Por Maria Polizoidou.- El 28 de agosto, treinta miembros de la ONG griega Emergency Response Centre International (ERCI) fueron arrestados por su implicación en una red de tráfico de personas que ha estado operando en la isla de Lesbos desde 2015. Según un comunicado hecho público por la policía griega, fruto de la investigación que condujo a los arrestos, «las actividades de una red de crimen organizado que facilitó sistemáticamente la entrada ilegal de extranjeros salió plenamente a la luz».

Entre las actividades descubiertas estaban la falsificación, el espionaje y la vigilancia ilegal de la guardia costera griega y la agencia de fronteras de la UE, Frontex, con el propósito de obtener información confidencial sobre el flujo de refugiados turcos. La investigación también condujo al descubrimiento de otros seis griegos y 24 ciudadanos extranjeros implicados en el caso.

ERCI se describe a sí misma así:

«Una organización sin ánimo de lucro griega que provee atención de emergencias y ayuda humanitaria en tiempos de crisis. La filosofía de ERCI es identificar las carencias en la ayuda humanitaria e intervenir para ayudar de la manera más eficiente y eficaz posible. Actualmente, ERCI tiene cuatro programas activos para trabajar con los refugiados en Grecia en las áreas de Búsqueda y Rescate, Medicina, Educación y Coordinación en los Campos de Refugiados».

A pesar de su declaración de objetivos y su perfil no lucrativo, ERCI, según las autoridades griegas, ha ganado considerables sumas de dinero al servir como conducto para las actividades ilegales. ERCI recibió 2.000 euros de cada inmigrante ilegal que ayudó a entrar en Grecia. Además, sus miembros crearon un negocio para «integrar a los refugiados» en la sociedad griega, asegurándoles 5.000 euros por inmigrante procedentes de varios programas gubernamentales (en educación, vivienda y nutrición).

ERCI ha sido cómplice, según las informaciones, de la entrada ilegal en Grecia de 70.000 inmigrantes desde 2015, lo que le ha hecho ganar a la organización «sin ánimo de lucro» 500.000 millones de euros al año.

Esta revelación, sin embargo, no empieza ni a cubrir el alcance de las actividades ilegales que rodean la entrada de los inmigrantes en Grecia. En 2017, por ejemplo, las autoridades griegas arrestaron a 1.399 traficantes de personas, algunos de los cuales operaban bajo la cobertura de las operaciones «humanitarias»; y en los primeros cuatro meses de 2018, las autoridades han arrestado a 25.594 inmigrantes ilegales.

Más preocupante que el exorbitante precio pagado a los traficantes de personas por los propios inmigrantes –o cobrados del Gobierno griego en forma de ayudas a la integración– es el peaje que la situación está cobrando a la sociedad griega en su conjunto.

Según las estadísticas de la policía griega, hubo 75.707 denuncias de atracos y robos en 2017. De ellos, sólo se resolvieron 15.048 casos, y 4.207 fueron perpetrados por extranjeros. Además, la policía calcula que más del 40% de los delitos graves fueron perpetrados por inmigrantes ilegales. (Los inmigrantes legales e ilegales suponen entre el 10 y el 15% de la población total de Grecia).

En 2016, en las cárceles griegas había 4.246 griegos y 5.221 extranjeros condenados por delitos graves: 336 por homicidio, 101 por intento de homicidio, 77 por violación y 635 por robo. Además, miles de casos siguen pendientes de juicio.

En un reciente y desgarrador caso ocurrido el 15 de agosto, un estudiante universitario de 25 años y de Atenas –que había ido a casa de visita desde su universidad en Escocia– fue asesinado por tres inmigrantes ilegales mientras estaba enseñándole la ciudad a una amiga de Portugal.

Los tres atacantes, dos pakistaníes y un iraquí con edades comprendidas entre los 17 y los 28 años, dijeron a la policía que primero atacaron a la mujer, para robarle el dinero, las tarjetas de crédito, un pasaporte y el teléfono móvil del bolos, pero después se dieron cuenta de que su móvil era «antiguo», y fueron a quitarle el móvil al hombre, al que amenazaron con un cuchillo. Cuando intentó repelerlos, dijeron en su confesión, lo empujaron y cayó por un barranco y murió. Tras el interrogatorio, trascendió que los tres asesinos estaban buscados por diez robos más en la zona.

En una indignada carta al primer ministro griego, Alexis Tsipras, los miembros del Parlamento el alcalde de Atenas y la madre de la víctima acusaron a Tsipras de «negligencia criminal» y «complicidad» en el asesinato de su hijo:

En lugar de dar la bienvenida y proveer «tierra y agua» a cada criminal e individuo peligroso con instintos salvajes –escribió–, ¿no debería el Estado pensar primero en la seguridad de sus propios ciudadanos, cuya sangre se bebe a diario [económicamente]? [¿Debe el Estado] abandonar [a sus ciudadanos] ante las bandas hambrientas, para las cuales una vida humana vale menos que un teléfono móvil o una cadena de oro?

Aunque estas eran las palabras de una madre de luto, son sentimientos ampliamente compartidos y expresados en toda Grecia, donde este tipo de incidentes son cada vez más comunes.

El 29 de agosto, dos semanas después de ese asesinato, seis inmigrantes agredieron verbalmente en el norte de Grecia a un hombre de 52 años por la calle, aparentemente sin motivo. Cuando los ignoró y siguió andando, uno de ellos lo apuñaló en el hombro con una navaja de 24 cm., y el hombre tuvo que ingresar en un hospital.

Dos días antes, el 27 de agosto, unos cien inmigrantes, que protestaban por las condiciones de vida en su campo en Malakasa, bloquearon la autopista nacional durante más de tres horas. Los conductores atrapados en la carretera dijeron que algunos tenían una actitud violenta, y que empezaron a golpear los coches con bloques de madera. Para agravar las cosas, la policía allí presente dijo que no había recibido instrucciones del Ministerio de Protección Ciudadana de despejar la autopista o proteger a las víctimas. Gatestone pudo saber, tras sus posteriores consultas, que no hubo un comunicado oficial de la policía o el Ministerio, sólo las declaraciones de los conductores.

Cuando el Gobierno de Grecia parece completamente perdido y no sabe cómo manejar esta crisis migratoria y salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, resulta particularmente desolador descubrir que la gran ONG, cuyo mandato es proveer ayuda humanitaria a los inmigrantes, se está aprovechando de su tráfico con ellos. El reciente arresto de los miembros de ERCI subraya la necesidad de escudriñas a todas estas organizaciones.