Declarado culpable de homicidio imprudente el hombre que mató a otro que llevaba unos tirantes de España - ALERTA NACIONAL
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Tribunales

Declarado culpable de homicidio imprudente el hombre que mató a otro que llevaba unos tirantes de España

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Rodrigo Lanza
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El jurado popular del juicio por la muerte de un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España tras recibir una paliza en Zaragoza ha declarado culpable de homicidio imprudente al acusado, Rodrigo Lanza, y ha apreciado que actuó por motivos ideológicos. El veredicto determina que Lanza le causó lesiones con resultado de muerte pero considera que la muerte no fue intencionada.

El veredicto emitido este viernes por el jurado en la Audiencia Provincial de Zaragoza y que no ha sido alcanzado por unanimidad estima que no ha quedado probado que el antisistema Lanza actuara con el ánimo de causar la muerte de Victor Laínez, de 54 años, en diciembre de 2017 en el bar Tocadiscos de la capital aragonesa.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima y la acusación popular -que representa Vox- habían solicitado una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y motivación ideológica. Por su parte, el abogado de la defensa había solicitado la absolución, según informa Europa Press.

El dueño del bar donde se produjeron los hechos y varios testigos relataron en la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que luego fue golpeado de forma violenta cuando estaba en suelo, con patadas y puñetazos propinados por Lanza.

El propio Lanza, con la corroboración de su amigo, señaló que Laínez portaba una navaja y que se limitó a defenderse por miedo a morir. Sin embargo, el representante de la acusación particular, Juan Carlos Macarrón, advirtió al jurado en su informe final de que las versiones de los testigos estaban verificadas por las pruebas periciales forenses practicadas.

Los médicos forenses destacaron durante la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que la muerte le sobrevino a causa de los golpes recibidos, cuando no podía defenderse.

Víctor Laínez falleció cuatro días después de sufrir la agresión y Lanza fue detenido el día 11 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional. Desde entonces y hasta 15 día antes del juicio, ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera.


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Tribunales

Procesan al ex secretario general de UGT-A Fernández Sevilla por las facturas falsas cuyo fraude supera los 40 millones

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Los dos ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, a la izquierda y Francisco Fernández, a la derecha
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El juez de Instrucción número nueve de Sevilla ha dictado un auto en el que procesa al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas en el caso conocido como «facturas falsas» por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros».

En un auto fechado el día 3 de diciembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, entre ellas el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, «valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución» que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de Pastrana, acuerda el sobreseimiento por su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», añadiendo que «la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», como es «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

Según asevera el juez, «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

Métodos para el fraude

Seguidamente, el magistrado analiza «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito», como son el mecanismo llamado ‘rappel’, «por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa», o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A «se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no corresponderían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados».

Como tercera «vía de financiación fraudulenta», el juez señala que el sindicato «habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad» a la sociedad mercantil Soralpe -de la que UGT-A era socio único- «mediante contratos elevados a público entre dichas empresas». Así, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto».

En este punto, explica que, «tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES», agregando que, «en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento», pero, en este caso, «tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico Fresneda, ex secretario general de Administración, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica», una labor en la que además «contaba con el apoyo directo» del exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

Más de 40 millones defraudados

Al hilo de ello, el instructor precisa que, «para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración» de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, «prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes «se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención».

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, «para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente», se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.

«El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.


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Tribunales

Vox denuncia al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por un delito de odio

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Imagen de archivo de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valencia
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Vox presentará este martes una denuncia ante el juzgado de guardia de Valencia contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís. Según la formación que preside Santiago Abascal, Ribó acusó a Vox de «ser responsable de muchas de las agresiones contra las mujeres».

La denuncia será interpuesta por José María Llanos, Pepe Gosálbez, y Ángeles Criado, todos ellos cargos de Vox. Según explicó Gosálbez la pasada semana. «no se puede acusar a un partido que, precisamente, defiende la igualdad de todos ante la ley, sean hombres o mujeres y condena las agresiones contra las personas: mujeres, hombres, ancianos y niños. En Vox defendemos la libertad y la igualdad y condenamos la violencia y las agresiones de todos».

El pasado viernes, el alcalde de Valencia instó a todas las mujeres a que «opinen» si hay que reprobar al grupo de Vox en el Ayuntamiento por no sumarse al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres del pasado 25 de noviembre.

Reprobar a Vox es una opción que estudia el gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) por negar la violencia machista y no asistir el pasado jueves al acto institucional celebrado en el consistorio con motivo del 25N.

Ribó denunció a preguntas de los periodistas que es «una actitud absolutamente intolerable». «Su manera de afrontar la violencia contra las mujeres parece un alegato a determinados comportamientos machistas que son la base de la violencia de género», aseveró.


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Principado de Asturias

La Fiscalía cree que UGT-Asturias desvió 1,4 millones de euros

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La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.

El Ministerio Público pide la apertura de juicio

La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.


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