Queja de las autonomías. Hace falta otro despliegue intenso de Policía y Guardia Civil para controlar los confinamientos selectivos y las cuarentenas

La Comunidad de Madrid vuelve a estar marcada como epicentro de la Covid. En los próximos días se lo juega a todo o nada, con los efectos multiplicadores del éxito o fracaso de sus medidas en la expansión del virus en las autonomías limítrofes por las intensas relaciones laborales, educativas o de atención médica que mantiene con ellas.

«Estamos a tiempo si Sánchez pone todos los recursos; si no, vamos muy tarde». Esta reflexión, que sale de la Puerta del Sol, da la dimensión de la gravedad del problema al que se enfrenta el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, pero también el Gobierno de Pedro Sánchez porque Madrid es «un problema de Estado». Aunque durante medio año la política a su alrededor haya estado más pendiente de la confrontación partidista que de la urgencia de la pandemia.

Este fin de semana, en vísperas de que el lunes entren en marcha las nuevas limitaciones de movimientos y aforos, la alerta está en la falta de rastreadores, que se viene denunciando desde hace semanas. Las UCI públicas estaban ayer por encima del 90 por ciento. Y la atención primaria «estará desbordada la próxima semana». De la saturación al colapso es cuestión de unos diez días si no funcionan las medidas impuestas por la propagación exponencial de la enfermedad. Y la solución depende de que, al margen del confinamiento perimetral de los barrios con tasas de contagios más descontroladas, se aumente de verdad la capacidad de rastreo y de los transportes públicos, y se vuelvan a habilitar hoteles u otro tipo de locales para el aislamiento de los positivos.

Moncloa y el Gobierno de Madrid trabajan durante el fin de semana con el agua al cuello, y siendo conscientes de que, si fallan las medidas programadas, habrá poca alternativa a la de actuar por la vía del estado de alarma para imponer un confinamiento más severo porque las cifras son alarmantes y queda por delante todo el invierno, sin que haya empezado todavía la temporada de la gripe común. La política busca ganar tiempo por los efectos económicos de las restricciones, pero los expertos ya advierten de que las nuevas decisiones «llegan tarde» y serán «insuficientes» porque no servirán para doblegar la curva de crecimiento.

«Los datos señalan que Madrid es hoy la comunidad que está más cerca de la necesidad del estado de alarma», reflexiona un presidente autonómico del PP, pero, claro, en el análisis político no pasan por alto el factor de que, si el Gobierno madrileño lo pidiera, dejaría en evidencia el discurso nacional de Pablo Casado. La atención está puesta en Madrid, si bien las cifras del resto de autonomías siguen de manera alarmante al alza.

En las radiografías de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León o País Vasco no hay ninguna razón para el optimismo, aunque el foco esté puesto en la capital por su relevancia estratégica en clave nacional y también porque es donde se libra la principal batalla política. Por cierto, los datos también revelan que la confrontación política en general, y la falta de lealtad entre las Administraciones, es letal para controlar la pandemia.

Pero la política no se detiene, y Moncloa y Génova conservan abiertas sus terminales. Así, la dirección nacional del PP siguió ayer apuntando con dureza contra Moncloa, en la misma línea que viene haciendo el Gobierno de Ayuso desde el mes de marzo. Horas antes de que Sánchez visite la sede del Gobierno regional, Génova descarga sobre él la competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad frente a la pandemia: «No es admisible la derivación de responsabilidad del Gobierno a las comunidades». También reprochan a Sánchez que haya tardado «seis meses en venir a interesarse por su responsabilidad a pesar de que Ayuso se lo lleva pidiendo diez conferencias de presidentes».

Génova está obligada a blindar su defensa al Gobierno de Ayuso porque es el espejo de Pablo Casado. Y desde la dirección nacional popular continúan actuando como caja de resonancia de las críticas más severas a la gestión del Gobierno socialista. A diferencia del tono más moderado de otras baronías del partido y en contraste con las tensiones dentro del Gobierno de coalición de Madrid, no sólo ya entre PP y Ciudadanos, sino también dentro de la parte de Gobierno popular y entre la Comunidad y el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida por «la falta de información» y por cómo se ha gestionado el control del virus.

Génova culpa a Sánchez de que haya lastrado la efectividad de las medidas por haberse negado a modificar la legislación, «como le llevamos pidiendo medio año», para poder limitar la movilidad de «forma eficaz sin volver a un confinamiento más ruinoso». También carga contra la delegación del Gobierno, y responsabilidad directamente al presidente del Gobierno de «no haber hecho nada frente a la segunda oleada» de la pandemia.

La reunión la «calientan», además, con la acusación a Moncloa de dirigir el foco mediático contra Madrid y no actuar de la misma manera con la crisis en Aragón y la Rioja, o con la incidencia real en Castilla-La Mancha. Y le afean su inacción en Barajas: «Pretenden decir que se ha tardado en confinar barrios mientras en el aeropuerto internacional de la capital entraban sin control millones de ciudadanos de toda España y del extranjero».

Con una situación sanitaria cada día más alarmante, las comunidades autónomas gobernadas por el PP tienen que gestionar aquel «no» de Pablo Casado a mantener la prórroga del estado de alarma y su veto a que se avance ahora por ese camino para frenar el descontrol del virus. «Es una trampa de Sánchez», según la dirección del partido.

El discurso del líder nacional popular ha chocado con la realidad de la Comunidad de Madrid y su posición es contraria a que sus Gobiernos autonómicos hagan uso de esa vía habilitada por el jefe del Ejecutivo. Por mal que se pongan las cosas, sería tanto como rectificarle en su posición nacional y la instrucción es mantener la exigencia de que se active la necesaria modificación de la legislación ordinaria para poder actuar «de manera más eficaz, sin trabas jurídicas», para avanzar en los confinamientos selectivos que todos los Gobiernos dan por hecho que tendrán que seguir produciéndose hasta que haya una vacuna.