Teresa Rodríguez (Podemos) pide que el empresario que tuvo el mal gusto de simular darle un beso sea condenado por abuso sexual - ALERTA NACIONAL
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Teresa Rodríguez (Podemos) pide que el empresario que tuvo el mal gusto de simular darle un beso sea condenado por abuso sexual

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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, durante el juicio en la Audiencia de Sevilla contra el empresario Manuel Muñoz Medina
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La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que el empresario Manuel Muñoz Medina, acusado de un delito de atentado por simular darle un beso, también sea condenado por abuso sexual si no lo es por un delito contra la integridad moral.

Tras el visionado del vídeo de la acción, ocurrida el 20 de diciembre de 2016 en la Cámara de Comercio de Sevilla, el tribunal de la Sección Cuarta ha invocado el artículo 733 del Código Penal y ha planteado a las acusaciones la sustitución del delito contra la integridad moral por el de abuso sexual, y el abogado de Rodríguez, tras consultarlo con ella, ha asumido esa opción.

La portavoz de Adelante Andalucía ha solicitado 1 año de prisión y una multa de 18 meses a razón de 30 euros diarios para el exvocal de la Cámara de Comercio por abuso sexual.

Por el delito contra la integridad moral, la diputada andaluza ha aumentado la petición de pena de 6 a 9 meses de cárcel, mientras que por el delito de atentado ha mantenido su solicitud de 1 año de reclusión.

De este modo, la parlamentaria reclama un máximo de dos años si la condena es por atentado y abuso sexual y un mínimo de 1 año y 9 meses si es por atentado y contra la integridad moral, por lo que Muñoz no entraría en la cárcel en ningún caso.

La fiscal, por su parte, ha mantenido su calificación original tras ver el vídeo porque, según ha explicado en sus conclusiones, no aprecia “ánimo libidinoso” en la acción.

Durante el juicio, celebrado este jueves, Rodríguez ha asegurado que se sintió “como un objeto”, mientras que el acusado se ha defendido diciendo que fue “una broma de mal gusto”, que no tocó ni rozó a Rodríguez y que saluda así “en muchísimas ocasiones”.

Rodríguez ha asegurado que el entonces vocal de la Cámara la “asaltó” y la “arrinconó” a la salida del despacho del presidente de la institución y que sintió “miedo” porque estaba “sola con tres señores voluminosos que consienten lo que está ocurriendo”.

“Él pensaría que era una broma, pero a mí me pareció una agresión en toda regla. Me sentí un objeto entre esos señores “, ha afirmado. El empresario, que dimitió de su cargo a los dos días del incidente, ha indicado que “nunca” empujó a la diputada y que no le puso la mano en la boca, sino “a distancia”.

“No me parece correcto poner la mano en la boca a ninguna señora”, ha proseguido Muñoz, quien ha contado que Rodríguez no tuvo “ninguna reacción” y que él la vio “normalísima en todos los sentidos”, hasta el punto de que le entregó su tarjeta. “La cogí para saber quién me había agredido”, ha aclarado después Rodríguez.

El exvocal de la Cámara también ha recalcado que “en muchísimas ocasiones” ha hecho “lo mismo con otras personas, afortunadamente sin problemas”, y ha matizado que su intención “jamás fue molestar a esta señora”.

En su informe final, la acusación particular ha considerado que Muñoz actuó de un modo “premeditado” contra Rodríguez “por ser mujer” y ha calificado su conducta de “claramente sexual”.

La defensa ha pedido la absolución del empresario o, en su defecto, que se estimen la eximente de afectación por consumo de bebidas alcohólicas y las atenuantes de disminución de facultades y reparación del daño por sus disculpas públicas.

El abogado de Muñoz ha lamentado que su cliente “ya está condenado socialmente” y ha criticado que Rodríguez “utiliza la Justicia para fines políticos” al presentar una denuncia “de claro carácter sexista” porque “el feminismo está de moda y consigue votos”, de ahí que haya instado al tribunal a que “no dicte una sentencia ejemplarizante ni afín a tendencias sociales”.


