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El Gobierno de Trump autoriza la detención indefinida de familias de inmigrantes

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El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una reforma que permitirá que las familias de inmigrantes puedan permanecer detenidas de manera indefinida, en sustitución de un acuerdo de 1997 que «de facto» limita este tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de los niños.

La nueva normativa, que previsiblemente serán impugnada en los tribunales, está llamada a reemplazar el denominado Acuerdo Flores, un pacto que implica la liberación de las familias en 20 días y que, en opinión del actual Gobierno, incita a los inmigrantes a entrar en Estados Unidos con niños.

«Ningún niño debería ser un peón», ha afirmado el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, al presentar la nueva normativa, que será publicada el viernes en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después -si antes no prospera alguno de los recursos-.

Familias «fraudulentas»

McAleenan confía en el efecto disuasorio de la reforma y ha asegurado que el Gobierno sospecha que algunas familias serían «fraudulentas», conforme a los análisis de ADN que se han realizado en una serie de programas piloto puestos en marcha en los últimos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presumido de mano dura contra la inmigración y la semana pasada su Gobierno anunció que negaría los visados y los permisos de residencia permanentes a inmigrantes sin recursos, lo que podría reducir a la mitad el número de entradas.

Según los datos del Departamento de Seguridad Interior, en los últimos cuatro años, solo el 18% de los inmigrantes que fueron liberados en Estados Unidos cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato, en cambio, se eleva al 97 por ciento en el caso de quienes estaban detenidos.


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La instrumentalización del ‘impeachment’ contra la oposición política

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Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)
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Por Alan M. Dershowitz.- El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. En la imagen: Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)

El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. Se está implementando ahora como arma partidista utilizable por rutina contra presidentes de un partido diferente al que controla la Cámara de Representantes.

Según el punto de vista de algunos miembros del Congreso, cada vez que la Cámara esté controlada por un partido, una mayoría simple puede votar correctamente a favor del impeachment. Como dijo la congresista Maxine Waters: “El impeachment es lo que diga el Congreso que es. No hay una ley”. Se equivoca. La Constitución es la ley y ella no está por encima.

El reciente mal uso partidista de este poder de emergencia empezó con el impeachment al expresidente William Jefferson Clinton por la Cámara —controlada por los republicanos— en 1998. Clinton no cometió ningún delito susceptible de un proceso de impeachment, a pesar de haber mentido gravemente bajo juramento sobre su vida sexual. Dicho perjurio, si se produjo, cumpliría con la definición de “delito”, pero no los criterios requeridos por la Constitución de “delitos y faltas graves”. Si el presidente Clinton cometió un delito, sería un delito menor relacionado con su vida sexual, comparable a los cometidos por Alexander Hamilton —adulterio y pago a un extorsionista— cuando era secretario del Tesoro. Si Hamilton hubiese pagado al extorsionista con dinero público, como fue falsamente acusado de hacer, habría sido culpable de un grave delito susceptible de impeachment.

Para ser acusado, un presidente tiene que cometer un delito (la falta es una especie de delito) y la comisión de ese delito también debe constituir un abuso de cargo público. Un abuso de cargo público, sin un delito subyacente, es un pecado político, pero no un delito susceptible de impeachment.

Esta misma cuestión se debatió en la Convención Constitucional, donde un delegado propuso la “mala administración” como criterio para el impeachment y la destitución de un presidente. James Madison, padre de la Constitución, se opuso enérgicamente argumentando que con un criterio tan vago y ambiguo poco concluyente el presidente estaría ejerciendo según la voluntad del Congreso y que dejaríamos de ser una república con un presidente fuerte para ser una democracia parlamentaria donde el jefe del ejecutivo puede ser destituido por una moción de confianza. En su lugar, la Convención adoptó unos estrictos prerrequisitos para el impeachment: traición, soborno u otros delitos y faltas graves. La Cámara no está más facultada para sustituir sus propios criterios por los enumerados en la Constitución de lo que estaría el Senado para cambiar el requisito de votación de dos tercios para la destitución a una mayoría simple o a una mayoría cualificada de tres quintos. El Congreso no está por encima de la ley. Está sujeto a lo que los redactores aceptaron y no pueden ahora aplicar los criterios que los redactores rechazaron explícitamente.

Aquellos que caracterizan el proceso de impeachment y destitución como completamente políticos se equivocan por una simple cuestión de derecho constitucional, aunque tengan razón al describir la realidad del mal uso que se le está dando actualmente. Los defensores de este punto de vista citan incorrectamente a Hamilton en El Federalista n.º 65.

Hamilton no caracterizó los criterios para el impeachment como “políticos”, lo hizo sólo en el sentido en que se relacionan con “los perjuicios inmediatos causados a la propia sociedad”. Inmediatamente después rechazaba la opinión de que el proceso debía ser partidista, basado en la “fuerza comparativa de los partidos”, en vez de en las “verdaderas demostraciones de inocencia o culpa”. Dijo que eso era “el mayor peligro” y pidió “neutralidad hacia aquellos cuya conducta pueda ser objeto de escrutinio”. Los que citan, o interpretan, mal a Hamilton mezclan erróneamente las palabras “político”, que él utilizaba en sentido gubernamental, y “partidista”, con lo que se refería a la fuerza comparativa de los partidos y facciones.

Es difícil imaginar una mayor vulneración de los principios de Hamilton que la reciente votación en la Cámara siguiendo líneas de partido (con dos excepciones, ambas contra el impeachment) para abrir una investigación oficial para el posible impeachment del presidente Trump. La votación estuvo exclusivamente determinada por la “fuerza comparativa de los partidos”, como lo fue la votación para destituir al presidente Clinton hace dos décadas.

