Sánchez e Iglesias, antes y después del 10-N: donde dije digo, digo Diego - ALERTA NACIONAL
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Sánchez e Iglesias, antes y después del 10-N: donde dije digo, digo Diego

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El resultado electoral del 10 de noviembre ha provocado una sorprendente y rápida mutación en el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que cede y acaba aceptando en menos de 48 horas un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y con el líder morado, Pablo Iglesias, de vicepresidente.

El 18 de julio pasado, antes de su investidura fallida, Sánchez señalaba que la presencia de Iglesias en el Ejecutivo era el “principal escollo” para alcanzar un acuerdo sobre la coalición con Podemos y lo justificaba en las “divergencias” con Iglesias en cuestiones como la crisis catalana.

En una entrevista en La Sexta, Sánchez alegaba que necesita un vicepresidente que “defienda la democracia” y que diga que España es un Estado de Derecho, que tiene un poder judicial independiente y que no se persigue a nadie por sus ideas ni se encarcela a nadie por sus ideas.

La rama de Podemos en Cataluña sigue a día de hoy hablando de los dirigentes del ‘procés’ condenados como “presos políticos” y este mismo martes se abstenía en la votación en el Parlament de la moción de la CUP sobre la voluntad de la Cámara de ejercer el derecho de autodeterminación catalán que el Tribunal Constitucional ha suspendido.

Los comunes también se abstuvieron en otro moción tumbada por el Parlament y que, a iniciativa del PSC, pedía rechazar la violencia en las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras firmar en la Moncloa el acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019, el pasado día 11.

Estas “discrepancias de fondo” que, según señalaba Sánchez en julio, podrían paralizar un Gobierno de coalición y precipitar la primera crisis de gobierno porque se visualizaría la existencia de dos gobiernos en uno no han sido obstáculo para alcanzar este preacuerdo tras el 10 de noviembre, que los dos líderes han firmado en el Congreso en presencia, entre otros, del portavoz parlamentario de los Comunes, Jaume Asens.

Sánchez sólo terminó ofreciendo en julio una fórmula de coalición con Podemos después de que Iglesias diese un paso atrás en su exigencia de entrar en el Gobierno. Esa oferta incluía una vicepresidencia social para la ‘número dos’ de los morados, Irene Montero, y tres Ministerios más, también de corte social, que Iglesias rechazó por considerarlos vacíos de competencias.

Desde que Podemos se abstuviera en la investidura que Sánchez intentó sin éxito en julio, tanto el líder socialista como los miembros de su Gobierno y Ejecutiva Federal solían recurrir a la falta de confianza generada por los morados para sostener que era imposible volver a negociar un Gobierno de coalición.

“No son ustedes de fiar. Utilizan el primer flanco para dañar al Gobierno y no es la primera vez”, les espetó a los diputados de Podemos el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en un pleno extraordinario en el Congreso en agosto pasado.

Cuando se confirmó el adelanto electoral, Sánchez presumía de haber rechazado la coalición con Podemos anteponiendo los intereses generales de España y llegó a decir que “no dormiría por la noche” con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social.

“No merecía la pena intentarlo”

Según su visión, no merecía la pena intentar formar un ejecutivo que no le permitiera “actuar con eficacia” para dar estabilidad al país en unos momentos en que se avecinaban grandes retos como el Brexit o una posible desaceleración económica.

Precisamente la imperiosa necesidad de que España se dotase de un Gobierno estable y dotado de coherencia fue lo que argumentó Sánchez a preferir afrontar una repetición electoral que acceder a gobernar en coalición con Podemos, con los que no alcanzaba la mayoría absoluta y por tanto estaba obligado a apoyarse en los independentistas de ERC.

Pero la llamada del PSOE a que los ciudadanos le otorgasen una mayoría más amplia no fue escuchada, y los socialistas se dejaron 760.000 votos por el camino y tres escaños en las elecciones del domingo, que auparon a Vox de los 24 a 52 asientos en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno progresista de coalición que aspiran a sacar adelante PSOE y Unidas Podemos necesitará como mínimo de la abstención de algunas de las formaciones independentistas para superar la investidura.

El dilema de los independentistas

En el único debate electoral previo a los comicios del 10 de noviembre, Sánchez evitó responder a la pregunta que de manera repetida le lanzó el líder del PP, Pablo Casado, sobre si rechazaba ser investido con la colaboración de partidos independentistas.

En cambio, Sánchez lanzó una serie de propuestas encaminadas a demostrar firmeza ante el independentismo catalán, como la promesa de recuperar en el Código Penal la prohibición de convocar referendos ilegales o la modificación de la Ley General Audiovisual para terminar con el “sectarismo” de TV3.


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Noticias Insólitas

Una mujer sobrevive después de seis horas con el corazón parado

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Una técnica médica pionera en España ha permitido una de las reanimaciones más largas del mundo. Una mujer con hipotermia a causa de la cual sufrió un paro cardiaco, logró sobrevivir el pasado 3 de noviembre tras estar durante más de seis horas al borde de la muerte. Y lo consiguió sin que hubiese daño cerebral.

