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Tribunales

Primera condena a prisión para 4 ex altos cargos del PSOE por la trama corrupta en la Consejería de Empleo

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Los enjuiciados por el caso Umax, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el 8 de enero
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Primera condena a prisión para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE por la trama corrupta destapada en la Consejería de Empleo durante la investigación del caso ERE.

Los cuatro ex altos cargos que acaban de ser condenados por el conocido como ‘caso Umax’, que versa sobre la red de enchufes que había en Empleo, son el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez, y los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cuatro fueron juzgados en la pieza principal de los ERE que sentó en el banquillo a una veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia del ‘caso Umax’ conocida este jueves es de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que condena a penas de entre 5 años y 3 meses de cárcel a los cuatro ex altos cargos citados y al administrador único de la empresa Umax Informática y Consultoría S.L. por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con esta empresa, mientras que a un quinto ex alto cargo le ha impuesto una condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación.

El quinto ex alto cargo condenado, pero no a prisión, es el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, ordena que se deduzca testimonio de las facturas y ’emails’ aportados por una testigo y remitirlo a la Fiscalía “por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito”.

Los hechos probados establecen que en 2003 Guerrero, el principal acusados en los ERE, “decidió crear” en la Dirección General de Trabajo y en los servicios de su departamento en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una “estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente, con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público”.

De forma ilegal se contrataron “al menos 44 trabajadores”, algunos de ellos “relacionados por vínculos de vecindad y amistad” con Guerrero “y también de parentesco” en el caso de Juan Márquez, quien, como director general de Trabajo, “decidió mantener a los trabajadores de Umax y de otras entidades en la sede de la Dirección General que presidía y delegaciones provinciales, en la misma situación económica acordada por su antecesor”.

En este caso está implicada también la extinta Faffe, la fundación de Empleo que creó la Junta para impartir cursos de formación, pero que se convirtió casi en una agencia de colocación para allegados y familiares de dirigentes del PSOE. Este ente es objeto de investigación judicial por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas ‘black’ en prostíbulos.

En 2007 “se abandonó el sistema de abono a Umax” para “ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), dada la mayor facilidad que tenía en la contratación y pago, proviniendo los fondos destinados a dichos abonos de subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejería de Empleo, entre ellos, la propia Dirección General de Empleo, la Consejería de Empleo y la Secretaría General Técnica en la época en la que ostentaba la Jefatura de este último organismo” Lourdes Medina, quien, “igualmente, era consciente de la realidad de la contratación ilegal del personal de Umax y sus sociedades vinculadas y de la forma de pago de las facturas emitidas por dicha entidad”, dice la sentencia.

(El Mundo)


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Tribunales

Declarado culpable de homicidio imprudente el hombre que mató a otro que llevaba unos tirantes de España

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Rodrigo Lanza
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El jurado popular del juicio por la muerte de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España tras recibir una paliza en Zaragoza ha declarado culpable de homicidio imprudente al acusado, Rodrigo Lanza, y ha apreciado que actuó por motivos ideológicos. El veredicto determina que Lanza le causó lesiones con resultado de muerte pero considera que la muerte no fue intencionada.

El veredicto emitido este viernes por el jurado en la Audiencia Provincial de Zaragoza y que no ha sido alcanzado por unanimidad estima que no ha quedado probado que el antisistema Lanza actuara con el ánimo de causar la muerte de Victor Laínez, de 54 años, en diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de la capital aragonesa.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima y la acusación popular -que representa Vox- habían solicitado una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y motivación ideológica. Por su parte, el abogado de la defensa había solicitado la absolución, según informa Europa Press.

El dueño del bar donde se produjeron los hechos y varios testigos relataron en la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que luego fue golpeado de forma violenta cuando estaba en suelo, con patadas y puñetazos propinados por Lanza.

El propio Lanza, con la corroboración de su amigo, señaló que Laínez portaba una navaja y que se limitó a defenderse por miedo a morir. Sin embargo, el representante de la acusación particular, Juan Carlos Macarrón, advirtió al jurado en su informe final de que las versiones de los testigos estaban verificadas por las pruebas periciales forenses practicadas.

Los médicos forenses destacaron durante la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que la muerte le sobrevino a causa de los golpes recibidos, cuando no podía defenderse.

Víctor Laínez falleció cuatro días después de sufrir la agresión y Lanza fue detenido el día 11 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional. Desde entonces y hasta 15 día antes del juicio, ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera.


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Economía

La Audiencia Nacional imputa al ex presidente del BBVA, Francisco González, por los pagos a Villarejo

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El ex presidente del BBVA, Francisco González.
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La Audiencia Nacional, tal y como pidió la fiscalía anticorrupción, ha imputado al ex presidente del BBVA en la causa por los pagos al comisario Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación después de que el magistrado decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica.

El juez sospecha que la cúpula del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje para “beneficio personal y empresarial”.

La Fiscalía ha pedido su imputación a la vista de la investigación abierta al BBVA en la pieza 9 de esta causa, en la que se indaga sobre las presuntas contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Cuando el juez imputó a la entidad los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, le citó para el 24 de septiembre, fecha que después pospuso al 10 de octubre y finalmente será previsiblemente la semana que viene cuando comparezca un representante legal del banco.


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Tribunales

Jueces para la Democracia expresa en un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas”

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PR.-  Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno, ni para militar en él, su función es otra. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia, con claridad, ha expresado a través de un comunicado, que “apoya la conformación de un Gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. “Es una barbaridad”, nos dicen algunos jueces. Incluso lo califican de lamentable. Las manifestaciones de “Jueces para la Democracia” quebrantan los principios de independencia y lealtad institucionales, señalan otros jueces consultados. Esta asociación, considerada próxima al PSOE, “ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces”, dicen.

Para la asociación de jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tienen que entrar en Política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE es progresista pero no quiso modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerda. Por ello se pregunta “¿ dónde radica su progresismo? ”. Como asociación, como jueces, defienden que la Justicia sea lo más independiente posible, basada en principios constitucionales.

“Lo que se espera de los jueces es que seamos independientes”, nos dice María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la asociación mayoritaria. Defiende la división de poderes y critica la intromisión de unos en otros. Con rotundidad, Del Barco asegura, que la Política se hace en la Carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces.


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