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Un grave error de Vox en Andalucía

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Marín y Serrano.

LR.- Se equivoca Vox en su intento de veto de los Presupuestos de Andalucía. Ha invertido el orden de los factores, como si en política diese lo mismo: si quiere cambiar la política, según dicen, el primer paso es la aprobación de unas cuentas que daría alas a los proyectos del nuevo gobierno de coalición de PP y Cs, y que contó con el apoyo necesario de sus 12 diputados. Impedir su aprobación ahora supondría el fracaso del nuevo gobierno, con consecuencias que, suponemos, a Vox no le gustarían, como una posible vuelta del PSOE a San Telmo. Deben ser conscientes de ello y asumir su responsabilidad en lo que sería una grave crisis que afectaría, además, al conjunto del país. Si con ello, además, piensa que hará valer sus votos, comete un error. Lo hará una vez, pero no más. Hoy es el día tope para presentarse las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos y, aunque hacerlo como ha amenazado Vox, abriría la primera crisis importante en el llamado «pacto de Andalucía», todavía deja abierta algunas posibilidades para salvar la situación: que el partido de Santiago Abascal la retire antes del pleno del próximo día 12 en el que deberá votar, incluso no votar su propia iniciativa. A eso se agarra como última solución el gobierno de Moreno Bonilla, una situación límite, teniendo en cuenta que Vox le apoyó. Será difícil de mantener esta posición ante su propio electorado, que, como bien saben, proceden precisamente de PP y CS.

Los motivos expuestos no son muy sólidos, como decir que las cuentas tienen un «tufo socialdemócrata»; sostener su veto en el dinero que se destina a combatir la violencia de género, las políticas de migración o la memoria histórica le da un cariz en exceso ideológico alejado de la gestión de los problemas de los ciudadanos. Hay datos objetivos sobre la situación económica que debería hacer recapacitar a Vox, porque estos presupuestos, con importantes inversiones en sectores productivos (4.000 millones) favorecerán a este contexto.

Después de 37 años de gobierno socialista ininterrumpidos, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha sido bien recibido y ha favorecido algunos datos positivos: el crecimiento de Andalucía ha sido en el primer trimestre del 0,9%; la creación de sociedades mercantiles creció el 0,7%; el pasado marzo, Andalucía ha adjudicado por 700 millones de euros la emisión de deuda pública, cuya demanda superó en 2,7 veces el importe de la emisión y se ha cerrado a un menor coste que la lanzada en octubre de 2018; está respondiendo al pago de proveedores en menos días de lo que se hacía en febrero; y en el primer trimestre, el déficit público se ha reducido un 35%. Son datos que se confirman con las previsiones publicadas por el BBVA en pasado 30 mayo, en el que mantiene un crecimiento del PIB de la economía andaluza para este año en el 2,3%. Vox y cualquier partido responsable debería tenerlo en cuenta y saber que no votar ahora los Presupuestos no sería beneficioso para la economía andaluza y la estabilidad política de la comunidad. No es un buen camino que Vox haga valer los votos forzando una crisis tan fuerte en Andalucía, que es donde el centroderecha ha ensayado una fórmula de coalición que ha resultado una alternativa sólida y convincente a la mayoría de izquierdas de socialistas y Unidas Podemos.

Albert Rivera ha impuesto la estrategia de que la negociación con el PP debe hacerse al margen de Vox, aunque luego necesite sus votos para tener la mayoría. De ser así, no cabe duda de que estas tres fuerzas deberán negociar sobre una base común o, por el contrario, dejar de hacer cálculos electorales partiendo de un tripartito que, de hecho, no existe. El partido de Abascal está demostrando mucha irresponsabilidad en poner encima de la mesa la estabilidad de Andalucía. Está a tiempo de rectificar.

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España

Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, presunta delincuente, procesada

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El juez Peinado procesa a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa por cuatro delitos

También a Barrabés, pero solo por tráfico de influencias y corrupción. El instructor solicita el escrito de conclusiones a las partes, antes de resolver si les manda banquillo

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El juez Juan Carlos Peinado procesa a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida del software de la cátedra extraordinaria que la primera codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

También acerca aún más a ser juzgado al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque solo por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 deja así fuera del procedimiento el ilícito de intrusismo profesional por el que hasta ahora se investigaba a la esposa de Pedro Sánchez, en relación a la firma por su parte de una adjudicación pública de la UCM para el desarrollo del programa informático. Después de que las dos asociaciones profesionales de la Abogacía del Estado descartasen la existencia de indicios de irregularidad en estos hechos.

El instructor del «caso Begoña Gómez» cierra así la fase de investigación y solicita ya a las partes que presenten, en un máximo de cinco días, sus escritos de conclusiones provisionales, antes de que Peinado resuelva si les manda finalmente al banquillo de los acusados.

Se prevé que solo la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, defienda la procedencia de abrir juicio oral y traslade, por tanto, su petición de penas para los tres imputados. Así como que el resto de partes, incluida la Fiscalía, opten, como vienen haciendo, por reclamar el archivo de las actuaciones. Contra esta resolución cabe un recurso de apelación que obligaría a la Audiencia Provincial de Madrid a revisarla.

Además, en este auto, el magistrado requiere a Lefebvre-El Derecho S.A. que aporte «las facturas de los servicios prestados para la cátedra de Transformación Social Competitiva». Esta diligencia había sido solicitada por la acción popular y es la única que accede a practicar el juez Peinado.

Por otro lado, abre la puerta a que la defensa de Gómez pueda entregar tres informes periciales que manifestó que era su voluntad aportar, «cuando lo estime oportuno, dentro de los plazos procesales correspondientes y antes de la conclusión de esta fase intermedia».

El abogado la esposa de Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, detalló que uno gira en torno a la inexistencia de un perjuicio económico generado por su clienta a la UCM; otro sobre el régimen de las cátedras extraordinarias como la que ella codirigió, y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los jefes del Ejecutivo.

No habrá una condena a costas para la acusación popular, que reclamó el letrado de la asistente de Gómez en Presidencia del Gobierno, «al haber sido acordada la continuación del procedimiento, que es lo interesado» por esta parte.

«Decisiones favorables a la cátedra»

En su auto, el juez Peinado expone como «hechos indiciariamente atribuidos» que, «desde la llegada de su esposo, primero a la Secretaría General del PSOE, y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC (Transformación Social Competitiva)», «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».

Pone sobre la mesa que «el beneficio» que habría obtenido la mujer del presidente «puede ser indirecto y a favor de un tercero», el también imputado Barrabés. Y también a través de un «bien mueble» como es la plataforma tecnológica financiada, de manera altruista, por varias grandes empresas («que pudieron acceder al patrocinio por tratarse de un proyecto de la esposa del presidente») para que fuese propiedad de la Complutense.

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