Audrey Mash es una profesora de inglés que vive en Barcelona. Junto a su marido, Rohan, también profesor de inglés, decidió hacer una ruta de alta montaña por los Pirineos para celebrar su sexto aniversario de boda. Les gusta la aventura y han estado dos veces en el Himalaya. Partieron del refugio de Coma de Vaca, en Queralbs, en la provincia de Gerona. Su idea era subir al pico de Bastiments, a más de 2.500 metros y volver a dormir al refugio. Al tiempo de salir, en el Valle de Núria, les sorprendió una gran tormenta de nieve que les dejó bloquedados durante tres horas.

No sabían qué hacer. En un momento, la mujer empieza a hacer gestos extraños y ha decir cosas inconexas. Enseguida deja de moverse y queda inconsciente. Dos amigas de esta pareja que habían vuelto al refugio lanzan la voz de alerta y se activa el operativo de rescate. Cuando localizan a la mujer, la joven seguía inconsciente y con una temperatura corporal por debajo de los 20 grados. Los servicios de emergencia le practicaron las primeras maniobras y luego en el hospital Vall de Hebrón se le aplicó la técnica ECMO, para oxigenar los tegidos y recalantar a la paciente. Tuvo el corazón parado durante seis horas, de ahí que estemos ante una intervención pionera.

“Los primeros dos días no sabía lo que estaba pasando. Me desperté en cuidados intensivos. Realmente me siento increíble. Yo sobreviví. Tengo mucha suerte de estar aquí”, ha contado Audrey Mash días después del susto. La coordinación entre bomberos, servicios de emergencia y personal del hosptial Vall de Hebrón han permitido a Audrey seguir con vida.


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Religión

La Conferencia Episcopal denuncia un “capitalismo verde” que quiere “reducir humanos”

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El secretario general de la CEE, Luis Argüello
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El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha advertido este jueves de los “riesgos” del capitalismo verde y las propuestas ecologistas en materia de salud reproductiva que conducen a “una reducción del número de seres humanos”.

Argüello ha participado este jueves en la inauguración de las jornadas “La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común”, organizada por la Fundación Pablo VI y distintas entidades católicas con motivo de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid.

El portavoz de los obispos cree que existe un “riesgo” en las corrientes ecológicas que piensan que es la especie humana la que supone el problema y, ante ello, plantean “que lo mejor es reducir el número de humanos”.

En este sentido, se ha referido a los Objetivos del Milenio planteados en el año 2000 por las Naciones Unidas y ha lamentado que 15 años después, sólo se ha logrado cumplir el referido a la salud reproductiva.

“Siempre existe un riesgo, un riesgo que el sistema económico dominante tiene una gran capacidad de aprovechar, el riesgo de que las buenas intenciones de tantas gentes en tantos lugares sean manipuladas para una nueva fase del capitalismo global”, ha advertido Argüello.

Se ha referido, así, al “capitalismo verde” que hace “de tantas propuestas de renovables, de formas de vida y de consumo, un ejercicio nuevo y siempre sorprendente por su capacidad dominadora y manipuladora de lo que queremos vivir”.

Argüello ha explicado que el papa Francisco, en su encíclica ‘Laudato si’, ya denunciaba “la economía que mata”, “la economía del descarte”, así como las propuestas de “disminuir el numero de comensales a la mesa”.

“De alguna forma la humanidad ha perdido la esperanza de poder dar de comer a todos y por eso dice que es mejor que haya menos comensales”, ha lamentado


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Tribunales

Procesan al ex secretario general de UGT-A Fernández Sevilla por las facturas falsas cuyo fraude supera los 40 millones

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Los dos ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, a la izquierda y Francisco Fernández, a la derecha
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El juez de Instrucción número nueve de Sevilla ha dictado un auto en el que procesa al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas en el caso conocido como «facturas falsas» por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros».

En un auto fechado el día 3 de diciembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, entre ellas el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, «valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución» que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de Pastrana, acuerda el sobreseimiento por su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», añadiendo que «la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», como es «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

Según asevera el juez, «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

Métodos para el fraude

Seguidamente, el magistrado analiza «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito», como son el mecanismo llamado ‘rappel’, «por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa», o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A «se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no corresponderían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados».

Como tercera «vía de financiación fraudulenta», el juez señala que el sindicato «habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad» a la sociedad mercantil Soralpe -de la que UGT-A era socio único- «mediante contratos elevados a público entre dichas empresas». Así, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto».

En este punto, explica que, «tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES», agregando que, «en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento», pero, en este caso, «tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico Fresneda, ex secretario general de Administración, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica», una labor en la que además «contaba con el apoyo directo» del exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

Más de 40 millones defraudados

Al hilo de ello, el instructor precisa que, «para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración» de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, «prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes «se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención».

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, «para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente», se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.

«El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.


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