Un Juzgado de Barcelona indaga si varios líderes del sindicato en Cataluña participaron en una trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron.

Una juez investiga la posible implicación de varios dirigentes de UGT en Cataluña en una presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Unas pesquisas que se iniciaron por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en ese centro médico, según consta en los informes de investigación del caso. Aunque hay varias líneas de investigación abiertas sobre distintos hechos, una de las piezas de la instrucción se centra en el presunto uso fraudulento de la guardería del hospital para el blanqueo de capitales y otros delitos.

En un informe aportado a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, tras tomar declaración a varios testigos y denunciantes, la Guardia Civil señala como «factible» que la delegada de UGT en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y máxima responsable del servicio de guardería del centro público, C.L.P. , «pudiera haber incurrido en la comisión de los supuestos delitos de falsificación y apropiación indebida, así como otro de blanqueo de capitales» entre los años 2013 y 2019.

En ese documento, fechado en febrero de 2020, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona se hace eco de las declaraciones de varios testigos que apuntan a que esa representante de UGT en el Hospital Vall d’Hebron «fue la responsable de todo lo referente a la guardería», que da servicio a los hijos de los casi 9.000 trabajadores de uno de los únicos ocho hospitales públicos que hay Cataluña.

Pagos en B y facturas falsas

Entre otras presuntas irregularidades, los investigadores del Instituto Armado señalan la presunta utilización de recursos públicos del hospital y créditos sindicales, así como la posible emisión de facturas falsas y pagos en ‘B’ por trabajos de mantenimiento y obras que habrían sido realizadas en la guardería por personal laboral del hospital, que cobraban del erario público, durante su horario de trabajo. Uno de los sindicalistas de UGT que ha declarado como testigo durante la investigación, indica la Guardia Civil en su informe, «manifiesta que la señora C.L.P. tenía una cuenta asociada a la guardería con un saldo superior a los 100.000 euros».

Ante las sospechas señaladas por el Instituto Armado en el informe denominado ‘Infonor Patrimonial’, y a petición de los investigadores, la juez emitió un oficio dirigido a distintos organismos públicos dependientes de Hacienda y de la Seguridad Social, así como a varias entidades bancarias, para conocer con detalle la situación patrimonial de la delegada de UGT en el hospital Vall d’Hebron y de su pareja sentimental.

La Generalitat cedió gratis su uso para 15 años

En otro auto posterior, de julio de 2020, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona también libró otra batería de diligencias y oficios para recabar información tributaria, financiera y legal de la Associació de L’Escola Bressol Hospital Vall D’Hebron (AEBHVH). Esta última es la asociación a la que el Instituto Catalán de Salud (ICS) de la Generalitat de Cataluña otorgó en 2013 la ocupación y utilización «a título gratuito», para un periodo de 15 años, de los espacios de la guardería que da servicio a los empleados del hospital público desde 1974.

En ese contrato, adjudicado sin licitación previa ni concurso público y firmado por C.L.P. como representante de la asociación, la AEBHVH se comprometía a mantener la actividad de la guardería para todos los trabajadores del hospital y a cambio el ICS se obligaba a hacerse cargo del pago «de los consumos de agua, electricidad y gas necesarios para el funcionamiento de la guardería» durante los 15 años que dura la concesión del servicio, prorrogables por tres años más.

Según el acuerdo, la asociación presuntamente dirigida por esa representante de UGT en el Vall d’Hebron asumiría todos los gastos ordinarios y de naturaleza tributaria o laboral para la prestación del servicio de la guardería, sin poder «ceder ni subcontratar a otra entidad el desarrollo de la actividad». Además, debería «cumplir todos los requisitos que establece la regulación local y autonómica para la prestación de servicios de guardería».

Doble contabilidad

Con el fin de esclarecer los hechos, la juez encargó inicialmente la investigación a la Policía Nacional. Agentes de la Unidad Adscrita a Juzgados y Tribunales de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña tomaron declaración como testigos a varios trabajadores de la guardería, del hospital y sindicalistas de UGT. Algunos de ellos eran padres de los niños que asistían a la guardería que afirmaron que ciertos servicios ofrecidos por la guardería se pagaban en efectivo y sin recibir facturas a cambio, mientras que otros -como las cuotas mensuales- se realizaban mediante transferencia bancaria.

En concreto, según alguno de los testimonios recogidos por la Policía Nacional, los pagos en metálico eran los referentes a la matriculación de los menores al inicio del curso escolar y los relativos a la realización de campamentos de día durante el verano. Otros de los testigos denunciaron que, además, la dirección de escuela infantil exigía afiliarse a UGT para que sus hijos fuesen aceptados.

Ante las sospechas de la existencia de una doble contabilidad, la Policía Nacional solicitó a la juez tomar declaración «en calidad de investigada no detenida» a C.L.P., dirigente de la guardería y miembro de la sección sindical de UGT en el hospital público.

Una decena de sindicalistas de UGT denunciados

La denuncia que dio origen a la causa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, no solo se dirige a las irregularidades supuestamente cometidas en la guardería del Hospital de Vall d’Hebron. Abarca también otros hechos presuntamente delictivos de corrupción por los que se señala a una decena de miembros de UGT. Entre ellos, algunos de sus principales líderes a nivel autonómico. Por ahora, las pesquisas se centran en la guardería, su responsable y la pareja sentimental de ella.

Tras recibir los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en un auto fechado en julio de 2020, la juez subrayó «la gravedad delictiva» de los hechos investigados en el procedimiento. «Unos hechos que, en su caso pueden llegar a subsumirse en un delito de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos», indicaba la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona en ese auto, en el que además acordó ampliar la investigación durante 18 meses más.

«A la vista de los indicios obrantes en el informe policial, es necesario un análisis detallado de la situación patrimonial de la Associació de L’Escola Bressol Hospital de Vall d’Hebrón, conocer qué personas son titulares y/o autorizados para operar con dichas cuentas, así como el cauce que siguen los movimientos de entrada y salida de dinero para poder concretar si dichos movimientos pudieran tener su procedencia en alguna de las actividades ilícitas investigadas», añadía la juez en el auto, en el que además ordenaba librar varios mandamientos a las asesorías jurídicas de dos entidades bancarias en las que la AEBHVH tenía cuentas abiertas.

«Ingente documentación recabada»

Entre otra información, la magistrada requiere que se aporten a los investigadores los extractos de movimientos de cuentas a nombre de la asociación presuntamente presidida por la delegada de UGT en el Vall d’Hebrón. Esto, unido a toda la información patrimonial y tributaria solicitada sobre la investigada y su pareja sentimental, hizo que la juez prorrogara el pasado mes de enero la investigación de nuevo.

«A la vista del estado de las actuaciones procede acordar la prórroga de la instrucción por un nuevo plazo de seis meses a contar desde el 29 de enero de 2022, pues se halla pendiente de concluir la investigación policial al hallarse pendiente el análisis de la ingente documentación recabada por la unidad de investigación policial, de tal modo que, en este momento procesal resulta imposible determinar las circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que hayan podido intervenir en su participación ni las eventuales diligencias de instrucción que proceda practicar en la averiguación de los hechos investigados», señalaba la juez en su último auto.