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Ejército

El coronel Fernández Navarro ya advirtió a sus mandos cuáles serían las consecuencias de la ley de memoria histórica

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Javier Navascués.- El pasado 27 de diciembre del 2018 se cumplieron 11 años de la entrada en vigor, con su publicación en el BOE Nº 310 (27/12/2007) de la llamada “Ley de la Memoria Histórica” (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) sancionada por S.M. el Rey Juan Carlos. El coronel Lorenzo Fernández Navarro sufrió una sanción disciplinaria por realizar un informe sobre ella. En esta entrevista nos cuenta al detalle todos los pormenores del asunto.

¿Cómo valora las consecuencias que tuvo su informe sobre la Ley de la Memoria Histórica? ¿Piensa que el tiempo le ha dado la razón?

En primer lugar es necesario poner de manifiesto que mi informe era “reservado” es decir, dirigido exclusivamente a mi superior, cauce que permite la disciplina para poner en conocimiento del superior Jerárquico hechos o circunstancias que por su gravedad, y la trascendencia de sus consecuencias, se considera necesario que sean conocidos y valorados por el “Mando”

Sin embargo, parece que el informe fue filtrado a la prensa. ¿No es así?

Efectivamente, así fue. Y además filtrado de forma parcial y sesgada, con claro fin de utilidad política, agitando el fantasma del “ruido de sables” con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo del 2008. Recuerde aquella conversación “of de récord” que un indiscreto micrófono abierto divulgó, y en la cual Iñaqui Gabilondo al final de una entrevista a Zapatero, le preguntaba si les interesaba cierta tensión al final de la campaña electoral. A lo que Zapatero contestó afirmativamente de forma explícita.

¿Qué sanción se le impuso? ¿Tuvo posteriormente consecuencias profesionales?

Se me impuso la sanción disciplinaria de un mes recluido en mi domicilio, “sin perjuicio del servicio”. Es decir, durante treinta días, solamente podía salir del mismo para cumplir la jornada laboral de mis obligaciones en el destino. Todo ello al apreciarse la comisión de la falta leve nº 34 del artículo 7 de la Ley Disciplinaria Militar. Cajón de sastre para encajar una conducta que no aparezca explícitamente tipificada en la Ley. Pero al mismo tiempo se me incoaba un expediente disciplinario por presunta falta grave, que debería llevarme a un establecimiento disciplinario, es decir a la prisión Militar de Alcalá de Henares. Y en cuanto a las consecuencias profesionales por las que me pregunta, fueron la “pérdida del destino” con el gran perjuicio que ello implica -incluido el económico- y posteriormente ser vetado para ocupar un destino en la reserva, lo que multiplicaba el perjuicio que suponía quedar en situación de “disponible” hasta la fecha de pasar a la situación de reserva y prolongándose con ello el “castigo” hasta pasar a la situación de retirado.

¿Cuál fue la razón que le llevó a redactar el informe?

Perdone que insista: Informe Reservado. Mi destino era el de coronel jefe del Campo de Maniobras y Tiro de Santa Cruz de Parga, en Lugo. A lo que unía el cargo de comandante militar de la Coruña y Lugo. Tanto en la comandancia del campo de tiro, como en el edificio del Gobierno Militar de La Coruña, tenía elementos ornamentales que se verían afectados por la iconoclasta y cainita ley 52/2007 como era el caso de un precioso escudo con el Águila de San Juan tallado en piedra berroqueña, situado sobre el dintel de la puerta de la comandancia del campo de tiro. Escudo que con la leyenda “Una, Grande y Libre” había figurado en la bandera de España hasta el 18 de diciembre de 1981 y que sigue figurando -y ennobleciendo su primera página- en la Constitución de 1978, aunque posteriormente haya sido eliminado de la bandera mediante un “plumazo” en forma de Real Decreto. Y tras lo cual, con la entrada en vigor de la infame ley 52/2007, ha sido perseguido con saña. Algo absolutamente inconcebible para un escudo que sigue figurando en la primera página de la vigente Constitución que todos los cargos han jurado respetar y hacer cumplir.

El coronel Lorenzo Fernández Navarro

Entiendo que usted conocía en profundidad la ley 52/2007

Así es. Como ya le he dicho, al haber seguido su tramitación parlamentaria a través de los medios de comunicación social, sabía que su entrada en vigor afectaría a elementos ornamentales que se encontraban en el ámbito de mi responsabilidad. También era consciente de que la mal llamada “ley de la memoria histórica” era un torpedo bajo la línea de flotación, o una bomba de relojería en la santabárbara de la Constitución de 1978 como queda claramente expuesto en el informe reservado que consideré mi obligación elevar al Mando y que le entregaré al final de la entrevista por si considera de interés insertarlo.

¿Puedo hacerlo? ¿No es un informe reservado?

Puede hacerlo si lo considera de interés para sus lectores, puesto que el informe ya está “desclasificado” al haber sido primero “filtrado” parcialmente a la prensa por el Ministerio de Defensa y posteriormente al haber sido recogido en su integridad en una resolución judicial en la que se determinaba la inexistencia de responsabilidad por esa filtración. Resolución judicial cuya finalidad no era otra que dejar impune a la persona o personas responsables de haber filtrado a la prensa un informe clasificado, y que por ello podían haber incurrido en un delito de “revelación de secretos oficiales”

¿Sabe usted quién filtró a la prensa el informe reservado?

