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Salud

Unos 800 turistas británicos utilizan cada día la sanidad privada de España estafados por su póliza de seguros

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Unos 800 turistas británicos utilizan cada día, especialmente en temporada alta, a uno de los 200 centros sanitarios privados que hay en España estafados por su póliza de seguros contratada ya que no les cubre los tratamientos médicos que pueden necesitar, y cuyo coste medio de facturación puede ser de hasta unos 4.000 euros, según ha avisado este lunes la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

El fraude, tal y como ha explicado el miembro de la Junta Directiva de la patronal de la sanidad privada, David Medina, consiste en que las compañías británicas venden una póliza de seguro que, entre otros aspectos, cubre la asistencia sanitaria en caso de tener un percance durante las vacaciones en España, si bien de forma “opaca y en letra pequeña” establecen que la asistencia será en un centro público y no privado, a pesar de que tienen derecho a recibir una atención médica gratuita con la tarjeta sanitaria europea.

De hecho, para contratar estas pólizas se exige a estos ciudadanos británicos que previamente se hayan sacado la tarjeta sanitaria europea, algo que “refuerza aún más el fraude” dado que cuando llegan a España y se ponen enfermos, por cercanía o por desconocimiento acuden primero a un centro sanitario u hospital privado.

Una vez en el centro estos turistas son informados de que no tienen cubierta la asistencia, un problema menor en el caso de que el paciente no esté grave ya que puede acudir a la sanidad pública, pero mayor si está en estado grave y tiene que ser intervenido con carácter de urgencia. En estos casos, como en los que son trasladados a un hospital público, la compañía de seguros británica “deniega automáticamente” el cobro de la factura, por lo que es el paciente el que debe pagarlo o, como ocurre en la “mayoría de las ocasiones”, la sanidad privada la que tienen correr con los costes.

Esto se produce, tal y como ha explicado Medina, porque el artículo 83 de la Ley General de Seguros define de una manera “ambigua” el tercero obligado al pago, lo que algunas comunidades autónomas como Murcia, Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana, consideran que el tercero obligado a pagar es la sanidad privada porque ha sido el que ha trasladado al enfermo a los servicios de la sanidad pública.

“Por tanto, la sanidad privada está pagando la factura de la asistencia del paciente en el centro público, la cual nos la cobran por la vía ejecutiva por lo que hay que pagar sí o sí. Es el colmo de los colmos”, ha dicho el representante de ASPE, quien ha denunciado la “total impunidad” con la actúan las compañías británicas.

Además, Medina ha avisado de que estas prácticas suponen “altos costes” para el Sistema Nacional de Salud porque debe asumir una “mayor congestión” de pacientes que, en teoría, han pagado por una atención privada. Del mismo modo, ha denunciado que las compañías británicas están realizando una campaña de “desprestigio” hacia la sanidad privada española, asegurando que es “corrupta” y que los profesionales sanitarios que trabajan en estos centros no cuentan con la preparación suficiente.

En la actualidad se han detectado hasta 15 empresas británicas con pólizas de seguro irregulares: Travelinsurance4medical.co.uk, Insurefor.com, Ok To Travel, Insure Pink, Staysure, Suretravel Citybond, Covered 2 Go, Good to Go, All Clear Traveler, Alpha Travel, ERV Medi-Care, Leisurecare Multi-traveller X5, World First Traveller y Get going Travel Insurance.

En 2016, ASPE inició acciones de denuncia informativa a nivel regional en España, Reino Unido y en Europa, para poner estas prácticas en conocimiento de las diferentes aseguradoras inscritas en el Órgano Regulador Británico. En concreto, la patronal puso en conocimiento de la Comisión Europea, que derivó el asunto a nivel británico a la FCA sin que, hasta ahora, se tenga en conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo.

Asimismo, en España “ni las autoridades estatales ni autonómicas han actuado de forma alguna” y, tal y como han informado los representantes de ASPE, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores, como el de Sanidad o el de Economía “se han inhibido” o “directamente no han emitido respuesta alguna”, lo que ha propiciado que estas aseguradoras británicas sigan actuando “impunemente”.

Por este motivo, el secretario general de ASPE, Carlos Rus, ha informado de que van a solicitar medidas cautelares contra las autoridades británicas por ejercicio de “enriquecimiento ilícito” que estas aseguradoras llevan a cabo, además de volver a denunciar esta ‘mala praxis’ ante los organismos españoles, británicos y europeos. También va a estudiar medidas legales para evitar que la Administración española derive costes de traslados o tratamientos médicos a la sanidad privada.

