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Opinión

Salvo Sabino Arana, los españoles no somos racistas (y II)

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España ha luchado por mantener su unidad nacional en el sustrato de la fe religiosa. Si algo la ha llevado al supremo sacrificio de la vida ha sido su identidad tradicional católica, nunca la ambición ni la vanidad colonialista y piratera” (seeräuber” en alemán, ladrón del mar).

Si se expulsó en 1492 a los judíos fue por la necesidad de unidad nacional en lo religioso y lo político que aquéllos estaban dinamitando con sus maquinaciones, aparte de las falsas conversiones por querer asentarse aquí, burlando la ley.

Lo mismo ocurrió con las interferencias de los moriscos en el siglo XVII, por su doble vida.

El único racismo anecdótico en suelo patrio lo registra la triste historia de Sabino Arana, con su nacionalismo separatista, a pesar de proceder de una familia profundamente religiosa y antiliberal. Pero en él había más pasión emotiva que racionalidad doctrinal. Y todos sabemos que fue una reacción de revancha por la abolición del régimen foral en 1876, cuando esta región tuvo tan latente el sentimiento foralista, unido a componentes religiosos de origen carlista. De ahí la risible contradicción de Arana proponiendo en Euzcadi un Estado teocrático a la vez que prohibía los matrimonios mixtos, definiendo su nacionalismo como “el derecho de la raza vasca a vivir con independencia de toda otra raza”, y a reclamar la “pureza” de esa raza, preservándola de gentes foráneas.

Arana murió joven (38 años), sin haber logrado implantar su movimiento más que en Vizcaya y muy débilmente en Guipúzcoa.

Desilusionado, propuso una rectificación de su antiespañolismo y terminaba un período de siembra de ideas confusas, con su vida, quedando solo la afirmación de sus sentimientos.

España ha pecado más de desconocimiento de su propia historia y de ingratitud hacia sus glorias que de complejos de superioridad. De ahí la necesidad de distinguir, si alguna vez se ocasiona una reyerta con un forastero (sea de donde sea), en sí es por cuestión de raza o porque éste se comporta incívicamente.

Nos importa un bledo que frente a nuestra casa viva un negro, un amarillo o un indio. Solo queremos que no nos provoquen con sus conductas intolerables, lo que se suele traducir en una legítima defensa y nunca en un acto de soberbia como la que conlleva el racismo.

Nunca se nos acusó de racismo con los gitanos.

Es más que sospechoso que se nos acuse de racistas, cuando con Franco hubo tantos o más gitanos que ahora, y nunca se nos aplicó esa descalificación.

Hay que ver la causa de las fricciones más en la falta de autoridad actual para imponer la ley y el orden que en el sentimiento xenófobo, aparte del concepto de invasión, que sobrepasa la mera emigración, en una saturación numérica atentatoria contra la estabilidad social y económica.

¿Y por qué no se seleccionan gentes foráneas de nuestra misma religión, en vez de mezclar incompatibilidades religiosas que a la larga nos harán repetir la historia de los judíos y moriscos?

A quienes nos acusan de racistas habría que preguntarles si no serán los verdaderos racistas aquéllos que se sienten en el derecho de atropellarnos con su conducta incívica y encima quieren sellar nuestros labios con la insultante etiqueta “racista”.

Párroco de Villamuñio (León).

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España

«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas

Redacción

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El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos

José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.

Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.

Los pagos a Zapatero

El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.

Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.

La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.

En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.

Fondos extranjeros

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».

Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.

«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.

Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.

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