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Sucesos

Un senegalés viola a una turista en Chueca tras acosarla con sus amigos

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Entrada del establecimiento hotelero en el que se produjo el suceso
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Lo que comenzó siendo el viaje de verano soñado al otro lado del Atlántico terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de una turista mexicana que fue violada en el lugar donde se hospedaba. La joven, de 26 años, pasó un mes en la capital y todo fue bien hasta la madrugada del 23 de septiembre. Esa noche, cuando se despedía de la recepcionista del hotel de Chueca en el que se alojaba para dar un último paseo por la ciudad, notó como un grupo de senegaleses la observaba desde la entrada del establecimiento.

Pensando que no iba a pasarle nada, salió del hotel, pero ellos la siguieron por la plaza de Pedro Zerolo. Uno de ellos le preguntó si tenía novio. Otros le ofrecieron cocaína y marihuana, entre otras sustancias. La joven se negó repetidamente y el grupo de hombres se diluyó. Tan solo uno, M., continuó hablándole.

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Él fue quien la invitó a una cerveza, «a hablar un rato y a conocerse», según consta en la denuncia.

La chica accedió confiada. Pero entre las cuatro y las cinco de la madrugada, presuntamente, él la violó. Antes, intentó besarla y le tocó los glúteos. Ella le pidió que parase. En ese momento, un compatriota de la víctima se les acercó, lo que dio confianza a la mujer. Por miedo a que el agresor la siguiese no abandonó el lugar, según el relato de sus abogadas a este periódico. Ese fue su error.
«A la fuerza»

«Vamos, vamos», le dijo posteriormente, tal y como consta en la denuncia, presentada en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. El escrito indica que, «en un primer momento», el compatriota que estaba con ellos no hizo nada porque entendía que «era un acto consensuado». Fue entonces cuando M. la introdujo «a la fuerza», agarrándola de los brazos, en el cuarto de limpieza del Hostel Motion Chueca, donde ella se alojaba, le bajó los pantalones y la violó. La denuncia recoge que en ese instante ella lo empujó para sacárselo de encima, sin éxito.

También le insistió «en que no siguiera haciéndole eso». «Ella es una chica muy bajita, no tiene fuerza. Se quedó en shock y perdió la noción del tiempo», explican las abogadas. En su relato en sede policial insiste que ella no pidió en ningún momento auxilio ni gritó, tan solo que dijo «no» en varias ocasiones del suceso. Su defensa lo achaca al estado de indefensión en el que se encontraba.

El compatriota entonces, preocupado, decidió intervenir. Abrió desde fuera la puerta del cuarto en el que M. la había encerrado. La víctima aprovechó para salir corriendo, en dirección a la calle. El agresor, primero, la siguió y luego huyó. La joven volvió al hotel y, presa del miedo, se escondió en un baño cerca de la recepción. Según su testimonio, el recepcionista y otro chico le dijeron que saliese y que iban a llamar a la Policía.

Cuando los agentes llegaron, la trasladaron al Hospital de La Paz, donde se activó el protocolo de agresión sexual y le dieron la píldora anticonceptiva de urgencia.

Cicatrices en la ceja

La joven dio la descripción del presunto agresor a los agentes. Se trataba de un hombre grande, de dos metros de altura, color negro, pelo rizado y vestido todo de negro. Añadió que tiene una cicatriz en el pómulo derecho y varias marcas encima de la ceja derecha.

Fuentes policiales explicaron que se da total veracidad al relato. La misma noche, el grupo de la Científica hizo una inspección ocular en el hostal. Gracias a la declaración, se identificó al presunto agresor, se le hizo un reconocimiento fotográfico y se le enseñó a la víctima para identificarlo. La Policía procedió entonces a detenerlo, pero no lo localizó. El hombre se encuentra desde el 23 de septiembre en busca y captura. Las mismas fuentes confirmaron que tiene antecedentes, aunque no han precisado cuántos. Se trata de venta de drogas.

La víctima regresó a su país días después. Tras la primera denuncia, las abogadas presentaron otra en los Juzgados de Plaza de Castilla, fechada a 7 de octubre. No quiere volver a España y por ello ha firmado un poder notarial a una de sus abogadas para que se encargue del proceso en su nombre. Prefiere olvidarlo todo.

(ABC)


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Sucesos

Casiano Antonio Hernández Hernández: Concejal de UNIDAS PODEMOS detenido por abusos sexuales a una menor

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La Guardia Civil ha detenido al concejal de Unidas Podemos de Becerril de la Sierra (Madrid) Casiano Antonio Hernández Hernández por un presunto delito de abusos sexuales a una menor, según informan fuentes de la investigación.

