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Comunidad de Madrid

Vox renuncia a derogar las leyes LGTBI para que Cs haga presidenta de Madrid a la ultraprogre Ayuso

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Que Vox es un partido más del sistema, disidencia controlada, es ya materia inopinable. Las bases se rebelan cada día más contra un modelo de partido para ser dirigido por un grupo de amigos y donde los militantes, sin voz y sin voto, han sido reducidos al papel de pagacuotas.

Los votantes que aún le queden a Vox deberían reflexionar de qué les vale votar a un partido que ya solo aspita a ser la muletilla del PP y de Ciudadanos para que continúen las mismas políticas que provocaron la salida de miles de militantes y simpatizantes. El PP no ha renunciado a la implementación de las medidas en favor de la agenda globalista y que están en el ADN de todos los partidos del sistema. Lo malo ahora es que el proyecto mundialista en la comunidad de Madrid será posible gracias al apoyo de Vox. Ni un solo compromiso contra la inmigración ilegal.

No valen excusas. No encontramos diferencias de fondo entre un Gobierno de Madrid presidido por la ultraprogre Ayuso y otro comandado por Gabilondo. La candidata del PP lo tiene todo: anticlerical, abortista, pro-lobby LGTBI, proinmigracionista y, por si fuera poco, discípula agradecida de Cristina Cifuentes. ¿Podría sostener Vox que la exigencia del destino histórico de España no era otra cosa que investir a esta prenda? Y tras dar sus votos a la investidura de Ayuso, ¿seguirán declamando la falaz propaganda proclamada en los mítines para consumo de tontos y frikis? Vox es una colosal estafa ideológica y un fraude moral. Y esa estafa y ese fraude lo han perpetrado disfrazados de patriotas identitarios, defendiendo cambios para que todo siga igual. Merecerían el más severo correctivo en nombre de la dignidad nacional. La verdadera. La que aquí defendemos.

Después de 60 días de negociaciones, la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está, por fin, más cerca de su investidura. Ciudadanos ha asegurado esta mañana que no ve «incompatibles» las últimas exigencias planteadas por Vox hace escasas horas por lo que pedirá al presidente de la Asamblea que inicie la ronda de contactos previa al pleno de investidura. «Frente a las políticas de bloqueo de Sánchez e Iglesias, en la Comunidad va a haber un gobierno en marcha en los próximos días. Sánchez estaba más preocupado de su ego, pero en la Comunidad hemos defendido las propuestas y el consenso definitivo que nos va a llevar a poner en marcha el nuevo gobierno», ha aseverado pasado el mediodía el portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado.

Para que la investidura de Ayuso saliese adelante necesitaba el apoyo de los 12 diputados de Vox, puesto que la suma de 56 escaños que obtuvo el PP (30) y Ciudadanos (26) era insuficiente. De no haber alcanzado ningún acuerdo antes del próximo 10 de septiembre, tendrían que haberse celebrado unas nuevas elecciones autonómicas el 10 de noviembre.

Por el camino, Vox ha renunciado a rubricar un pacto a tres bandas con los logos de los tres partidos para aceptar un acuerdo verbal entre todas las partes. Tampoco estarán en el gobierno, que será de coalición entre PP y Cs. Los de Rocío Monasterio han dejado atrás tienen aspectos tan espinosos como la exigencia de eliminar las leyes en defensa de las leyes LGTBI. «Hemos encontrado un denominador común. Es un día importante y estoy orgulloso», ha expresado, con satisfacción, Aguado, que se ha reunido durante esta mañana tanto con Ayuso como con Monasterio y ha agradecido su disposición a desencallar la situación.

Ayuso ha celebrado que se haya «culminado por fin con éxito estos meses de negociación». Para la futura presidenta de la Comunidad, todo lo que pone en el documento de Vox «no son cuestiones excesivas, son perfectamente asumibles por todos los ciudadanos». Y ha rechazado que el acuerdo se haya derechizado o radicalizado» por las peticiones de Vox.

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Comunidad de Madrid

El prior del Valle de los Caídos denuncia que guardias civiles armados “deambulan” por el interior de la basílica

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Dos vehículos de la Guardia Civil, custodiando el acceso a la basílica del Valle de los Caídos desde la abadía (El Independiente)
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El prior del Valle de los Caídos ha pedido al Tribunal Supremo que prohíba que guardias civiles armados «deambulen» tanto por el interior de la basílica como por la abadía, al entender que dicha presencia supone un quebrantamiento tanto del principio de inviolabilidad de los lugares de culto y del domicilio de los monjes como del derecho a la libertad religiosa al carecer los agentes de autorizaciones eclesiástica y judicial., cuenta el diario El Independiente.

En un escrito presentado este viernes, al que ha tenido acceso El Independiente, la comunidad benedictina pide al Alto Tribunal que dicte una resolución con las medidas oportunas para que «cesen las vulneraciones» de los citados derechos fundamentales.

El Supremo ha avalado el desenterramiento de Franco acordado por el Gobierno frente a la pretensión de los familiares, pero tiene todavía que resolver el recurso que interpuso la congregación religiosa contra el traslado de los restos del dictador y pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por esta parte tras acordar la Sala el alzamiento de la suspensión cautelar de la exhumación.

Allanado el camino por la Justicia, el Consejo de Ministros acordó el pasado 11 de octubre el inicio de las operaciones necesarias para trasladar al ex jefe del Estado desde la basílica del Valle de los Caídos hasta una sepultura del cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio antes del 25 de octubre y el cierre temporal de Cuelgamuros hasta que concluya su ejecución.

