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Salud

El 90% de médicos admite que se realizan pruebas innecesarias por miedo a problemas legales

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El 89,8 por ciento de los médicos de los servicios de Urgencias españoles admite que se realizan pruebas diagnósticas de “utilidad dudosa” por prevención ante posibles problemas legales con los pacientes, según una encuesta entre 1.449 profesionales realizada por la Organización Médica Colegial (OMC), las sociedades españolas de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Este estudio, una actualización de los datos presentados en 2017, tiene como objetivo valorar cómo repercuten en los profesionales médicos que desarrollan su actividad profesional en Urgencias la medicina defensiva (excesivas pruebas diagnósticas para descartar incluso situaciones insólitas y evitar así denuncias de pacientes) y la iatrogenia (daño en la salud causado o provocado por un acto médico).

Ante esta situación, se cuestionó a los médicos sobre la presión judicial a la que son sometidos, el apoyo institucional que reciben en estos casos o la formación que reciben en materia médico-legal. Según sus respuestas, hasta un 91,3 por ciento siente que la presión judicial ha aumentado “claramente” en los últimos años, y el 88,7 considera que la amenaza de denuncia condiciona su práctica profesional.

Un 63 por ciento cree que esta situación alarga los tiempos de estancia de los pacientes. Todas estas percepciones, no obstante, disminuyen cuando se pregunta a los profesionales respecto a la opinión de su propia práctica personal. Los médicos lamentan igualmente la “falta de respaldo” ante un conflicto legal (en un 88% de los casos), como de la dirección de su centro (79,1%).

Además, hasta un 86,7 por ciento considera que no posee los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar estas situaciones. En base a todas estas estadísticas, demandan de una manera claramente mayoritaria (96,1%) que se debe potenciar la formación en esta materia. Finalmente, los médicos de Urgencias perciben un “alto riesgo” de reclamaciones y denuncias judiciales ante los tribunales (92,3%).

“Muy preocupante”

Durante la presentación de la encuesta, el presidente de la OMC, Serafín Romero, ha valorado como “muy preocupante” la práctica de la medicina defensiva, algo “extendido” entre los médicos. Para paliar esta situación, ha apostado, entre otras medidas, por la necesidad de disponer de un baremo de daños sanitarios. “Llevamos más de una década reclamándolo. Se está eternizando”, ha criticado.

En la misma línea, la presidenta saliente de SESPAS, Beatriz González López-Valcárcel, ha señalado que la iatrogenia “no es solo un problema clínico, sino de salud pública”. “Muchas veces en atención sanitaria más no es mejor”, ha reivindicado. Misma opinión ha expresado el coautor del estudio, Andreu Segura: “Prevenir, a veces, puede ser peor que curar. Es lo que ocurre en medicina defensiva”.

“Plantea un problema deontológico, ya que se genera un conflicto de intereses porque las decisiones del médico no se guían principalmente al beneficio del paciente, sino a protegerse de problemas legales. Además, recarga los servicios y dilata las esperas. También es un factor de riesgo para la iatrogenia, porque nos exponemos al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. Más datos no dan mejor comprensión de la realidad. Hay que asumir que nos podemos equivocar”, ha defendido.

Siguiendo con las posibles soluciones para atajar esta práctica, el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez Fernández, coautor del estudio, ha apostado por crear la especialidad de Urgencias y Emergencias. “Resolvería muchos problemas, ya que muchos de los médicos no están formados en este tema legal. Desde luego, no saldrían estos porcentajes de preocupación”, ha aseverado.

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Salud

Alerta sanitaria en Madrid: desaparece un mena que tendría tuberculosis del centro de acogida de Hortaleza

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La Policía Municipal ha emitido una alerta después de que un menor extranjero no acompañado (mena) que podría tener tuberculosis, de 17 años de edad, se haya marchado de forma voluntaria del centro de Primera Acogida de Hortaleza, situado en la calle Valdetorres del Jarama.

En la alerta se dan los datos personales del menor y se recomienda a los agentes que extremen sus medidas de autoprotección en caso de localizar al joven, que se encuentra en paradero desconocido.

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Salud

La empresa investigada por la listeriosis también vendió la carne mechada a una marca blanca

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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha ampliado la alerta sanitaria por el brote de listeriosis provocado por la carne mechada “La Mecha” de la empresa Magrudis a la comercializadora sevillana Comercial Martínez León, que distribuía el producto bajo una marca blanca tras detectarlo los inspectores sanitarios en un establecimiento minorista de Brenes el día 21 cuando la orden de retirada de todos los productos de Magrudis se decretó el 15 de agosto.

Los inspectores municipales tardaron en comunicar con los responsables de esta comercializadora, al estar cerrada por vacaciones, si bien esta mañana han entrado finalmente e inmovilizado la “pequeña cantidad” procedente de la fábrica de Magrudis y los responsables de Martínez León aseguran “verbalmente” haber contactado con todos sus clientes para que retiren la carne.

Además, el 20 de agosto se enviaron muestras al laboratorio municipal del Ayuntamiento de Sevilla del resto de productos fabricados por la empresa Magrudis y los resultados provisionales revelan “contaminación bacteriana” en el lomo al Jerez y a la pimienta, según confirmó el delegado municipal de Salud, Juan Manuel Flores.