Exactamente no, pues como ya le he dicho, la autoridad judicial en lugar de investigarlo, y a pesar de las evidencias que permitían determinarlo, optó por dictaminar que no había responsabilidad en ello. Los responsables militares fueron el JEME Carlos Villar Turrau y el entonces JEMAD Julio Rodríguez Fernández, hoy renegado de la Fuerzas Armadas, marioneta de PODEMOS y “machaca” de Pablo Iglesias. Claro que si tenemos en cuenta el “quo prodest”, sin duda implicaremos a José Luís Rodríguez Zapatero y a la entonces ministro de Defensa Carmen Chacón q.e.p.d. Aunque también hubo quienes les facilitaron las cosas poniéndoles el informe reservado en las manos.

¿Se sintió usted traicionado por sus mandos o por el Ministerio de Defensa?

Mire, ya me han hecho esta pregunta alguna vez y voy a responderle de igual forma: Ni traicionado ni sorprendido. Solo te puede traicionar quien defrauda tu confianza. Nunca el enemigo. Y por ello quiero exponerle estas consideraciones. El 28 de diciembre del 2007 había entrado en vigor la infame, iconoclasta y cainita ley de la memoria histórica. Y el 4 de enero del 2008 llegaba a las unidades un MESINCET (mensaje sin clasificar del Ejército de Tierra) en el que se pedía a todos los jefes de las UCOS (unidades, centros y organismos) que tenían en los edificios de su responsabilidad elementos que se vieran afectados por la ley 52/2007 que hicieran un inventario de los mismos con la finalidad de eliminarlos. Y se daba el plazo de veinte días para que se remitiera el inventario.

Se hacía evidente que la “cúpula militar”, más allá de cumplir una disposición legal, sentía verdadera urgencia, e indisimulada satisfacción, por implementar una ley cuya esencia era la condena del anterior Régimen al que habían jurado lealtad. Como ya le he dicho, la ley 52/2007 es una bomba de relojería que ha estallado en la santabárbara del régimen constitucional de 1978, y o se apaga pronto el incendio provocado, y se reparan sus efectos derogando o modificando sustancialmente la ley, o hará naufragar la nave del Estado Constitucional. El penúltimo capítulo de esa novela negra que se ha comenzado a escribir con la aprobación de ley 52/2007 es la profanación de los restos de Franco. Y que nadie dude que su último capítulo es la proclamación de la tercera república, que como edición corregida y aumentada de la segunda, será “casus belli”. Si es que el sentido común de los españoles no lo evita. Esa advertencia era la esencia de mi informe reservado.

¿Lo dejaba usted así de claro en su informe?

Efectivamente. Primero en la respuesta al mensaje en que se pedía la relación de elementos que habrían de suprimirse en aplicación de la ley, donde yo ponía de manifiesto que el escudo con el Águila de San Juan no debería verse afectado por la ley 52/2007 pues había sido el escudo oficial del Estado Español desde el 2 de febrero de 1938 hasta el 19 de diciembre de 1981 y como tal había sido reconocido y respetado, no sólo por los españoles, sino también por toda la comunidad internacional. A su amparo, y durante su vigencia legal, había tenido lugar el nombramiento de S. M. Juan Carlos I como Rey de España y Jefe del Estado, así como también había tenido lugar el proceso constituyente y la promulgación de la vigente Constitución de 1978, por lo que no podía considerarse ni “inconstitucional” ni “preconstitucional”, ya que la Constitución, no sólo no lo había suprimido, sino que había coexistido con ese Escudo durante tres años. Por ello en ningún caso el escudo con el Águila de San Juan podía considerarse afectado por el artículo 15 de la ley 52/2007 que disponía “la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura” pues el que había sido el Escudo Oficial de la España Una, Grande y libre, aunque hubiera dejado de serlo, era un elemento ornamental acreedor de respeto por su carácter histórico. Al final añadía: “estas consideraciones se ampliarán con otras que, dada su naturaleza, serán remitidas mediante correo oficial con clasificación de RESERVADO de acuerdo con lo establecido en la IG 8/89

Ciertamente sorprende que un escudo que figura en la primera página de la vigente Carta Magna, sea perseguido. ¿Qué justificación o explicación puede tener?

Justificación ninguna. La explicación se la voy a dar. No fue un olvido que en la Constitución de 1978 se definiera la bandera de España pero no su escudo. Fue a propio intento, para cambiarlo en cuanto se pudiera, de igual forma que en el Artículo 2, tras proclamar que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” se reconocían las “nacionalidades”. Todo ello fueron argucias de unos auténticos “trileros” de la política, para dejar la puerta abierta en un futuro a los designios ocultos que no se atrevían a plantear abiertamente.

No cabe duda de que si al iniciarse la “Transición” se hubiera explicado lealmente al pueblo español lo que se pretendía, cuál era su verdadero objetivo, y que no se trataba de una “reforma política” como se le dijo, sino una “ruptura”. Simple y llanamente la demolición desde sus cimientos de la España Una, Grande y Libre, y que se iba a cambiar el escudo de la bandera de España (lo que mantuvieron oculto y no se atrevieron ni a plantear en la Constitución) para finalmente perseguirlo y demonizar a Franco como hace la infame ley 52/2007, el resultado de la consulta popular hubiera sido un “No” rotundo a la Reforma Política, a la Constitución e incluso a la Monarquía.

Este mismo problema se les planteó también a los promotores de la ley 52/2007 que buscaban proscribir el régimen de Franco como se pone de manifiesto comparando el texto del Proyecto de Ley, con la Ley que finalmente se aprobó.

En el proyecto de ley, en su artículo 17 Símbolos y monumentos públicos, se dispone claramente la retirada del “Escudo que se identifica con el régimen instaurado en España al término de la Guerra Civil”

Pero en cambio, al aprobar la ley, en el artículo 15 y con el mismo título que en el proyecto, se suprime esta referencia concreta al escudo que se identifica con el Régimen, y se sustituye por una prolija “gaseosa” en forma de circunloquio, para decir lo que no era posible decir abiertamente.

