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Cartas del Director

A Sánchez sólo le interesa seguir en La Moncloa

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Pedro Sánchez se empeñó en abrir una vía de diálogo estable con los independentistas catalanes «para dar una solución política a un problema político», aunque ésta sobrepasase la Constitución. Era el pago al apoyo recibido en la moción de censura que le llevó a La Moncloa por los partidos que protagonizaron los graves sucesos de octubre de 2017, cuyos dirigentes están procesados por ello. La crisis actual se define porque Gobierno y Generalitat señalan a «las derechas» como responsables de la falta de diálogo. Es evidente que los independentistas prefieren a Sánchez y por eso lo hicieron presidente. Ese es el origen de la situación de bloqueo en el que se encuentra el Gobierno y su entrega a la agenda del «proceso»: los Presupuestos se aprobarán o no en función de los intereses desestabilizadores de los secesionistas. ç

Sánchez está dando muestras de que es capaz perpetuarse en La Moncloa con una minoría irrisoria y apoyándose en unos partidos cuyo único pretensión es conseguir el derecho de autodeterminación; unos lo quieren mañana y otros, pasado mañana. El independentismo en todas sus versiones –ERC, PDeCAT, Torra, Puigdemont, la Crida, Òmnium, ANC– no tiene más interés que desacreditar la democracia española.

Por parte de la Generalitat no ha habido el menor gesto de rectificación sobre la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, o sobre la liquidación de la Constitución y el Estatuto el 6 y 7 de septiembre, hechos que supusieron un verdadero golpe a la legalidad democrática. Es más, insisten en que lo volverían hacer; otra cosa es que lo ratifiquen ante el Tribunal Supremo, donde serán juzgados a partir del próximo día 12. Por contra, el Gobierno de Sánchez ha aceptado las reglas del juego marcadas por el gobierno catalán: hablar de todo, incluido el reconocimiento al derecho de autodeterminación y la bilateralidad. Para ello, para poder establecer un marco en el que España y Cataluña representen dos entidades políticas diferenciadas con un problema de «encaje»», para unos, y de «falta de libertad», para otros, la última concesión a la Generalitat es el nombramiento de un «relator» o mediador para la mesa de partidos que deberá abordar la supuesta «solución política».

Sin embargo, en esta ocasión Sánchez ha sobrepasado una línea roja. Ha incumplido lo que se le exige a cualquier presidente del gobierno: la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y no puede fraccionarse para contentar la exigencias de los independentistas. Un «relator» que intermedie entre los partidos políticos catalanes para buscar una solución es dar carta de naturaleza a una figura que sólo aspira a consagrar a la Generalitat como una entidad política al margen de España. Sabemos que el nacionalismo ha construido su asfixiante hegemonía en la política catalana peldaño a peldaño y siempre con la buena voluntad del gobierno de España. El «relator» es una figura confusa y peligrosa, que ha provocado una justificable alarma en los partidos de la oposición, PP y Cs, pero también en destacados miembros del PSOE, como Emilio García-Page, presidente de Casilla-La Mancha, y Javier Lambán, presidente de Aragón. El desconcierto provocado ha obligado a la vicepresidenta Carmen Calvo a comparecer, lo que no aclarado nada de la función de ese mediador, ni siquiera de la «mesa de partidos». Esto sí, en su mensaje quedó claro que la responsabilidad por la falta de diálogo con Cataluña es de los partidos que no quieren estar presentes en este órgano, PP y Cs. Esta mesa, a la que asisten los partidos con representación en el Parlament –PDeCAT, ERC y Catalunya en Comú, además del PSC–, es algo insólito porque es en el Parlament donde debe tratarse todos los asuntos que interesan a los ciudadanos, incluidos los políticos, mientras la actividad de la cámara está bajo mínimos instrumentalizada por el «proceso». Es en el Parlament donde se debe debatir, con luz y taquígrafos, sin necesidad no de mediadores.

La situación creada tras la propuesta de elegir un «relator» es aún más confusa tras la respuesta de la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, que en plena polémica afirmó ayer que la mesa de negociación debe hacerse con partidos estatales, además de una «figura notarial» que certifique los acuerdos alcanzados. Sánchez debería ser consciente que la ausencia de PP y Cs no es algo menor y lo seguirá siendo para dar forma política a cualquier acuerdo entre los partidos, todos formaciones soberanistas, salvo la siempre ambigua posición de los socialistas catalanes.

