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¡Déjenlos en paz de una vez! Miles de españoles respaldan a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. ¡FIRME LA PETICIÓN!

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El Gobierno trata de expulsar a la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. «Nos oponemos de manera absoluta a este atropello, un ataque más a la libertad religiosa y de culto» señalan contundentes los firmantes de la campaña.

Cerca de 30.000 ciudadanos se han dirigido al nuncio vaticano en España, monseñor Bernardito Cleopas, para pedir «su intervención en defensa de los derechos de los cristianos españoles» toda vez que la fiscalía ha recibido una petición para que la comunidad benedictina del Valles de los Caídos sea expulsada de su abadía serrana en Madrid.

Los ciudadanos defienden que, de acuerdo con los tratados firmados por El Vaticano y España, la reclamación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no puede tener encaje legal en España. Así, afirman que quienes pretenden la expulsión de los monjes benedictinos de la abadía de la Santa Cruz, «ocultan que cualquier cambio en la situación de la Basílica y la comunidad benedictina debe pasar por los tratados firmados por el Reino de España y la Santa Sede».

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A través de la campaña, impulsada por HazteOir.org bajo el lema ‘Los benedictinos se quedan en el Valle‘, cerca de 30.000 ciudadanos expresan su rechazo al intento de expulsar a los monjes: «Nos oponemos de manera absoluta a este atropello, un ataque más a la libertad religiosa y de culto de los muchos que venimos padeciendo desde la llegada al poder del Gobierno actual».

En la petición, HazteOir.org recuerda que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica «es una organización izquierdista dedicada a la localización de las víctimas republicanas de la guerra civil. Su actividad coincide con precisión milimétrica con los enunciados de la ley de memoria histórica de Zapatero y con el proyecto de ley de memoria democrática de Sánchez» y alerta de que la llamada Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno de Sánchez «dictamina claramente la intención del Gobierno de acabar con el Valle».

Pese a todo, apuntan a un aliento de esperanza: «El Gobierno no ha concretado la forma en que pretende echar a los benedictinos de su basílica, ni lo que pretende hacer con el templo y la Cruz, así que todavía estamos a tiempo para reaccionar. Es urgente que sepan que nos tienen enfrente».


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Señoras y señores: Son ustedes ESCLAVOS. Disfruten lo votado. Sin hablar, sin música, sin televisión; el silencio que quiere implantar el Gobierno de Sánchez

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Un informe del Ministerio de Sanidad ha concluido que “una medida sencilla y eficaz para reducir el riesgo de contagio es el silencio” y por lo tanto  “en los restaurantes, mientras se está comiendo, es recomendable mantener unos niveles de ruido bajos (no poner música ni televisión) con objeto de reducir el tono de voz de las personas”. Todo esto con la supuesta intención de disminuir el riesgo por aerosoles.

A las catastróficas medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez está imponiendo en España, se añaden las últimas indicaciones de Sanidad. Tan severas como para incluir el «silencio» en bares y restaurantes.

Concretamente, en el punto «Actitudes que reducen la emisión de aerosoles por las personas’, explican qu“al hablar alto, hacer ejercicio o cantar se emiten más aerosoles que al permanecer en silencio o hablar bajo” y que “en el inicio de la pandemia se observó una gran tasa de ataque secundaria durante los ensayos de un coro, lo que apoyó la evidencia de la transmisión a partir de aerosoles, a pesar de la distancia interpersonal mayor de un metro, en ausencia de otras medidas adicionales de protección”.

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Como resultado de estas «observaciones» Sanidad ha saltado al terreno de las exigencias: 

 “Así, una medida sencilla y eficaz para reducir el riesgo de contagio es el silencio (…) Hay espacios en los que es de fácil aplicación, en transporte público o salas de espera (…) En lugares donde no es posible usar la mascarilla, como los restaurantes mientras se está comiendo, es recomendable mantener unos niveles de ruido bajos (no poner música ni televisión) con objeto de reducir el tono de voz de las personas, reduciendo de este modo la emisión de aerosoles”.

Comer, beber y tomarse algo sin música, sin televisión, hablando bajo o al poder ser en silencio, las nuevas indicaciones del Gobierno de Sánchez


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Los extremeños, en su estilo, peonadas sí. ¿Cultura? «Cosas de fachas»: El increíble caso de la demolición de una iglesia visigoda en Jerez de los Caballeros

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga el derribo de casi la totalidad de la iglesia Santa María de Brovales (Badajoz), erigida en época visigoda y de la que ahora solo queda en pie la puerta de acceso oeste y la espadaña que se alzaba sobre esa zona del templo.

Los técnicos de la Unidad de Protección del Patrimonio de la Junta de Extremadura se han desplazado a la finca privada en la que se encuentra, en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), para evaluar los daños en este bien patrimonial, según informan desde la Consejería de Cultura.

«Suceden cosas con una periodicidad que nos parece excesiva a todos los que nos dedicamos a estos temas, pero algo tan impactante como esto hacía mucho tiempo que no se veía», ha remarcado el arqueólogo Víctor Gibello Bravo.