Y así quedó redactado el artículo 15 en los siguientes términos: “Retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”

La cosa no es baladí y pone de manifiesto que los promotores de la ley fueron muy conscientes del escollo que tenían que orillar. En efecto, con la redacción dada en el proyecto de ley, al declarar ilegal el escudo del anterior régimen y exigir por ello su retirada, dinamitaban toda la transición, pues era tato como declarar ilegal el régimen de Franco. Algo que esencialmente era lo buscado, pero que no podía establecerse en una ley. Pues entonces era ilegal la Ley de la Reforma Política, la Constitución, la Monarquía e incluso la propia Ley 52/2007 que se pretendía aprobar. Y en definitiva quedaba fuera de la Ley toda la estructura política que había surgido del régimen de Franco por transformación legal -el famoso de la ley a la ley- fundamento de la Transición y de la actual Régimen político. El problema era ciertamente de enorme magnitud. ¿Cómo resolverlo? La solución era fácil, al igual que se había hecho en la Constitución. Dar a la ley una redacción lo suficientemente ambigua como para que luego, en su aplicación, se pudiera hacer torticeramente lo que la ley no disponía…. porque no podía disponerlo, sin que se viniera abajo todo el edificio de la Transición.

Al principio de la entrevista usted ha dado a entender que alguien puso su informe reservado en manos del JEME y del JEMAD Julio Rodríguez: ¿Puede ser más explícito? ¿Fue acaso el mando que le sancionó?

No. La sanción me la impuso, como superior Jerárquico, mi mando directo. El general de División Ángel Guinea Cabezas de Herrera, porque así se lo exigió el JEME Carlos Villar Turrau cuando tuvo conocimiento del informe reservado. El general Guinea tenía el informe desde hacía veinte días, sin que hubiera tomado ninguna providencia. Algo lógico por tratarse de un informe reservado elevado a su autoridad sobre un asunto del servicio. De haber considerado que había motivo para imponer una sanción, sin duda lo hubiera hecho el día diez u once de enero -en cuanto recibió el escrito fechado el día 9- tal como dispone el Régimen Disciplinario cuando un superior tiene conocimiento de la comisión de una falta por un subordinado. Sin embargo no fue hasta el día 1 de febrero, veinte días después, cuando hallándose en la Academia de Artillería de Segovia, le llamó indignado el JEME Carlos Villar Turrau, ordenándole que me sancionara. El General Guinea pudo haber aducido al JEME que, no habiéndolo hecho hasta la fecha al considerar que no había motivo para ello, no podía hacerlo ahora veinte días después. Pero que si lo consideraba oportuno, me sancionara él, pues tenía potestad para ello. Pero no obró así, me impuso la sanción que este le exigía. Es preciso decir que estaba pendiente de retornar a una “canonjía” en EE.UU de la que había estado disfrutado hasta hacerse cargo de la SUIGE-4 en Valladolid y tal respuesta podría malograrlo.

He de decir no obstante que el informe reservado no llegó a manos del JEME, ni por el general Guinea, ni por el IGE el TG Torres desde Barcelona, sino que fue llevado a Madrid por el TG Yagüe Martínez del Campo desde La Coruña, una vez que lo conoció “oficialmente” pues tuvo el temor de que pudiera llegar a manos del JEME y se le exigieran responsabilidades por no haber informado. Decir finalmente que el JEME ordenó la iniciación de otro expediente disciplinario, ahora por la posible comisión de una falta grave, que debería llevarme a prisión militar. No fue así porque el juez instructor del expediente, obrando en conciencia, y aún sabiendo que el deseo del JEME -y del JEMAD Julio Rodríguez- era que se me sancionara con mayor severidad, lo resolvió determinando que no había cometido un acto de indisciplina y concluyendo por ello que “no se derivaba responsabilidad disciplinaria comprendida en el art.8.18 de la LORDFAS” Es decir, no apreciaba la comisión de una falta grave de las tipificadas en la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Fuerzas Armadas. Cabría decir que, si no había cometido un acto de indisciplina al elevar al Mando un informe reservado sobre un asunto del servicio que me concernía, y por ello el juez instructor no apreciaba la comisión de falta grave, tampoco debió apreciarse la falta leve, y en consecuencia no debí ser sancionado. Quiero hacer patente que el juez instructor que resolvió en conciencia lo que consideró justo, fue el general Carlos Blond Álvarez del Manzano. Y lo hizo así, aún sabiendo que el deseo del JEME y del JEMAD era que apreciara la comisión de una falta grave, y que en consecuencia cumpliera otra sanción en la prisión militar de Alcalá de Henares para la que me serviría de “abono” el tiempo pasado en arresto domiciliario.

Según he creído entender en su anterior explicación, quien hizo llegar el informe reservado al JEME fue el general Yagüe, desde La Coruña ¿Es así?

Efectivamente. Y esta diligencia del teniente general Yagüe poniendo en conocimiento del JEME el contenido del informe reservado, le fue recompensada con una puñalada trapera en la espalda, pues la filtración a la prensa se hizo desde Madrid, pero en primer lugar a la “Voz de Galicia” y al día siguiente al PAÍS y al ABC como si se “hicieran eco” de la noticia aparecida en La Voz de Galicia. En días sucesivos también se “pasó la noticia” al resto de la prensa nacional. Esta argucia de hacer la primera filtración al diario “La Voz de Galicia” indignó al general Yagüe, pues ponía en evidencia que su objetivo no era otro que encubrir el origen de la filtración del documento desde Madrid -por el JEME o por el MINISDEF- dando con ello a entender que la filtración tenía su origen en La Coruña.

