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Tribunales

Shakira alega ante la juez que no residía en España entre 2012 y 2014 y no cometió delito fiscal

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La cantante Shakira ha declarado este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugas de Llobregat (Barcelona) como investigada por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros y ha alegado que en los años 2012, 2013 y 2014 no residía en España por lo que no estaba obligada a pagar impuestos a Hacienda.

En una declaración de una hora y cuarto, en la que Shakira solo ha respondido a su abogado, José Ángel González Franco, ha dado explicaciones pormenorizadas para justificar que pasó menos de los 183 días que se exige para ser residente en España, haciendo hincapié en los conciertos u otros eventos en los que participó en diferentes países, como el programa televisivo The Voice en Estados Unidos.

Así, fuentes jurídicas han explicado que ha dado explicaciones exhaustivas en un discurso muy estructurado y que ha dicho que entre 2011, cuando empieza una relación con su actual pareja Gerard Piqué, hasta finales de 2014, no residía en España pese a que pasaba estancias esporádicas en Barcelona.

Fue a finales de 2014 cuando escolarizó a su primer hijo, y se compró una casa en Esplugas de Llobregat, y a partir de 2015 ya empezó a residir formalmente en España y a pagar sus impuestos aquí.

La artista está investigada por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, y según fuentes del entorno de la cantante, ya ha pagado estos 14,5 millones.

En un comunicado, Shakira ha explicado que “ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado (incluyendo EE. UU.) y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española”.

Según dicho comunicado, al no existir ya deuda tributaria pendiente, “el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España por parte de Shakira”.

Ha mostrado disposición absoluta de colaborar con la Administración Tributaria y ha resaltado que su “conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores”.

Evita a la prensa

Shakira ha llegado a los juzgados minutos antes de las 10.00, cuando estaba citada, pero no ha entrado por la puerta principal sino que ha usado una plaza de parking del edificio donde está el juzgado -según fuentes del entorno de la cantante, alquilada por su abogado- para entrar por el interior del inmueble, eludiendo así a la prensa.

De este modo, tanto a la entrada como a la salida, ha evitado a los medios de comunicación, pese a que según fuentes judiciales la juez dio orden expresa de que entrara por la puerta principal, como hacen todos los ciudadanos, aunque desde el entorno de la cantante aseguran que no les constaba esta orden.

Querella

En la querella contra Shakira admitida por la juez, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) y de 2.191.771,58 euros (IP).

La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron “esporádicas”, por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente fiscal.

Según el relato de la querella, la artista “con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario” para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agencia Tributaria de Cataluña el patrimonio que tenía en estos ejercicios.

Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.

Según el cómputo de la Fiscalía, la querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014, y se ausentó del país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 123 días en 2012, 153 días en 2013 y 121 días en 2014.

Por ello, la fiscal defiende en su escrito que, al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido más de 183 días en cada año natural, “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador”, así como por todo su patrimonio.

 

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Tribunales

Los independentistas quieren volver a debatir sobre la autodeterminación en el Parlament

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Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.

El documento consultado por Europa Press rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament “reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya a decidir su futuro político”.

Estos son tres de los puntos de advertencia del Tribunal Constitucional a la Mesa del Parlament, a la que ha exigido paralizar el trámite de propuestas que vayan en ese sentido, después de haber anulado propuestas de resolución aprobadas en la Cámara sobre estos respectos.

De hecho, en la reunión de la Mesa del Parlament, antes de que se aceptara a trámite, los letrados de la Cámara han advertido al órgano rector de que este punto de la propuesta de resolución contravenía los autos y advertencias del TC.

“El Parlament denuncia la censura que el TC pretende imponer al Parlament, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara”, expone otro apartado del escrito, mientras que otro punto defiende que las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar o no en la Cámara y otro recuerda que se han aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde 1989.

Bajo el título ‘Propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 1-O’, el documento es el punto de consenso al que han llegado republicanos, ‘cupaires’ y JxCat, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara el martes pasado su propia propuesta en el pleno extraordinario sobre la sentencia, sin avisar a ninguno de los tres grupos, generando fricciones entre ellos.

En aquel plenario, pese a las reticencias de la CUP, no se permitió introducir documentos ni de los grupos ni del Govern ni del presidente para que fueran votados por el hemiciclo.

Ahora, esta propuesta en principio tampoco podrá ser debatida en el pleno ordinario fijado para este miércoles y jueves, ya que, para hacer una modificación del orden del día –ya sea reuniendo a la Junta de Portavoces o bien en el mismo pleno–, se tendría que haber registrado por vía de urgencia, algo que no ha sucedido, explican fuentes parlamentarias, por lo que debería respetarse el plazo de siete días para que los grupos presenten enmiendas.

Con todo, el artículo 83 del reglamento del Parlament establece que no se puede modificar el orden del día sin haber cumplido los trámites reglamentarios, “a excepción de un acuerdo explícito en el sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta”; una mayoría que los tres grupos independentista tienen en el hemiciclo.

EL DOCUMENTO

En la exposición de motivos, el documento critica la sentencia del 1-O porque considera que es “una regresión en materia de libertades, no solo para Catalunya, sino para todo el Estado” y sostiene que limita derechos fundamentales y criminaliza la disidencia política.

Reprocha que el TC intente “imponer al Parlament una vulneración inaceptable del derecho a la representación política”, por lo que rechaza la sentencia y las decisiones del Constitucional.

“El Parlament exige la libertad de los presos políticos, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión”, piden votar en la cámara, así como expresar la indignación sobre una sentencia que tachan de injusta porque consideran que limita el ejercicio de derechos fundamentales en lo que tildan de deriva autoritaria del Estado que afecta a todos los demócratas.

Hacen referencia concreta al “escándalo democrático” que supone la condena de 11 años a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y afirman el carácter cívico y no violento del movimiento independentista, según el texto.

El texto advierte de que la sentencia establece un precedente inaceptable a partir del cual todas las formas de protesta como el paro de un desahucio, la ocupación de un centro de atención primaria o el corte de una calle, “pueden convertirse en un delito de sedición”.

Los impulsores del documento también quieren que el Parlament reitere que el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado es “político y no se resolverá mediante los tribunales”, y avisan de que las mayorías parlamentarias no renunciarán a sus convicciones por más represión que haya.

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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