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La iglesia se levanta sobre un yacimiento «muy importante» de época romana y aunque «a fecha de hoy aún no se habían realizado trabajos arqueológicos que permitieran afinar la cronología», se cree que «la fase más antigua es de época visigoda».

Posteriormente, cuando la Orden del Temple conquista el territorio, construye en el lugar «un oratorio de gran interés»; la ermita mantiene «sus usos religiosos hasta el siglo XIX» y tras su abandono, sirvió como casa de campo, ha explicado el arqueólogo.

Ahora, sobre esos bienes, «los propietarios han decidido su demolición», un hecho «realmente anómalo y absurdo» por el que «deberán responder en los juzgados correspondientes».

Del templo solo se conserva la puerta de acceso oeste y la espadaña, el resto, según Gibello, «ha sido totalmente eliminado con una retroexcavadora».

Así, han desaparecido «la cabecera, la sacristía, las naves y todas las estructuras existentes a su alrededor que eran diversas», algunas fruto de actuaciones «relativamente contemporáneas con la conversión de la iglesia en un cortijo o casa de campo».

El bien patrimonial, ha recalcado, puede estar en una propiedad privada, como sucede en la mayor parte de los casos, pero eso «no significa que el propietario de la tierra pueda hacer lo que quiera con ello, es un bien colectivo y como tal ha de ser respetado, preservado y conservado en todos sus elementos».

En este sentido, su protección está amparada por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Además, la iglesia está incluida en la normativa urbanística municipal de Jerez de los Caballeros con la categoría de «elemento singular de interés prioritario» en el Catálogo de Inmuebles de Valor Artístico Histórico Arquitectónico Exteriores al Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

El arqueólogo ha subrayado que el derribo de casi la totalidad de la iglesia es «una desgracia», algo «imperdonable», y los causantes del daño «tendrán que enfrentarse a lo que la justicia disponga sobre ello».

Ha recordado que el patrimonio histórico no es recuperable, cuando «un bien histórico se pierde, se pierde para siempre» y es algo que «no nos podemos permitir», porque «en cada bien histórico están nuestros orígenes, lo que somos» y «ninguna sanción» va a restituir el monumento.

Por ello, hay que dejar perfectamente claro que «no puede quedar impune un atentado a lo que es un bien de todos», de ahí «la importancia de educar a la sociedad para sensibilizar sobre ello».

Los hechos han provocado «varias denuncias», entre ellas la de Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) ante el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y ante la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura.

La asociación ha solicitado información sobre este derribo a ambas entidades, «por si esta agresión al patrimonio histórico ha podido tener algún tipo de respaldo legal».

En caso contrario, ha solicitado que se tramite un expediente sancionador de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, absolutamente dominado por el PSOE, ha estado mucho más pendiente de protestar contra una mina de uranio (que hubiera creado cientos de empleos directos e indirectos) que por proteger su patrimonio. Pero son de izquierdas: hay que perdonárselo. 


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Para un Obispo valiente que habla: El PSOE exige a Monseñor Reig Pla que rectifique por su artículo sobre la eutanasia

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«Esta es la hora en la que vuelven los «bárbaros» que, embriagados de poder, no saben sostener la casa común, el hogar familiar que ha significado y significa España», así comenzaba el artículo de Monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, publicado la pasada semana en Infocatólica con motivo de la aprobación de la ley de eutanasia.

España, un campo de exterminio

«Avanzada la llamada transición política, y con una Constitución española llena de ambigüedades, las fuerzas laicistas unidas a las fuerzas políticas partidarias de la relativización cultural, moral y religiosa de nuestro pueblo, han conseguido, –con la aprobación de leyes que permiten destruir la vida por nacer, tanto en el seno materno como en los laboratorios, y ahora con la aprobación de la Ley de la eutanasia– convertir a España en un «campo de exterminio»«, rezaba el artículo.

«Además de otras propuestas leyes permisivas anunciadas por distintos ministerios, la puntilla final a la libertad de conciencia y a la dignidad de toda vida humana, la han puesto la nueva ley de educación (2020) y la ley de la eutanasia (2021). Con ello las fuerzas globalistas, los lobbies financieros, sus terminales eutanásicas y el laicismo militante pueden darse por vencedores ante un pueblo anestesiado por los medios de comunicación, la fuerte ingeniería social desarrollada con la perversión del lenguaje, un Tribunal constitucional atrapado por el positivismo jurídico y que deja en desamparo lo que naturalmente constituye lo «específicamente humano»: la dignidad y el carácter sagrado de la vida, la diferenciación varón -mujer como riqueza de patrimonio de la humanidad, el bien del matrimonio abierto a la vida y la función social de la familia como pilares que sostienen una sociedad estable y con un horizonte de fraternidad», añadía Reig Pla.

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El PSOE le pide que rectifique y «deje de proferir sus ya demasiado habituales exabruptos verbales»

Ante tales palabras, tan duras como ciertas, el PSOE de Alcalá de Henares ha reaccionado, y no de buena manera: lo acusa de dividir a la sociedad y le exige que rectifique.

«Exigimos que el obispo rectifique y pida perdón por sus inaceptables declaraciones, y le rogamos que deje de proferir sus ya demasiado habituales exabruptos verbales».