Esta labor de intoxicación pone en evidencia que fue un plan perfectamente urdido dentro de lo que bien pudieron haber llamado “operación ruido de sables” y mediante la cual el JEME, el MINISDEF o ambos, pretendían encubrir la acción ilegal de divulgar un documento militar clasificado con la finalidad favorecer los espurios intereses políticos del PSOE, partido en el Gobierno, de cara a las cercanas elecciones generales. El TG Yagüe había llevado el informe a Madrid para “curarse en salud” pero no para que se filtrara a la prensa. Y para más “inri” se había pretendido encubrir la acción ilegal aparentando que su origen estaba en La Coruña, lo que era tanto como desviar la responsabilidad al TG Yagüe por la filtración de un documento clasificado. Nada pues tiene de extraño su indignación.

¿En que se motivó la imposición del correctivo?

Esencialmente que “en el informe se combinaba una crítica partidista de su finalidad y contenido, con una información al Mando falta de objetividad, templanza y mesura” A lo que en mi recurso alegué que el informe no podía ser considerado “partidista” puesto que no hacía referencia a ningún partido político; cabría en todo caso considerarlo “partidario” en cuanto puede inferirse que en el fondo del mismo subyace una defensa del General Franco y de su obra, algo que no debe ser considerado grave cargo contra un soldado que lo tuvo por jefe, cuyo primer despacho de oficial está firmado por su autoridad; y mucho menos debería ser sancionado por un Mando al que alcanzan iguales vínculos”. Obviamente el recurso no fue estimado. Tampoco yo lo pretendía. Aunque sí, como se hace evidente en el último razonamiento expuesto, “remover las conciencias” de quienes, con mansedumbre inaudita, callaban ante la venalidad de una ley que además de afrentar a cuantos habíamos Jurado Bandera antes de 1975, era un torpedo bajo la línea de flotación del “Régimen Constitucional”. ¿Conseguí mi propósito?…. probablemente sí en alguna conciencia. Evidentemente no en los carentes de ella. En flojos, falsos o traidores, como es el caso de Julio Rodríguez, el “machaca” podemita de Pablo Iglesias.

¿Quiere añadir algo más?

Sí. Dejar claro que cuando entró en vigor la infame ley 52/2007 el JEME era Carlos Villar Turrau. Recientemente en un medio digital se decía que quien me había “arrestado” por el informe había sido el teniente general Fulgencio Coll Bucher. Esto es absolutamente falso y tengo el mayor interés en desmentirlo. Aunque ya dejé un comentario a la noticia en el medio digital que lo publicaba, deshaciendo el equívoco, quiero hacerlo nuevamente en El Diario de Madrid por si alguien se encuentra en el mismo error. El TG Fulgencio Coll accedió al cargo de JEME con posterioridad a los hechos y a la sanción disciplinaria. Y precisamente, gracias a él, las disposiciones iconoclastas de la nefanda ley 52/2007 no se materializaron en el Ejército hasta agotarse el plazo señalado para ello a finales del 2008. Además, en lugar de proceder a la destrucción de los elementos proscritos por la ley, como se ha hecho en muchos monumentos de organismos dependientes de otros ministerios, fueron cubiertos por reproducciones del escudo actualmente vigente.

Quiero resaltar también el hecho de que el escudo que actualmente figura en la Bandera de España tiene su origen legal, no debemos olvidarlo, en la aprobación y sanción de la Ley 33/1981de 5 de octubre, estableciéndose su uso por el Real Decreto 2964/1981 de 18 de diciembre. Y como ambas normas son de rango inferior a la Constitución, pueden ser modificadas fácilmente. Pues mediante nueva ley aprobada por algún Gobierno, se puede restituir sobre la bandera de España que define el Art. 4-1 de la Constitución, el escudo con el Águila de San Juan vigente en el momento de entrar en vigor la Carta Magna. Escudo que figura en su primera página y que fue el Escudo Constitucional de España durante tres años. Por ello es de la mayor importancia que el TG Coll Bucher evitara la irreparable destrucción de unos elementos artísticos que un día, cuando cese la persecución iconoclasta que sobre ellos ha impuesto la infame Ley 52/2007, vuelvan a ser un vestigio histórico digno del mayor respeto. O incluso vuelva a ser el escudo oficial de España.

Gracias a la valiente disposición del TG Coll Bucher, se cumplió la imposición política de hacer desaparecer el escudo con el Águila de San Juan, pero evitando la “talibanada” de su destrucción como se pretendía. Acción irreversible que ha tenido lugar en otros muchos edificios y monumentos no pertenecientes al Ejército. Esto es de justicia que se sepa. O dicho en términos del prefacio litúrgico: Es justo y necesario.

Finalmente considero de posible interés para los lectores del Correo de Madrid, que conozcan en su integridad el Informe Reservado que dio lugar a la sanción disciplinaria. En él ya advertía al Mando, por el conducto que establece la disciplina, de las consecuencias que tendría la infame ley “de la memoria histórica”. Y el tiempo me ha dado la razón.

¿Fue precisamente el hecho de que pusiera al descubierto cual era el objetivo de la ley, y que consecuencias tendría, lo que indignó al hoy “podemita” Julio Rodríguez, a Carmen Chacón y a Rodríguez Zapatero? Muy posiblemente. Pero en cualquier caso yo cumplí con mi obligación advirtiendo al mando sobre ello.

Por tal motivo, ni me arrepiento de haber elevado el informe, ni me lamento por sus consecuencias.

