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España

Rajoy dice que se aplicó el 155 en Cataluña porque era “más operativo y más justo” que un estado de sitio

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llegado a las 15.45 al Tribunal Supremo para declarar en calidad de testigo en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, y lo ha hecho en coche hasta la puerta principal.Rajoy ha defendido que las autoridades de la Generalitat eran “plenamente conscientes” de que “no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la unidad de España”. “Al menos mientras Mariano Rajoy fuera presidente de España no habría referéndum para liquidar la soberanía nacional”, ha dicho en el juicio del “procés”, en el que declara como testigo a petición de la acusación popular de Vox.

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En estos términos se dirigió a los expresidentes del Govern Artur Mas y Carles Puigdemont, a los que les dejó claro que “quien decide lo que es España es el pueblo español y no una comunidad autónoma, ni el gobierno de España ni las Cortes Generales”.

El expresidente ha asegurado también que ante la “excepcional” situación que se vivió en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución al creer que era “mucho más operativo y más justo” que el estado de sitio o de excepción.

Rajoy ha subrayado que ningún presidente “podía mirar para otro lado” ante el “intento de liquidar” la legalidad de un país y la ruptura de la soberanía nacional, como ocurrió esos días en Cataluña.

“Creo que hemos sido prudentes, hemos hecho un gran esfuerzo, se sabía desde hacía mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto”, ha argumentado el expresidente del Gobierno, satisfecho de haber logrado apoyos de otros grupos políticos y de haber buscado el máximo acuerdo posible.

A preguntas del abogado de la acusación popular y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que la situación fue tan “excepcional” que se adoptó por primera vez la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución y el relevo del Gobierno de la Generalitat.

Y se optó por esa medida al estimar que era “mucho más operativo y más justo” que declarar un estado de excepción, pues esa medida afecta a derechos individuales de las personas y sustituir a un Gobierno y convocar elecciones, no.

Rajoy ha considerado “excepcional” que se concentraran “miles de personas ante la Conselleria de Economía donde unos funcionarios estaban cumpliendo decisiones ordenadas por los jueces” o que ante la sede del TSJ de Cataluña se manifestaran 20.000 personas con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, haciendo proclamas con un megáfono. O las situaciones “de acoso” a policías, guardias civiles o alcaldes no independentistas.


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Andalucía

Una diputada de IU retira un cuadro del siglo XIX “porque recuerda a un crimen machista”

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La delegada de Igualdad, Alba Doblas (Izquierda Unida), ha solicitado la retirada del salón de Plenos de la Diputación de Córdoba un cuadro del pintor José María Rodríguez Losada por un sorprendente motivo. Y es que esta obra del siglo XIX representa una escena que recuerda a un crimen machista.

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El grupo Ciudadanos en la Diputación de Córdoba ha criticado la retirada del cuadro ‘La Malmuerta’, que hasta hace un mes se encontraba en el Salón de Plenos de la institución provincial. En respuesta a una pregunta realizada por la formación naranja, el Servicio de Patrimonio ha indicado que el traslado de esta obra de arte del siglo XIX se ha llevado a cabo tras una solicitud de la Delegación de Igualdad. Es por ello por lo que el portavoz de Ciudadanos, Miguel Castellano, ha apuntado de manera directa a la diputada de Igualdad, Alba Doblas, de la que ha dicho que “ha declarado la guerra al arte”.

Castellano ha lamentado así la “pobreza intelectual” de la diputada de IU por “condenar” el cuadro del pintor José María Rodríguez Losada. Para el portavoz de la formación naranja, episodios como el que ha protagonizado Alba Doblas evidencian su apuesta por las “ciudades estériles, sin pasado y sin historia, sin cultura ni tradición”.

“Siguiendo el criterio de Alba Doblas habría que retirar igualmente una gran cantidad de cuadros de museos” ha señalado el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Córdoba

Para Ciudadanos “no se debe condenar una obra de arte por lo que representa, porque el arte es más universal y extenso”. Castellano ha explicado a este respecto que “siguiendo el criterio de Alba Doblas habría que retirar igualmente una gran cantidad de cuadros de museos”, porque “es algo habitual encontrarse con episodios cruentos y bélicos tanto legendarios como históricos en los museos de España”.

