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Tribunales

Piden 11 años de cárcel para una funcionaria de Hacienda por estafar más de 6 millones a futbolistas

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La Fiscalía de Madrid solicita once años de cárcel para una funcionaria de la Agencia Tributaria por estafar más de seis millones de euros a varios futbolistas al quedarse entre 2015 y 2016 con las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por ‘El Mundo’, en el que se acusa a cuatro personas, entre ellas a la funcionaria de la Agencia Tributaria Leonor Sánchez-Caballero Pérez. Los otros tres procesados son Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar.

Se enfrentan a penas de nueve y once años de cárcel. Se les imputa un delito continuado de estafa; un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil; un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público y un delito continuado de utilización por funcionario público, por razón de su cargo, de información privilegiada.

En el caso de la funcionaria, se le reclama una multa de 18.310.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un año privativo de libertad, e inhabilitación especial para empleo o cargo publico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 años. De igual modo, el fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública en la cantidad de 6.138.797, 86 euros.

El fiscal relata que los acusados se pusieron “de común acuerdo tanto en la acción como en el propósito de enriquecerse y utilizando para ello las sociedades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L.”.

Entre los afectados, según consta en el escrito de acusación, hay exfutbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Valencia y del Mallorca CF, entre otros.

Apropiación de devoluciones

De este modo, procedieron, entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016, a solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, “a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores”.

Los jugadores “no tenían conocimiento, correspondientes a la diferencia existente entre las retenciones de IRPF soportadas por estos jugadores, como sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes (IRNR)”.

Los acusados, según expone el fiscal, adjuntaban junto con la autoliquidación, en algunos casos, “certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de larepresentación legal del contribuyente para recibir la devolución”.

La Fiscalía sostiene que se trataba de documentos todos ellos elaborados por los acusados y que no habían sido emitidos por las personas autorizadas.

Los acusados obtuvieron “un beneficio patrimonial indebido de la Hacienda Pública, mediante transferencias de la AEAT a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de devoluciones no solicitadas por quienes legítimamente podrían haberlas reclamado.

“Esas cantidades apropiadas indebidamente suponen un total de 6.281.078,86 euros (6.138.797,86 + 142.281 euros), suma de las transferencias detalladas, abonadas a cinco cuentas que nada tenían que ver con los presuntos perceptores de esas devoluciones”, señala el escrito fiscal.


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Tribunales

La jueza del caso de las niñas de Alcácer pide ayuda al Reino Unido para esclarecer la huida de Antonio Anglés hace 27 años

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Ficha policial de Antonio Anglés
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La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, encargado del caso Alcácer, ha emitido una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Antonio Anglés en marzo de 1993.

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Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han confirmado que las diligencias de esa orden europea, dictada el pasado mes de noviembre, se están cumplimentado actualmente.

La requisitoria (orden de busca y captura internacional contra Antonio Anglés) sigue activa, por lo que “ha de investigarse cualquier dato novedoso que pueda contribuir a conocer su paradero y propiciar su detención”, añaden desde el TSJCV.

El juzgado recibió un informe policial donde se solicitaba nuevos interrogatorios a testigos, miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo.

Este viernes, el diario Las Provincias informa de que a raíz de esa orden judicial, la policía tomará otra vez declaración al capitán del barco ‘City of Playmouth’, en el que supuestamente viajó como polizón el asesino de las tres adolescentes de Alcácer, para esclarecer cómo escapó del camarote.

El secuestro y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres vecinas de Alcácer (Valencia) de entre 14 y 15 años violadas y torturadas hasta la muerte por el prófugo Antonio Anglés y su compinche Miguel Ricart -en libertad desde 2013-, mantuvo en vilo a España durante más de dos meses, hasta que aparecieron sus cadáveres.

Investigaciones posteriores han seguido la pista del posible paradero de Anglés, en caso de seguir vivo, o la confirmación de su muerte, que pudo haberse producido al arrojarse al mar desde el citado barco rumbo a Irlanda.