Finalmente, exigirá al Gobierno español que asuma sus competencias ante estas “irregularidades” que afectan a la asistencia médica en España, e informará a las distintas fuerzas políticas españolas, británicas y europeas para analizar el asuntos y registrar preguntas parlamentarias. Asimismo, ha editado un folleto informativo que repartirá en los centros sanitarios de zonas turísticas adheridos a ASPE para dar a conocer a los pacientes sus derechos.

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Salud

El sobrepeso provoca en España un gasto sanitario del 9,7 % y reduce el PIB

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Un 9,7 % del gasto sanitario en España tiene que ver con enfermedades relacionadas con el sobrepeso, un porcentaje superior al 8,4 % de la media en la OCDE y que corre el riesgo de aumentar a la vista de las tendencias preocupantes entre niños y adolescentes.

En un informe publicado este jueves sobre este fenómeno en una cincuentena de países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que cada ciudadano en España tiene que pagar 265 euros adicionales de impuestos al año por esos gastos.

Sus autores calculan que el exceso de peso resta 2,6 años de esperanza de vida en España, una cifra ligeramente inferior a los 2,7 años de media en la organización y lejos del máximo de 4,2 años de México, de los 3,9 de Polonia y Rusia o de los 3,7 de Estados Unidos.

Pero también está alejada de Japón, donde el recorte de la esperanza de vida por el sobrepeso se limita a 0,9 años.

Este problema sanitario y de estilo de vida reduce el producto interior bruto (PIB) español en un 2,9 %, lo que equivale a 479.000 trabajadores a tiempo completo al año.

El impacto económico es del 3,3 % del PIB en la OCDE y en la Unión Europea, y alcanza el 5,3 % en México, el 5 % en Brasil o el 4,4 % en Estados Unidos.

Los expertos consideran que una persona está en sobrepeso cuando la relación entre su peso en kilos y su altura en metros al cuadrado supera la cifra de 25. Es obesa si pasa de 30.

En España, un 61,6 % de la población tiene sobrepeso, frente al 59 % en el conjunto de la UE y al 58,3 % en la OCDE. El porcentaje de obesos ha subido desde el 17 % en 1996 al 23,8 % en 2016.

La situación en términos comparativos es todavía peor para los niños y jóvenes de 5 a 19 años, ya que un 34,1 % tienen un peso excesivo, comparados con un 27,6 % en la UE y un 28,6 % en la OCDE.

Sólo 11 de los 52 países del estudio presentan peores cifras, empezando por Estados Unidos (41,8 % en sobrepeso en ese grupo de edad).

Los autores del estudio insisten en que el agravamiento de esa tendencia se puede corregir con la promoción de estilos de vida saludables que, además de tener un efecto positivo para la salud, suponen “una excelente inversión”: por cada euro dedicado se obtiene un retorno de hasta 6 euros en beneficio económico.

Su recomendación es un paquete de medidas que incluya el etiquetado de los menús, la prescripción médica de actividad física y programas de bienestar en el trabajo.

Eso podría prevenir hasta 96.000 enfermedades no transmisibles de aquí a 2050, ahorrar 32 millones al año en costes sanitarios y aumentar el empleo y la productividad en el equivalente a 4.000 trabajadores a tiempo completo al año.

Si se redujera en un 20 % la aportación calórica de alimentos con alto contenido en azúcar, sal o grasas, eso permitiría prevenir 472.000 enfermedades para mediados de siglo, evitar 169 millones de euros de gasto sanitario al año y un aumento del empleo de 13.000 trabajadores.

 

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Salud

Quieren que todos los médicos hablen catalán

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La Plataforma per la Llengua denuncia “un incremento de casos de discriminación lingüística en pacientes en centros de salud catalanes, que son sistemáticas y no se investigan”. La ONG del catalán pide que “el Departamento de Salud ponga remedio y adopte un protocolo contra las discriminaciones lingüísticas que prevea la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los facultativos”.

“Se encienden las alarmas en la sanidad pública. La lengua está tocada y, paradójicamente, nadie pone ninguna venda en la herida. Más bien al contrario: los golpes continúan. Se producen en la misma consulta. Algunos son cada vez más letales. En el CAP y en el hospital. Algunos profesionales y directivos del mundo de la salud, ciegos en derechos lingüísticos, incluso reconocen que la maltratan. Y que si han de tener cuidado, ya se lo dirá alguien”, lamentan.

En este sentido denuncian “más de una veintena” durante el 2019 de pacientes que “han sufrido alguna discriminación o vejación por haberse dirigido en catalán al personal sanitario”. La Plataforma señala cinco centros médicos donde, a partir de diferentes incidentes vividos, no se respeta el catalán: “El CAP de las Corts”, “el Hospital de Figueres”, “el Hospital de Mataró”, “el CAP de Valldoreix “y” el CAP Martí Julià de Badalona”.

