Connect with us

Más...

Chaves abandona la comisión de investigación de la FAFFE tras un rifirrafe con Cs

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha achacado este jueves su citación en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) a la “manipulación e instrumentalización” electoral, se ha negado a declarar tras una breve intervención y ha se retirado de la comisión.

“Mis derechos como ciudadano y como expresidente se han visto afectados por esta convocatoria y me acojo al derecho a no declarar, a guardar silencio y a no contestar”, ha zanjado Chaves en su intervención.

El expresidente regional ha vinculado su presencia en la comisión de investigación a la “manipulación e instrumentalización” electoral por ser convocado en plena campaña electoral, tras lo que ha decidido abandonar la sala no sin antes mantener una acalorada discusión con el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos).

Moreno ha acusado a Chaves de faltar al respeto a los andaluces por abandonar la comisión de investigación, tras lo cual ha decidido suspender los trabajos de la comisión por unos minutos.


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Advertisement
Deje aquí su propio comentario

Tribunales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita la libertad de expresión

Published

on

En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Por Judith
Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Por Judith Bergman.- Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. En la imagen: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (Fuente de la imagen: Transparency International/Flickr)

El 3 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia que los tribunales nacionales de los países miembros de la UE pueden ordenar a Facebook la retirada de material difamatorio a nivel mundial:

“Las leyes de la UE no impiden que un proveedor de alojamiento, como Facebook, reciba la orden de eliminar comentarios idénticos y, en ciertas circunstancias, equivalentes a comentarios previamente declarados ilegales. Además, las leyes de la UE no impiden que dicha orden judicial produzca efectos a nivel mundial, dentro del marco de las leyes internacionales pertinentes que corresponda a los países miembros tener en cuenta.”

La sentencia se produjo después de que la política austriaca Eva Glawischnig-Piesczek, presidenta del partido Die Grünen (Los Verdes), demandara a Facebook Irlanda en los tribunales austriacos. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“Ella [Eva Glawischnig-Piesczek] solicitó que se ordenase a Facebook suprimir un comentario publicado por un usuario de esa red social que atentaba contra su honor, así como alegaciones idénticas y/o de contenido similar.

“El usuario de Facebook de que se trata había compartido en su página personal un artículo de la publicación austriaca en línea oe24.at titulado “Los Verdes: a favor del mantenimiento de unos ingresos mínimos para los refugiados”. Esto generó en la citada página una imagen en miniatura del sitio de origen, en la que se incluía el título y un breve resumen del citado artículo, al igual que una fotografía de la Sra. Glawischnig-Piesczek. Asimismo, en relación con el artículo, dicho usuario publicó un comentario redactado en términos que los tribunales austriacos declararon contrarios al honor de la Sra. Glawischnig-Piesczek, ofensivos y difamatorios. Cualquier usuario de Facebook podía consultar esa reseña.”

La sentencia ha generado preocupación entre las organizaciones que defienden la libertad de expresión. Thomas Hughes, director ejecutivo de ARTICLE 19, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para “proteger el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo”, dijo:

“Esta sentencia tiene graves repercusiones para la libertad de expresión en internet en todo el mundo.

“Obligar a las redes sociales como Facebook a eliminar automáticamente publicaciones al margen de su contexto infringirá nuestro derecho a la libertad de expresión y restringirá la información que vemos en la red. (…)

“La sentencia también significa que un tribunal en un país miembro de la UE podrá ordenar la retirada de publicaciones en las redes sociales en otros países, aunque no sean consideradas ilegales allí. Esto sentaría un peligroso precedente donde los tribunales de un país pueden controlar lo que pueden ver los usuarios de internet en otro país. Esto podría estar abierto a abusos, en particular de regímenes con una deficiente ejecutoria en materia de derechos humanos.”

Según el artículo 19:

“La sentencia significa que Facebook tendría que usar filtros automatizados para identificar publicaciones en las redes sociales que sean consideradas “contenido idéntico” o “contenido equivalente”. Se usa la tecnología para identificar y borrar contenido que se considera ilegal en la mayoría de los país, por ejemplo, imágenes de abuso infantil. Sin embargo, esta sentencia podría provocar que se usen filtros para las publicaciones de texto en busca de contenido difamatorio, lo que es más problemático, dado que el significado del texto podría cambiar en función del contexto. Aunque la sentencia ha hablado sólo debería retirarse el contenido que sea en esencia el mismo que la publicación ilegal original, es probable que los filtros automatizados cometan errores.”

La sentencia “socava el antiguo principio de que un país no tiene derecho a imponer sus leyes sobre la libertad de expresión en otro país”, declaró Facebook en un comunicado.

“También abre la puerta a que se impongan obligaciones a las empresas de internet para que vigilen de forma proactiva el contenido y después interpreten si es “equivalente” a contenido que se ha declarado ilegal.”

La sentencia “permite en esencia que un país o región decida lo que los usuarios de internet de todo el mundo pueden decir y a qué información pueden acceder”, dijo Victoria de Posson, alta directiva en Europa de la Computer & Communications Industry Association, una asociación de la industria a la que pertenecen Google y Facebook.

