Carlos X. Blanco.

Los estados europeos, y muy singularmente el Reino de España, están violando gravemente los Derechos Humanos, esa declaración de principios supuestamente absolutos a los que, paradójicamente, todos los gobiernos y ordenamientos dicen someterse. Toman la Declaración de 1948 como si se tratara de una nueva Religión, credo organizado en cuyo seno laten dogmas, con su clerecía (oenegetas y funcionarios de Agencias de Cooperación) y hasta una Iglesia Universal (ONU), así como cruzados, templarios y demás secciones militarizadas de la misma (UE, OTAN). Están aupados a lo que llaman “gobernanza mundial”, esto es, armados con dogmas sacados de la manga y no explícitos en la propia Declaración. Los poderes europeos afirman, todos ellos rendidos al globalismo, que “no hay fronteras”. Y que no hay fronteras, especialmente, para los “menores no acompañados” (MENAS).

Pero el derecho de un “menor no acompañado” no es el derecho a venirse a España o a cualquier otro estado de Europa. El derecho y la obligación de un menor, sea extranjero, sea español, es otro: vivir con sus padres y luchar por el progreso de su propia patria.

Que existan padres desalmados que envíen a sus hijos al mar en dirección a un mundo que no es el suyo, no debe ser asunto público de nuestro estado, una visita no deseada que succione o detraiga recursos públicos, un problema que genere responsabilidades para el poder público, motivadas por una estancia ilegal en nuestros suelos. No olvidemos que son personas que han cometido un acto ilegal. Es dudoso que un acto ilegal deba generar nuevos derechos a quien lo ha cometido. No obstante, en el fenómeno de los llamados “okupas” tenemos algo similar: alguien entra en tu casa y tú, como propietario, tienes que respetar los derechos del delincuente, derecho a vivienda gratis, unos derechos que se alzan por encima del derecho a la propiedad.

Las organizaciones no gubernamentales, en no pocos casos, están colaborando con las criminales mafias de tráfico de personas y trabajan para que se dé la aberración, esto es, que una ilegalidad genere derechos al infractor. Las ONGS, junto con los aparatos del Estado, no se limitan al rescate (“a vida o muerte”) de personas a la deriva en alta mar, lo cual es y debería ser siempre humanamente una prioridad. En algunos casos se extralimitan y hacen una labor de “importación” de contingentes humanos, muchos de los cuales “dicen” ser menores, exigiendo de nosotros mucha fe y candidez de alma. Que todo un Estado, o unas ONGS altamente subvencionadas por el estado, colaboren en la tarea criminal de “importar” seres humanos, habiendo entre los llamados “migrantes” personas que deberían seguir con sus padres (que los tienen, en no poca proporción o, si no, familia y tribu) es un delito cometido por el Estado español, sus funcionarios y sus ONGS.

El Reino de España, al tomar como competencia y obligación suya la custodia de personas extranjeras, catalogadas como “menores” (bajo criterios dudosos muchas veces) y “no acompañados” (contando todos con su propia familia, ya que no progenitores) está incurriendo en dos crímenes contra la humanidad: apropiarse de personas que deben ser criadas y custodiadas por otros, de una parte; de la otra, el estado facilita la labor de las mafias que trafican con personas, pues completan la última parte del trabajo remunerado a los nuevos “negreros” y esclavistas: el cruce de una frontera y el ingreso en un centro que garantiza su reparto ulterior en algún punto de la península.

Los derechos de estas personas (muchas de las cuales no son, precisamente “niños”) solo se pueden garantizar en una familia. Un Estado extranjero (como es y siempre será, para ellos, España) no puede hacer de padre ni de madre. Hay un falso consenso en nuestra sociedad, atiborrada de moralina: “esto es lo que ha de hacerse como mínimo, pobrecitos, qué menos”. Un falso y dulzarrón pseudo- cristianismo, que habla de “cultura de la acogida”, y de “tender puentes y derribar muros”, se destila y predica incluso en las legiones de la izquierda atea y laicista, devenida misionera y limosnera. De repente quieren salvar a millones de “niños” extranjeros, aunque muy pocos empleados de esta agencia de importación de personas (y menos aun las elites que los dirigen) los meten en su propia casa o los recogen en su barrio. De otra parte, el recurso oficial a un lenguaje intimidatorio y terrorista, encaminado a impedir toda crítica de este fenómeno criminal de la importación de menores, es algo que debería preocupar. El punto de enfoque está tergiversado de forma deliberada por el Poder: se quiere negar de antemano la ecuación “delincuente=migrante”, falsa en muchos casos, para ofuscar la visión de mil y una disfunciones auténticas que la importación planificada y mafiosa de personas está acarreando, disfunciones que no son exclusivamente de tipo delictivo. Pero, lo más importante, se está tapando el hecho de que el propio Estado comete delito contra la Humanidad al no defender sus propias fronteras y al ser colaborador (activo y pasivo) de la trata de seres humanos.