La denuncia fue interpuesta en la mañana del lunes por una chica de 17 años, que acudió al cuartel de la Guardia Civil acompañada por su madre.

El supuesto agresor declaró por la tarde y, tras testificar, fue arrestado por los agentes por unos hechos que presuntamente ocurrieron el pasado fin de semana.

Ayer fue puesto a disposición judicial en el juzgado de Colmenar Viejo, según indican fuentes de la Comandancia de Madrid.


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Sucesos

La juez del 8-M advierte que actuará contra Interior si confirma que el coronel Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecerla

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La fulminante destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, coronel Pérez de los Cobos, después de que la Guardia Civil atendiese las órdenes de una juez que ordenó investigar la autorización gubernamental de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alerta sanitaria internacional, vuelve a poner en el foco la utilización partidista que el Ejecutivo de Sánchez hace de la Benemérita.

La excusa para quitarse de encima a De los Cobos es una «pérdida de confianza», supuestamente por no haber informado al ministro Grande-Marlaska de que investigaba un asunto que ha terminado con la imputación judicial del delegado del Gobierno en Madrid. Ni el coronel estaba obligado legalmente a hacerlo ni parece prudente que lo hiciera estando bajo investigación representantes del Gobierno, como lo son José Manuel Franco y otros altos cargos del Ejecutivo en Sanidad. E hizo bien Pérez de los Cobos en desatender la petición que le hizo Marlaska de ver el informe, para eludir cualquier posible injerencia ministerial en el mismo, toda vez que la juez advirtió al coronel de que fuera cuidadoso con las filtraciones.

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La petición del ministro era inadmisible. Esta purga de quien investiga (por orden judicial, insistimos) la negligencia del Gobierno en la expansión de la pandemia se une al desafortunadísimo episodio de Interior ordenando a la Guardia Civil que impidiera las críticas al Ejecutivo, alejándola de su misión constitucional («proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», artículo 104) y endilgándole funciones de «policía política».

La destitución de Pérez de los Cobos cumple además una demanda de ERC, pues era una de las cabezas que el nacionalismo quería cobrarse como responsable del dispositivo policial contra el referéndum ilegal del 1-O. Es hora de que el Gobierno saque sus sectarias manos de la Guardia Civil y deje de juguetear irresponsablemente con el prestigio de una institución con 176 años de servicio ejemplar a los españoles.

La juez advierte a Interior

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar «por pérdida de confianza» al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.


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Sucesos

La juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la ‘bomba biológica’ del 8 de marzo, uno de los focos principales de la pandemia

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La juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de las manifestaciones del 8-M pese a la pandemia del coronavirus, ha citado a declarar como investigado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para esclarecer si cometió prevaricación al permitir esas concentraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. La comparecencia, aclara, se llevará a cabo preferentemente de forma telemática por la crisis sanitaria del Covid-19.

Asimismo, la magistrada reclama a la Delegación del Gobierno que antes del 1 de junio le remita un informe en el que detalle las peticiones de manifestaciones que llegaron a sus manos, y las que prohibió, entre el 5 y el 14 de marzo pasados, y también una relación de los expedientes de concentraciones que en esa última fecha estaban pendientes de resolver sobre su autorización o denegación.

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La instructora del procedimiento también quiere saber las circunstancias en que se desconvocaron o no se permitieron 21 manifestaciones y en qué fechas la Delegación del Gobierno requirió a sus organizadores para que las protestas no se celebrasen.

Al Ministerio de Sanidad, la juez le solicita, también antes del próximo 1 de junio, que aclare qué difusión tuvieron sus recomendaciones de medidas extraordinarias por el coronavirus del pasado 3 de marzo, si fue colgado en la web del ministerio y si fue remitido a la Delegación del Gobierno y en qué fecha.

Y en relación con el comunicado de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, del pasado 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia, la magistrada pide a Sanidad que aclare si “se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones”, si se subió a la web ministerial y si se envió a la Delegación del Gobierno de Madrid o a Interior.

La instructora cita igualmente, en su caso como testigos, al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; a Luis María Sanz Moriñigo, jefe del gabinete de Franco, y al director de Seguridad Ciudadana de la Delegación, José Luis Correas.

El abogado Víctor Valladares denunció a título particular al delegado del Gobierno -al igual que hizo contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo- por permitir esas manifestaciones del 8-M pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias.

En la resolución en la que acordó la apertura de diligencias, la magistrada ya dejó claro su interés en esclarecer “si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a las mismas, de modo que los asistentes aceptaran la autopuesta en peligro”. Y también reclamó a la Guardia Civil que investigase si por parte de las autoridades competentes “se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones celebradas con posterioridad al 5 de marzo 2020, tales como guantes, mascarillas u otras”.


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