Los tiempos de Sánchez sólo responden a su propia supervivencia política, a prolongar su estancia en La Moncloa y ayudarse de los resortes de poder que le ofrece para convocar elecciones cuando las encuestas le sean favorables. Hemos repetido muchas veces que Sánchez no debería haber sido presidente con 84 diputados y el apoyo de los que quiere liquidar la Constitución de 1978. Por el interés de España, debe convocar elecciones de manera inmediata.

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España no puede perder más tiempo

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(R) Convocadas a la medida de las expectivas y los cálculos particulares de Pedro Sánchez y su equipo de asesores, con los que ayer no tuvo pudor en ignorar la jornada de reflexión para posar en una burda imagen de propaganda partidista tomada en La Moncloa, las elecciones generales de hoy sitúan a los votantes ante la alternativa del desbloqueo parlamentario o de la ingobernabilidad a la que como consecuencia de la fragmentación del voto se ha abonado España.

Las cuartas elecciones celebradas en los últimos cuatro años corren el riesgo de convertirse en la enésima semifinal que disputan la izquierda y la derecha, cada una por su lado, para hacerse con la hegemonía del voto de sus respectivas parroquias de seguidores, unas primarias encubiertas en las que los verdaderos problemas y retos a los que se enfrenta España, crecientes según pasa el tiempo y se retrasan las reformas y las decisiones políticas, resultan secundarios para los partidos. El frenazo del crecimiento económico o el desafío del separatismo no pueden esperar a que Pedro Sánchez logre -en la jornada de hoy o dentro de unos meses, en una próxima convocatoria electoral- la representación parlamentaria que considere necesaria para gobernar en solitario. España no puede permitirse perder más tiempo, ni una nueva prórroga de los presupuestos que Mariano Rajoy dejó en herencia y que, paradójicamente, han servido hasta ahora de muro de contención para el irresponsable populismo económico que anuncia Sánchez.

El pulso que el PSOE libra con Podemos está en la raíz de las segundas elecciones generales de este 2019, una batalla sectorial y cainita cuyo traslado a un centro-derecha también fragmentado ha contribuido a perpetuar la provisionalidad que condiciona y lastra el futuro inmediato de España. Con la opción de Ciudadanos muy debilitada como bisagra -primero dejó caer a Rajoy y más tarde jugó la baza, también puramente táctica, de no apoyar a Sánchez-, el centro-derecha reaparece hoy como la única alternativa para impedir que el PSOE tome las riendas de la nación en un momento de especial gravedad, definido por amenazas internas y externas. El extremismo que sembró Rodríguez Zapatero, ahora cultivado por Sánchez, no solo ha dado pie a la fractura y la radicalización de una izquierda descentrada y partida, sino a la división política de la derecha, que de la mano de Aznar y Rajoy y desde la unidad proporcionó a España los mejores años de su reciente historia legislativa. Por acción u omisión, también se acumularon errores, expuestos y denunciados en estas mismas páginas, pero no en el grado caricaturesco que algunos insisten en presentar a los votantes para priorizar su guerra particular y sacrificar los intereses de Españas. Son estos, y no otros, los que hoy nos llevan a las urnas.

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Las consecuencias del 10-N

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En las elecciones que se celebran mañana, los españoles van a decidir más que la composición de un Parlamento. Incluso más que las opciones de gobierno en las que pueden moverse el PSOE y el PP. Son unas elecciones en las que los votantes deben sentirse concernidos por la inflexión histórica que pueden suponer para el desarrollo del sistema democrático español. En primer lugar, España decide mañana su configuración ideológica, no tanto por los resultados adversos o insuficientes que vayan a obtener la socialdemocracia y el conservadurismo liberal, sino por la probable consagración de opciones que se presentan y que reclaman el voto para una impugnación populista de la democracia parlamentaria y del Estado constitucional de 1978. A esta situación se ha llegado, sin duda, porque la izquierda se liberó, de la mano del PSOE de Zapatero, de cualquier compromiso con los consensos constituyentes y abrió de la caja de Pandora del revisionismo histórico y la deslegitimación del régimen constitucional. A partir de entonces los sentimientos políticos extremos, a derecha e izquierda, han cuajado en dos formaciones que mañana pueden alcanzar un centenar de escaños, en el mejor de los escenarios contemplados por algunas encuestas. Ha sido el PSOE el que ha nutrido esa radicalización, alimentando su margen izquierda con discursos de los años treinta del siglo pasado, que también han exacerbado a una parte de la derecha instalada desde el comienzo de la transición en las coordenadas del orden constitucional.