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Tribunales

La Fiscalía apoya que se paralice la inhabilitación de Torra

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La Fiscalía ha cuestionado en un informe la competencia de la Junta Electoral Central (JEC) para ordenar el cese del president Quim Torra como diputado pues, a su juicio, sería el Parlament el competente para determinar “la existencia y efectos” de la supuesta inelegibilidad del parlamentario.

El ministerio público ha presentado un informe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que apoya suspender cautelarmente el acuerdo en que la JEC instó a la retirada de la credencial de diputado catalán de Torra, “en orden a la prudente y equilibrada” preservación de los “intereses públicos concurrentes”.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ya rechazó por unanimidad suspender de manera urgente el acuerdo de la JEC -que consideró que pesaba sobre Torra la causa de “inelegibilidad sobrevenida” al haber sido condenado por desobediencia- y decidió tramitar su petición en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de partes.

Pese a que se trata de un trámite que no implica entrar sobre el fondo del asunto, la Fiscalía hace referencia a “la posible incompetencia de la Junta -y en general de la Administración electoral- para decidir” sobre “la aplicación de un motivo de incompatibilidad sobrevenida determinante de la pérdida del escaño” de Torra, y alude a un “dato de innegable relevancia”: los seis miembros de la JEC discrepantes también reprocharon esta incompetencia en su voto particular.

Según la Fiscalía, la “administración electoral” sería competente para resolver sobre la inelegibilidad de un candidato cuando ha sido declarado electo si bien, una vez “adquirido el estatus pleno de diputado, correspondería en exclusiva al propio Parlament la competencia para apreciar “la existencia y los efectos de dicha inelegibilidad sobrevenida”.

Y añade que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central (…) facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato ni declarar vacantes sus escaños”.

Recuerda la Fiscalía que el voto particular a la decisión mayoritaria de la JEC incorporaba supuestos “en que la misma hizo expresa declaración de su falta de competencia en casos similares”, argumento que, a juicio del ministerio fiscal, “no resulta desvirtuado” en este caso.

El pasado 10 de enero y una vez el Supremo rechazó las medidas cautelarísimas de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, si bien la cámara rechazó hacerlo efectivo, con el apoyo de los independentistas y PSC y de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos de la cámara.


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Más Madrid denunciará a Rocío Monasterio por falsedad documental

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Más Madrid denunciará este viernes ante la Fiscalía Provincial a la diputada autonómica y líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento publico.

La denuncia contra Monasterio será presentada por los concejales de Más Madrid Marta Higueras, Rita Maestre y José Manuel Calvo.

Según ha publicado El País, la líder de Vox en Madrid tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores.

Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.

En esos años, según Más Madrid, la diputada “no tenía aún titulación” y, sin embargo, “estuvo ejerciendo o realizando actividades relacionadas con la profesión de arquitecto”.


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El CGPJ da vía libre a Dolores Delgado como fiscal general con siete votos en contra

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado con doce votos a favor y siete en contra. Tras poco más de una hora de reunión, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin mencionar palabras habituales en estos dictámenes, como méritos ni idoneidad del candidato.

Según informan fuentes del CGPJ, hay un voto particular discrepante al que se adhieren varios vocales y varios votos concurrentes, es decir, que están de acuerdo con el aval, pero plantean discrepancias en la forma.

En la reunión sólo ha votado la propuesta del presidente del CGPJ Carlos Lemes, que decidió eliminar del informe las palabras “idoneidad” o “méritos” para lograr el mayor consenso posible en el pleno en favor de la candidatura de Delgado, consciente de que el bloque conservador, mayoritario, cuestionaba el nombramiento. Delgado supera así el primer trámite para llegar a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, ya que debe todavía comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y las discrepancias en el pleno ponen de manifiesto la división en el órgano de gobierno de los jueces ante una candidatura cuestionada con dureza por la oposición parlamentaria y buena parte de la carrera fiscal. Muestra de ellos es que su antecesora en el cargo, la fiscal progresista María José Segarra, obtuvo su informe por unanimidad. Los otros tres fiscales generales avalados por este mismo Consejo también superaron el trámite del CGPJ sin mayores discrepancias.


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