Sociedad
Podemos ataca a los videojuegos con una nueva iniciativa “contra el machismo”. Del «macho alfa» no dicen nada…
[E]n la guerra por el feminismo, el nuevo campo de batalla es el terreno audiovisual. En este caso, le ha llegado el turno a los videojuegos.
Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que critica la «discriminación” que según ellos “sufren las jugadoras” que “soportan el sexismo en las partidas multijugador o en los vídeos de opinión en redes sociales, como Youtube o Twich”
Han afirmado que así pretenden “combatir la brecha de género en el mundo audiovisual» y afirman que sólo el «16,5% de las personas empleadas de forma directa en el sector de los videojuegos en España son mujeres. Una discriminación que no afecta únicamente a las desarrolladoras de videojuegos sino que también la sufren las jugadoras”.
Hace unas semanas en un seminario telemático organizado por Irene Montero, la directora del Instituto de la Mujer (más conocida por animar a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad), Beatriz Gimeno afirmó que «muchas videojugadoras se esconden tras nicks masculinos» para evitar «acoso online», además de «vejaciones» y «violencias machistas«, que aseguró son «habituales». «Cabe preguntarse si los estereotipos de género sexistas y discriminatorios que nos rodean están siendo potenciados por los modelos que reproducen determinados videojuegos».
Podemos ha instado al Gobierno a realizar «campañas de sensibilización con el objetivo de eliminar los prejuicios, estereotipos de género y comportamientos discriminatorios o de acoso hacia las mujeres en el sector cultural y, en particular, en el medio audiovisual y el sector de los videojuegos».
También señalan en la proposición la «brecha» en el mundo audiovisual. Según un informe de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) que han incluido en el documento, «sólo el 37,8% de los personales del cine español son mujeres». Una cifra que «disminuye hasta el 33% en el caso de los personajes protagonistas».
Finalmente han reclamado una «metodología de medición de la brecha de género en el Ministerio de Cultura y Deporte», que dirige José Manuel Rodríguez Uribes, así «como en sus organismos adscritos, colegiados y dependientes».
España
«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!
El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.
El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.
El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.
El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.
El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.
El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.
El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.
Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.
El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.
