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Economía

Algunos países islámicos se plantean el regreso al dinar de oro y al trueque

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Irán, Malasia, Turquía y Qatar están considerando la apertura de un mercado particular de oro, al estilo medieval, y un sistema de trueque para aliviar cualquier futura sanción económica que pueda recaer sobre ellos, según ha explicado este sábado el primer ministro malasio, Mahatir Mohamad, al término de la cumbre de países islámicos en la que ha ejercido de anfitrión.

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“Dado que estamos viendo una sucesión de decisiones unilaterales para imponer medidas punitivas, Malasia y otros países debemos tener siempre en cuenta que podemos ser los siguientes”, ha explicado.

Qatar e Irán son dos países particularmente afectados. El primero, por el bloqueo impuesto por estados árabes aliados de EEUU como Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin y Egipto en castigo por financiar supuestamente actividades terroristas.

El segundo, por orden del presidente norteamericano, Donald Trump, que reimpuso las sanciones que pesaban sobre la república islámica tras retirarse del acuerdo nuclear de 2015.

“Así que he propuesto que volvamos a darle vueltas a la idea de comerciar con el dinar de oro y a través del trueque”, ha añadido el primer ministro. “Espero que encontremos un mecanismo para conseguirlo”, ha manifestado.

La cumbre ha sido criticada por afear la existencia de la Organización de la Cooperación Islámica, que tiene su sede en Arabia Saudí, y que comprende 57 países de mayoría musulmana.

Malasia se ha defendido diciendo que todos ellos estaban invitados, pero solo ha acudido una veintena. Riad se ha abstenido de participar.


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Economía

Pensiones, ni para mí… pero tampoco para ti

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María Jesús Pérez.- Bruselas vuelve a tirar de las orejas a España por el tema de la viabilidad del sistema de pensiones. Bueno, más bien por su inviabilidad. Y van… Cierto es que algo se hizo con la reforma de 2013, con Mariano Rajoy al frente del país, pero desde luego no se resolvía el problemón que tenemos aún a día de hoy. No hay ya casi dinero para seguir costeando la caja destinada a la jubilación de los españoles y la última de las decisiones del Gobierno Sánchez es subir precisamente el lado de los gastos. Y si uno incrementa este lado de la balanza, debería aumentar al menos en igual proporción el otro lado, el de los ingresos. Algo que, de momento, no es lo que acordado por el tándem Sánchez-Iglesias.

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El caso es que hace ya un año, la Comisión Europea recomendaba a España la urgencia de poner en marcha medidas que hicieran posible la sosteniblidad del sistema de pensiones, porque con lo hecho en la era Rajoy no bastaba, y lo único que se ha hecho desde entonces es desandar lo andado y anunciar justo lo que Bruselas nos dice que no es el camino: vincular de manera permanente las prestaciones a la evolución del IPC, lo que compromete el sistema a medio y largo plazo. Medidas, dicen desde Europa, que, al tiempo que favorecerían sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales, irán en detrimento de las nuevas generaciones. Además, los técnicos del Ejecutivo comunitario han calculado que vincular de nuevo las pensiones a la inflación podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB, además de que abolir el factor de sostenibilidad -idea del equipo Rajoy- sumaría al menos un 0,7% del PIB al gasto en pensiones en el largo plazo. Lo dicho, ¡lo llevamos claro!

Ahora bien, mientras analizo la reprimenda que lanzan desde Bruselas, reparo en las diferencias que a día de hoy aún existen entre las pensiones vitalicias que nuestros políticos tienen derecho a cobrar por sus servicios prestados y las de cualquier ciudadano de a pie… A bote pronto, me vienen a la cabeza dos grandes diferencias. Una, ministros, diputados o secretarios de Estado, entre otros altos cargos institucionales, por ejemplo, tienen la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa a su trabajo. Y dos, mientras que los ciudadanos debemos cotizar a día de hoy durante 35 años -y subiendo- para cobrar la totalidad de la pensión a la que en principio aún tenemos derecho, a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación. Y hay más privilegios, créanme.

Pues señores políticos, y sobre todo del Gobierno, que sepan que todo sale de la misma caja. Y o espabilan, o se acabó el chollo. Para todos.


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Economía

Los trabajadores afectados por un ERE suben un 22% en 2019

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El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas subió un 22% en 2019 en comparación con 2018, hasta sumar 88.927 afectados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En 2019 destacaron los EREs de extinción puestos en marcha por Banco Santander, Caixabank y Vodafone, que en conjunto afectaron a más de 6.000 empleados, y las suspensiones de contrato en la factoría de Ford en la localidad valenciana de Almussafes.

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Así, por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó un 54,7% en tasa interanual, hasta sumar 30.871 trabajadores afectados.