Cuando en cierta ocasión un general me dijo que tenía toda la razón del mundo en cuanto se decía en el informe, que nunca se debió filtrar a la prensa, y que tampoco debí ser sancionado por ello, añadiendo que “no me hiciera mala sangre” le respondí: Tengo la conciencia muy tranquila mi general. He querido irme del ejército dando testimonio de mis lealtades. Y estoy agradecido al mando porque me haya dado ocasión de ello.

Ahora pueden leerse multitud de declaraciones en donde se ponen de manifiesto las mismas consideraciones sobre las que yo quise alertar a mis superiores. Basta con leer el informe para corroborarlo.

INFORME RESERVADO

En relación con los mensajes COMIL CORUÑA, Rfa. SECRETARIA Nº 08201942342 de 07/01/2008 y JECAMPO PARGA Rfa. SECRETARÍA Nº 009 G-3 HISTORIALES de 08/01/2008 relativos a la Ley 52/2007, se eleva al Mando las siguientes consideraciones:

De la lectura y análisis de la Ley 52/2007 se desprende que, a pesar del prolijo circunloquio establecido en su Exposición de Motivos, la eliminación de cualquier símbolo que represente la legalidad del Estado Español antes de la promulgación de la Constitución de 1978, poco o nada tiene que ver con una “Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”

Tampoco pretende -como proclama- la reconciliación entre los españoles, pues trata de establecer con rango de ley, quién eran los “buenos” y quién los “malos” y por ello no promueve la coexistencia de símbolos -que ya la hay- sino la supresión de los símbolos de los “malos” excepto cuando su retirada no sea posible en la que se exige el acompañamiento.

Toda la letra y el espíritu de la Ley 52/2007 trata de establecer el principio de que la única legalidad institucional es la anterior al 18 de Julio de 1936.

Sin entrar en detalle de tamaña falacia, conviene recordar que la proclamación de la Segunda República fue enteramente ilegal.

Ilegal o alegal en su inicio, pues las elecciones que dieron paso al cambio de Régimen, eran municipales, para determinar la composición de las Corporaciones Locales, no un plebiscito para determinar la forma del Gobierno de la Nación, ello además de que la proclamación de la Segunda República tuvo lugar antes de finalizar el escrutinio y sin tener en cuenta sus resultados, por lo que no fue otra cosa que un Golpe de Estado Civil. Y en cuanto a cualquier vestigio de legalidad de ejercicio, desapareció el 11 de Mayo, antes de haber transcurrido un mes de su proclamación.

El espíritu de la Ley 52/2007 de negar cualquier legalidad que no proceda de la Segunda República, es tan evidente que se encuentra por doquier, como es el caso de que tras proclamar que pretende “suprimir elementos de división entre los ciudadanos para fomentar la cohesión y solidaridad” establece el “reconocimiento singularizado de los integrantes de las Brigadas Internacionales” sin hacer lo propio con los voluntarios extranjeros en el otro bando.

En definitiva, el espíritu y la letra de la tantas veces citada Ley 52/2007 no es otro que el dejar sentada la base de que no hay otra legalidad que la -según el legislador- Republicana, interrumpida el 18 de Julio de 1936 y por ello, aunque formalmente cite a la Constitución de 1978 y sus valores democráticos, como referencia temporal para establecer el final de la “dictadura”, en la práctica niega la legalidad de S.M. el Rey, tanto si se considera la Monarquía “Instaurada” como “Restaurada” y desde luego pone también en entredicho a la Constitución de 1978 en cuanto fija la forma del Estado, porque tanto si la monarquía fue instaurada por Franco, como si fue restaurada recogiendo su propia legitimidad dinástica, ha obviado la legalidad “anterior al 18 de Julio” pretendida por la Ley 52/2007.

Lo expuesto tiene suficiente gravedad como para que cada Escalón de Mando, en el ejercicio de sus responsabilidades, CUMPLIENDO Y HACIENDO CUMPLIR LA LEY, pero utilizando cuantas posibilidades deje la misma, procure la permanencia de uso símbolos que además de formar parte de la auténtica MEMORIA HISTÓRICA, son, se quiera o no, matriz del actual Ordenamiento Constitucional.

Además no debe olvidarse que, llegado el momento, la Historia de España volvería a escuchar las palabras del Senado Romano a los asesinos del otro caudillo Viriato.


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Algo huele mal en la jefatura de la Guardia Civil: ¿El honor de este General? Ni se divisa: El número 2 de la Guardia Civil dice que trabajan para «minimizar» las críticas al Gobierno

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Si alguien tenía dudas sobre los objetivos que persigue el Gobierno en su supuesta lucha contra la desinformación, hoy, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el General José Manuel Santiago, lo ha dejado claro. El mando policial, en la rueda de prensa diaria del comité técnico de gestión de la crisis del coronavirus, ha reconocido que el instituto armado trabaja en «minimizar todo ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

José Manuel Santiago ha explicado que la labor de defensa del Ejecutivo es una de las dos líneas de trabajo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. La otra línea, ha dicho el coronel, es «evitar el estrés social que persiguen todos estos bulos».

Desde hace varias semanas, a petición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los cuerpos y fuerzas de seguridad monitorizan las redes sociales a la búsqueda de bulos y desinformación.

El Gobierno, según han detallado varios de sus miembros en ruedas de prensa, trabaja intensamente para poner coto a la desinformación. En definitiva, para acallar en las redes sociales a aquellas personas que critican su gestión a través de las redes sociales. Un objetivo confirmado hoy por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil y que dejan al descubierto el ataque a la libertad de información que persigue Moncloa. [SIGUE MÁS ABAJO]

Además de monitorizar las redes sociales, el Ejecutivo también está trazando un plan para limitar el trabajo de los medios de comunicación que no siguen al dictado las órdenes de la Secretaria de Estado de Comunicación. Camuflando esa censura en una mayor protección de la ciudadanía en un momento de crisis el Gobierno avanza en sus planes de amordazar a la prensa crítica. [SIGUE MÁS ABAJO]

Cabe recordar que hasta hace pocas semanas Moncloa elegía y censuraba las preguntas de los periodistas que, diariamente, tenían que responder los miembros del Gobierno. Esa fórmula indignó a los profesionales de la comunicación que, por primera vez, firmaron un manifiesto conjunto con más de 500 periodistas adheridos.

