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Pablo Ibar, declarado culpable por el jurado en su cuarto juicio en Florida

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Pablo Ibar se queda en el infierno. «Guilty», «culpable», la palabra maldita. Lo ha decidido este sábado a las diez y media de la mañana un jurado de doce personas en los juzgados de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.). El veredicto lo traía la presidenta del jurado, en papel dentro de un sobre que guardaba el futuro de Ibar. Cara o cruz. Lo ha leído el juez. «Culpable» en todos los cargos contra él. Un mazazo demoledor, que destroza las esperanzas del español. Lleva entre rejas casi un cuarto de siglo, acusado de un triple asesinato que él asegura que no cometió. Dieciséis de ellos en el corredor de la muerte, con la sombra de una ejecución que podría ocurrir en cualquier momento.

Después de años de lucha, soportados en la fe robusta de Ibar sobre su inocencia, en 2016 consiguió que el Tribunal Supremo de Florida anulara su condena a muerte e impusiera un nuevo juicio porque las pruebas contra él eran endebles. Durante seis semanas, su defensa ha buscado que convencer al jurado de lo mismo. No ha sido suficiente.

Ibar no se desplomó al oír el veredicto. Nunca lo ha hecho. Negó levemente con la cabeza y voluntariamente, mientras el juez seguía leyendo, se puse de pie para que el alguacil le colocara las esposas por detrás de la espalda.

Odisea judicial

La vida de Ibar, el hijo de Cándido, un pelotari vasco emigrado a Florida en los años sesenta, no era del todo recta, pero se torció por completo a mediados de julio de 1994. Le detuvo la Policía tras una escaramuza entre pandilleros y trapicheadores de segunda. Poco después, se le relacionó con un crimen espantoso. El dueño de una discoteca local y dos chicas jóvenes fueron asesinados de forma brutal en un chalé de Miramar, un suburbio del sur de Florida donde vivía Ibar.

Una cámara de seguridad casera lo grabó todo: dos personas entraron en la casa, golpearon, robaron y dispararon a bocajarro a las víctimas. El rostro de uno de los dos asesinos es registrado por la cámara: se tapa la cara con una camiseta, pero se descuida en varios momentos y se percibe su cara. Es una imagen en blanco y negro, granulada, de calidad ínfima. El rostro guarda un cierto parecido a Ibar. Eso fue suficiente para que la policía, presionada para encontrar al culpable, le acusara de asesinato.

Ibar nunca ha dicho que en su juventud fuera un modelo de conducta. Eligió malas compañías. Pero siempre ha defendido que él no es un asesino. Su coartada era muy simple: aquella noche la pasó en casa de Tanya, una chica de dieciséis años con la que empezaba a salir. La Policía, sin embargo, se empeñó en montar una acusación desde el parecido de la imagen del vídeo.

Según han defendido los abogados de Ibar, los investigadores presionaron a testigos, manipularon ruedas de reconocimiento y desecharon otras líneas de investigación. Para ellos, el vídeo era lo que en EE.UU. se llama la «pistola humeante», una prueba incuestionable que basta para asegurarse una condena. Pablo, Cándido, Tanya y el resto de su familia han dedicado casi un cuarto de siglo a demostrar lo contrario.

El veredicto de «culpable» tumba un esfuerzo descomunal de los Ibar por demostrar su inocencia. Su caso cayó en un agujero de irregularidades procesales y de manipulaciones policiales, rematadas por un abogado insolvente. El resultado: la condena a muerte tras un juicio en el año 2000. De ahí, al corredor de la muerte. Ni él ni la familia desfallecieron. Buscaron apoyos en España, contrataron otro equipo legal, apelaron, recurrieron, cuestionaron…

La recompensa llegó en 2016, con la anulación de la condena por parte del Tribunal Supremo de Florida, que dictaba lo que para muchos es obvio: las pruebas contra Ibar no son sólidas. Los testimonios de los testigos eran contradictorios o manipulados, no había rastro de ADN de Ibar en la escena del crimen, ni huellas dactilares, ni ninguna otra evidencia de peso.

El jurado del nuevo juicio ha tirado todo por tierra. Ahora se abre un panorama incierto por delante. ¿Más apelaciones, más campañas para recaudar fondos para los costes legales? «No sé, ¿qué más se puede hacer?», se lamentaba Cándido, el padre, el que nunca pierde el ánimo. De momento, el próximo 25 de febrero comenzarán las vistas para decidir la sentencia. Lo hará el mismo jurado y tendrá la opción de volver a imponer una pena de muerte o condenarle a cadena perpetua. Pablo salió de la sala con la misma mirada de determinación que ha tenido todos estos años, la de nunca dejar de luchar.

