El conflicto social e institucional en Cataluña provocado por la llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados -solo este verano han recalado un millar en la comunidad- se recrudece. Mientras la Generalitat sigue encallada buscando una salida a esta «situación de emergencia», empiezan a trascender los efectos colaterales de esta coyuntura. El sindicato Comisiones Obreras CC.OO. lanzó ayer un SOS a las instituciones por la «insostenible» situación de estos menores y alertó de que la falta de higiene y control sanitarios de estos menores «está provocando un aumento de contagios de enfermedades infecciones y de agresiones al personal».

Cuenta el diario ABC que ha tenido acceso a la denuncia de una funcionaria de Correos de Piera (Barcelona) que, según afirma, fue «agredida verbalmente» e «intimidada» por varios magrebíes de un centro de menores de esta localidad. A raíz de estas agresiones, la joven, de 21 años, sufrió un ataque de ansiedad que le obligó a coger la baja y a medicarse.

Así consta en el parte médico que le expandieron en el ambulatorio de Piera y que ha sido consultado por este diario.

Los hechos sucedieron el pasado 12 de julio cuando Aída López salía del centro de Correos de la localidad para hacer el reparto rutinario y fue «intimidada» por tres jóvenes de nacionalidad magrebí que estaban en la calle. «Guapa, mueve el culo a ver cómo se mueve esa placa», le dijeron. Según afirma la denunciante, que iba acompañada de otro empleado, los presuntos agresores la acorralaron e insultaron, aunque al ir acompañada no siguieron acosándola.

Unas calles más abajo, Aída López, ya sola, fue abordada de nuevo por los mismos adolescentes, que se acercaron a ella, le insultaron y le espetaron frases de contenido sexual. «Estaba muy mal, muy nerviosa. No llegaron a pegarme pero sentí que podían hacerme daño. Se acercaron tanto que noté su aliento en mi cara», relata la joven en declaraciones a este diario. Pese a su estado, siguió avanzando y les dio esquinazo. El tercer ataque fue, según explica, «el definitivo». Se produjo en un portal. «Pensé que iban a violarme. No había nadie y empezaron a llamarme puta», apunta la joven en su denuncia que presentó el día 13 de julio ante la comisaria de Igualada.

Como pudo, la denunciante, que le tocaba llevar correspondencia al centro de menores que da cobijo a sus presuntos agresores intentó avanzar pero su estado emocional se lo impidió y marchó llorando a su casa. Tras conocer los hechos, su familia la llevó al ambulatorio de Piera para que la atendieran y allí (según consta en el parte médico) le diagnosticaron «cuadro de ansiedad» y le expandieron tranquilizantes. La joven acudió después a una mutua en Barcelona, que le confirmó el diagnóstico y le dieron la baja.

Pelea en la sede de la Generalitat

No es el único episodio que apunta a la «agresividad» de estos jóvenes que llegan solos a Cataluña y recalan en los servicios de la Generalitat. «Algunos de ellos, por suerte una minoría, son delincuentes en su país y están enganchados a la cola», asegura Manuel Aguilella, trabajador de Correos que, después de que varios empleados de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) le expusieran los hechos decidió denunciar.

En su denuncia consta que el pasado 14 de septiembre varios menores que permanecían instalados en las instalaciones de la DGAIA en la avenida Paralelo de Barcelona se pelearon entre ellos y tuvo que intervenir la Guardia Urbana. «Hubo sangre y tuvieron que venir varias ambulancias. Algunos son peligrosos porque están colocados de cola», indica Aguilella.

El sindicato CC. OO. considera «insostenible» la situación de riesgo en que se encuentran la plantilla de la DGAIA y también los menores que llegan desprotegidos y sin referentes.

«Falta de previsión y gestión»

En un comunicado, el sindicato exige «medidas urgentes de choque» y denuncia que «la falta de previsión y gestión adecuada de la emergencia pone en riesgo grave el personal y los menores». Asegura que la actual situación «está suponiendo un aumento de las agresiones y de contagio de enfermedades infecciosas al personal». «Entendemos que la situación de emergencia que vive Cataluña ante el incremento de la llegada de menores no sólo es un problema de la DGAIA, o del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; es un problema de país que requiere una acción coordinada urgente de Govern» y de «otros agentes implicados para poder abordar la cuestión de una manera eficaz», considera el sindicato. También dos sindicatos de Mossos (USPAC y SAP) han emitido sendos comunicados contundentes en los que exigen a la Generalitat «medidas urgentes» para resolver esta situación.

El problema de los menores inmigrantes ha tensado las relaciones entre la consejería de Asuntos Sociales y de Interior. Después de que durante días varios menores pernoctaran en comisarías de Barcelona y Gerona, los Mossos se plantaron anteayer y avanzaron que empezarán a enviar a los jóvenes a los centros de acogida de la Generalitat. El consejero de Interior, Miquel Buch, reconoció que «las comisarías no son lugar para acoger a estos menores» y dirigió la presión a la consejería de Asuntos Sociales que dirige Chakir El Homrani, quien ayer se limitó a afirmar que se crearán nuevas plazas para estos menores.

La ONG Save the Children ha pedido a la Generalitat que defina un plan a largo plazo que dé una respuesta contundente a la situación de estos menores.