La sentencia parece, en efecto, estar abriendo una caja de Pandora para el espacio, siempre menguante, de la libertad de expresión en Europa y potencialmente en todo el mundo, aunque se desconoce, en este momento, cómo podría afectar la sentencia a la libertad de expresión a nivel mundial.

Los intentos gubernamentales en Europa de censurar la libertad de expresión llevan mucho tiempo en marcha: en Alemania, la controvertida ley de censura, conocida como NetzDG, que entró en vigor el 1 de octubre de 2017, exige a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube que censuren a sus usuarios en nombre del Estado alemán. Las empresas propietarias de las redes sociales están obligadas a borrar o bloquear cualquier “delito penal” en internet como el libelo, el bulo, la difamación o la incitación en un plazo de 24 horas desde la recepción de la queja de un usuario. Las empresas de las redes sociales cuentan con siete días para los casos más complicados. Si no lo hacen, el Gobierno alemán puede imponerles una multa de hasta 50 millones de euros por no acatar la ley.

Presumiblemente, la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría significar que un tribunal alemán ordenara eliminar lo que según la NetzDG se considera contenido ilegal, o su equivalente, en otros países miembros de la UE en los que no existe una ley de censura tan draconiana.

Francia está considerando adoptar una ley similar a la de Alemania. A principios de julio, la Asamblea Nacional de Francia adoptó un proyecto de ley diseñado para acotar el discurso del odio en internet. El proyecto de ley les da a las redes sociales 24 horas para retirar el “contenido de odio” o de lo contrario se enfrentarán a multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. El proyecto de ley se ha mandado al Senado francés. De nuevo, si el proyecto de ley se convierte en ley, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría significar que los tribunales franceses podrían exigir que Facebook retirara lo que los tribunales consideran contenido ilegal o su equivalente según la ley francesa.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en otras palabras, parece darles a los países miembros de la UE un poder insólito para determinar el discurso público online, para determinar lo que los ciudadanos pueden o no pueden leer. Naturalmente, está por ver exactamente cómo los tribunales nacionales de los países miembros de la UE interpretarán en la práctica la sentencia, pero las perspectivas parecen aún más sombrías para el futuro de la libertad de expresión en Europa.

(Gatestone Institute)


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading

Más...

Corruptos pero menos

Published

on

Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Agustín Pery.- No se producirán escraches a los prebostes del PSOE caídos, ni caceroladas a la puerta de Ferraz, tampoco asunción de culpas por parte de quienes se beneficiaron a nivel nacional de una red clientelar que convirtió a Andalucía en el mayor caladero de votos del socialismo patrio. Porque, el pesebre andaluz, no se olvide, llenó de diputados la Carrera de San Jerónimo.

Lo que ya hay es la categorización interesada del crimen. Da igual que estemos ante el mayor latrocinio de la democracia, que el dolo causado a las arcas públicas, las nuestras, roce los 1.000 millones de euros. Poco importa que se asaran vacas, se esnifaran rayas o se pagaran con dinero de todos las prostitutas de unos pocos. Aquí lo que importa es que quede claro que los malos son los del charrán y no los de la rosa. Los primeros merecen mociones de censura, los segundos, ay, lo hicieron por el pueblo. Puro bolivarianismo sin vengüenza. Es decir, que mantenerse en la poltrona gracias a la tecnificación del «pay per vote» es corrupción pero menos. Ya.

Lo peor no es comprobar el grado de bajeza moral de los condenados sino saber que la progresía lo único en lo que avanza es en su degradación moral. Esa que instaura un relato perverso porque sostiene que se puede delinquir siempre que el fin no sea el enriquecimento personal sino el del partido, beneficiario último de una trama mafiosa que permitió perpetuar el régimen socialista en Andalucía.

Así, los capos de la «cosa suya» cuentan hoy con sus heraldos en los medios que se contentan con pegarles un pequeño pellizco mientras enceran la vara para seguir golpeando a los verdaderos corruptos.

Ya ven, en esto hay clases y niveles. Tantos como para edulcorar lo que es auténtico ricino difícil de digerir para cualquiera que tenga un mínimo de moral: dos presidentes del PSOE y de la Junta condenados por corrupción. Eso sí que es un escándalo. Mucho más tratar de minimizarlo y justificarlo porque hacerlo convierte a sus voceros de Podemos y el PSOE en cooperadores necesarios de la corrupción de mañana. Esa que se escuda en que corrupto es siempre el otro, nunca los míos. Corruptos de parte, amparados por su partido, protegidos por un puñetero carné.


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading

Tribunales

Sentencia caso ERE: Alaya tenía razón

Published

on

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso
Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!