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Al Qaeda y Daesh publican imágenes de una supuesta destrucción de la Estatua de la Libertad

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Los Estados Unidos y sus intereses en el mundo siguen siendo los grandes objetivos de las bandas yihadistas. De forma casi simultánea, la revista de la franquicia de Al Qaeda en Afganistán y un canal, Futat Media, de Daesh, han publicado sendas imágenes sobre los atentados del 11-S y una supuesta destrucción de la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

Pese los intentos de la administración Trump de buscar un acuerdo de paz con los talibanes en Afganistán, en este país, donde la presencia del Estado Islámico es cada vez más fuerte, existen facciones de Al Qaeda que no están de acuerdo con dichas conversaciones y continúan con los atentados.

Los soldados norteamericanos desplegados en distintas partes del mundo son objetivo preferente de los yihadistas, que ven a los USA como uno de los principales escollos para extender su doctrina y lograr un “califato mundial”. Y no les falta razón, ya que ejercen una gran labor para la contención de este tipo de terrorismo.

Las políticas de inmigración de los últimos años permitieron la llegada a los USA de decenas de miles de ciudadanos de religión musulmana que en su mayoría se han integrado en el país, aunque los de segunda generación y otros más jóvenes están expuestos a la radicalización yihadista, como ocurrió con los hermanos Tamerlán Tsarnáev y Dzhojar Tsarnáev, de una familia de origen checheno, autores del atentado contra la maratón de Boston en 2013. Ambos habían llegado a USA en 2003, procedentes de Daguestán (Rusia).

Dzhojar consiguió la nacionalidad estadounidense en 2012. Por su parte, Tamerlán estaba casado con una mujer estadounidense. El primero fue capturado y el segundo murió en un enfrentamiento con la Policía.

En los últimos años, ambas bandas terroristas han asumido la autoría de acciones criminales que no han sido reconocidas como tales por las autoridades estadounidenses.

Dentro de la campaña de “guerra psicológica”, tanto Al Qaeda como Daesh publican llamamientos continuos a los actores (lobos) solitarios residentes en USA para que cometan atentados. Estas campañas arrecieran tras la llegada al poder de Donald Trump y su decisión de trasladar su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén.

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Al menos cinco muertos y más de 20 heridos en un tiroteo en Midland, Texas

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Un coche con agujeros de bala tras el tiroteo en Midland
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Al menos cinco personas han muertos y más de 20 personas han resultado heridas de bala por los disparos de un individuo en la ciudad de Midland, en el estado norteamericano de Texas, según ha informado la Policía.

El Departamento de Policía de Midland (Texas) anunció en su página web que el presunto atacante ha sido abatido y ha fallecido por los disparos recibidos.

«No hay ningún tirador activo ahora. Todas las agencias están investigando informaciones de posibles sospechosos», indicó la policía, que anteriormente había hablado de dos presuntos atacantes a bordo de sendos vehículos.

El alcalde de Midland, Jerry Morales, ha declarado en la cadena de televisión CNN que el tirador ha sido abatido en el parking de un cine. «Esperamos que sea el único tirador y que tengamos contenida la situación», ha declarado.

También, el alcalde ha informado que uno de los agentes de policía ha recibido un disparo y estaba en quirófano, aunque las lesiones no son mortales.

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El Gobierno de Trump autoriza la detención indefinida de familias de inmigrantes

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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una reforma que permitirá que las familias de inmigrantes puedan permanecer detenidas de manera indefinida, en sustitución de un acuerdo de 1997 que «de facto» limita este tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de los niños.

La nueva normativa, que previsiblemente serán impugnada en los tribunales, está llamada a reemplazar el denominado Acuerdo Flores, un pacto que implica la liberación de las familias en 20 días y que, en opinión del actual Gobierno, incita a los inmigrantes a entrar en Estados Unidos con niños.

«Ningún niño debería ser un peón», ha afirmado el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, al presentar la nueva normativa, que será publicada el viernes en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después -si antes no prospera alguno de los recursos-.

Familias «fraudulentas»

McAleenan confía en el efecto disuasorio de la reforma y ha asegurado que el Gobierno sospecha que algunas familias serían «fraudulentas», conforme a los análisis de ADN que se han realizado en una serie de programas piloto puestos en marcha en los últimos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presumido de mano dura contra la inmigración y la semana pasada su Gobierno anunció que negaría los visados y los permisos de residencia permanentes a inmigrantes sin recursos, lo que podría reducir a la mitad el número de entradas.

Según los datos del Departamento de Seguridad Interior, en los últimos cuatro años, solo el 18% de los inmigrantes que fueron liberados en Estados Unidos cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato, en cambio, se eleva al 97 por ciento en el caso de quienes estaban detenidos.

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