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Cultura

Sin Reyes Católicos, sin ríos o con ‘corona catalanoaragonesa’: así se nota la “presión” de todas las comunidades autónomas en los libros de texto

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La patronal de los editores de libros de texto (Anele) denunció que sufre “presiones de todas las comunidades autónomas” a través de “mecanismos bastardos” para incluir contenidos regionales en los libros educativos. Esta es la explicación, aseguran en Anlae, de que haya 33.222 libros de texto diferentes sólo en soporte de papel para ajustarse a las exigencias de cada comunidad tanto en idiomas como en contenidos.

“Cada comunidad autónoma tiene su manía, y es una falta de respeto a la libertad de cátedra. Presionan los consejeros, los viceconsejeros y los directores generales, pero no lo hacen por escrito, lo hacen en reuniones. Dicen cosas absurdas”, indicó el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila.

El hartazgo de los editores de libros escolares es ya indisimulable. Por un lado, desde hace tiempo se enfrentan a presiones políticas, como por ejemplo, en Cataluña. “Allí quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso y no el Velloso (Conde de Barcelona en el siglo IX) y no de los Reyes Católicos o que aludamos a la ‘corona catalanoaragonesa’, un término que en la Edad Media no existía y que no se ha utilizado hasta el siglo XX”, agregó Ávila.

Pero las exigencias regionales llegan a todos los lugares y alcanzan cotas “absurdas”. Así, desde Canarias les han pedido que desaparezcan los ríos porque no son importantes en las islas; la Comunidad Valenciana quiso censurar un libro del ya fallecido Fernández Lázaro Carreter, exdirector de la Real Academia de la Lengua, que decía que el valenciano era un dialecto del catalán; y Castilla-La Mancha exigió que un libro sobre las cajas de cambios de los vehículos se adaptara a la “realidad autonómica”. “Será que las cajas de cambio de los coches en Castilla-La Mancha no son como las de Andalucía”, ironizó Ávila.

“¿No sería más razonable que los manuales de matemáticas o de ciencias naturales fueran idénticos en todas las comunidades autónomas?”, se preguntó el presidente de FGEE, que aseguró que de un libro de Matemáticas se editan hasta 17 versiones diferentes.

Según Anlae, cada año se publican unos 150 textos normativos diferentes sobre libros, ya sean leyes, decretos, órdenes o resoluciones. “Esta ingente producción legislativa provoca una dispersión de contenidos que va contra la igualdad de los estudiantes”, declaró Ávila. “Los editores queremos hacer materiales adecuados, pero también tenemos que cumplir con los criterios que establece cada comunidad”, explicó el presidente de Anele, José Moyano.

La periodicidad con la que se deben renovar los libros de texto, las ayudas que reciben las familias (directas, por préstamos o asociadas al nivel de renta, según el lugar) o la “hiperregulación sin transparencia” son, a juicio de Anele, algunos de los problemas que afrotan los editores de libros de texto, que desvían la responsabilidad del control de esta situación hacia las administraciones y, en concreto, hacia el Ministerio de Educación. “El Gobierno puede hacer mucho más en la unificación de criterios”, subraya Moyano. “Pero el PSOE”, continúa Antonio María Ávila, “no tiene un modelo único, sino uno por cada comunidad autónoma”.

La homogeneización de los contenidos de los libros escolares no es la única batalla en la que se encuentra inmersa Anlae. En mayo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó a la patronal de los libros de texto con 34 millones de euros porque el código ético que firmaron era en realidad una manera de coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia en el sector. Los representantes de Anele recordaron que han recurrido ante el tribunal de lo contencioso esta sanción y defendieron que el fin último del código era “evitar que los prescriptores recibieran regalos”. “Estamos convencidos de que la sanción no va a prosperar”, aseveró Moyano.

