Pacto con los odiadores de España - ALERTA NACIONAL
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Cartas del Director

Pacto con los odiadores de España

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Las negociaciones para la formación del Gobierno se están convirtiendo en un mercado persa auspiciado por las mentiras sistemáticas de Pedro Sánchez y por una deslealtad constitucional alarmante. Los primeros pasos de la alianza social-comunista son indiciarios de que existe una hoja de ruta prediseñada para la demolición del sistema constitucional de 1978, ideado para una reconciliación histórica que ahora la izquierda pretende revertir. Sánchez ha iniciado un proceso de dinamitación de esa estructura declarando su sumisión a las pretensiones del independentismo vasco y catalán. En cuestión de horas se han conocido los detalles de una propuesta de sustitución del Estatuto vasco de autonomía por otro que santifique su autodeterminación con la erradicación del andamiaje institucional del Estado. Se trata de una segunda versión del «plan Ibarretxe» avalada por el PNV y la marca vasca de Podemos, partido que aspira a ocupar una vicepresidencia del Gobierno de la nación y varios ministerios. Todo ello, después de que el PSC haya decidido que Cataluña es una nación; de que el PSOE se haya entregado a Bildu en Navarra para aprobar los presupuestos forales y de que La Moncloa haya aceptado participar de una «mesa de extorsión» con ERC para garantizarse la investidura.

El cuadro lo completan las primeras maniobras visibles de algunos magistrados del TC al servicio de los intereses de Sánchez. La foto de la socialista Chivite negociando los próximos presupuestos forales con Bildu es la constatación de lo que advertimos en su día, que los proetarras se iban a cobrar la operación política que en junio facilitó la llegada del PSOE al poder en Navarra. Esa imagen vuelve a destrozar el discurso de Sánchez que hace unos meses afirmó que ni el PSN ni el PSOE alcanzarían pacto alguno con los herederos políticos de ETA. De nuevo, la hemeroteca aplastando la coherencia de Sánchez, que a estas alturas lleva camino de convertirse en un mentiroso compulsivo.

Estos partidos son socios destructivos, no van de farol, y sitúan al socialismo ante una disyuntiva dramática. Termine pactando o no con este tipo de socios, algunos de cuyos líderes están en la cárcel por sedición o lo han estado por terrorismo, su silencio resulta más que elocuente. Porque aunque no acabe sellando la investidura, su mera predisposición a ceder al chantaje debería inhabilitarle para liderar nada en España. Sánchez está permitiendo que Iglesias, Junqueras, Urkullu y Otegui sean los dirigentes más influyentes y condicionantes de España. Pero son precisamente los que quieren destruir la arquitectura del Estado, lo cual es trágico teniendo en cuenta que de los 350 diputados del Congreso, 276 se declaran constitucionalistas…, incluido el PSOE, cuyos hechos e intenciones desmienten sus palabras. Sánchez pretende gobernar España con la minoría extorsionadora que odia España, y es una exigencia moral que el constitucionalismo mayoritario lo impida.


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Cordón fiscal del PP frente al Gobierno

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Como la culpa de todo lo que sucede o pueda suceder en España la tiene o la va a tener el Partido Popular, según la propaganda que despacha el Gobierno y aventan sus medios afines, el PP no ha tardado en mover ficha para mostrar a la opinión pública cuál es su programa y sobre qué principios se sostiene, especialmente en materia económica y fiscal. La reunión convocada ayer en Madrid, donde se citaron los consejeros de Hacienda de los ejecutivos regionales que preside el PP, responde a la necesidad de hacer un frente común ante el acoso -confesado por la propia ministra de Economía- que el equipo de Sánchez ha diseñado para poner coto a las ventajas y los incentivos fiscales con que el Partido Popular ha logrado dinamizar la creación de empresas, la generación de empleo y el bienestar social en las comunidades en las que gobierna, con Madrid a la cabeza. El igualitarismo que predica la izquierda como remedio contra las desigualdades que dice combatir se traduce en la persecución de quienes amenazan su plan global de empobrecimiento, especialidad del PSOE cuando se asienta en el Gobierno. En la diana está Madrid, pero también todas aquellas comunidades que abogan por subvertir el programa socio-comunista de subida de impuestos e intimidación empresarial anunciado por el Ejecutivo.

Al plantar cara a estas iniciativas de forma concertada, lo que hacen las comunidades gobernadas por el PP no es una opción política basada en el frentismo, sino una obligación cívica ligada a la responsabilidad. Lo era cuando la economía española crecía en torno al 3 por ciento del PIB y lo es, con más motivo, cuando la desaceleración se va a ver agravada por un paquete de medidas fiscales que solo pueden desalentar la inversión y destruir empleo.


