Declarado culpable de homicidio imprudente el hombre que mató a otro que llevaba unos tirantes de España - ALERTA NACIONAL
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Declarado culpable de homicidio imprudente el hombre que mató a otro que llevaba unos tirantes de España

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Rodrigo Lanza
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El jurado popular del juicio por la muerte de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España tras recibir una paliza en Zaragoza ha declarado culpable de homicidio imprudente al acusado, Rodrigo Lanza, y ha apreciado que actuó por motivos ideológicos. El veredicto determina que Lanza le causó lesiones con resultado de muerte pero considera que la muerte no fue intencionada.

El veredicto emitido este viernes por el jurado en la Audiencia Provincial de Zaragoza y que no ha sido alcanzado por unanimidad estima que no ha quedado probado que el antisistema Lanza actuara con el ánimo de causar la muerte de Victor Laínez, de 54 años, en diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de la capital aragonesa.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima y la acusación popular -que representa Vox- habían solicitado una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y motivación ideológica. Por su parte, el abogado de la defensa había solicitado la absolución, según informa Europa Press.

El dueño del bar donde se produjeron los hechos y varios testigos relataron en la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que luego fue golpeado de forma violenta cuando estaba en suelo, con patadas y puñetazos propinados por Lanza.

El propio Lanza, con la corroboración de su amigo, señaló que Laínez portaba una navaja y que se limitó a defenderse por miedo a morir. Sin embargo, el representante de la acusación particular, Juan Carlos Macarrón, advirtió al jurado en su informe final de que las versiones de los testigos estaban verificadas por las pruebas periciales forenses practicadas.

Los médicos forenses destacaron durante la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que la muerte le sobrevino a causa de los golpes recibidos, cuando no podía defenderse.

Víctor Laínez falleció cuatro días después de sufrir la agresión y Lanza fue detenido el día 11 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional. Desde entonces y hasta 15 día antes del juicio, ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera.


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Tribunales

La Junta Electoral Central multa a Sánchez con 500 euros por hacer campaña desde La Moncloa

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La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves sancionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 500 euros por haber hecho una entrevista en época preelectoral en el palacio de La Moncloa, lo que prohíbe la ley. La ministra Celaá ha sido también multada con 2.200 euros.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no permite, dentro de dicha época electoral, el uso de “medios institucionales” por parte de los poderes públicos para la promoción de logros, pero Sánchez, a criterio de la Junta, dio una entrevista con este cariz en la sede de la Presidencia del Gobierno antes de la campaña del 10N.

Por esta razón, la Junta abrió expediente sancionador a Sánchez, y este jueves ha resuelto sancionarle con 500 euros..

El acuerdo relativo a Pedro Sánchez establece una cuantía de sanción inferior a la propuesta final que ha trasladado a la Junta el instructor del expediente, el magistrado Eduardo de Porres.

Su propuesta estipulaba una sanción de 2.800 euros por incumplimiento del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto no permite que en época electoral los poderes públicos usen medios institucionales para la promoción de sus logros.

Dicha propuesta reparaba, por un lado, en que “la escenografía” visible en la entrevista que emitió La Sexta a finales de octubre delataba sin lugar a dudas que se estaba celebrando en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Tenía en cuenta, por otro lado, que la web de la propia Moncloa reprodujo íntegramente el contenido de la entrevista en cuanto acabó.

Además, Sánchez, cuando compareció en La Sexta, no era sólo el candidato socialista en las elecciones del 10 de noviembre, sino además presidente del Gobierno en funciones.

La LOREG establece que las autoridades públicas que infrinjan la norma podrán ser sancionados con cantidades entre los 300 y los 3.000 euros.

Los trece integrantes de la Junta -ocho magistrados y cinco vocales- han vivido al respecto un debate “intenso”, en opinión de fuentes de dicho órgano consultadas por Efe.

De hecho, seis vocales han anunciado que interpondrán un voto particular porque estiman que lo que procedía era el archivo del expediente sancionador.

Las fuentes de la JEC han destacado que en la división del órgano electoral, así como en la decisión de rebajar la sanción a 500 euros, han influido las alegaciones presentadas por Sánchez, que hacían hincapié en tres aspectos.

El primero, explican las fuentes, es que el presidente no decidió el lugar de la entrevista ni su realización, pues en ello intervinieron más personas; el segundo es que no controla él los medios de difusión de los que se provee Moncloa; y el tercero es que, una vez notificada la denuncia, en Presidencia retiraron la transcripción.

El PP fue quien denunció esta entrevista al entender que con ella Sánchez incurría en incumplimiento del artículo 50.2 de la LOREG. La Junta analizó la protesta de los populares, comprobó la infracción y decidió abrir expediente.