Alberto García Reyes.- Mercedes Alaya tenía razón. Fue apartada de la instrucción del caso con una maniobra burda con la que intentaron abocarla a una disyuntiva humillante: o el ascenso a la Audiencia o nada. La juez pidió una comisión de servicio para continuar al frente de la causa sin tener que renunciar a su oportunidad para ganar la plaza que por experiencia le correspondía, pero el poder político actuó para impedirlo. Era consejero de Justicia Emilio de Llera, un fiscal fichado por Susana Díaz que vejó a Alaya en multitud de comparecencias públicas hablando de su aspecto físico o de cualquier cosa que desviara la atención de lo importante: la magistrada había encontrado una maquinaria de corrupción en la Junta de Andalucía que permitía al gobierno socialista distribuir el dinero de los parados a su antojo, con total desprecio a la normativa vigente, beneficiando a empresas afines, a compañeros del partido y a familiares. Y se atrevió incluso a proponer una hipótesis superior sobre el «modus operandi» de los entonces todopoderosos presidentes y consejeros.

En opinión de la juez, los intrusos que estaban cobrando prejubilaciones en empresas en las que jamás habían trabajado sólo podían lograr esto si el método político utilizado había eliminado todas las barreras de control. Es decir, se trataba de un operativo organizado desde la cúpula de la Junta para el manejo arbitrario de los recursos públicos y que había degenerado en tres aberraciones principales: la compra de la llamada «paz social» en territorios en los que los trabajadores habían empezado a manifestarse contra el gobierno por la falta de medidas para favorecer el empleo; la desindustrialización de Andalucía con dinero de los contribuyentes; y la creación de un modelo de reparto que provocaba una competencia desleal en los sectores en los que intervenía, ya que las ayudas sólo podían lograrlas quienes estaban cerca del poder y mientras unas empresas tenían que lidiar con la crisis sin la menor posibilidad de obtener una subvención, otras se salvaban gracias a la colaboración directa de la Administración.

 

«La Junta colabora con quien colabora», había dicho en la grabación que dio origen a todo el escándalo el director general de Mercasevilla. Alaya supo ver todo esto por encima de la maraña de intrusos, conseguidores, empresas fantasmas, la compra de cocaína y demás variables del caso. Y a partir de ahí comenzó la persecución contra su prestigio.

Su supuesta relación con Zoido

Alfonso Guerra insinuó una supuesta relación con Juan Ignacio Zoido, que había sido el denunciante, los medios afines se encargaron de destacar las instrucciones supuestamente fallidas de la juez para difundir la idea de que investigaba siguiendo directrices políticas. IU la calificó de «pija, ultra y católica». Griñán llegó a decir desde su escaño en el Parlamento que Alaya «pone los autos que el PP le dice». Chaves la acusó de iniciar «una causa general contra la Junta de Andalucía». Y De Llera se despachó diciendo que a pesar de tener tanto trabajo seguía «tan guapa como siempre».

Se le impidió continuar en comisión de servicio para poner a una sustituta que ha archivado decenas de piezas y que ha sido denunciada por los seis fiscales de Sevilla ante el Consejo General del Poder Judicial por haber dilatado la instrucción hasta que las piezas separadas han ido prescribiendo… La campaña contra la juez que puso en jaque al gobierno socialista andaluz ha sido descarada desde que decidió mirar hacia arriba y no conformarse con la teoría de «los cuatro golfos» que desde el comienzo difundió el PSOE. Pero la verdad es mucho más tozuda que todas las artimañas de aquellos que han intentado dar lecciones de democracia mientras retrasaban el envío de la documentación al juzgado o incluso dejaban de mandar papeles que comprometían a los principales responsables políticos. La Audiencia de Sevilla ha determinado, en una dura sentencia, que la teoría de Alaya era cierta.

La juez diabólica que no sabía instruir tenía razón. Y gracias a su empeño en soledad, junto con la insistencia de algunos medios, ahora podemos saber que la sala de mando de Andalucía había organizado una trama para desviar dinero a un «fondo de reptiles» que permitía comprar la paz social en las zonas en las que la Junta había sido incapaz de generar empleo. Una partida que se usó para ganar elecciones y en la que se produjeron unas sobrecomisiones a aseguradoras y conseguidores cuyo destino real nunca se pudo averiguar. Ahí está tal vez la parte más escandalosa de esta historia. Alaya había empezado a investigar precisamente el rastro del dinero cuando fue apartada del caso. ¿Dónde fueron a parar realmente las comisiones? ¿Se las quedaron las aseguradoras o los fondos siguieron otro destino?

No hay que olvidar que en la grabación que originó todo esto, el condenado por pedir una comisión a unos empresarios les dijo: «El dinero puede ser para los niños saharahuis o para carteles de Felipe González».

De ese hilo quería tirar la juez cuando la ascendieron forzosamente y la retiraron de la instrucción. Tal vez los implicados sabían entonces que Mercedes Alaya estaba hurgando en el gran quid de la cuestión.


Comparta este artículo, ¡Ahora también en MeWe, la red social sin censura!
Continue Reading
Advertisement Enter ad here
Advertisement
Advertisement
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ArabicBulgarianChinese (Simplified)DanishEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish
A %d blogueros les gusta esto: