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Cultura

Sin Reyes Católicos, sin ríos o con ‘corona catalanoaragonesa’: así se nota la “presión” de todas las comunidades autónomas en los libros de texto

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La patronal de los editores de libros de texto (Anele) denunció que sufre “presiones de todas las comunidades autónomas” a través de “mecanismos bastardos” para incluir contenidos regionales en los libros educativos. Esta es la explicación, aseguran en Anlae, de que haya 33.222 libros de texto diferentes sólo en soporte de papel para ajustarse a las exigencias de cada comunidad tanto en idiomas como en contenidos.

“Cada comunidad autónoma tiene su manía, y es una falta de respeto a la libertad de cátedra. Presionan los consejeros, los viceconsejeros y los directores generales, pero no lo hacen por escrito, lo hacen en reuniones. Dicen cosas absurdas”, indicó el director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila.

El hartazgo de los editores de libros escolares es ya indisimulable. Por un lado, desde hace tiempo se enfrentan a presiones políticas, como por ejemplo, en Cataluña. “Allí quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso y no el Velloso (Conde de Barcelona en el siglo IX) y no de los Reyes Católicos o que aludamos a la ‘corona catalanoaragonesa’, un término que en la Edad Media no existía y que no se ha utilizado hasta el siglo XX”, agregó Ávila.

Pero las exigencias regionales llegan a todos los lugares y alcanzan cotas “absurdas”. Así, desde Canarias les han pedido que desaparezcan los ríos porque no son importantes en las islas; la Comunidad Valenciana quiso censurar un libro del ya fallecido Fernández Lázaro Carreter, exdirector de la Real Academia de la Lengua, que decía que el valenciano era un dialecto del catalán; y Castilla-La Mancha exigió que un libro sobre las cajas de cambios de los vehículos se adaptara a la “realidad autonómica”. “Será que las cajas de cambio de los coches en Castilla-La Mancha no son como las de Andalucía”, ironizó Ávila.

“¿No sería más razonable que los manuales de matemáticas o de ciencias naturales fueran idénticos en todas las comunidades autónomas?”, se preguntó el presidente de FGEE, que aseguró que de un libro de Matemáticas se editan hasta 17 versiones diferentes.

Según Anlae, cada año se publican unos 150 textos normativos diferentes sobre libros, ya sean leyes, decretos, órdenes o resoluciones. “Esta ingente producción legislativa provoca una dispersión de contenidos que va contra la igualdad de los estudiantes”, declaró Ávila. “Los editores queremos hacer materiales adecuados, pero también tenemos que cumplir con los criterios que establece cada comunidad”, explicó el presidente de Anele, José Moyano.

La periodicidad con la que se deben renovar los libros de texto, las ayudas que reciben las familias (directas, por préstamos o asociadas al nivel de renta, según el lugar) o la “hiperregulación sin transparencia” son, a juicio de Anele, algunos de los problemas que afrotan los editores de libros de texto, que desvían la responsabilidad del control de esta situación hacia las administraciones y, en concreto, hacia el Ministerio de Educación. “El Gobierno puede hacer mucho más en la unificación de criterios”, subraya Moyano. “Pero el PSOE”, continúa Antonio María Ávila, “no tiene un modelo único, sino uno por cada comunidad autónoma”.

La homogeneización de los contenidos de los libros escolares no es la única batalla en la que se encuentra inmersa Anlae. En mayo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó a la patronal de los libros de texto con 34 millones de euros porque el código ético que firmaron era en realidad una manera de coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia en el sector. Los representantes de Anele recordaron que han recurrido ante el tribunal de lo contencioso esta sanción y defendieron que el fin último del código era “evitar que los prescriptores recibieran regalos”. “Estamos convencidos de que la sanción no va a prosperar”, aseveró Moyano.

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Cultura

Tensos enfrentamientos entre estudiantes en las universidades catalanas por la huelga

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Bloqueados los accesos de la UPF en el inicio de la huelga universitaria indefinida
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La huelga convocada en las universidades catalanas para este martes, ha creado tensión en las primeras horas de la mañana en los tres campus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y en la Escuela de Ingeniería de Manresa, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en los que se han quedado más de un centenar de estudiantes a dormir.

Fuentes de la UPF han informado hoy a EFE de que los campus de la Ciutadella, Mar y Poblenou están bloqueados por estudiantes en huelga, que han amontonado sillas y mesas en las entradas, y que se han quedado a dormir en los recintos universitarios.