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Cultura

“Tenemos diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí”

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La situación política española y la imposibilidad para alcanzar un pacto educativo que permita dar estabilidad y coordinación al sistema educativo está acrecentando la brecha y la desigualdad entre alumnos de las diferentes comunidades autónomas. Así lo constata el informe El libro educativo en España – Curso 2019-2020, elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que analiza la situación en la que las empresas dedicadas a la edición educativa desarrollan su actividad en España. Según este informe, la falta de consenso político está generando una heterogeneidad normativa que, además de complicar cada vez más el desarrollo de la actividad de las empresas, es responsable de que el acceso de los alumnos a libros y contenidos educativos innovadores y de calidad esté cada vez más condicionado por las decisiones políticas.

“La falta de normativa estatal, o más bien la existencia de una normativa de imposible cumplimiento, sin perspectiva de que haya una solución en un futuro inmediato, ha incrementado lo que podríamos definir como dispersión del sistema educativo. De suerte que cada vez nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí”, señala el informe. Una dispersión que se manifiesta en una ingente producción de normativa. En los tres últimos años, se han publicado hasta 450 textos normativos (leyes, decretos órdenes y resoluciones) en las 17 comunidades autónomas que afectan, de manera directa o indirecta, a la edición de contenidos educativos. Cifra que aumenta hasta las 1.820 normas si se analizan los últimos diez años.

Currículos cada vez más diferenciados

El informe vuelve a incidir en un aspecto que se ha reiterado en los últimos años, y es que la falta de consenso y la dispersión de las políticas educativas tienen su primera manifestación en el “diferente tratamiento del currículo, diferencia acentuada como consecuencia de la división entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración y su consiguiente repercusión en la evaluación, de manera que los currículos de las diversas CCAA tienen cada vez menos elementos comunes entre sí. Estas diferencias dificultan notablemente la edición escolar que se ve obligada a dividir y multiplicar su oferta, con ediciones cada vez más limitadas al territorio y el consiguiente encarecimiento de los costes”.

La dispersión normativa también tiene su reflejo en las diferencias económicas entre comunidades autónomas, que afectan tanto a las políticas de dotación de recursos de los centros y a las ayudas a los alumnos para la adquisición de libros y materiales escolares, como a los procedimientos, las cuantías y los modelos de adquisición de los libros o de las ayudas, “que son cada vez más variados y complicados como comunidades autónomas hay”. Esta situación está produciendo la desigualdad entre los alumnos, ya que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a los mismos recursos.

En estas circunstancias, dado que se está produciendo una dispersión de los calendarios como consecuencia de la gestión de los sistemas de ayudas, la tasa de obsolescencia de los libros y recursos didácticos se está acentuando. La renovación de los libros, estipulada para cada cuatro años, se está haciendo en la práctica cada cinco, seis o incluso más años. Según el informe de ANELE, actualmente, sólo Andalucía está cumpliendo el calendario de renovación de libros y recursos didácticos y cuenta con el presupuesto necesario para realizarla.

En opinión de los editores, “la no renovación de los libros y, por tanto, su distinto nivel de obsolescencia es uno de los factores que más contribuyen a la desigualdad de oportunidades educativas de los alumnos entre comunidades autónomas y que más pueden dificultar la tarea de los profesores que necesitan recursos actualizados”. El informe resalta que “el ritmo de adaptación de los materiales escolares debería ser el mismo para todos los alumnos, para que el aprendizaje, ya bastante influido por las condiciones socioeconómicas, no se vea empeorado por la obsolescencia de los recursos didácticos”.

La renovación y actualización de los recursos educativos viene derivada, según el informe, de los distintos programas de gratuidad o de ayudas para la adquisición de libros de texto y de la dotación presupuestaria destinada a ellos. La mayoría de las comunidades autónomas no cuentan en su normativa con un calendario de renovación y/o dejan en manos de los colegios la decisión de adoptar nuevos proyectos, eso sí, sin garantizarles una dotación económica suficiente para hacer frente a las compras.

Esto supone, en la práctica, que opten por mantener los existentes, aunque se encuentren obsoletos. Todo ello incide en la desigualdad de los alumnos, incluso en una misma comunidad autónoma.

Como expresa el informe, la consecuencia de esta situación “es la inseguridad e incertidumbre del profesorado, que no sabe a qué atenerse. La repercusión en la actividad editorial es clara. La inseguridad de los profesores se traduce en inseguridad de los editores a la hora de planificar proyectos y ediciones, cuyo desarrollo y final son impredecibles”.