Por otro lado, el votante decide mañana si de nuevo opta por la fragmentación desestabilizadora o recupera el sentido pragmático del voto para reforzar la capacidad del sistema parlamentario para formar gobiernos. El decaimiento del bipartidismo fue recibido como una muestra de pluralismo político, lo cual, aun aceptando que sea así, ha supuesto la mayor etapa de inestabilidad política desde 1978. Con cuatro elecciones en cuatro años, el experimento de la representatividad absoluta ha fallado.

Ya saben los españoles a lo que conduce la dispersión del voto. Si las encuestas se confirman y los candidatos se mantienen a partir del lunes en los vetos recíprocos, habrá nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020. El voto es libre, pero también responsable. España se adentra en una crisis económica, mientras subsiste, y se agrava, el desafío separatista en Cataluña. La Unión Europea se acerca al Brexit, mientras sufre tensiones centrífugas eurófobas. Iberoamérica está convulsa y el Mediterráneo, entre la presión migratoria, el polvorín de Siria e Irak y las revueltas populares, sigue siendo un foco de preocupación. La alternativa es clara para mañana: o dar a España la opción de un gobierno serio y bien dirigido para afrontar estas situaciones o sacar a nuestro país del circuito de las democracias europeas estables.

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Así no, señor candidato socialista

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La afirmación gratuita de Pedro Sánchez sobre la inverosímil supeditación de la Fiscalía a las decisiones del Gobierno no ha podido venir en peor momento para el prestigio exterior de la Justicia española –que, ayer, volvió a sufrir un revés a cuenta de la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena a las autoridades británica para la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí– y, sin duda, será utilizada por el separatismo catalán y sus apoyos internacionales en su campaña de debilitación de las instituciones del Estado. Ni hecho a posta, el candidato socialista podía haber dado una baza mejor al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya línea de defensa viene basándose en una supuesta colusión de poderes que invalidaría el principio de seguridad jurídica aplicado en España. No en vano, las dos principales asociaciones que agrupan a los fiscales salieron rápidamente al paso de la especie, en vivo contraste con el clamoroso silencio de nuestro Ministerio de Justicia, más sorprendente por la pertenencia de su titular, Dolores Delgado, a la carrera Fiscal, lo que le supone perfectamente consciente de la gravedad del desliz de su jefe político y de la penosa imagen que se traslada a una opinión pública que se muestra proclive, pese a las evidencias en contra, a dudar de la independencia de nuestro sistema judicial. No queremos ocultar que, más tarde, el propio Sánchez trató de rectificar el yerro, pero la banalidad de su excusa no ha hecho más que empeorar las cosas.

Que el Gobierno apoya a la Fiscalía, como explica el candidato socialista en su tuit, no es más que una perogrullada que, en sensu contrario, nos deslizaría por un camino lleno de charcos dialécticos. Si bien no es la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones parece instalarse por encima de los usos institucionales, –como ocurrió con el cambio de criterio acusatorio en la Abogacía del Estado en el caso del «procés», con el relevo forzoso del jefe de la sección penal, Edmundo Bal, o con la manipulación grosera del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), puesto en manos de un dirigente de su partido y miembro de su círculo más próximo–, en este caso confluye un factor preocupante: el uso en campaña electoral, como si de cobrarse una pieza de caza se tratara, del procedimiento judicial abierto contra Carles Puigdemont, cuestión que, como todo el mundo sabe, está sometida, falazmente, al mayor de los escrutinios legales.

Por supuesto, no creemos necesario glosar la independencia de la Fiscalía, tal y como está garantizada en la legislación española –que, entre otras disposiciones, establece que la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado y que será este último, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, quien resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas por el Gobierno–, pero sí debemos trasladar a la sociedad española la convicción de que, en nuestra experiencia, los fiscales se desenvuelven conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujetos la legalidad e imparcialidad que les dicta su Estatuto.

Finalmente, podemos comprender los nervios que embargan al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista ante unos sondeos preelectorales que no le auguran, ni mucho menos, una victoria suficiente y, también, la preocupación por las consecuencias que para sus perspectivas pueda tener la evolución de la crisis en Cataluña estos próximos días, pero de un político serio se espera que sepa medir sus palabras, especialmente, cuando estas se refieren a unas instituciones del Estado que, como la Fiscalía, deberían estar por encima de la pugna partidista y los cálculos electoralistas.

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