El juez Jeffrey Vincent Brown, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, suspendió temporalmente el mandato de vacunar a los empleados federales, emitido por el presidente estadounidense, Joe Biden. 

“Si bien las vacunas son, sin duda, la mejor manera de evitar la enfermedad grave del COVID-19, no hay ninguna razón para creer que el interés público no puede ser servido a través de medidas menos restrictivas que el mandato”, dictaminó Brown, de acuerdo con Fox News del 21 de enero. 

Asimismo señaló alternativas: “como el enmascaramiento, el distanciamiento social, o el trabajo a distancia a tiempo parcial o completo”, agregando: “Detener la propagación del COVID-19 no se logrará con políticas excesivamente amplias como el mandato del trabajador federal”.

La providencia de Brown tendrá aplicación temporal, mientras se resuelve de fondo el proceso legal implicado. De hecho, la administración Biden respondió inmediatamente expresando su intención de apelar el fallo ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.

La demanda fue presentada por la organización Feds for Medical Freedom contra Joseph R. Biden. Esta entidad se describe a sí misma como una coalición de base de miles de empleados públicos, unidos en su oposición a los mandatos de vacunación obligatoria. 

Tras referirse a una primera orden que no será bloqueada, el dictamen declara: “La segunda, la Orden Ejecutiva 14043, equivale a un mandato presidencial para que todos los empleados federales consientan en vacunarse contra el COVID-19 o pierdan sus empleos”.

Y agrega: “Dado que la autoridad del Presidente no es tan amplia, el tribunal prohibirá la aplicación de la segunda orden”, y sigue explicando: 

“Dado que las medidas cautelares son una herramienta extraordinaria que debe utilizarse con moderación, el tribunal debe estar convencido de que los demandantes se enfrentan a un daño irreparable antes de concederlas”, afirmando que sí: “está convencido de ello”.

Asimismo, Brown expresa que: “exigir a millones de empleados federales que se sometan a un procedimiento médico como condición para su empleo”, está lejos de las atribuciones del gobierno sin la intervención del Congreso. 

Además, enfatiza: “ningún remedio legal protege adecuadamente los intereses de libertad de los empleados, que deben elegir entre violar un mandato de dudosa validez o consentir un procedimiento médico no deseado que no se puede deshacer”

Por otro lado, no es el primero de los mandatos que se ve frustrado, dado que unos días antes el Tribunal Supremo suspendió el uso de la norma OSHA que obligaba a millones de estadounidenses a ponerse las inyecciones mencionadas. 

Esa norma fue dirigida a las empresas privadas que contrataran a más de 100 empleados, quienes debían vacunarse o someterse a pruebas periódicas.

Por otro lado, el presidente Joe Biden se reunió en línea con varios gobernadores republicanos el 27 de diciembre y declaró: “No hay una solución federal. Esto se resuelve a nivel estatal”.

Estas declaraciones son una de las admisiones vitales hasta la fecha del gobierno de Biden de que necesitará la ayuda de los gobiernos locales y estatales para combatir el COVID-19.

José Hermosa