Por su parte, las suspensiones de contrato afectaron a 55.285 trabajadores, un 12,1% más, mientras que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 23,2%, hasta los 2.771 trabajadores. Según Trabajo, las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo aumentaron un 4,5% entre enero y diciembre de 2019, hasta un total de 2.169, en tanto que los expedientes aumentaron un 3%, hasta 3.220 procedimientos. Del total de procedimientos registrados en el año pasado, el 90,4% contaban con acuerdo entre las partes, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Por sectores, industria y servicios concentraron el mayor número de afectados por ERE en 2019, con 52.175 y 33.680 trabajadores, respectivamente, con un repunte del 15,9% en el primer caso y del 33,8% en el caso de los servicios.

La construcción, por su parte, registró 2.243 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, un 42,1% más, en tanto que en la agricultura se vieron inmersos en un ERE un total de 829 trabajadores, un 27,5% menos que en 2018.

COMUNIDAD VALENCIANA, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, la que registró un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo en 2019 fue la Comunidad Valenciana, con 27.494 trabajadores implicados, cifra un 52,6% superior a la del mismo periodo de 2018.

Casi todos los trabajadores afectados en esta región se vieron inmersos en un ERE de suspensión de contrato (24.458). En ello han tenido mucho que ver los EREs temporales de suspensión de contratos que se aplicaron a lo largo del año pasado en la factoría de Ford en Almussafes.

Tras Comunidad Valenciana destacan Madrid, con 13.498 afectados por ERE durante del año pasado (+13,8%); Cataluña, con 11.898 (+78%), y Andalucía, con 5.289 afectados (+32,2%). El número de trabajadores afectados por ERE bajó en 2019 en un total de cinco comunidades y subió en doce y en Ceuta y Melilla.

Los mayores descensos se los anotaron Navarra (-77,3%) y La Rioja (-38,4%), mientras que los mayores ascensos correspondieron a Cantabria (+183%), Castilla y León (+88,4%), Canarias (+85%) y Cataluña (+78%).


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Economía

Los agricultores vuelven a cortar carreteras en Andalucía para reclamar precios justos en origen

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Los agricultores mantienen las protestas para pedir precios justos, tras más de un mes de manifestaciones en las calles, con cortes de carreteras en Andalucía el mismo día que el Gobierno va a modificar la ley de la cadena alimentaria para garantizar que los precios cubren los costes de producción.

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Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), su secretario general, Lorenzo Ramos, valora como un avance las medidas del Ejecutivo pero “echa de menos un plan de choque para la gente que lo está pasando muy mal en sectores como el de frutas, hortalizas, aceite de oliva o aceituna de mesa”, según ha señalado.

Unos trescientos olivareros de Jaén han cortado la autovía A-4 en Despeñaperros provocando grandes retenciones en el tráfico en la localidad de Santa Elena en la vía que es la entrada y salida a Andalucía por carretera a través de esta provincia y el nivel es negro, según informa la DGT en su página web.

El corte de carretera ha comenzado antes de las ocho de la mañana a la altura del kilómetro 262 de la A-4 en ambos sentidos, tanto hacia Madrid como hacia Sevilla. Se trata de un corte de carretera ni solicitado, ni autorizado por la Subdelegación del Gobierno, del que se desmarcan las organizaciones agrarias.
Carreteras cortadas

Las protestas se centran sobre todo en la provincia de Sevilla. Los agricultores y ganaderos esperan colapsar la capital andaluza con una gran tractorada que acabará ante la Delegación del Gobierno.

En la provincia de Sevilla, los agricultores han cortado cuatro autovías, la A-49 entre Benacazón, Umbrete y Sanlúcar la Mayor. Además los cortes también pueden afectar a la A-92 en Aguadulce. A esto se suman la AP-4 y la A-4 en dirección Madrid, en esta última carretera la circulación se encuentra interrumpida desde primera hora de la mañana.

Los agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante han organizado otra tractorada que ha arrancado desde el polígono del Fondonet de Novelda, y que tendrá su punto central en la rotonda de Agrosum, en la carretera de Monforte del Cid y Agost.

La Unio de Llauradors exige precios justos para los productos agrícolas y evitar así que se mueran los pueblos. El lema de la concentración-tractorada es “Precios y seguros justos para la uva de mesa del Vinalopó” y “`Sin agricultura, nuestros pueblos se hunden”.

Sostienen que la situación “es mala para todos sin excepción y es hora de que los gobernantes actúen porque esto ya no va a parar hasta lograr soluciones”. Reclaman a las distintas Administraciones “medidas a corto, medio y largo plazo que garanticen una rentabilidad digna para los agricultores”.


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