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Celaá quiere expropiar a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos

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Los niños no son propiedad de los padres ha dicho la ministra de Educación tras el Consejo de Ministros, que fue ayer el último de los Consejos de Ministros de los viernes. Y lleva razón la ministra, seguramente no hay algo más evidente para quien trae a un niño al mundo, para quien lo cría y lo ve crecer que los niños no son de los padres. Pero mucho menos del Estado. Los padres tienen eso sí, el gusto y la responsabilidad de educarlos como les parece mejor para ellos. Y ese principio tan sensato está reconocido en nuestra Constitución. Si la ministra de Educación ha querido expropiar a los padres de su gusto y de su responsabilidad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha señalado que hay niños dominados por padres homófobos que tienen que ser liberados por el Estado.

Menos mal que tenemos un Estado progresista que libera a los niños de sus padres. Hay que librar la lucha de clases en el seno de la familia. Estas declaraciones de las dos ministras han sido la reacción al acuerdo al que han llegado Vox, el PP y Ciudadanos en Murcia para poner en marcha el pin parental. El Gobierno de Sánchez va a hacer un requerimiento al Gobierno de Murcia y va a llevar el asunto a los tribunales. El caso del pin parental es un caso muy interesante y nada sencillo sobre el derecho del Estado a fijar los contenidos de la enseñanza que reciben los niños y el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos, de los que no son los dueños pero sí los responsables. Estamos hablando de los límites de los derechos y las fronteras siempre son viscosas en este campo. El pin parental que ha conseguido sacar adelante Vox consiste en que los padres autoricen o no autoricen cualquier charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro que no están dentro del currículum. Por parte de Vox, Espinosa de los Monteros ha argumentado que tiene derecho a autorizar o no autorizar estas charlas.

Hemos llegado a esta polémica porque los contenidos educativos se han convertido en una trinchera ideológica. Mal asunto. Llevamos décadas sin un acuerdo amplio sobre qué y cómo deben estudiar nuestros hijos. La Administración, el Estado, tiene derecho a establecer cuáles son los contenidos de los programas de enseñanza que son obligatorios. Lo ideal es que esos contenidos estén consensuados y sean para todos. Pero los padres también tienen derecho a que sus hijos reciban la formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El conflicto se planteó en la época de Zapatero porque había una serie de padres que consideraban que la asignatura de Educación para la Ciudadanía vulneraba su libertad y debía asistirles la objección de conciencia. El asunto llegó al Supremo, que, con una sentencia muy controvertida, aseguró que no había derecho a la objección de conciencia porque la materia de esa asignatura no podía vulnerar la libertad de conciencia de los padres. Ahora, con el pin parental, no estamos en el mismo caso porque no se discute sobre un asignatura que esté en el plan de estudios impartida por profesores. Aquí estamos hablando de una enseñanza que no está incluida en el plan de estudios y que no imparten los profesores. Ya veremos qué dicen los tribunales, pero parece lógico que en una sociedad plural, los contenidos que no estén en el programa sean autorizados por los padres. Seguro que hay padres que quieren decidir sobre la asistencia de sus hijos a una charla extraescolar sobre el genocidio de Stalin provocado por la deskulakización. En una sociedad como la nuestra, tan poco dada a los consensos, incluso en aquellos contenidos que están en el programa, convendría tener prevista una fórmula para que la libertad de conciencia de los padres pueda ejercerse.

Democracia no es solo mayoría.


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¿Un gobierno o una agencia de colocación?

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Deben quedar aún unos días para que se conozca en su totalidad la composición del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y ya vamos por cuatro vicepresidencias. El espectáculo que están dando uno y otro partido, anunciando por su cuenta (y sin informar al socio) de cuáles serán sus piezas en el Consejo de Ministros y las presuntas competencias que asumirá cada formación, refleja la artificialidad que ha guiado esta alianza «progresista». Sobre su eficacia solo caben malos pronósticos una vez exaltadas por los firmantes del pacto las líneas generales de su acción de Gobierno, dirigidas hacia un propósito sectario en el manejo de las prioridades políticas y dinamitador de las reformas puestas en marcha durante legislatura y media por el Ejecutivo del PP. Lo que sí está claro, habida cuenta del gigantismo de la nueva estructura gubernamental, es que a los españoles les saldrá mucho más caro dar acomodo a las aspiraciones de Sánchez e Iglesias, pues conllevará un incremento de altos cargos, asesores y personal de apoyo a tanta vicepresidencia y tanto ministerio.

Estas primeras horas tras la investidura de Sánchez reflejan también que la desconfianza entre ambas facciones no tendrá fácil arreglo, pues La Moncloa se ha visto obligada a «contrarrestar» los anuncios unilaterales de los ministros de Podemos comunicando, sin avisar a Iglesias, que habrá una vicepresidencia socialista más de las pactadas. Es la respuesta de Sánchez para restar valor a la asumida por Podemos. Se trata de dar acomodo a cuantos más altos cargos posibles, desdoblando departamentos, direcciones generales y lo que haga falta en una desquiciada maniobra de «yo pinto mucho más que tú» en la que el interés general es secundario, como ya apuntaba la elección de los socios que sostienen esta aventura política personalista, tóxicos para la unidad de España.


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