Según los editores, “más que de libro de texto se debería hablar de proyectos educativos, conformados por múltiples elementos que contribuyen a que el alumno vaya construyendo el armazón de su aprendizaje. Junto al libro de texto, las editoriales ponen a disposición de los profesores programaciones didácticas, guías del profesor, recursos digitales específicos, materiales manipulables, lecturas… En ese ecosistema educativo, el libro de texto es más bien una guía, un acompañante del aprendizaje, que ayuda a ordenar los conocimientos y los procesos de adquisición de conocimientos, enmarcado en un proyecto más amplio que incluye el manejo e integración de todos los recursos”.

Para el curso 2019-2020, las editoriales integradas en ANELE han puesto a disposición de la comunidad educativa un catálogo que alcanza los 51.528 títulos. Hay 33.222 títulos en soporte papel en todas las lenguas oficiales, de los que 11.381 corresponden a libros del alumno. En cuanto a la oferta de proyectos editoriales digitales, ha continuado creciendo hasta alcanzar 18.308 títulos. “La oferta de títulos y el gran número de editoriales existentes garantizan la pluralidad tanto didáctica y pedagógica como cultural e ideológica, siempre dentro del marco de la Constitución”, dicen los editores.

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Cultura

El PSOE regala el primer año de universidad en Ciencias solo por ser mujer

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Una matrícula gratuita por el mero hecho de ser mujer. Así planea el PSOE «potenciar las vocaciones entre las jóvenes» y «cerrar la brecha de género» en las carreras englobadas bajo el acrónimo anglosajón STEM, que incluye las enseñanzas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

El partido socialista lanzó el pasado martes un documento con 370 propuestas que forman parte su «programa común progresista» con el que está intentando convencer al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que apoye su investidura sin un gobierno de coalición.

La medida plantea una matrícula gratuita el primer año para las jóvenes que se matriculen en carreras STEM «donde haya de media menos de un 30% de estudiantes mujeres». Además, abren la puerta a aplicar puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado. La propuesta ha sido calificada de «machista», «patriarcal», «dirigista», «no equitativa», «injusta», «insuficiente» o «injustificada». Las críticas, no solo provienen de los partidos de la oposición sino también de los rectores y sindicatos.

«El PSOE ha decidido hacer una política de planficación educativa como hacía la URSS», criticó Marta Martín, portavoz de Educación de Cs. «Para promover la presencia de mujeres en las carreras STEM lo que no se puede hacer es tratarnos como si fuéramos idiotas, es una medida patricarcal y machista, no pueden tutorizarnos y decirnos qué estudiar, esto no pasaba ni con el estalinismo». En la misma línea opina Sandra Moneo, portavoz de Educación de los populares: «El PSOE y la izquierda en general se empeñan en dirigir la vida de las mujeres y lo que queremos es ser libres y tener las mismas oportunidades que los hombres. La cuestión también es si están dispuestos a regalar matrículas a los hombres en aquellas carreras en las que tienen una representación menor al 30%».

Otra crítica a la medida es el cómo, es decir, que se haga a través de una matrícula gratuita. «El PSOE piensa que las carreras se estudian por una cuestión económica y no es así. Además no es equitativo, me parece injusto que el hijo de un barrendero en Alicante pague la matrícula de la hija de un millonario en las Rozas», apuntó Martín. Opinión similar mostró Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF: «No está justificada, una discriminación positiva tiene que ser muy motivada y no es el caso, no hay diferencia por sexos en las matrículas. Cuando los alumnos terminan 2º de Bachillerato, ¿hay alguna medida que les impida a las mujeres entrar a Ingeniería?», apuntó Gutiérrez.

Por su parte, Eva Alcón, delegada de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para políticas de Igualdad y rectora de la Universitat Jaume I no critica la medida pero señala que es «insuficiente»: «La matrícula gratuita contribuye a seguir avanzando contra la brecha de género. No obstante, puede resultar insuficiente. Es una medida que debería completarse con otras, como la mentorización de mujeres que trabajan en STEM».