El número de afectados por listeriosis en Andalucía asciende a 186 de los 99 están hospitalizados (18 confirmados), entre ellos 38 embarazados, según los datos facilitados hoy por el portavoz del gabinete de seguimiento de la Consejeria de Salud, el doctor José Miguel Cisneros. Un hombre de 72 años ingresado en cuidados paliativos por un cáncer de páncreas con metástasis y según Cisneros presentaba listeria en sangre pero de momento no hay constancia de que consumiera la carne mechada.

Respecto al origen del foco de la infección, señaló que los análisis que han revelado la infección en las máquinas mechadoras usadas para rellenar la carne antes de su horneado, lo que confirme que “la contaminación de la empresa era elevada” y siguen investigando el resto de maquinaria e instalaciones.

Por otra parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ampliado la alerta alimentaria sobre el brote de listeriosis a nuevos productos de la marca ‘La Mechá’. En concreto, recomiendan no consumir crema de carne mechada, manteca colorá, pringá estilo casero, zurrapa de hígado, zurrapa de lomo blanca y zurrapa de lomo roja ni en 250 ni en 465 gramos ante su posible riesgo de contagio.

Así lo ha publicado la AESAN en una nota informativa tras una nueva notificación de la Junta de Andalucía sobre los productos posiblemente contaminados en la fábrica de la empresa Magrudis, responsable de la fabricación de la carne mechada ‘La Mechá’ que ha producido casi una decena de contagios de listeria en varios puntos de la geografía española, principalmente Andalucía.

Según la AESAN, la distribución de estos nuevos productos no recomendados se ha realizado “mayoritariamente” en Andalucía, y en “menor proporción” en Madrid y Cataluña. En cuanto a otros alimentos de Magrudis que ya aconsejó no usar el pasado miércoles(chicharrón andaluz, lomo al jerez, lomo al pimentón y lomo casero al pimentón), AESAN ha informado a las comunidades autónomas sobre su distribución de en Andalucía y en “pequeñas cantidades” en Madrid, informa Ep.

De acuerdo con Sanidad, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid han constatado que “todo el producto vendido a la empresa de Madrid no había llegado finalmente a esta comunidad autónoma, sino que se comercializó en Andalucía”.

Toda esta información ha sido transmitida al resto de Estados miembros de la Unión Europea, pero la AESAN asegura que “no hay constancia de distribución de producto fuera de España”.

Como medida de precaución, aconseja a las personas que tengan en su domicilio algún envase de estos productos de ‘La Mechá’ que “se abstengan de consumirlo, y que en el caso de haberlo consumido y de presentar alguna sintomatología, acudan a un centro de salud”.

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Salud

Sanidad tardó cuatro días en alertar públicamente del brote de listeria

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El Ministerio de Sanidad ha tardado cuatro días en informar públicamente del brote de listeria por consumo de carne mechada que comenzó en Andalucía. El pasado viernes el Gobierno andaluz comunicó la alerta sanitaria y aunque el Ministerio activó la red de vigilancia alimentaria y la epidemiológica al día siguiente, ni la Agencia de Seguridad Alimentaria ni la propia ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, informaron de ella a la ciudadanía.

Carcedo esperó a hacerlo ayer, a su vuelta de Asturias, donde este mes de agosto se ha dejado ver en numerosos actos públicos. La Agencia de Seguridad Alimentaria también publicó ayer su primera información sobre la intoxicación en su página web, pese a que las asociaciones de consumidores llevaban días pidiendo al Ministerio de Sanidad que declarara una alerta nacional porque era un brote difícil de contener en Andalucía. Hasta la fecha la intoxicación alimentaria ha dejado un rastro de casos que afecta a Asturias, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Extremadura y Madrid.

Los afectados de otras comunidades autónomas son personas que consumieron el producto durante sus vacaciones en Andalucía. Pero también han llegado partidas por canales de distribución diferentes a los de la empresa fabricante.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad información clara y precisa sobre los establecimientos que han vendido el producto. La OCU cree que solo así se puede poner fin a la incertidumbre de los consumidores que han consumido este tipo de producto en establecimientos de restauración, sin saber la marca que estaban ingiriendo. «Esta falta de información provoca incertidumbre entre los consumidores y puede dificultar la detección y tratamiento rápido de los posibles afectados», señalan en una nota.

La organización Facua también ha constituido una plataforma de afectados y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales por la contaminación para depurar responsabilidades y reclamar indemnizaciones.

La organización exige responsabilidades a la empresa de la marca «La Mechá» por los daños causados a los cientos de afectados y recuerda que tienen derecho a una indemnización por los daños sufridos.

La empresa podría hacer frente a una sanción por una conducta constitutiva de infracción administrativa en materia de seguridad alimentaria al haber causado un riesgo para la salud. Este tipo de infracciones se pueden penalizar con multas que van desde los 5.000 a los 600.000 euros, en función de la gravedad. Será la Junta de Andalucía la que deberá decidir la cuantía de la sanción correspondiente.

El Ministerio Fiscal podría valorar también si se ha cometido un delito que podría conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión.

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