El descontento con la frase lanzada por Santiago ha ido mucho más allá: ha generado malestar incluso entre sus propios compañeros de profesión. Sin ir más lejos, una de las críticas que ha recibido llega por parte de alguien que le precedió en lo que respecta a los altos mandos de la Guardia Civil.

La crítica de todo un ex Director General del cuerpo

Joan Mesquida, ex director general de la Guardia Civil, ha decidido usar Twitter para mostrar su sorpresa con respecto a las declaraciones de José Manuel Santiago. El hoy vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha manifestado lo siguiente: “Como ex Director General de la Guardia Civil no doy crédito a las palabras del General. Investigar las críticas a la gestión del Gobierno es totalmente inaceptable. Me gustaría saber quién ha dado esta orden claramente inconstitucional y una malversación de recursos públicos”.

Mesquida ha lanzado su opinión a raíz del tuit de un excompañero de partido, Pablo Cambronero. Policía nacional, ha considerado “gravísimo” lo ocurrido en la comparecencia de este domingo por la mañana. Al igual que la inmensa mayoría de usuarios de la red social de los 140 caracteres que han reaccionado a los mensajes de ambos.

“Usted no da crédito, los demás tampoco, por favor, la guardia civil NO, no deje que la mancillen ,que la arrastren con ‘ellos’. No ensucien el honor de la guardia civil”, se ha lamentado una tuitera. “Prevaricación, malversación, atentado contra los derechos fundamentales, abandono de la neutralidad política de todo funcionario. Y más y más”, ha comentado otro.


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Enrique Vivero, coronel, Diplomado de Estado Mayor y experto en Administración de Recursos: «La guerra biológica es también objeto de la Defensa nacional»

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Luis Romero.- Enrique de Vivero Fernández inició su brillante carrera militar en el Sáhara cuando todavía era una de las provincias españolas. Vinculado siempre a la Legión (estuvo al frente del legendario Tercio Gran Capitán I de La Legión entre 2000 y 2002), ha participado en numerosas misiones internacionales y ha estado destinado en puestos de Estado Mayor. Católico practicante, Enrique de Vivero Fernández hizo siempre del compromiso ético con España una de sus principales razones de ser y de existir.

En un contexto de incertidumbre como el actual, donde la gestión de recursos, tanto de salud pública, como económicos y políticos, para la detección y prevención de riesgos está dejando mucho que desear, hemos entrevistamos al que sin duda es uno de los mayores expertos españoles en la materia.


– ¿Cómo es posible que hallamos llegado a esta situación con el coronavirus?

En mi opinión, hay dos causas fundamentales: imprevisión e intereses de poder.

La imprevisión viene de antes de enero de este año, cuando según el ministro de Ciencia, se conoció la existencia del COVID-19. La capacidad nacional de gestión de emergencias ha sido debilitada de una forma irresponsable en varios frentes, también en el militar con la excepción de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Todavía pesa la idea disfrazada de buenismo de que invertir en medios militares es per-se belicista y por tanto incompatible con la sociedad del bienestar. Este discurso ha servido para reasignar recursos a otras partidas, buscando réditos políticos. De forma flagrante, se está demostrando que se necesita a lo militar en la propia defensa de la vida de nuestros compatriotas en situaciones no bélicas convencionales. Nada nuevo bajo el sol: In pacem, para bellum (Julio César).

– ¿Quiere decir con ello que la UME no es suficiente?

La UME es un acertado complemento operativo militar a las situaciones de emergencia civil, lo que en esencia confirma lo que he dicho antes. Y ha demostrado que la experiencia militar es muy útil para la sociedad a la que sirve, siempre que la política no sea un obstáculo.

Los recursos humanos, materiales y de infraestructuras se deben dimensionar respecto a necesidades habituales y excepcionales. Para las necesidades habituales tenemos los medios civiles, tanto sanitarios como de Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros. Como español, vaya por delante mi agradecimiento por la labor que están haciendo.

Sin embargo, las situaciones de emergencia no requieren sólo de unidades operativas, como demuestra esta pandemia. El desconocimiento del COVID-19 ha superado nuestras necesidades previsibles, poniendo de manifiesto la escasez infraestructuras de aplicación inmediata que bien existían, bien existen pero están abandonados.

En junio de 2019, el Gobierno desmanteló la Agrupación del Ejército de Tierra encargada en montar hospitales de campaña en 24 horas frente a ataques bacteriológicos, nucleares y químicos.

Cada hospital dispondría de 90 camas, tres quirófanos, y servicios de telemedicina con el Hospital militar Gómez Ulla, referencia en Defensa. Su capacidad operativa habla por sí misma, según los estándares de la OTAN ROLE 2 Bravo/Eco, con capacidades mínimas cada 24 horas de al menos estabilizar 50 pacientes, 10 cirugías, medidas de soporte vital avanzado y reanimación en heridas leves a 100 pacientes, 3 camas de UCI de alta rotación, etc. Si China levantó un hospital de 1000 camas en 10 días, nuestras Fuerzas Armadas tenían una capacidad similar prevista. Pero siempre podemos hacer mas: en IFEMA, El Ejército ha instalado 5.500 camas en 48 horas.

