No solo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sino la práctica totalidad del Gobierno ha tenido que dar explicaciones este miércoles en el Congreso de los Diputados ante las incesantes preguntas y peticiones de dimisión de buena parte de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- por el encuentro que el titular de esa cartera mantuvo en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hace ya tres semanas.

Las críticas, al grito de «mentirosos» y de «dimisión», se han dispersado como dardos especialmente contra Ábalos por sus distintas versiones del caso; contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien el PP ha acusado de poner la Policía Nacional a sus «órdenes» para permitir la entrada de Rodríguez; y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por calificar este miércoles a Juan Guaidó como «líder de la oposición» durante una intervención.

Guaidó se autoproclamó el año pasado como presidente venezolano y así lo ha reconocido la Unión Europea, Estados Unidos y España. El PP le ha pedido a Sánchez, por tanto, que «rectifique» en una sesión de control al Gobierno que se ha producido un día después del rechazo del Congreso a crear la comisión de investigación que han pedido PP, Vox y Ciudadanos para esclarecer el encuentro entre Ábalos y Rodríguez.

Sánchez ha insistido en que Ábalos «hizo su deber» y «evitó una crisis diplomática». Lo ha afirmado en respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha preguntado si el ministro de Transportes permitió la entrada de Rodríguez en territorio español y evitó su detención «por órdenes expresas» del presidente del Gobierno: «Si dio la orden, dimita. Si la dio su presidente, dimitan ambos y si Ábalos actuó por libre, que se vaya. Si dio la orden Nicolás Maduro, que se vayan todos juntos».

«Se hacen pasar por amigos de Venezuela y los venezolanos pero aquí estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son causantes de todos los males en España (…) el interés de su grupo por Venezuela es tan falso como los visados de la señora Monasterio», le ha espetado Sánchez, en relación a las investigaciones sobre las licencias por la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, cuando todavía no era arquitecta.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha estrenado en la sesión de control en respuesta al ‘popular’ Teodoro García-Egea, quien ha aprovechado una pregunta sobre la Agenda 2030. de la que Iglesias es ministro, para exigirle que le indique «a la ministra de Exteriores cuál es la posición del Gobierno respecto a Venezuela, a Marlaska qué es el suelo español y a Ábalos cuál es la verdad» en todo esto, una verdad «que solo usted sabe».

Iglesias, que también ha recibido las críticas indirectas de otros partidos, no ha entrado en esta cuestión y ha recordado a Egea que el relator de la ONU ha denunciado la pobreza en España tras su visita al país esta semana, que ha achacado al Gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, Ábalos ha tenido que dar explicaciones en múltiples ocasiones, aunque ha sido en respuesta al exabogado del Estado Edmundo Bal (Cs), y a una interpelación posterior de Cayetana Álvarez de Toledo (PP), cuando ha defendido que con su gestión logró que la vicepresidenta venezolana «no pisara territorio ‘Shengen'» de espacio comunitario, en cumplimiento con las restricciones europeas, y «no tener más problemas diplomáticos con un país con el que tenemos relaciones».

Ha insistido en que Rodríguez no entró en territorio español porque no pasó el control de pasaportes ni recibió la autorización y ha defendido que el Consejo Europeo en 2017 señaló que las medidas restrictivas de la admisión contra países o personas sancionadas «deben ser graduales, selectivas y flexibles» y que vayan dirigidas a «una solución negociada y pacífica».

«El Gobierno sigue reconociendo a Guaidó como presidente encargado»

En este sentido, el ministro ha aclarado que el Gobierno sigue reconociendo a Guaidó como «presidente encargado de Venezuela». Pero también ha recordado que hay 300.000 españoles y embajadores de España en un país que todavía se rige bajo las órdenes de Maduro. A su juicio, para resolver la crisis venezolana y que Guaidó pueda gobernar debe haber elecciones democráticas en el país convocadas por Maduro y «no se puede hacer unilateralmente».

Ábalos también ha acusado a PP, Vox y Ciudadanos de poner la democracia española «a los pies de los caballos», cuestionando su credibilidad y enfrentarla a EEUU. Ha lamentado a su vez que estos partidos «hicieron un numerito en Europa» este martes durante un debate en el Parlamento Europeo denunciando al Gobierno contra esta cuestión ante una Cámara «prácticamente vacía», poniendo «en evidencia» el poco interés de la misma en el tema.

Marlaska, por su parte, ha respondido a las acusaciones de la diputada del PP Ana Belén Vázquez quien le ha acusado de poner a la Policía Nacional «a sus órdenes» que, «a diferencia de otras épocas», este ministro del Interior no dio ninguna instrucción política, solo le dijo a la Policía al inicio de su mandato que se cumpla la ley, y así la cumplió, evitando que la vicepresidenta de Venezuela evitara en el espacio Shenguen a través de territorio español».

Ha acusado también al PP de decir «que la policía prevaricó recibiendo una supuesta orden ilegal e ilegítima» y por «poner en tela de juicio la integridad de la Policía»: «Tenemos una policía muy profesional».

Otros miembros del Ejecutivo han tenido que dar respuesta a la actuación del Gobierno respecto a Delcy Rodríguez. Así ha ocurrido con la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, quien ha defendido a preguntas de la diputada popular Carolina España sobre cómo valora el caso que «el ministro Ábalos y otros ministros han dado cumplida información sobre este asunto y lo han hecho de nuevo en esta sesión, que ha sido monográfica».

La primera sesión de control ha terminado así con la reafirmación del Ejecutivo de que se «evitó una crisis diplomática», una explicación que no ha convencido a PP, Ciudadanos y Vox, quienes, además de pedir la dimisión del ministro, han vuelto a exigir una comisión de investigación al respecto.

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