“No me he suicidado porque tengo familia”, confiesa con voz entrecortada y una tristeza que le hacía sombra en los ojos, un damnificado que optó por no identificarse, de 58 años y oriundo de la ciudad de México, quien reconoció haber invertido todos sus ahorros en la empresa española Urbas, hoy al filo del abismo financiero. “Deseaba garantizar mi vejez y darle una vida mejor a mi familia, a mis hijos. Me duele en el alma reconocer que caí en el engaño, que me dejé deslumbrar, como tantos otros”, se refiere a Juan Antonio Acedo y equipo de trabajo, “ahora sabemos que usaron nuestro dinero para pagar sus propias deudas personales”.

Estas críticas nacen tras las filtraciones financieras del conocido experto analista español, Alvise Pérez, también conocido como el ‘Wikileaks’ de ese país, y de un informe del conocido cuyos documentos ya aportados a la Audiencia Nacional en España demuestran el presunto inflado fraudulento de activos en hasta 23 veces su valor, y constatan las sospechas y acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, quienes han pedido 8 años y tres meses de prisión contra el actual CEO de Urbas y su expresidente por delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015 que ha llevado a la ruina a miles de españoles, mexicanos y personas de todo el mundo.

“No solo me quedé sin dinero, perdí la confianza, la tranquilidad y la esperanza”, dijo con lágrimas el damnificado. “Estoy en la ruina, económica y emocionalmente. El miedo a que el Grupo Urbas quiebre es una pesadilla de la que no despierto”, añadió.

El inversor, quien metió todas sus esperanzas y ahorros en Urbas, ahora planea sumarse a los cientos de accionistas que estudian llevar a la empresa ante los tribunales, ya sea en España o en instancias internacionales. “Es mi única salida, mi última esperanza”, afirmó. “Tal vez perdí mi dinero, pero no estoy dispuesto a perder la dignidad. No voy a permitir que jueguen así con la vida de la gente”.

El primer acto de este drama financiero radica en la filtración por parte de de Alvise Pérez de un documento oculto del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, en el que los accionistas de Urbas afirman “desconocer por completo” y donde indica que “el Presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo Fernández, ocultó que fue condenado en firme, pena de prisión incluida, por delitos tan variados como Defraudación tributaria (Art. 305 CP), responsabilidad civil o hasta inhabilitación especial en 2015, en juzgados de toda España. Esto incluye desde el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Getafe o el Juzgado de 1ª Instancia Nº 4 de Leganés, hasta el mismísimo Juzgado de Instrucción Nº2 de Marbella”.

En este sentido, su antecesor en el cargo y expresidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, no se queda atrás: sus antecedentes, de acuerdo a la investigación, incluyen “condenas firmes de coacciones, contra la libertad y seguridad en el trabajo, y hasta una causa penal en el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Guadalajara que fue ‘cancelada’ sin motivo conocido tras ser firme el 30 de Diciembre de 1994, y finalmente archivada el 21 de Enero de 1998”.

Estos antecedentes explican el segundo acto del drama financiero de URBAS: una serie de transacciones inmobiliarias hasta ahora desconocidas.

Según documentos notariales, revelados en el informe, “la estrategia de Acedo e Ibáñez, socios que controlan más del 50% de Urbas a través de diferentes sociedades, se resume en una de las muchas acciones contables y financieras reveladas por Alvise Pérez: ¿cómo es posible que terrenos valorados en menos de medio millón de euros (487.754,69 precisamente) pasen a valer más de 11 millones de euros (11.278.523,69) en la misma notaría, firmados el mismo día, en el mismo lugar, con protocolos consecutivos?”.

En esta línea, añade que “algo que solo se explica como un falso anuncio para conseguir así subir un 8% el valor de sus acciones y seguir financiándose a costa del engaño a sus propios accionistas, un plan que les reportó aproximadamente 28 millones de euros por el mero anuncio en prensa, y cuyas acciones están siendo investigadas como un presunto delito del Artículo 284 del Código Penal sobre manipulaciones para alterar el precio de las cosas”.

La danza española de inmobiliaria Urbas: de acrobacias contables criminales al ‘último tango’ hacia la quiebra

La investigación explica que “estos terrenos cambiaron falsamente de dueño en repetidas ocasiones, pasando de Urbas a Urbanijar (una sociedad 100% de Urbas) y luego a ‘Inpar’, entregándose finalmente en ‘dación de pago’ a BANIF (banco de inversión de Santander) a cambio de un derecho de crédito frente a una sociedad propiedad del propio ex-presidente de Urbas, José Antonio Ibáñez, denominada “Tres Culturas Dos Orillas S.L.””.

El entramado se complica aún más cuando Alvise Pérez explica que, “desde 2011, cuando Urbas adquirió el derecho de cobro frente a Tres Culturas Dos Orillas S.L., no se ha realizado ningún esfuerzo, siquiera aparente, por cobrar la deuda. Además, esta última sociedad, con una deuda pendiente, continuó formando parte del Consejo de Administración de URBAS, recibiendo dietas y remuneración como consejero”.