Por otro lado, los edificios que todavía hoy tiene el Ministerio de Defensa en el Paseo de Extremadura en Madrid están abandonados. Algunos podrían estar preparados para estrictas Emergencias con bajo coste de mantenimiento relativo y alta capacidad de reacción. O el caso del Hospital Militar de Sevilla, hoy abandonado al vandalismo, con 83.000 m2, en su día 750 camas y algo que hoy sería muy útil: un helipuerto.

En una situación de UCIs saturadas y falta de camas, no olvidemos a los enfermos por causas distintas al famoso virus. Imagine si un caso grave, que es atendido por una ambulancia en un protocolo rutinario de 8 minutos, sólo puede serlo en 30 minutos, o que al llegar a la UCI no haya capacidad de respuesta rápida. La redistribución de atención por especialidades y urgencia contando con la infraestructura militar, hubiera facilitado también garantizar el nivel de atención a otros enfermos.

La capacidad de España para afrontar el desafío hubiera sido, en cuanto a medios e infraestructura militares al servicio de la población civil, muy rápida. Y debemos tomar nota, porque las guerras modernas van a dejar de parecerse a las que ahora nos parecen convencionales.

– ¿Y de otros medios, por ejemplo equipos?

Primero habría que equipar con medios adecuados a los miembros de los servicios civiles. Por respeto a su trascendente trabajo y responsabilidad hacia la ciudadanía de los que ellos forman parte. Las Fuerzas Armadas deben estar para las situaciones excepcionales, cuando los servicios civiles necesiten ser complementados, como ahora.

4. Hace pocos días, el director operativo adjunto de la Guardia Civil, don Laurentino Ceña informó que todos los dispositivos que están en la calle tiene los medios oportunos de protección.

Desde mi retiro no puedo contrastar esa información, pero si es verdad lo que aparece en ciertos medios, en menos de dos semanas después de las primeras alarmas de China los servicios internos de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional avisaron de la que se venía encima a un cuerpo con 65.000 efectivos. Además, recomendaban medidas concretas como utilización de guantes, evitar aglomeraciones, entre otras. Lo cierto es que a día de hoy circulan muchas noticias que muestran quejas de sanitarios, integrantes y sindicatos de la Guardia Civil y Policía Nacional, por la falta de equipación (EPIs) y asunción de riesgos innecesarios. No hay mas que leer el comunicado del padre de un joven Guardia Civil fallecido. Si eso se contrasta con las declaraciones del señor Pedro Sanchez en las que dice que nuestras Fuerzas de Seguridad no son un gasto superfluo… alguien no está contando la verdad.

– En su opinión, ¿qué se debería haber hecho, y qué se debe hacer ahora?

Primero, no celebrar una manifestación innecesaria a la fecha del 8 de marzo en Madrid, ignorando los avisos hasta de la Organización Mundial de la Salud.

Segundo, no desviar fondos públicos, cuando ya se conocía el riesgo pandémico, para pagar pactos con los separatistas.

Tercero, una buena gestión de compras internacionales de equipos, como mascarillas, que por hacerlas tarde, llegarán aún con mas retraso por entrar tarde en la cadena de producción de las fábricas que ya están a pleno rendimiento. Que el 12% de los sanitarios ya esté infectado, y que todavía no se hayan iniciado los tests de contagio masivos, son datos que hablan por sí mismos.

Cuarto, la descoordinación que el sistema autonómico está produciendo. Por ejemplo, un hospital en Toledo terminado no une su capacidad a la infraestructura de Madrid por decisión del Gobierno autonómico, pero el Hospital de Osuna transforma un Archivo en centro de atención a pacientes y se monta un hospital ex novo en IFEMA; en las cárceles catalanas fabricando mascarillas que se venden a Italia… Cada región por su lado, cuando Francia y Alemania están iniciando colaboración transfronteriza.

Ahora, el tiempo es oro mas que nunca: hacen falta medidas masivas y ejecutivas. Entre las mas conocidas en los medios, como son los EPis, los respiradores y las mascarillas, destacaría la importancia de los tests masivos, la trazabilidad de los infectados, el aislamiento relativo de la población vulnerable y tan pronto se obtenga una vacuna, incluirla en el calendario de vacunación masiva anual. Y todo ello en base a que en el sudeste asiático ya hay aplicaciones informáticas que permiten la trazabilidad, tras los tests masivos. El índice de contagio y mortandad a partir de los 45 años crece entre el 200% y el 400% según los rangos de edad, si los datos del Ministerio son correctos.

La inclusión en el calendario de vacunas no es baladí: Un virus como el COVID-19 o el de la gripe (de base ARN, acido ribonucléico) muta 100 veces mas rápido que uno de base ADN, y en la situación actual el COVID-19 tiene millones de oportunidades para hacerlo.. y a más oportunidades, más éxito de mutación.

¿Y sabe lo que significa todo esto si no se es efectivo en las medidas? Algo que no tiene previsto ni los mejores sistemas sanitarios del mundo, como el español: El colapso.

– ¿Es usted optimista?

No debemos ser pesimistas. España ha salido siempre de situaciones muy adversas a pesar de no haber tenido normalmente suerte con sus dirigentes. España somos todos y cada uno de nosotros, hagamos lo que debemos con solidaridad y generosidad. Mi reconocimiento a las iniciativas privadas que están participando con fondos, estructuras empresariales o religiosas, o incluso particulares que con sus propias manos están haciendo mascarillas.

Una vez más, el espíritu de los españoles solidario y con alta capacidad de padecimiento, supera la insensatez de sus dirigentes. Parece un sino histórico, ante el que de nuevo estaremos a la altura.