La situación se ha vuelto muy tensa en el campus de la Ciutadella, cuando un grupo de estudiantes que quería acceder a las aulas y no secunda la huelga ha saltado la verja del recinto, que no se había abierto.

Ante esta situación, la universidad ha optado por abrir la verja para que los estudiantes que no secundan la huelga pudieran acceder al patio central del recinto, donde se han concentrado a la espera de poder acceder a la facultad de Ciencias Sociales, cuyas puertas continúan bloqueadas.

A través de las redes sociales, la UPF ha recomendado a los estudiantes que “por cuestiones de seguridad” no acudan al centro “hasta que se normalice la situación” debido “a la situación de bloqueo total del campus de la Ciutadella”.

Las mismas fuentes han indicado que se está negociando con los representantes de los estudiantes que bloquean los accesos a las aulas.

Por su parte, fuentes de la UPC han explicado a Efe que está bloqueada la entrada a la Escuela de Ingeniería de Manresa, donde se han quedado a dormir una veintena de estudiantes.

En las universidades Autónoma de Barcelona y Barcelona la situación es de tranquilidad, por el momento, y los accesos a ambas están abiertos.

En la Universidad de Gerona no se registra hoy actividad académica ya que se celebra la festividad de Sant Narcís, día central de las ferias de la ciudad.

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Cultura

La Universidad de Gerona dará facilidades académicas a quienes se sigan manifestando

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El claustro de la Universidad de Gerona (UdG) ha aprobado un sistema de evaluación alternativa que permitirá a sus alumnos seguir manifestándose en contra de la sentencia del Tribunal Supremo contra algunos líderes del procés sin que les penalice.

La petición de las organizaciones de estudiantes independentistas ha sido respaldada por el claustro y, por lo tanto, los alumnos que lo soliciten podrán acudir a un examen final, mientras que el resto podrá acogerse al calendario académico previamente establecido.

El claustro extraordinario convocado este viernes, después de una semana de movilizaciones que incluso bloqueaban el acceso a los centros de la UdG y comparecencias del rector, Quim Salvi, ha concluido en la validación de ese sistema alternativo insólito que permitirá que los estudiantes dejen de ir a las clases sin merma en su expediente académico.

Además, el claustro también ha aprobado por amplia mayoría, según informa Efe, un manifiesto en defensa de la autodeterminación de Cataluña, exige la puesta en libertad de los presos independentistas condenados por el Supremo y que no tengan que responder ante la Justicia a los fugados fuera de España.

El texto considera que «la redacción y aprobación de una ley de amnistía es la vía preferente para reanudar el camino del diálogo» y expresa el apoyo «a todas las movilizaciones cívicas y pacíficas», al tiempo que rechaza «cualquier forma de violencia», sin citar los actos vandálicos protagonizados por grupos independenttistas hace unos días en las distintas capitales de las cuatro provincias catalanas.

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Cultura

Alumnos y profesores se rebelan contra los “matones encapuchados” que no les dejan dar clase en Cataluña

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Los estudiantes del colectivo constitucionalista “S’ha Acabat” consiguieron este viernes traspasar la barricada que los alumnos independentistas habían instalado tanto en la facultad de Economía de la Universidad de Barcelona como en la facultad de Arquitectura de la Universidad Politénica.

“Cuando los violentos vieron que tantas y tantas personas querían acceder, no tuvieron otra opción que marcharse. Así que pacíficamente y de forma ordenada los estudiantes cogimos el material, lo fuimos colocando en su sitio y pudieron acceder los estudiantes”, ha descrito uno de ellos.

Una de las estudiantes que se encontraban allí en esos momentos es Julia Moreno, que cursa Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Julia denuncia que los alumnos independentistas cuentan con la complicidad de los claustros. Es algo que constatan también los profesores que han intentado dar clase estos días, defendiendo el derecho que tienen los estudiantes que sí quieren acudir a clase.

Una de ellas es Chantal Moll, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Chantal vivió en primera persona la presión de los independentistas para que no diesen clase esta semana. En concreto, el miércoles se enfrentó a los “cuatro encapuchados” que impedían a las puertas de la Derecho de Universidad de Barcelona que se diera clase.

Ha criticado la complicidad de la administración con ellos: “Lo que me perturbó aún más es que había personas de la administración del centro que hablaba con ellos. La sensación que me dio es la de un secuestrador y un equipo negociador hablando con ellos”. Al poco tiempo, se suspendieron las clases de forma oficial “por disturbios” y Chantal tuvo que acatar esa injusta imposición, algo en lo que no estaba de acuerdo.

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