El diputado de Ciudadanos ha denunciado así la “actitud inquisidora” de la diputada de Igualdad, de la que espera que, “por el bien del patrimonio cultural, no visite ningún museo no vaya a ser que empiece a pedir la retirada de todas aquellas obras de arte que no le parezcan bien”.

LEYENDA DE LOS COMENDADORES

El lienzo representa un hecho histórico, del que derivaría posteriormente la Leyenda de los comendadores de Córdoba, ocurrido en la ciudad de Córdoba en 1448, durante el reinado de Juan II de Castilla.

Los hechos históricos auténticos, independientemente de la leyenda posterior, señalan que el protagonista de la leyenda, Fernando Alfonso de Córdoba, caballero Veinticuatro de la ciudad de Córdoba, asesinó a su esposa, Beatriz de Hinestrosa, y a Jorge de Córdoba y Solier, comendador de Cabeza del Buey, que la había seducido. Además asesinó a Fernando Alfonso de Córdoba y Solier, hermano del anterior y comendador de Moral, siendo ambos hermanos caballeros y comendadores de la Orden de Calatrava y primos del asesino.

No obstante lo anterior, la leyenda señala, sin fundamento alguno, que Fernando Alfonso de Córdoba mató a su esposa, creyendola adúltera sin fundamento alguno, por lo que, arrepentido, solicitó perdón al rey Juan II, quien según la leyenda le ordenó contruir una torre en Córdoba como expiación por su crimen, llamándose desde entonces dicha torre la Mal-muerta.


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Andalucía

El juez Francisco Serrano dimite de la ejecutiva provincial de Vox en Sevilla

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La dimisión de la presidenta de Vox en Sevilla, María José Piñero, se suma a la del portavoz de la parlamentaria Luz Belinda Rodríguez, la dimisión de la ejecutiva en Cádiz y en la tarde de hoy la del juez Francisco Serrano de la ejecutiva provincial como gesto de apoyo a Piñero.

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El goteo incesante de dimisiones y crisis internas que viene sufriendo el partido de Santiago Abascal en Andalucía no cesa. La última, la dimisión -con denuncia pública de irregularidades incluida- de la que hasta ayer mismo era la presidenta de Vox en Sevilla, María José Piñero, que ha dado un sonoro portazo a sus compañeros de ejecutiva enviando a los militantes una durísima carta, adelantada por Diario Sevilla en la que, entre otras cosas, critica la existencia de una “estructura paralela” en la provincia y cómo el partido ha tomado una “deriva que no ha gustado a nadie, basada en relaciones de poder, soberbia y miedo”.

Más allá, la que fuera cabeza de lista a las andaluzas por Sevilla denuncia irregularidades en el uso de los recursos económicos de Vox en esta provincia y avisa de que no va a permitir que se usen “para lanzar la carrera política de unos pocos, que fuera de todo talento, sólo buscan su proyección personal”. Todo eso, añade, lo puso en conocimiento de la dirección nacional del partido hace varias semanas, pero se lamenta de que la única respuesta que obtuvo fueron “amenazas”.

La dirección nacional de Vox ha respondido este miércoles a la dimisión de la ya ex presidenta en Sevilla y al tiempo que ha asegurado respetar su “decisión personal” ha remarcado el “gran error” que ha cometido al enviar el comunicado a los afiliados de esta provincia explicando su decisión y, de paso, denunciando supuestas irregularidades con los fondos del partido. Las aspiraciones no satisfechas de la parlamentaria estarían detrás de su decisión, según insinúa la cúpula de Vox.

En este sentido, la formación he negado de forma rotunda dichas irregularidades y ha puesto de manifiesto que las cuentas están no sólo en regla sino que además está auditadas por una entidad externa y por el Tribunal de Cuentas, de manera que están sometidas “a todos los controles legales”.

Igualmente, Vox ha subrayado que no existe ninguna estructura paralela a la ejecutiva provincial, otro de los aspectos que criticaba Piñero en su carta de despedida como presidenta. Eso sí, ha incidido la formación de Abascal, Vox no es “presidencialista” y las decisiones no las toma la presidenta sino la ejecutiva, de manera que las propuestas de la primera no son siempre aceptadas.

Tras la dimisión de Piñero, la dirección nacional va a nombrar una comisión gestora.

