbre sobre la situación de los venezolanos se acentuó ante la decisión del Ejecutivo de exigirles a partir de ahora un certificado apostillado de antecedentes penales.

Una demanda que es “casi imposible” de tramitar en Venezuela, pues podrían esperar “no menos de seis meses” en su país para obtener el documento, según el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado.

El activista mostró su preocupación por la situación “de embudo” que se va a formar en la frontera con Colombia, porque quienes llegan a Ecuador para establecerse, o en tránsito, “no van a tener la posibilidad” de obtener el certificado.

Al anunciar este lunes este nuevo requisito, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, alertó contra las generalizaciones por el hecho de que el agresor (ahora detenido) sea extranjero y solicitó a sus conciudadanos actuar con los demás como quisieran que actúen con ellos.

Pero apuntó que Ecuador tampoco puede cerrar los ojos a la preocupación por la inseguridad.

“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de (el presidente Nicolás) Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, dijo.

Por su parte, el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, acusó al presidente de Venezuela de enviar a Ecuador “a personas que tiene detenidas en sus cárceles”.

Ante el femicidio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el fin de semana la formación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos y subrayó: “Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”.

Unas declaraciones que han echado más leña al fuego y han arrastrado una ola de críticas en Ecuador, donde viven 250.000 venezolanos.

La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha expresado su temor de que las reacciones del Gobierno ante recientes hechos de violencia machista, entre ellos el feminicidio de Ibarra, puedan fomentar la xenofobia.

La agrupación indígena, la mayor de Ecuador, sostiene que la violencia contra la mujer en el país es un fenómeno social “en aumento, ya que lo sostiene una estructura patriarcal, que no conoce de fronteras y de naciones”.

Y en ese sentido, expresó su preocupación por “que el Gobierno Nacional emita pronunciamientos que fomentan la xenofobia y (…) alimenten posiciones que provocan más violencia”.

Para el líder de la oposición, Guillermo Lasso, las declaraciones de Moreno “tienen un tinte de xenofobia, similares a las del presidente (de EEUU Donald) Trump respecto a los migrantes en USA”.

Frente a esas acusaciones, las autoridades defienden que las medidas que se adopten en Ecuador buscarán precautelar la paz ciudadana y la convivencia pacífica de nacionales y extranjeros.

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El Parlamento de Ecuador rechaza la propuesta para legalizar el aborto en caso de violación

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Manifestantes protestan este martes tras la negativa del Legislativo ecuatoriano a despenalizar el aborto
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La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones.

La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada, según ha recogido el diario «El Comercio». Curas, monjas y grupos religiosos han protestado este martes frente a las puertas del Congreso para luego celebrar el resultado con alabanzas.

«Se quería legalizar el crimen de un inocente y lo que han hecho los legisladores es respetar el sentir del pueblo», ha señalado Amparo Medina, de la organización Red Pro Vida, según ha recogido la agencia de noticias Reuters. «Es una victoria de los niños por nacer que ahora tienen derecho a vivir».

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien apoyaba la despenalización del aborto, ha indicado que «la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos».

Cuestión de derechos

«Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos», ha subrayado Aguiñaga a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aborto es legal en el país cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental quede embarazada como resultado de una violación.

El país cuenta con unas altas tasas de violencia de género y, según una encuesta de 2012, aproximadamente el 25 por ciento de las mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida, con una tasa particularmente alta de violaciones de niñas adolescentes. Así, cerca de 2.000 niñas menores de catorce años dan a luz en Ecuador cada año.

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Hispanoamérica

Bolsonaro, contra Bachelet: “Si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería una Cuba”

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Combo de imágenes de Jair Bolsonaro y Michelle Bachelet
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a “vagabundos” y atacó incluso por el lado personal.

“Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la expresidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña en declaraciones ofrecidas a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo único” que tiene en común con Bachelet es el nombre Michelle, el mismo de su esposa, pero por lo demás sólo puede expresar sus “pésames” a la expresidenta de Chile.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, en alusión al embate verbal que mantuvo con el presidente galo a causa de sus críticas por los incendios desatados en la Amazonía y la falta de compromiso de Brasil con el medioambiente.

En el mismo tono beligerante, el presidente brasileño agregó que “parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a algunas críticas que Bachelet hizo a Brasil este mismo miércoles, durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet en relación a Brasil en ese balance, presentado en Ginebra.

Agregó además que la mayoría de las víctimas fueron habitantes de las favelas y afrodescendientes, todo en un contexto de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

Ese es precisamente el discurso de Bolsonaro, quien suele decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una “condecoración” en vez de ser investigado.