La sanción a Celaá obedece al mismo motivo, franquear el 50.2 de la ley electoral al efectuar declaraciones “electoralistas” en la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la cuantía es más alta porque a la ministra de Educación y entonces portavoz se le había apercibido por lo mismo antes de la apertura del expediente.

Como en su caso ha habido “reiteración” y como además se ha considerado que al tratarse de afirmaciones es la única responsable de la infracción, la JEC ha fijado la sanción en 2.200 euros.


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Tribunales

El Gobierno apuntala la reforma del Código Penal: “Las figuras de sedición y rebelión son propias del XIX”

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este jueves que hay que reformar “sin asustarse” el Código Penal, y en concreto se ha referido a las figuras penales de la sedición y la rebelión para afirmar que “son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX” cuando se pensaba en ataques “con tanques en la calle”.

Durante su intervención en el V Encuentro de la Asociación de profesionales de cumplimiento normativo, Campo ha citado expresamente “el problema catalán” y ha subrayado la necesidad de “repasar” esos tipos penales porque hoy la soberanía del país es atacada “de otras maneras” y esto hace necesario “un detalle” del Código Penal que dé una respuesta proporcional a esas actuaciones.

“Es la obligación del gobernante dar respuestas a distintas situaciones que se generan”, ha indicado después de afirmar que cualquier reforma del Código Penal “responde a la necesidad de acompasar tipos penales con realidades sociales”.

En este sentido, el ministro de Justicia ha opinado que si bien algunos piensan que la norma penal de 1995 lleva ya demasiadas reformas encima, a él lo que le preocupa realmente son “los vacíos, las lagunas y las impunidades”. Por este motivo, ha indicado que mientras no se pierda la esencia de “la Constitución en negativo” se debe seguir reformando el código para que el Estado se dote de un mejor sistema.

“NO ASUSTARSE POR LAS REFORMAS”

“Es necesario atender y no asustarse por las reformas del Código Penal en todos los ámbitos”, ha continuado, señalando por ejemplo la necesidad de adecuar tipos penales en el contexto de la libertad sexual después de que se hayan dado sentencias “que han abierto en canal a la sociedad”.

Para Campo, las nuevas realidades deben determinar cambios en el ámbito jurídico y penal, por lo que el legislador debe estar atento a esas demandas sociales y no asustarse a la hora de abordar nuevas realidades. Además, ha añadido que el debate se abrirá en el sitio “idóneo”, el Congreso de los Diputados.


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Tribunales

Una madre afronta tres años de prisión por golpear a su hijo, que había sacado malas notas

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La Fiscalía acusa a una madre viguesa de haber golpeado en múltiples ocasiones a su hijo, de unos diez u once años, en el domicilio familiar. El supuesto motivo: los problemas del niño en el ámbito escolar y doméstico. La mujer habría gritado al pequeño, así como azotado con un cable en las piernas; el niño también habría recibido puñetazos en el ojo y en varias partes de su cuerpo. Ahora, la progenitora se enfrenta a una condena de prácticamente tres años de cárcel, según informa La Voz.

El pequeño habría sido sometido a maltratos y vejaciones por parte de su madre desde el año 2018 por, supuestamente, sacar malas notas en el colegio. Según resalta la Fiscalía, el pequeño recibió bofetadas injustificadas, repetidos golpes en la cabeza y nuca, arañazos, tirones del pelo y de las orejas. Además, la madre también le habría insultado en múltiples ocasiones, llamándole «burro» o «don nadie» ante el fracaso escolar y su mal comportamiento en casa.

La acusación pública sostiene, en todo momento, que los maltratos para con la figura del niño fueron recurrentes en los últimos tiempos. De esta manera, relata que a finales del mes de abril del pasado año, la madre habría azotado a su hijo con un cable en las piernas para castigarlo por su comportamiento; tan solo un mes después, le golpeó en el ojo izquierdo, habiendo sido ambas agresiones en su casa. Cuatro días después de este último episodio de violencia, la profesora del menor se habría percatado de la situación, por lo que lo acompañó al médico, donde se le diagnosticaron los múltiples arañazos y hematomas que presentaba por todo el cuerpo.

El niño no quiso recibir una indemnización por parte de su madre después de las agresiones. El Juzgado de lo Penal número uno de Vigo será el encargado de resolver el caso. El juicio ha sido aplazado al 12 de febrero, ante la ausencia del forense, cuyo testimonio se considera clave para la resolución de este supuesto delito de maltrato habitual en el ámbito familiar – para el que se solicita una pena de año y medio – y otros dos de maltrato no habitual – que constituyen 15 meses de condena para la acusación pública -. Por otro lado, la Fiscalía solicita también que no se pueda acercar al menor en tres años y nueve meses.


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