Tacha además las palabras del Obispo de «lamentables», acusándole de ir en contra de la concordia de la fe cristiana: «el PSOE de Alcalá de Henares quiere mediante el presente comunicado, expresar el absoluto rechazo que nos provocan las lamentables declaraciones del obispo Reig Pla, que lejos de avanzar y profundizar en la concordia que predica la fe cristiana, parece una vez más empeñado en polemizar, polarizar y dividir a nuestra sociedad, que vive en una democracia plena en la que las leyes son propuestas, debatidas y aprobadas en las Cortes Generales, en representación de la soberanía nacional«.

Los socialistas han aprovechado su comunicado para legitimar su nueva ley, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, y que entrará en vigor en el mes de junio, convirtiendo a los médicos en verdugos.

«La recientemente aprobada Ley de Eutanasia evitará el sufrimiento innecesario y proporcionará una muerte digna a toda persona que así lo desee y manifieste libremente», defiende la rama socialista de Alcalá de Henares.

«Por todo ello exigimos al obispo Reig Pla, que pida disculpas y se retracte de sus palabras, así como que deje de proferir los exabruptos verbales con los que ya con demasiada asiduidad nos avergüenza a todas las alcalaínas y alcalaínos«.

Mons. Reig Pla se reafirma en lo escrito

¿Acaso basta con un comunicado faltoso para amedrentar a quien defiende la verdad? «La Verdad os hará libres» es también una premisa de esa fe cristiana que los socialistas parecen tan bien conocer apelando a la concordia.

Y eso es precisamente lo que le cuesta a Monseñor Reig Pla persecución y crítica. El obispado de Alcalá de Henares ha hecho pública su respuesta a la nota del PSOE, y en ella reitera que lo que el obispo critica es a conductas y leyes, nunca a personas.

«Respetar la Constitución Española no significa sacralizarla», ha recordado el obispado, explicando que la norma suprema consagra el derecho a la vida, pero de facto este derecho es irreal para los más indefensos, por ejemplo.

«Son muchos los años que el Obispo de la Diócesis soporta con paciencia acusaciones infundadas que no pueden encontrar fundamento en ninguno de sus escritos, homilías, etc.: “que es homófobo”; “que sueña en ver a todos los gais en el infierno”; “que no respeta a las mujeres”; “que cuando celebra a los mártires es un acto franquista”, etc. Son falsedades repetidas hasta la saciedad sin ninguna base. Es más, aprovechándose de estas mentiras, sin contrastar con el interesado, se produjo un acta de reprobación en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El Obispo no manda a nadie al infierno. Es más nos confía a todos a la misericordia de Dios. Si utiliza la palabra “infierno” es porque este es el lenguaje de quienes describen situaciones de destrucción en algunos ambientes. Quien escucha a estas personas, sabe de primera mano los sufrimientos ocultos y la hipocresía que existe en estas cuestiones», sostiene la nota, que fue publicada ayer.

Y todo, refiriéndose a su objetivo final con todas sus palabras hacia las nuevas políticas: el deseo de que se haga de Alcalá de Henares «el pueblo de la vida».


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Podemos ataca a los videojuegos con una nueva iniciativa “contra el machismo”. Del «macho alfa» no dicen nada…

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En la guerra por el feminismo, el nuevo campo de batalla es el terreno audiovisual. En este caso, le ha llegado el turno a los videojuegos.

Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que critica la «discriminación” que según ellos “sufren las jugadoras” que “soportan el sexismo en las partidas multijugador o en los vídeos de opinión en redes sociales, como Youtube o Twich”

Han afirmado que así pretenden “combatir la brecha de género en el mundo audiovisual» y afirman que sólo el «16,5% de las personas empleadas de forma directa en el sector de los videojuegos en España son mujeres. Una discriminación que no afecta únicamente a las desarrolladoras de videojuegos sino que también la sufren las jugadoras”.

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Hace unas semanas en un seminario telemático organizado por Irene Montero, la directora del Instituto de la Mujer (más conocida por animar a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad), Beatriz Gimeno afirmó que «muchas videojugadoras se esconden tras nicks masculinos» para evitar «acoso online», además de  «vejaciones» y «violencias machistas«, que aseguró son «habituales». «Cabe preguntarse si los estereotipos de género sexistas y discriminatorios que nos rodean están siendo potenciados por los modelos que reproducen determinados videojuegos».

Podemos ha instado al Gobierno a realizar «campañas de sensibilización con el objetivo de eliminar los prejuicios, estereotipos de género y comportamientos discriminatorios o de acoso hacia las mujeres en el sector cultural y, en particular, en el medio audiovisual y el sector de los videojuegos».

También señalan en la proposición la «brecha» en el mundo audiovisual. Según un informe de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) que han incluido en el documento, «sólo el 37,8% de los personales del cine español son mujeres». Una cifra que «disminuye hasta el 33% en el caso de los personajes protagonistas».

Finalmente han reclamado una «metodología de medición de la brecha de género en el Ministerio de Cultura y Deporte», que dirige José Manuel Rodríguez Uribes, así «como en sus organismos adscritos, colegiados y dependientes».


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