Francisco Serrano, el último en dimitir

Francisco Serrano fue el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía y, al menos sobre el papel, líder del partido en Andalucía. Serrano puso voz a lo que piensan muchos votantes de su partido sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 15 años de prisión por violación a los cinco miembros de La Manada. Opinó que la misma se basó en «una apreciación», al entender que es lo único que ha llevado al tribunal a distinguir entre violación y agresión sexual.

A través de su cuenta personal en Twitter, Serrano dijo que «se ha consolidado una reiterada doctrina jurisprudencial, según la cual resulta contrario al derecho al proceso con todas las garantías, que un órgano judicial conociendo a través de recurso condene a un absuelto en primera instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados».

Las opiniones de Serrano provocaron una desautorización en toda regla de su partido. Y, no por casualidad, el encargado de salir al paso y desmarcarse de las consideraciones de Serrano fue Alejandro Hernández, portavoz parlamentario en Andalucía.

Hernández aseguró respetar las resoluciones judiciales y defendió que su formación siempre ha pedido un endurecimiento de las penas por violación. Esas palabras eran una réplica directa a la carga de profundidad de Serrano en esa misma red social y en Facebook, donde llegó a afirmar que la resolución del Supremo había sido dictada por «por la turba feminista supremacista».

La desautorización a Serrano llegó, además, por medio de una nota remitida a los medios de comunicación en la que se aseguraba que la única versión oficial sobre el asunto La Manada es la publicada por Alejandro Hernández. «Cualquier comentario o valoración realizada al margen de lo oficial es lógicamente a título personal de quien los suscriba», añadía ese breve comunicado.

Pero siendo la última, y la más evidente, constatación de la pérdida de protagonismo de Serrano en Vox, no es, ni mucho menos, la única.

Las grandes decisiones que ha tomado el grupo parlamentario de Vox en cuestiones tan importantes como el acuerdo presupuestario o la renovación de los órganos de gobierno de la RTVA, el papel del presidente del grupo ha sido muy secundario. El peso lo ha llevado, siempre, Alejandro Hernández.

De hecho, fuentes cercanas a la negociación de esos acuerdos con el ejecutivo del PP y Ciudadanos confirman que Serrano no tuvo participación efectiva en las negociaciones.

Así, en lo que respecta a los presupuestos de 2019 -que Vox amenazó con bloquear-, el pacto que conllevó la retirada de la enmienda a la totalidad y dio vía libre a las cuentas fue negociado por Hernández y por el portavoz de Vox en la comisión de Hacienda, Rodrigo Alonso.

Puede parecer anecdótico, pero en la firma del acuerdo, aunque Serrano se sentó en la mesa junto a los otros miembros de su partido y del PP y Ciudadanos, él no estampó su firma.

Lo mismo sucedió con el pacto para renovar los órganos de gobierno de la Radio Televisión de Andalucía. El peso de las conversaciones recayó en Hernández y Serrano no participó.

Y lo mismo se puede ver en cada una de las sesiones plenarias que se desarrollan en el Parlamento andaluz. La dirección de la estrategia política y su traslación a la acción parlamentaria recae casi exclusivamente en Hernández.

Incluso hay compañeros de Serrano que han ganado relevancia de la misma manera que el juez la perdía. Como Rodrigo Alonso o de Manuel Gavira, este último miembro de la Mesa y que ha estado igualmente involucrado en alguna de las últimas negociaciones.

A nadie escapa que el perfil de Serrano no gusta a unos dirigentes que han comenzado a moldear sus posiciones en asuntos que hace poco le granjearon muchas adhesiones. «Ha virado hacia posiciones propias de la derecha liberal», sostiene Carmen López Guzmán, serranista y ex candidata de Vox en el Puerto de Santa María (Cádiz).


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Galicia

La ONU evalúa si la plataforma gallega llega hasta las 350 millas, con lo que se ganarían 56.000 kilómetros cuadrados de superficie marina

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LV.- Galicia está cada vez más cerca de adherir 56.000 kilómetros cuadrados a su territorio. Tras una espera de diez años, ha llegado el momento de someterse a examen. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha comenzado a evaluar la solicitud presentada por España en el año 2009 para reconocer la plataforma continental de la costa oeste de Galicia más allá de las 200 millas náuticas (322 kilómetros) consideradas zona económica exclusiva.