La Plataforma por la Llengua considera que “la única solución completa al problema es adecuar la contratación del personal sanitario en la legislación, que requiere que esté lingüísticamente capacidad”.

También pide al Departamento de Salud “adoptar un protocolo contra las discriminaciones lingüísticas que prevea la provisión de cursos de catalán obligatorios para todos los facultativos, con un plazo máximo para adquirir las competencias lingüísticas mínimas para poder atender cualquier paciente en lengua catalana”.

“Esta legislación debe prever un régimen de infracciones y sanciones administrativas contra los responsables de vulneraciones de los derechos lingüísticos de los ciudadanos”, sentencian.

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Salud

“El aumento de las patologías hepáticas será una carga para nuestro sistema”

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María Butí, consejera política de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. / EASL
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Quizá su nombre no llame la atención, pero la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) afecta a un tercio de los adultos de Europa. Es la patología del hígado más común en los países occidentales debido al rápido aumento de los niveles de obesidad y diabetes tipo 2.

Supone una enorme carga sanitaria debido a su alta prevalencia y a la capacidad que tiene de progresar a cirrosis y cáncer de hígado. Asimismo, está asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros tipos de tumores.

María Butí, jefa clínica del Servicio de Hepatología y Medicina Interna del Hospital Universitario Vall d’Hebron y consejera política de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL, por sus siglas en inglés), es una de las mayores expertas.

Butí, catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y también expresidenta de la EASL (entre 2017 y 2019), se encuentra en la Cumbre europea para el estudio de la EHGNA, celebrada en Sevilla del 26 al 28 de septiembre.

Se trata de la dolencia de salud de más rápido crecimiento en Europa. “El aumento de los casos se debe al incremento de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2, factores relacionados con la mayor ingesta de bebidas con azúcares agregados, consumo de grasas saturadas y tendencia al sedentarismo”, explica a Sinc.

Y, por supuesto, su influencia en la carga sanitaria de los países no se hará esperar. “El incremento en el número de individuos que en los próximos años puede desarrollar enfermedad hepática avanzada, cirrosis hepática e incluso cáncer de hígado supone una carga social y económica para nuestro sistema”, añade.

Cómo revertir estas cifras

Butí cree que es posible prevenir la elevada incidencia de esta patología con estrategias dirigidas a cambiar hábitos y fomentar estilos de vida saludable, como promover el ejercicio físico, no consumir bebidas azucaradas, ni alimentos ricos en grasas saturadas o ultraprocesados.

Un estudio, publicado el pasado diciembre en Journal of Hepatology, revela cómo la intervención en el estilo de vida condujo a la remisión de la EHGNA en la mayoría de los pacientes obesos y no obesos. En estos últimos, la cantidad de reducción de peso necesaria para lograr la remisión fue menor.

“La mejor manera es educando y promoviendo estas prácticas saludables, especialmente en la población infantil”, subraya la experta, una de las científicas más citadas del mundo.

Pero es difícil acabar con las malas costumbres. Las bebidas azucaradas gozan de mucha popularidad y su consumo está aumentando especialmente entre los jóvenes. Al estar enriquecidas con azúcares, resultan hipercalóricas.

Por otro lado, los alimentos ricos en grasas saturadas son también muy valorados, de fácil acceso y muchas veces más baratos que otros más saludables como las frutas y verduras.

Otra investigación de la misma revista, publicada en junio de 2018, muestra que el alto consumo de carne roja o procesada está relacionado con la EHGNA y la resistencia a la insulina. Los resultados indican cómo, de confirmarse estos datos en trabajos futuros, se podría aconsejar la limitación de estas carnes poco saludables.

“Nuestro sistema de salud pública debería promover el consumo de alimentos saludables, facilitando su producción y acceso, y debería gravar y limitar el consumo de bebidas azucaradas”, apunta Butí.

Concienciar a médicos y ciudadanos

Los profesionales sanitarios son sensibles a la diabetes y a la obesidad, pero algo menos al hígado graso. Para la investigadora del Hospital Vall d’Hebron, esto no es suficiente: “Es importante el diagnóstico precoz, por lo que deben desarrollarse herramientas de reconocimiento fáciles y fiables”.

“Es más, se deben dedicar esfuerzos en difundir los riesgos de esta dolencia y promover medidas para combatirla, así esta epidemia de hígado graso será más visible para la ciudadanía”, concluye Butí.

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