Gratuidad para todos

Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, va más allá y pide que la primera matrícula sea gratuita, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. «Es una iniciativa peculiar, sería mejor que la matrícula sea gratuita para todo el mundo, al menos la primera. Es verdad que existe una desproporción enorme entre mujeres y hombres en las carreras STEM pero no sé si es la medida más correcta», señala García.

En este mismo sentido, Mari Luz Seijó, secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE aclaró que «no es una medida cerrada» y que la primera matrícula gratuita en el grado es una propuesta conocida del partido, que forma parte de su programa y que está pensada «para hombres y mujeres».

Las cifras de matriculados el pasado curso, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades apoyan la tesis de la brecha de género aunque solo en parte. El número total de matriculados en 2018-19 en grado y primer y segundo ciclo fue de 1.293.892, cifra en las que las mujeres representan más de la mitad: el 55,2%. En la rama de Ingeniería y Arquitectura, las mujeres representan un 24,9% en las universidades públicas (y un 58,4% en las privadas). Sin embargo, en el ámbito de las Ciencias la presencia femenina es mucho mayor: 72,3% de mujeres en Ciencias de la Salud y 50,8% en Ciencias, porcentajes que en las privadas llegan al 64,6 y 57,9, respectivamente.

En cualquier caso, el porcentaje de mujeres en la rama de Ingeniería y Arquitectura ha sido bajo a lo largo de los años. Desde el curso 2012-2013 al 16-17 solo han representado un 26% (bajando al 25 en el 16-17), no así en las Ciencias de la Salud, donde el porcentaje ha sido del 72%, según el informe Científicas en cifras.

Tanto desde la CRUE como Ciudadanos, partido que ha presentado una proposición no de ley en este sentido coinciden con el PSOE en que es necesario potenciar las vocaciones STEM entre las niñas y adolescentes pero a través de otras medidas como el fomento del STEM en etapas educativas previas.

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Cultura

Un colegio de Barcelona obliga a los alumnos a trabajar sobre el “procès”

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El “procés” ha entrado desacomplejadamente a la escuela catalana. Un centro educativo concertado situado en Barcelona se ha convertido en protagonista de la última controversia surgida en torno a la educación en Cataluña: los alumnos que suspendieron catalán en primero de la ESO han tenido que trabajar durante este verano sobre un texto de carácter independentista que contiene extractos de la Ley del Referéndum aprobada en las agitadas sesiones del 6 y 7 de septiembre en el Parlament. El ejercicio, que es una de las partes para que los niños de 13 años puedan superar la asignatura, consiste en corregir o poner tildes a las palabras. “El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente su voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva”, es como empieza el documento, al que ha tenido acceso este diario.

Los padres afectados prefieren guardar su anonimato y el del centro para evitar consecuencias indeseables, aunque no ocultan su cabreo contra el colegio. “Los niños con 13 años no deben leer temas políticos que representan a una parte”, han asegurado en declaraciones a este diario. Además, añade su decepción con el centro y enfado por ver a su hija obligada a leer este tipo de documentos. Asimismo, los padres recalcan que ya es el segundo incidente en la misma escuela. El centro educativo, contactado por este medio, no ha respondido a las llamadas.

Lo cierto es que el ejercicio, además, parece planteado con mofa a los niños que han suspendido Lengua Catalana. La tarea obliga así a los alumnos que han suspendido la asignatura a tener que leer una declaración con hondo significado político para el independentismo, ya que la Ley de Referéndum es una de las dos normas de ruptura que el separatismo aprobó en septiembre de 2017 y que, pese a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional, se acabaron aplicando parcialmente: se llevó a cabo la consulta ilegal del 1 de octubre y el 27 de octubre aprobó la DUI.

El texto arranca con el preámbulo, donde se hace referencia a los “derechos históricos” de Cataluña como “fundamento” del autogobierno. Tras este fragmento aparece otro, mucho más extenso, bajo el epígrafe de “Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”.

(La Razón)

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