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Tribunales

Piden 11 años de cárcel para una funcionaria de Hacienda por estafar más de 6 millones a futbolistas

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La Fiscalía de Madrid solicita once años de cárcel para una funcionaria de la Agencia Tributaria por estafar más de seis millones de euros a varios futbolistas al quedarse entre 2015 y 2016 con las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por ‘El Mundo’, en el que se acusa a cuatro personas, entre ellas a la funcionaria de la Agencia Tributaria Leonor Sánchez-Caballero Pérez. Los otros tres procesados son Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar.

Se enfrentan a penas de nueve y once años de cárcel. Se les imputa un delito continuado de estafa; un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil; un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público y un delito continuado de utilización por funcionario público, por razón de su cargo, de información privilegiada.

En el caso de la funcionaria, se le reclama una multa de 18.310.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un año privativo de libertad, e inhabilitación especial para empleo o cargo publico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 años. De igual modo, el fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública en la cantidad de 6.138.797, 86 euros.

El fiscal relata que los acusados se pusieron “de común acuerdo tanto en la acción como en el propósito de enriquecerse y utilizando para ello las sociedades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L.”.

Entre los afectados, según consta en el escrito de acusación, hay exfutbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Valencia y del Mallorca CF, entre otros.

Apropiación de devoluciones

De este modo, procedieron, entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016, a solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, “a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores”.

Los jugadores “no tenían conocimiento, correspondientes a la diferencia existente entre las retenciones de IRPF soportadas por estos jugadores, como sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes (IRNR)”.

Los acusados, según expone el fiscal, adjuntaban junto con la autoliquidación, en algunos casos, “certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de larepresentación legal del contribuyente para recibir la devolución”.

La Fiscalía sostiene que se trataba de documentos todos ellos elaborados por los acusados y que no habían sido emitidos por las personas autorizadas.

Los acusados obtuvieron “un beneficio patrimonial indebido de la Hacienda Pública, mediante transferencias de la AEAT a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de devoluciones no solicitadas por quienes legítimamente podrían haberlas reclamado.

“Esas cantidades apropiadas indebidamente suponen un total de 6.281.078,86 euros (6.138.797,86 + 142.281 euros), suma de las transferencias detalladas, abonadas a cinco cuentas que nada tenían que ver con los presuntos perceptores de esas devoluciones”, señala el escrito fiscal.

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Tribunales

El CGPJ suspenderá a una jueza de paz que denunció falsamente a su ex marido de abusar sexualmente de su hija de 15 meses

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La condición que ostenta, aunque por poco tiempo, de jueza de paz de un municipio de Jaén no resultó ningún obstáculo para que intentara por todos los medios alejar a su hija de apenas 15 años de su padre, del cual se había separado poco antes, aunque para ello denunciara que la pequeña podía haber sido objeto de abusos sexuales por su ex marido con pleno conocimiento de tal hecho era falso. Ello ha derivado en que un juzgado de lo Penal de Jaén le haya condenado a seis meses de cárcel y una multa de algo más de dos mil euros. Consecuencia de esta condena, el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites para suspenderla provisionalmente, al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto. Esta decisión fue acordada por la Comisión Permanente del pasado día 12 y ha dado traslado a la Fiscalía y a la propia interesada para que se pronuncien a tal efecto.

Sin embargo, en estos casos no hay dudas ni margen para la interpretación, y una condena conlleva una suspensión. De hecho, esa medida, según fuentes jurídicas, se debería haber adoptado cuando se acordó por el juzgado de Instrucción la apertura de juicio oral. Si la Audiencia de Jáen confirmase la condena perderá su condición de juez de paz.

La sentencia considera acreditado que la acusada, “a sabiendas de su falsedad y obrando con un manifiesto ánimo de faltar a la verdad”, llevó a su hija en noviembre de 2017, que entonces tenía 15 meses, al servicio de urgencias de un centro sanitario de un municipio distinto de donde residían, «afirmando que su hija podía haber sido objeto de abusos sexuales durante la estancia con su padre», el fin de semana anterior. La pediatra que reconoció a la pequeña no observó nada extraño, «pese a lo cual y ante la solicitud expresa de la acusada, se puso en marcha el protocolo judicial previsto para estos casos». De esta forma, se contactó con el juzgado de guardia, quien dio aviso al médico forense. El facultativo no llegó a reconocerla, pero sí lo hizo en su lugar otra pediatra, la cual, al igual que la primera, «tampoco encontró nada extraño en la zona genital de la menor». Consecuencia de todo ello, se inició un procedimiento judicial por la denuncia de la madre, que fue archivado de plano en muy corto espacio de tiempo.

La resolución, tras valorar toda la prueba y de forma especial las declaraciones de tres médico-pediatras, rechaza de plano la versión de la acusada de que nunca atribuyó la comisión de un delito abusos sexuales a su ex marido y que fueron esos facultativos “quienes le sugirieron si había pensado que podría tratarse de un abuso sexual y que fueron ellos los que decidieron comunicarlo al juzgado». Tal versión fue desmentida rotundamente por los facultativas. Así, uno de los que primero exploró a la niña manifestó en el juicio que cuando la madre llegó con la niña a la consulta «le dijo que su padre le había dado a la niña y tenía una lesión en sus partes genitales y quería saber si había sido tocada con un pene».

Esta manifestación vino a coincidir con la de otra pediatra, quien aseguró que en el centro sanitario la madre le dijo que acudía «por un tema de abusos sexuales», pero que la tras la exploración de la menor «le indicó que el juicio clínico era dermatitis de pañal», a pesar de lo cual la acusada «le dijo si era consecuencia de abusos sexuales y que la menor venía de pasar el fin de semana con su padre».