Una Cámara partidista que votara para destituir al presidente Trump, seguido de una votación partidista en el Senado para absolverlo, no sólo perjudicaría al Partido Demócrata —como los votos en el caso de Clinton perjudicaron al Partido Republicano—: perjudicaría a nuestra Constitución y polarizaría aún más nuestra ya dividida nación.

Y, lo que es más importante, el mal uso del poder del impeachment de manera partidista representaría, en palabras de Hamilton, “el mayor peligro” para nuestra Constitución.


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EE.UU. cree que es «una vergüenza» que a España se le haya escapado el prófugo Carvajal

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Fotografía de archivo de Hugo Carvajal con Nicolás Maduro
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El diario venezolano ElNacional.com se hace eco este miércoles de unas palabras de Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, sobre la “desaparición” del exgeneral chavista Hugo Carvajal en España, después de que la Policía haya sido incapaz de encontrarle desde que el viernes la Audiencia ordenara su detención.

«Lo que está pasando con Hugo Carvajal es una vergüenza y un escándalo. Pensamos que fue incomprensible la primera decisión de no extraditarlo», dijo Abrams a un grupo de periodistas en Washington. Carvajal es requerido por el Gobierno de Donald Trump por varios delitos relacionados con narcotráfico.

El funcionario agregó que la situación es embarazosa. Espera que la Policía española siga su rastro y lo arreste, para que después sea trasladado a Estados Unidos. Abrams asegura que su país está interesado en tener a Carvajal en territorio norteamericano por toda la información que maneja sobre el mundo militar de Venezuela, ya que fue responsable de la Contrainteligencia chavista con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La abogada defensora del acusado dijo que desconoce el paradero de su cliente. Indicó que no ha recibido todavía el auto de la Audiencia Nacional, el alto tribunal que tomó la decisión sobre la extradición después de que en un primer momento la Justicia española hubiera negado la entrega a las autoridades de EE UU.


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Estados Unidos estudia sanciones económicas a España por la ayuda de Sánchez a Maduro

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Según anuncia este jueves la agencia Bloomberg, citando fuentes en el Tesoro norteamericano, el Gobierno de Estados Unidos estudia aplicar sanciones económicas a España por su apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esas sanciones no se han decidido, pero si se concretan, pueden ser un duro golpe a la economía española, que según todos los indicadores comienza a ralentizarse.

Las fuentes de Bloomberg, que son anónimas, mantienen que de aplicarse unas sanciones, no sería al menos hasta después de las elecciones del 10 de noviembre. Se trataría de la primera ocasión en que EE.UU. aplica sanciones sobre un socio de la OTAN y un país en el que tiene soldados en dos bases militares, por la asistencia de este a un régimen autoritario.

El Banco de España había negado el pasado septiembre que haya lanzado un salvavidas al régimen de Venezuela.

El 18 de octubre, EE.UU. aplicó una ronda de duros aranceles sobre productos europeos, incluida la aceituna y el aceite de España, en respuesta a un fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre ayudas ilegales a la empresa europea Airbus. Estos impuestos sobre las importaciones son ya un duro golpe al campo español que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de revertir.

Las sospechas de Washington se centran sobre el Banco de España, que según cree el Tesoro norteamericano (el equivalente al ministerio de Economía) permite la transferencia de fondos con el Banco Central de Venezuela, según otra investigación de Bloomberg del mes pasado. Tal y como dice la agencia, los funcionarios del Banco Central de Venezuela piden a aquellos con quienes hacen negocios que empleen el Banco de España para transacciones financieras seguras y libres de sanciones.

De este modo, el Tesoro norteamericano quiere ir asfixiando a Venezuela para dejarle solo a Rusia, China e Irán como posibles socios comerciales. Aunque no se ha podido confirmar por su cuenta que se estén planificando estas sanciones, una fuente en el Departamento de Estado mantiene que la diplomacia se opone a ellas porque el Gobierno de España reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado cuando se le pidió.

Bloomberg mantiene que los defensores de las sanciones en la Casa Blanca acusan al socialista Sánchez, que se enfrenta a la reelección el 10 de noviembre, de haber impedido que la Unión Europea tome medidas más contundentes, y sanciones más duras, contra Maduro por los abusos contra el pueblo venezolano, incluidas las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias y la tortura.

La ministra de Economía española, Nadia Calviño, visitó Washington hace dos semanas pero no tuvo reuniones bilaterales en la Casa Blanca ni fue informada de estos planes. El presidente Donald Trump sí puso a España como ejemplos de país moroso ante la OTAN en una conferencia de prensa el 16 de octubre.

La versión del Banco de España

El Banco de España negó el pasado mes de septiembre que el régimen de Nicolás Maduro utilice una cuenta bancaria en el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos para realizar transferencias en el extranjero, tal y como asegura Bloomberg. Desde el Banco de España desmintieron rotundamente que Maduro los use como instrumento para lograr hacer pagos fuera del país y saltarse así las sanciones internacionales que sufre.

Fuentes del banco central explicaron que «la cuenta a la que hace referencia la noticia sólo permite realizar trasferencias con origen y destino en el Banco Central de Venezuela. Está abierta desde hace años y es una más de las cuentas que varios bancos centrales tienen abiertas en el Banco de España.

El saldo de la misma es relativamente pequeño y no ha tenido variación significativa en el último año.

Básicamente está siendo utilizada para pagar los gastos de funcionamiento habituales de las relaciones diplomáticas entre ambos países y por organismos supranacionales para hacer llegar fondos a sus oficinas en Venezuela, al no poder usar la vía de la banca comercial».

(ABC)


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