Como si no fuera suficiente, el paper dice que, “Deloitte, en su informe de auditoría 2014, señaló la inquietud que genera la venta del 100% de las participaciones de Urbanijar que todavía no se ha cobrado”.

Alvise Pérez, revela que “se trata de un juego de traspasos de propiedades que, lejos de aclarar el panorama, parece diseñado para aumentar la confusión y distanciar a Urbas de cualquier responsabilidad visible, así como de desconectar a Urbas de ‘Urbaníjar’ y de Juan Antonio Ibáñez Fernández con el fin de vaciar la compañía (Urbas) en beneficio propio. ¿El motivo? -añade el informe-, ocultar cómo fueron los únicos de todo el Grupo Urbas que lograron cobrar 119 millones de euros cada uno en acciones sin aportar un solo inmueble, a través de sociedades pantalla en Holanda; hechos por los cuales la Fiscalía Española los acusan de delitos fiscales y contra el mercado por la supuesta sobrevaloración de activos aportados en la ampliación de capital por valor de 384 millones de euros, de carácter no dinerario”.

La investigación subraya que, “sin embargo, la estrategia no solo no fue efectiva, sino que también ha dejado a la vista la aparente inmoralidad del conglomerado para ocultar cómo se estarían utilizando bienes de Urbas para cubrir deudas personales de Ibáñez y Acedo, socios de más del 50% de diferentes sociedades de Urbas en el mercado contínuo; todo esto en un contexto de una sobrevaloración flagrante de activos; un contubernio de movimientos financieros que circundan los límites de la legalidad y que, además de ser un golpe para la credibilidad y la solvencia de Urbas, podrían infringir varios artículos del Código Penal español, entre ellos el artículo 252, sobre la administración desleal, y el artículo 257, que sanciona la provocación de la insolvencia de la propia empresa”.

Por su parte, detalla además que, “la mala gestión del CEO y su equipo, entre los que se encuentran su Director Ejecutivo (Pablo Cobo del Moral) es ya conocida a nivel internacional: desde la condena de Urbas en Marruecos, al pago de una deuda cercana a los 18 millones de euros por impago a una entidad bancaria local para financiar una promoción inmobiliaria, hasta las dificultades legales en Bolivia tras la demanda de la asociación de constructores ArqPro Kapra, por presunta estafa e impago de compromisos adquiridos por Urbas para la construcción del tren eléctrico de Cochabamba, sin incluir el ya mencionado proyecto de inversión en Cuba de ‘Urbas cienfuegos’, en otro claro intento de elevar falsamente las acciones para auto-financiarse a costa de accionistas incautos”.

Estos litigios y las dudas sobre la gestión del consejo liderado por Acedo han provocado que Urbas esté en mínimos de los últimos dos años y medio en bolsa; la capitalización de la empresa es inferior al valor de la ampliación de capital de 2015, que constituye hoy su principal incertidumbre judicial. Además, Urbas ha experimentado un retroceso acumulado cercano al 45% en los últimos doce meses y ha perdido un cuarto de su valor desde el comienzo del año.

Esta tormenta de problemas jurídicos y financieros que aproximan la inminente quiebra de Urbas ha dejado a los accionistas en estado de shock y hacen que la estrategia de la compañía para los operadores judiciales españoles sea clara: una falsa expansión internacional que parece más un intento de diversificar y diluir sus operaciones que una verdadera apuesta de crecimiento.

De acuerdo a Alvise Pérez, se trata de “una estrategia de presunta ocultación criminal que no es un secreto para el sector; en 2014, la compañía fue objeto de una sanción de 1.7 millones de euros por la CNMV por irregularidades contables, y en 2017, fue investigada por la Audiencia Nacional por posible blanqueo de capitales”.

Lo que sí era desconocido para el sector y opinión pública es la también filtración del analista, de los antecedentes y condenas penales ocultadas por Ibáñez, que plantea: “la pregunta que queda por responder es: ¿al final de este baile, quién será el responsable? ¿Será el CEO de Urbas, Juan Antonio Ibañez, su exdirector Juan Antonio Acedo, o su director Pablo Cobos Fernández, todos con sus puestos y libertad en juego, o serán los miles de accionistas que, como don Mendoza, entregaron sus sueños a quienes hoy los tribunales dirimen entre pésimos gestores o criminales del mundo empresarial?”.

Mientras tales incógnitas se resuelven, el analista Alvise Pérez anunció la próxima publicación de nuevos documentos, que demostrarían la investigación de presunta falsedad de avales de deuda con Hacienda de 7.5 millones cada uno (Acedo e Ibañez) engañando al fisco español con garantías de avales no ejecutables de un banco rumano vía corredor en Madrid, logrando salir de la lista morosos de agencia tributaria, entre otras pruebas de presuntas irregularidades financieras en empresas relacionadas con el CEO, ex-CEO y actual director del Grupo Urbas, así como relaciones societarias con el actual partido del Gobierno (PSOE). “Si la Ley permite estafar a miles de personas impunemente, la Ley está mal. Si no lo está, podemos asegurar que altos cargos de URBAS se jugarán su ingreso en prisión y el Grupo, a la más absoluta quiebra”, afirma.