Y los gobernantes deberían sacar una lección de esta crisis: la guerra biológica es también objeto de la Defensa nacional.


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Ejército

Jefe de la UME: “La situación en las residencias de mayores es preocupante”

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El jefe la UME, el Teniente General Luis Manuel Martínez Mejide, ha advertido este sábado que “la situación en la que se encuentran nuestros mayores es verdaderamente preocupante”. Y es que, señala, las residencias de mayores, por sus características, “a lo mejor no tienen ese personal sanitario como tienen los hospitales, que también están sufriendo una situación de saturación”. Subraya que en las residencias de mayores “hay un número importante de personas infectadas y fallecidos”.

Y es que, en este momento, las tareas principales de la UME están orientadas a contribuir a la desinfección de puntos de tránsito y de mayor tráfico de personas. “Desinfección de residencias de mayores, que se está convirtiendo en la piedra angular de la misión, desinfección de salas de control de aeropuertos, zonas críticas, para que los trabajadores puedan ejercer su labor sin enfermar”, explica el Teniente General. “La principal tarea es no enfermar, y todos tenemos que contribuir a esa tarea de no enfermar”.

En este momento la UME está contribuyendo con aquellos ayuntamientos que tienen grandes instalaciones como IFEMA. El principal aporte de la Unidad Militar de Emergencias en estos centros está en el “conocimiento y la experiencia que tenemos en el exterior para montar organizaciones hospitalarias o campamentos”, así como la “capacidad de transporte, logística o trasladar enfermos de unos hospitales a otros”.

En la misma madrugada de este viernes, la UME ha contribuido con el SUMA de Madrid para trasladar a 50 pacientes de un hospital en el que estaban en la UCI y, “como se les consideraba menos grave, que no saturaran los hospitales”. “Este es uno de los éxitos de la misión, porque este mando único es el que evita que haya duplicidades o que haya puntos que no reciban el apoyo que se necesita”.

LA UME, EN CATALUÑA: “PARA NOSOTROS NO HAY REGIONES”

Respecto a Barcelona, especifica el jefe de la UME que contribuyen “a la desinfección del Prat, del puerto de Barcelona y se nos solicitó desde el Ayuntamiento montar un albergue en la Fira de Barcelona”. “Es el Ejército el que tiene las capacidades, nosotros damos el apoyo en ‘expertise’, cual es la mejor disposición para montar ese albergue”.

El Teniente General se desmarca de posturas políticas y rechaza valorar la polémica entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que le acusaba de “deslealtad”. “No podemos entrar en cosas políticas, no tenemos tiempo, no entramos en territorios y regiones, nosotros entendemos de gente, los vínculos con Cataluña son familiares, personales, cuando estamos en Cataluña o en País Vasco es como nuestra propia casa”.

“El pueblo español es un pueblo maravilloso, con una capacidad de iniciativa, cuando entiende una misión, somos capaces de los mejor y estoy verdaderamente orgulloso de la sociedad española”, concluye.


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Ejército

La Comunidad de Madrid instalará un hospital en el IFEMA para personas con coronavirus con la ayuda de la UME

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La Comunidad de Madrid ha diseñado un plan, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, para instalar en los próximos días un hospital provisional específico de coronavirus con 5.500 camas en las dependencias del recinto de IFEMA, que contará también con atención de cuidados intensivos. Para ello, está trabajando con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha anunciado en rueda de prensa este jueves. Tras destacar la «estrecha colaboración» con la que está trabajando el Ministerio con la Consejería de Sanidad madrileña, ha destacado: «Todos los madrileños y españoles pueden sentirse tranquilos» porque el Gobierno «va a reforzar el papel de las autonomías» en la gestión de la crisis.

El objetivo principal de esta nueva dotación sanitaria será dar una respuesta adecuada a las necesidades de hospitalización y atención en UCI que se producirán, debido al repunte de nuevos casos que se están previendo para la región en los próximos días.

El número de fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid ha aumentado en 130 personas en 24 horas, hasta sumar 628, el 62,7 % de todas las muertes registradas en el país, que acumula 1.002 muertos y 19.980 casos de coronavirus. Madrid es la región que registra más «tensión» sanitaria debido a los casos, ha reconocido Illa.

Las autoridades madrileñas han estado en contacto con responsables del Gobierno de España en las últimas horas para diseñar de manera conjunta esta nueva dotación sanitaria. Su puesta en funcionamiento se producirá a lo largo de los próximos días.

La Comunidad urge a la entrega de material sanitario

Este viernes, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha urgido al Gobierno a entregar respiradores para las UCIS, equipos de protección individual (EPI) para los sanitarios y otro tipo de material sanitario porque la situación «es dramática» y «no están llegando». También la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno el jueves de «requisar» en las aduanas el material necesario.

En este sentido, Salvador Illa ha negado que se esté bloqueando la entrega de mascarillas.»Hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. No hay requisación ni impedimento en aduanas», ha afirmado rotundamente Illa en rueda de prensa.

Ha informado de que a fecha de hoy se han repartido un millón y medio de equipos de protección personal a las comunidades autónomas de forma «equitativa» y este mismo viernes se han enviado a la Comunidad de Madrid 324.000 mascarillas, así como otras 245.000 a Andalucía.

Pero ha pedido entender que hay escasez de estos equipos ya que la demanda es grande a nivel internacional. «Estamos trabajando para recibir un suministro regular de estos productos», ha destacado el ministro, incluyendo entre ellos a los respiradores.

A su vez, ha afirmado que se ha pedido «aumentar la capacidad de producción» a las empresas que producen estos equipos, y ha sentenciado: «Estamos trabajando con la máxima intensidad, complementando a las comunidades autónomas».


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