La polémica con la funcionaria de la ONU ocurre en vísperas de una visita a Brasil del canciller chileno, Teodoro Ribera, quien será recibido este jueves por su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y reafirmará las excelentes relaciones entre los presidentes Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, adversario político de Bachelet.

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Un brutal ataque a un local para adultos en México se salda con al menos 26 muertos

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Puerta de entrada de 'El caballo blanco', el local atacado
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La masacre con 26 muertos en un bar nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el oriental estado de Veracruz, exhibe la fuerza del narcotráfico en algunas regiones de México y deja al descubierto una nueva grieta en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘El caballo blanco’, un local para adultos, fue atacado el martes a las 22.00 hora local (03.00 GMT) cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralleta por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov.

La cifra, todavía preliminar, es de 26 muertos y 11 lesionados que están hospitalizados.

Este día, López Obrador lamentó la masacre y calificó la jornada de “muy difícil” en este puerto de Veracruz, un estado que padece la dura disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Los Zetas desde hace años.

Si bien esta masacre no es el único suceso sangriento de las últimas horas en el país, que acumula 20.135 homicidios de enero a julio.

En Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, murieron este martes 12 personas en diferentes choques de presuntos sicarios con las fuerzas de seguridad. Y hace unos días, en la también fronteriza Ciudad Juárez mataron a balazos a tres niñas y a su tío en su casa.

En las últimas horas, un vídeo difundido muestra a dos hombres siendo degollados en Coatzacoalcos, uno de ellos supuesto dueño del bar atacado, Agustín Javier Ronson González.

Durante el asesinato, los perpetradores del crimen advierten que “el material (la droga) no se vende sin sello” y que la “la plaza (su área) tiene dueño”.

Cruce de acusaciones

Este martes, López Obrador apuntó a un posible “contubernio” entre autoridades locales y el crimen organizado, que derivó en esta masacre.

De acuerdo con su información, dada a conocer desde Palacio Nacional, uno de los posibles responsables había sido detenido en julio, pero fue puesto en libertad por la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Veracruz. Además, indicó que se investigaría esta institución.

Según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ricardo “N”, Ricardo “N”, alias La Loca, uno de los presuntos autores materiales de esta masacre, y fue detenido en julio pero liberado “en menos de 48 horas” por la Fiscalía estatal.

Pero horas después, la Fiscalía estatal negó haberlo liberado, exhibiendo un claro choque entre instituciones en un país donde la impunidad en los crímenes es de más del 98 %.

“Absolutamente falso que Ricardo “N” alias La Loca haya estado a disposición de la FGE, fue la FGR (Fiscalía General de la República) quien conoció del asunto y determinó su situación jurídica”, se defendió.

Además, aseguraron que La Loca fue detenido nuevamente el 7 de agosto por la Policía Naval y puesto nuevamente a disposición de la delegación de la FGR.

Grieta en la estrategia de seguridad

Este nuevo acto de violencia sucede cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada.

Pese a su promesa de reducir la inseguridad, los niveles continúan al alza y en los primeros siete meses de 2019 han ocurrido 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95,8 casos por día, según cifras oficiales.

Entre sus acciones para frenar la ola de violencia está atender las causas y, sobre todo, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y conformado por militares, marinos y policías federales.

Este cuerpo, con decenas de miles de elementos, ha sido criticado por organizaciones civiles y organismos internacionales, preocupados porque solidifica la presencia de militares en las calles.

“No existe una estrategia nacional de seguridad, hay algunos planes y programas, pero no hay una estrategia integral”, dijo este miércoles en entrevista con Efe el especialista en temas de seguridad Javier Oliva.

Para Oliva, la masacre en Coatzacoalcos es un reflejo de la “lógica y dinámica” del crimen organizado y “una clara evidencia de la creciente ola de criminalidad” que se vive en México, que además no entiende de partidos políticos.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que los hechos de Veracruz “dejan ver la ausencia de objetivos a nivel de regiones y a nivel estatal”.

Reconoció que los únicos que “están haciendo el trabajo” son los militares y la Guardia Nacional “quienes hacen lo que pueden” pero desafortunadamente son un número reducido y en ocasiones se ven rebasados como se ha podido ver en casos recientes.

Para el especialista, lo ocurrido en Coatzacoalcos es un indicativo de la extorsión de parte del crimen organizado hacia establecimientos, que deben pagar cuotas o vender sus drogas.

Oliva consideró que el posicionamiento en los últimos días del Gobierno mexicano respecto al tema de seguridad no ha sido el mejor.

Primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó y desmintió que negociara un pacto con el crimen organizado, en unas declaraciones muy confusas.

Y hace unos días, López Obrador dijo que “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Y cuestionado sobre si el “narco” también es pueblo, dijo: “Sí, es pueblo, todos son seres humanos”.

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