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«Este reconocimiento nos permitirá tener la soberanía para explotar y proteger los recursos marinos que haya en la zona», explica Luis Somoza Losada, geólogo del Instituto Geológico Minero en Madrid y jefe científico de la misión ante la ONU. Somoza, que presume de origen gallego -es sobrino nieto de Castelao y su tío abuelo fue Alfredo Somoza, el último presidente de la diputación de La Coruña por el Partido Galleguista durante La República-, acaba de defender la propuesta ante la subcomisión de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Llegó a Nueva York con la maleta repleta de mapas y el fondo marino gallego detallado casi al milímetro. «Estamos bajo examen. Bajo presión», comenta en tono positivo y optimista.
Área de potencial crecimiento

La petición de España consiste en ampliar el margen continental de la costa oeste hasta las 350 millas náuticas (648 kilómetros), lo que supone ganar una superficie equivalente a dos veces Galicia, desde el río Miño hasta el golfo de Vizcaya. La profundidad del mar en la zona va desde los 800 metros del banco cercano al litoral, hasta los 5.200 de las llanuras abisales.

Visos de prosperar

La demanda tiene visos de prosperar, puesto que supone la ampliación de la plataforma continental ya aprobada en el 2009 en la costa norte de Galicia, entre el Cantábrico y Gran Sol. «Esta es la pieza del puzle que falta hacia el sur», apunta el experto. Entre las dos, podrían sumar un total de 138.000 kilómetros cuadrados de territorio adquirido.

Esta primera propuesta, presentada junto a Francia, el Reino Unido e Irlanda, impulsó las campañas oceanográficas Breogham y ESPOR a bordo del buque Hespérides en el golfo de Vizcaya y Galicia.

El equipo de científicos, encabezados por Somoza, descubrió en el fondo submarino gallego un cruce de caminos poco habitual en el océano Atlántico, donde se juntan el margen submarino unido a la corteza oceánica, activo, y la placa que se mete debajo del continente, pasiva.

En el área que ahora está en discusión, se han descubierto indicios de la existencia de gas natural e hidratos de gas en el fondo marino gallego. Estos últimos son importantes tanto por su posible condición de reserva energética como por su papel en el cambio climático, debido al impacto en el calentamiento del fondo marino.

Famoso es también el denominado Gran Burato, un cráter submarino de más de cuatro kilómetros de diámetro, ubicado a unos 150 kilómetros de la costa gallega, que podría contener gas. «Una cosa es que haya recursos energéticos y otra muy diferente es que se puedan explotar», comenta Luis Somoza. Esa posibilidad dependerá de las compañías de hidrocarburos, en caso de que la ONU apruebe la ampliación, que no afectará a la política pesquera, que depende de la Unión Europea. En su día, la Xunta, que financió dos expediciones para explorar la zona, ya analizó la posibilidad de plantear a Repsol YPF el estudio de viabilidad de explotación.

Un proceso en el que han ido de la mano geólogos, biólogos y militares de la Armada

El retraso que acumula el proceso «nos ha permitido sacar mucho rendimiento científico», apunta Luis Somoza. Este conocimiento no habría sido posible sin su empeño y el de la docena de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (Igme), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Hidrográfico de la Marina, a los que llama la guerrilla por su trabajo con muy pocos recursos.

A partir de ahora, los expertos de la ONU analizarán la propuesta de España. No hay una fecha concreta para que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental emita su resolución. Eso sí, de ser favorable, se cerrará con una serie de recomendaciones por parte del mismo organismo encargado de estudiar si la plataforma gallega llega hasta las 350 millas hacia el sur.

Y mientras espera la resolución del caso, Luis Somoza y esa guerrilla que no llega a Ejército asumirá el siguiente reto, que consistirá en ganar más terreno submarino para España. En este caso, tratará de conseguir la ampliación en 296.000 kilómetros cuadrados de la costa de Canarias.

De Galicia a Irlanda

El geólogo marino y su equipo confían en que todos esos trabajos fructifiquen como el proceso que en el 2009 permitió a Galicia ganar suelo, por más que este se encuentre bajo el mar. Los fundamentos ofrecidos lograron que hoy sea posible llegar desde Galicia a Irlanda caminando sin dejar de pisar suelo gallego. Eso sí, tendría que recorrerse el trayecto con escafandra y, literalmente, pies de plomo.


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