España
Casado toma el mando de las listas del PP, y en el futuro, de la dirección
Paloma Cervilla.- Por los pasillos del Congreso de los Diputados hay estos días un ambiente de despedida, de fin de ciclo, sobre todo en las filas populares. La mayoría de los diputados del Grupo Parlamentario Popular desconocen su futuro y solo un puñado de fieles a Pablo Casado tienen la certeza de que volverán a ocupar dentro de tres meses sus escaños en el hemiciclo.
Gobierne o no el PP, la próxima Legislatura se presenta complicada y el presidente de los populares necesita un grupo parlamentario compacto, leal y en el que no haya fisuras ni discrepancias notables.
Por esta razón, Casado ha tomado el mando de la elaboración de las listas electorales, que hasta ahora estaban llenas de marianistas y sorayistas. Este “marrón” lo ha delegado en el secretario general, Teodoro García Egea, su hombre de confianza, al que no le duelen prendas de bajar a la arena, recorrer territorios y conocer uno a uno quién es quién en el PP, para después reportar a su jefe.
Antes de que le inviten a abandonar el barco, ya han dado el salto algunos destacados sorayistas, que han encontrado acomodo en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, un verdadero fortín de resistencia de los que perdieron las primarias del PP.
La despedida de ayer de Celia Villalobos fue la más mediática. Antes de que la descabalguen de la lista de Málaga se fue a ver a su amiga Susana Griso y le contó la exclusiva. Ni habló con Casado, ni piensa hacerlo, se va porque ni ella está cómoda en el nuevo PP ni allí la quieren demasiado. Eso sí, seguirá defendiendo sus siglas, eso le honra, y espera que su amiga Carolina España encabece la candidatura de Málaga para apoyarla en la campaña.
Antes, como la que no quiere la cosa, ya se había ido Teófila Martínez, la exalcadesa de Cádiz, a la que nombraron el martes presidenta del Puerto de Cádiz. Como solo queda un Pleno, no sé si dejará su acta de diputada. Teófila apostó fuerte por Soraya, como la mayoría del PP de Cádiz, con excepciones como Pepe Ortiz, el alcade de Vejer, y futuro presidente de los populares gaditanos, sustituyendo a Antonio Sanz, jefe de la campaña de Soraya, que también ha encontrado refugio con Moreno Bonilla como viceconsejero de Presidencia.
En el paquete de nombramientos del pasado martes había otro nombre, Rafael Merino, exalcalde de Córdoba y diputado por esta provincia andaluza. Será el presidente de todos los puertos andaluces. Merino era consciente de que no iba a repetir en una provincia con la que ya tiene escasa vinculación y que está controlada por el casadista José Antonio Nieto, portavoz parlamentario en Andalucía. Este último nombramiento ha sido una de las pocas concesiones que Moreno Bonilla ha hecho al casadismo en Andalucía.
Entre los que no han encontrado acomodo todavía, pero tienen un futuro muy negro en las listas están los exministros Cristóbal Montoro e Íñigo Méndez de Vigo, porque el otro exministro, Álvaro Nadal, está a la espera de destino en una embajada como técnico comercial. Caso distinto es el de Fátima Báñez, la exministra de Empleo cuenta con el cariño de la nueva dirección del PP y podría encabezar la lista por Huelva.
Otro destacado sorayista, como José Luis Ayllón, también está en la cuerda floja, aunque no crea que tenga ningún interés por repetir, a no ser que no encuentre sitio en el sector privado.
Después hay otros nombres como el de Alicia Sánchez-Camacho, Belén Bajo, Fernando Martínez Maillo, que hicieron campaña por Soraya y que temen que los dejen fuera del pastel parlamentario, que en la próxima legislatura será más pequeño. A ello hay que unir el grupo de asesores y personal de confianza, que ya tiembla pensando en su futuro.
Esta será la primera criba, pero no será la única, a largo plazo Casado también tendrá que configurar una ejecutiva a su medida, no la que se vio obligado a hacer para satisfacer a los sectores del PP que le auparon a la presidencia: Cospedal y Núñez Feijóo.
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«La náusea socialista»: nuestros impuestos están para contrabando de joyas y resorts de lujo para inmigrantes ilegales. En esta ocasión, ¡13 MILLONES DE EUROS!
El Gobierno gasta 13 millones de euros en un centro para refugiados con gimnasio, huerto y pista de baloncesto
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la puesta en marcha de un Centro de Acogida de Protección Internacional en Soria con una inversión total superior a los 13 millones de euros. El complejo, que comenzó a construirse en febrero de 2025 y está previsto que abra sus puertas a finales de este año, contará con gimnasio, sala de musculación, huerto, pista de baloncesto semicubierta y casi 2.400 metros cuadrados de zonas ajardinadas.
El nuevo centro, denominado oficialmente Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria, se levanta sobre la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en el barrio de Los Royales. El Ejecutivo ha informado este jueves de que ha dado nuevos pasos para su puesta en funcionamiento con la formalización del contrato de suministro de mobiliario, adjudicado por 254.020 euros a CAFESA División Comercial S.L., una pyme de Toledo, según consta en el Boletín Oficial del Estado.
El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha difundido la Subdelegación del Gobierno en Soria, el contrato completo asciende a 313.675 euros e incluye también un segundo lote de lencería textil, adjudicado a Barcotex Servicios Integrales S.L. por 59.655 euros.
El lote de mobiliario contempla sillas, mesas, escritorios, armarios, librerías, sofás, bancos, muebles de oficina, mobiliario de dormitorio, comedor y cuarto de estar, somieres, colchones y cunas. El lote de lencería incluye mantas, ropa de cama, sábanas, fundas de almohada, toallas y almohadas.
El proyecto fue adjudicado a Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos Next Generation EU. El edificio se construye en una parcela adquirida al Ayuntamiento de Soria, una ciudad gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde hace 27 años.
El complejo tendrá capacidad para 203 personas. Este punto ha provocado críticas del PP y de Vox. Los populares sostienen que el centro supera el límite de plazas fijado por la Junta de Castilla y León para municipios de más de 20.000 habitantes, situado en 120 plazas. Vox, por su parte, ha advertido de las consecuencias que este tipo de infraestructuras pueden tener sobre la seguridad y los servicios públicos.
El Ministerio que dirige la ministra Elma Saiz sostiene que los CAPI son establecimientos públicos abiertos destinados a solicitantes o beneficiarios de protección internacional y temporal, así como a solicitantes de la condición de apátrida, siempre que carezcan de recursos económicos suficientes.
Según el Ejecutivo, el centro de Soria formará parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que presta alojamiento, manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria, formación y empleo.
El debate político vuelve a situarse así en el reparto territorial de los dispositivos de acogida, el uso de fondos europeos y el impacto real que estas instalaciones tienen en municipios de tamaño medio. En el caso de Soria, el Gobierno avanza en un proyecto millonario mientras PP y Vox cuestionan tanto la dimensión del centro como sus efectos sobre una ciudad gobernada por los socialistas desde hace casi tres décadas.
