Sánchez busca consumar el asalto al Poder Judicial a sabiendas de la inconstitucionalidad de su ley

Las democracias mueren cuando se socava alguno de sus pilares, del sufragio universal a la libertad de prensa o la separación de poderes. Hoy en Europa las democracias no se debilitan tanto por una amenaza exterior como por deslizamientos iliberales trazados y ejecutados desde el poder. Así ocurrió durante el procés, cuando la Generalitat decidió utilizar los instrumentos del Estado contra la mitad de Cataluña y contra el resto de España; y esa misma senda autocrática y sectaria quiere transitar el Gobierno de Sánchez.

La ley para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es una solución imaginativa a la negativa del PP a seguir chalaneando los nombramientos de jueces -negativa que le honra tras años de compadreo-, sino el paso decisivo para liquidar la independencia judicial y someterla al dictado de la afinidad ideológica gubernamental, tal como han ensayado Polonia y Hungría en Europa y los regímenes peronistas o bolivarianos en América Latina. Si a la Unión Europea ya le preocupaba la gestión sanitaria y económica de la pandemia en España, a esa inquietud deberá sumar la deriva iliberal y el conflicto institucional alentado por la coalición radical de Moncloa.

Cuando a Sánchez se le disgusta, nunca reacciona sentándose a negociar sino redoblando la imposición. Esto no es un atajo para esquivar el bloqueo del PP, como difunde la propaganda del Gobierno. A Sánchez ni se le ha ocurrido acordarse de sí mismo cuando en la oposición clamaba contra la politización de la Justicia y reclamaba un cambio en el proceso de renovación del CGPJ parecido al que le propone Pablo Casado para sentarse a desbloquear y despolitizar a la vez el Poder Judicial. Lo que hace es optar por vía despótica de los hechos consumados para convertir sus alianzas en ley.

Que sean las fuerzas parlamentarias de PSOE y Podemos las que presenten la infame iniciativa mediante proposición de ley no solo imprime más velocidad a la tramitación legislativa -podría estar aprobada en dos meses-, sino que sortea la obligatoriedad de contar con los preceptivos informes de los órganos consultivos: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Los orillan porque saben que su dictamen sería de inconstitucionalidad. La pretensión de usar la mayoría Frankenstein para quitar y poner a los jueces que han de juzgar a los aforados -con la imputación de Iglesias planeando sobre la escena- viola el artículo 122 de la Constitución, que exige mayoría reforzada de tres quintos, como también la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, que avaló la reforma de 1985. El PP ha anunciado recurso y es seguro que el TC tumbaría la reforma, como también será censurada por el Consejo de Europa, pero Sánchez piensa en el corto plazo: para cuando lleguen estos varapalos, él cuenta con haber colocado a jueces afines y purgado a los molestos según el criterio de una mayoría parlamentaria radical a la que solo cose el odio a la Constitución, a la unidad de España y a la oposición. Y que detesta la imparcialidad de las instituciones de todos.

El sanchismo se ha quitado la última máscara. Van a por los jueces y no se van a molestar ni en disimularlo.