LR (R).- El Gobierno de Pedro Sánchez, nada más ser constituido, tiene un problema. Parece imposible, pero algunos pretenden convertirlo en una oportunidad. El ejercicio de 2019 terminó con un déficit público cercano al 3% del PIB, un resultado que queda a distancias siderales de los objetivos iniciales e incluso de las previsiones más prudentes y que supone la primera subida anual desde 2012. El Gobierno tendrá la oportunidad de maquillar la cifra definitiva para que quede por debajo del 3%, pero no podrá hacer mucho más. Los datos son contundentes. En los nueve primeros meses de 2019, el déficit total las Administraciones Públicas –entendido como saldo de las operaciones financieras netas– fue del 2,9%, según las Cuentas Financieras de la Economía Española del tercer trimestre, que elabora el Banco de España y que acaba de publicar. La historia reciente constata que entre octubre y diciembre (cuando se paga la extra de las pensiones), el déficit siempre aumenta, lo que significa la práctica imposibilidad de que cierre el año por debajo de ese 2,9%. Solo hasta septiembre, los números rojos de la Seguridad Social eran del 1,5% del PIB y constituían el principal agujero negro de las grandes cuentas españolas. En los nueve primeros meses de 2019, el déficit de la Administración central fue del 1,1% y el de las comunidades llegó al 0,7%. Por el contrario, las corporaciones locales arrojaron un superávit del 0,5%.

Sánchez y su Gobierno se escudarán en los largos meses de provisionalidad, pero las explicaciones no cambian la realidad. El objetivo inicial de déficit para 2019 era el 1,3%, con lo que el cierre del 3% supone una desviación de 20.000 millones. Las ministras Calviño y Montero –ahora también vicepresidenta y portavoz– intentaron cambiar las previsiones y subirlas hasta el 1,9%, pero no tuvieron mucho éxito y enviaron a las autoridades de Bruselas una especie de trampantojo presupuestario para 2020 en el que explicaban que el déficit de 2019 sería del 2%. Todo un ejercicio de voluntarismo que tampoco triunfó. La UE, que hace sus propias cuentas y que ya ha avanzado que vigilará la política del Gobierno, calculó en otoño que los números rojos de las cuentas públicas españolas llegarían al 2,3%.
Negociación

Las responsables económicas del Gobierno son conscientes de la situación y, ahora, su objetivo principal es justificar que el déficit no superó el 3%. A partir de ese porcentaje, entra en acción del denominado «protocolo de déficit excesivo», que también incluiría a la deuda pública, que ronda el 100% del PIB y supone 1,2 billones de euros. En la práctica significaría que la economía española volvería a estar intervenida por las autoridades de la Unión Europea mientras no se redujera de forma significativa la deuda, algo que podría prolongarse durante un lustro o incluso más. Sánchez y sus ministras Calviño y Montero, que en esto sí coinciden, harán equilibrios para que, al final, 2019 se cierre con un déficit inferior a ese 3% y, para eso, tienen algún margen. Es pequeño, pero permite ciertos ajustes, aunque haya que recurrir al viejo truco de retrasar la contabilización de algunos gastos al ejercicio siguiente. No es nada novedoso y existen precedentes –Montoro ya lo hizo en España y otros países, como Francia e Italia, también han recurrido a ese ardid– pero conlleva arrastrar una carga para el siguiente ejercicio, aunque sea pequeña.

El problema para el Gobierno son los Presupuestos para 2020 si pretende la cuadratura del círculo de atender a las promesas que hizo Sánchez –incluidas las ya aprobadas subidas de pensiones y de salarios de los funcionarios– y cumplir además los compromisos con Bruselas de reducir más del déficit. Si los mercados perciben que no va a ocurrir, lo más probable –advierten los expertos– es que la prima de riesgo, que ahora roza los 60 puntos básicos, se dispare. Es lo que ocurrió en Italia, cuando el Gobierno del ultra Salvini presentó un presupuesto de gasto, que llevó la prima de riesgo italiana por encima de los 300 puntos y que, de alguna manera, lo envió a la oposición.

Calviño tiene la misión de lograr una cierta flexibilidad de Bruselas

Nadia Calviño, con más prestigio en los círculos de las instituciones europeas que en España, tiene la misión de lograr una cierta flexibilidad de Bruselas con los números españoles. Lo conseguirá, pero dentro de unos límites. La Unión Europea no será más blanda con España de lo que lo fue con Italia. El comisario europeo de Economía es el italiano Paolo Gentilone y eso complica todo. Dar más facilidades a España, en prevísperas electorales italianas, sería munición para Salvini, algo que nadie desea.
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La situación es incómoda para Sánchez, pero varios expertos, entre ellos el socialdemocráta José Carlos Díez, ven una oportunidad para el Gobierno. Recomiendan prorrogar los actuales Presupuestos, ya prorrogados, y concentrarse en elaborar los de 2021. Una vez aprobados, garantizarían a Sánchez su estancia en la Moncloa hasta 2023. El problema es el coste político para un Gobierno recién estrenado de no sacar adelante sus cuentas. Ayer, el BOE publicó las normas para elaborar los Presupuestos de 2020, pero el lunes Sánchez dijo que quería que estuvieran aprobados antes del final del verano, justo cuando hay que presentar los de 2021. Un problema, una tentación y una oportunidad.