La conclusión a la que llega el juez es rotunda: la acusada, «pese a ser conocedora que la menor no presentaba indicios de abusos sexuales, tal y como le manifestaron los pediatras en distintas ocasiones, teniendo conciencia de que esos hechos no se correspondían a la realidad, llevó a cabo determinados actos destinados a provocar la intervención judicial, iniciándose las corespondientes diligencias procesales».

Ahora, no sólo tiene esta sentencia condenatoria, sino que, consecuencia de ella, será suspendida provisionalmente por el Consejo General del Poder Judicial. No podrá, por tanto, “impartir justicia” en su municipio, precisamente, por haber actuado en contra de lo que ésta representa.

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Tribunales

Quim Torra desafía al Tribunal Superior de Justicia catalán y afirma que no retirará el lazo amarillo de la Generalitat

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El presidente catalán, Quim Torra, mantiene de momento la pancarta en favor de los “presos políticos y exiliados” que cuelga del balcón del Palau de la Generalitat y recurrirá la orden de retirarla emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A raíz de un recurso de la asociación Impulso Ciudadano, el TSJC ha ordenado a Torra retirar en un plazo de 48 horas la pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”, acompañado de un lazo amarillo, que cuelga de la fachada del Palau de la Generalitat.

Según un comunicado de la Oficina del Presidente, Torra presentará a través de sus representantes legales un recurso contra la orden, y lo hará tan pronto como el TSJC “le haya notificado oficialmente la instrucción emitida”. Torra no retirará la pancarta por ahora porque el lema que contiene es, según afirma el comunicado, un “clamor muy mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales”.

El presidente catalán considera que se trata de una nueva “vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión, como ya se produjo cuando la Junta Electoral Central ordenó la retirada, de manera irregular y sin tener las competencias para hacerlo”, de esa pancarta, episodio por el que será juzgado por desobediencia. Justamente, hoy el TSJC ha decidido aplazar al próximo 18 de noviembre el juicio a Torra por no retirar esa pancarta en campaña electoral, al no poder resolver a tiempo las recusaciones que el president planteó contra los magistrados que deben juzgarlo.

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Tribunales

Absuelven a los tuiteros que desearon la muerte al niño enfermo que quería ser torero

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El titular del Juzgado de lo Penal 2 de Valencia ha absuelto a los tres acusados juzgados el pasado lunes por escribir en redes sociales mensajes ofensivos hacia un niño enfermo de cáncer que quería ser torero, al no apreciar delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves.

Aunque el magistrado califica algunas de las expresiones vertidas de “deleznables” o “repulsivas”, no aprecia en ellas un delito de incitación al odio, contra la integridad moral ni de injurias graves, contrariamente a lo que sostenían, según el caso, la Fiscalía, la acusación particular y la acción popular, que pedían penas de entre uno y tres años de prisión para los implicados.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y concluye que el Código Penal no puede “convertirse en la primera respuesta ante este tipo de acciones”, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los mensajes fueron escritos en octubre de 2016, tras la celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para Adrián, que entonces tenía 8 años, y quien falleció seis meses después a causa de su enfermedad.

El juez recuerda que en este procedimiento se analizaban exclusivamente los comentarios que cada uno de los acusados hizo en Twitter o Facebook, “y no el resto de mensajes que fueron publicados en distintas redes sociales o enviados por distintas aplicaciones de mensajería, conteniendo amenazas de muerte e imágenes explícitas de armas y fallecidos”, a los que tuvo acceso el denunciante, padre de Adrián.

El magistrado considera que las frases atribuidas a los acusados, y cuya autoría asumieron ellos mismos durante el juicio, no son constitutivas de un delito contra la integridad moral, pese a “lo deleznable” que puedan resultar.

“No se estiman de entidad suficiente para considerarlas como trato degradante apto para generar el menoscabo grave a la integridad moral que exige el tipo”, señala la sentencia.

El primero de los acusados, M.O.C., se quejaba en su cuenta de Twitter del gasto “innecesario” que conllevaba la recuperación del menor, cuya vida, según decía, le importaba “dos cojones”, porque probablemente ya estaba “siendo tratado en la sanidad pública” con su dinero.

La segunda, A.E.O., en un mensaje privado de su perfil de Facebook, deseaba la muerte de “un niño enfermo que quiere curarse para matar a hervíboros inocentes y sanos que también quieren vivir”, y B.E.S.L. criticaba a los internautas que apoyaban a “un niño que prefiere matar a un animal” y le deseaba también la muerte.

El juez entiende que esas expresiones tampoco encajan en el delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

El niño padecía una enfermedad terminal “de la que no se puede hacer responsable a ninguno de los acusados”, por más que éstos la aprovecharan para escribir “una repulsiva frase”, hacer “un alarde macabro” y de “incontinencia escrita” o expresar “el ponzoñoso deseo de la muerte del menor”, explica el juzgador.

Finalmente, el fallo descarta la comisión de un delito de injurias graves. En el caso del tuit de M.O.C., no puede considerarse que exista un insulto a Adrián, “sino una soez manera de exteriorizar una ausencia total de empatía”.

Respecto a los comentarios y frases usados por A.E.O. y B.E.S.L., indica que “resultan ciertamente ofensivos, pero la actitud denota desafío y taxatividad grosera como ánimo predominante” y no alcanzan “la gravedad suficiente para considerar que las mismas puedan tener repercusión penal”.

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