El prior, Santiago Cantera, ha realizado esta petición al Supremo dos días después de haberse dirigido a la Delegada del Gobierno en Madrid y no haber recibido respuesta. El religioso pedía a María Paz García que a la mayor brevedad designara un interlocutor con la abadía con capacidad de decisión al objeto de resolver las situaciones que se están presentando en el Valle de los Caídos tras la clausura provisional del recinto y no tener conocimiento de que se hubiera dictado una orden por escrito con las condiciones del cierre.

«Se han venido sucediendo situaciones incómodas con los agentes de la Guardia Civil aquí destacados por la falta de claridad y cambios en las órdenes recibidas, por ejemplo sobre quién está autorizado para entrar en el recinto, quién puede asistir a la eucaristía en la basílica, etc, lo que produce situaciones manifiestamente irregulares e injustificadas, como la restricción del derecho de culto (manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa) de muchos fieles, la deambulación de agentes armados en el interior de la basílica -sin mi autorización eclesiástica y a todas las horas, incluido durante el culto- o por el interior del monasterio sin autorización judicial», escribía el prior en el correo electrónico enviado este miércoles a la delegada del Gobierno en Madrid.

Cantera recurría a María Paz García después de que, cuando se dirigió al capitán destacado en el Valle de los Caídos para buscar una fórmula que permitiera ir resolviendo «ágilmente» el día a día mientras se lleva a cabo la exhumación, el oficial de la Guardia Civil le reconoció que él no era un interlocutor «adecuado» y le remitió a la Delegación del Gobierno.

Fracasada la vía administrativa, la comunidad benedictina pretende ahora que sea el Tribunal Supremo el órgano que adopte las medidas para que cese la vulneración del principio de inviolabilidad de los lugares sagrados y del domicilio de los monjes y del derecho a la libertad religiosa que supone la presencia de los guardias civiles tanto en la basílica como en el monasterio.

La jerarquía eclesiástica guarda silencio

Fuentes de la abadía del Valle de los Caídos han reconocido a este diario que han enviado tanto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, una copia del correo electrónico remitido a la Delegada del Gobierno en Madrid en el que denunciaba la restricción del derecho de culto que se estaba produciendo. La autoridad eclesiástica no ha respondido.

El silencio de la jerarquía de la Iglesia en España contrasta con el escrito de adhesión que sacerdotes y religiosos están firmando en reconocimiento a la «valentía» del prior y del resto de monjes benedictinos ante la «violación ilícita» de la basílica. «Esta defensa heroica del libre acceso de los fieles a los templos, y de la inviolabilidad de éstos, protegidos por las leyes divinas y humanas, recuerda hoy la intrépida resistencia del santo obispo Tomás Beckett negándose a secundar los deseos de su rey, contrarios a la Ley de Dios y a la responsabilidad del clero de custodiar, aun con sus vidas, las cosas y lugares sagrados a ellos encomendados», expone el escrito.

El Gobierno trabaja con la previsión de materializar el traslado de los restos de Franco entre el martes y miércoles próximos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con los nietos del dictador en comunicarles con al menos 48 horas de antelación la fecha en que se consumará la exhumación.

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Comunidad de Madrid

Un grupo de ultraizquierdistas apuñala a un Policía Nacional de la UIP en Madrid

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La extrema izquierda madrileña está intentando imitar los disturbios ocurridos estos últimos días en Cataluña, también en apoyo a los golpistas del 1-O. Y lo han hecho buscando matar a policías.

Esta tarde un agente del indicativo Puma 70 de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía ha sido apuñalado por extremistas de izquierdas en la Plaza de Callao de Madrid, cuando él y sus compañeros hacían frente a los disturbios ocasionados por los asistentes a esa convocatoria de apoyo a los golpistas del 1-O. El tuitero @SoyDeDerechas ha publicado un vídeo en el que se ve al agente herido siendo auxiliado por servicios de emergencia.

Según la web PoliciaH50.com, “el agente se encuentra en estado moderado y otro componente del equipo presenta una luxación de hombro”.

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Comunidad de Madrid

El concejal de Más Madrid Pablo Soto renuncia a su acta por un presunto caso de acoso sexual a una militante

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Pablo Soto y Manuela Carmena.
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El concejal de Más Madrid Pablo Soto ha anunciado este martes que deja su acta en el Ayuntamiento de Madrid después de que su grupo municipal se lo haya exigido tras investigar un supuesto caso de acoso sexual a una militante, un episodio que Soto dice no recordar porque había bebido. El concejal de Más Madrid, que fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena, ha explicado en Twitter que renuncia tras haber tenido conocimiento hace una semana de que hizo sentir acosada a una persona a la que pidió ayuda para ir al baño, debido a su discapacidad.

Sin embargo, Más Madrid sostiene que es la dirección del grupo la que con carácter de urgencia ha tomado “la decisión de pedir la dimisión inmediata del concejal”.

En sus redes sociales, el hasta ahora edil ha explicado que hace una semana le dijeron que “una persona se había sentido acosada” por él. “Sólo podía decir que era imposible. ¿Quién, cuándo, dónde, por qué? Durante unas horas no tuve más información y no paré de repasar lo que había hecho día a día, hora a hora”, ha descrito.

Más Madrid le acusa de “hacer público un comunicado con su versión de los hechos que no concuerda con la versión de la víctima” a la que la dirección del grupo “concede absoluta veracidad” y se ratifica la exigencia de dimisión. “No es no. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez”, ha señalado la coportavoz de Más Madrid en Twitter, Rita Maestre.

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