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Cine y Televisión

ANVIPED asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)

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ANVIPED.- La Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)La instrucción acredita una perversa relación político-judicial, en la que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Elche, ha tenido continuas actuaciones antijurídicas, tanto de carácter sustantivo como procesal, llegando el letrado de la Administración de Justicia a amenazar a Enrique de Diego, periodista y director del medio Rambla Libre. Esta LAJ oculta ilegalmente su nombre en las resoluciones.

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El abogado de oficio Benedicto López se ha desentendido de la defensa y la fiscal Yolanda Cuadrado Guirado se desentiende de asegurar la legalidad.

Mediante escrito redactado por el Presidente de ANVIPED, Javier Marzal, y firmado por un abogado de la Asociación, se ha presentado un incisivo escrito de defensa que acredita que en la instrucción se ha dejado malintencionadamente en indefensión al periodista. Las irregularidades comienzan en el poder notarial del despacho Fúster y Fabra, oficial del partido Ciudadanos. Si no hubiera sino un funcionario público el querellante, la juez no habría admitido a trámite la querella.

Enrique de Diego aportó numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña, tal y como denunciaba el periodista Enrique de Diego.

El periodista había informado verazmente, con diligencia, de una presunta corrupción perpetrada por Ignacio Aguado, diputado autonómico y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y el partido Ciudadanos, por lo que legalmente la querella ha sido una represalia y una coacción, mientras no se demuestre lo contrario, que no tiene otra finalidad que intimidar a un periodista.

A pesar de ello y vulnerando varias normas europeas y la jurisprudencia española, la fiscal y la juez ignoraron las pruebas.

Como novedad, se pide dinero para iniciar acciones, amparados en varias directivas europeas de obligado cumplimiento, contra Ignacio Aguado, el anterior abogado y la jueza Marta Alba Tenza, a la que también se la ha recusado.


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Tribunales

Las cintas de Barajas desmontan la versión de Ábalos: Delcy Rodríguez entró en España

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“AENA ya ha cumplido con la requisitoria” de la juez titular del jugado numero 7 de Plaza de Castilla, en Madrid. Es la afirmacion escueta de un portavoz del gestor aeroportuario a COPE. Esto significa que ya han localizado y puesto a buen recaudo las imagenes de la llegada y estancia en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez la madrugada del 19 al 20 de enero. El auto de la juez de guardia requería al gestor aeroportuario “conservar” ese material bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia.

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“Barajas es un punto clave en materia de seguridad y lógicamente todas las instalaciones estan milimétricamente monitorizadas”, reconoce el portavoz. Las imágenes, nos dicen fuentes policiales, van a dar una versión nueva de lo ocurrido con dos apuntes: un trasiego de personal inusual, algunos de ellos sin una acreditación clara que les permitiera esa presencia y, por otro lado, la entrada clara de la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez en lo que se considera territorio español sin cumplir los trámites. Las grabaciones también confirmarán, dicen estas fuentes, lo manifestado por un vigilante de seguridad ante notario que ha sido expedientado.

Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, está en contacto con el vigilante retirado momentáneamente de su puesto de trabajo en ese punto de la terminal aérea. Él detalla cómo su compañero pudo ver el momento en el que la delegación venezolana accedió a la 1:30 a la sala de la terminal ejecutiva. “Eso es zona de la terminal del aeropuerto -concluye- y por lo tanto suelo español”, señala.

Las imágenes de las que podrá disponer el juzgado 37, y tambien el 31, al que ha correspondido otra querella presentada por el llamado Partido Laocrata de España (aunque lo más posible es que ambas causas se acumulen) son grabadas permanentemente en el Centro de Gestion Aeroportuaria (CGA). En ese punto hay personal que tambie presta servicio personal de seguridad privada. Existe otra sala de seguimiento de AENA y una tercera con control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Las fuentes policiales aseguran que son varias las grabaciones de las que se disponen y a las que tendrá acceso la investigación judicial si así lo decidiera.


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