El Gobierno cuenta con instrumentos legales para poder decretar recortes generalizados del suministro de gas en caso de que se agrave la situación con Rusia este invierno, y sin necesidad de recurrir a instrumentos excepcionales como el estado de alarma. Así, varias normas en vigor le habilitan para decretar cortes de abastecimiento en caso de emergencia, afectando incluso a los hogares si fuera necesario.

En 2019, el Ejecutivo aprobó el Plan de emergencia del sistema gasista español, impuesto por la UE para contar con protocolos de actuación en caso de que se produzca cualquier tipo de problema en la red. Este plan establece varios niveles de crisis (alerta temprana, alerta y emergencia) y permite tomar medidas como el corte del suministro de forma escalonada, empezando por la industria y, finalmente, afectando a los hogares en caso de carencia de materia prima.

El mecanismo se basa en el Real Decreto 1434/2002 (de la época de Aznar) que establece una serie de servicios esenciales a salvo de los cortes: centros sanitarios y hospitales, guarderías y colegios, residencias de ancianos, «instituciones directamente vinculadas a la defensa nacional, a las fuerzas y cuerpos de seguridad», el transporte público que funcione con gas y museos, bibliotecas y archivos.

El plan establece los procedimientos para cortar el suministro en una situación crítica, en función del consumo anual de los clientes, superior o inferior a 150 GWh/año (gran industria).

«Estos procedimientos tienen por finalidad evitar que, en situaciones de emergencia, los clientes no protegidos que tengan restricciones de suministro consuman gas de forma indebida», se explicita. La autoridad competente en el proceso es el Ministerio para la Transición Ecológica.

En uno de sus apartados, se recoge el «procedimiento de comunicación de orden de interrupción a los consumidores», que establece que «cuando entre los consumidores afectados por la interrupción se encuentren clientes protegidos, el distribuidor será el encargado de comunicar la situación de forma general a través de medios de amplia difusión, además de a los organismos oficiales afectados (comunidades autónomas, administraciones locales, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, etc.) a los servicios esenciales afectados».

En estos casos, «la comunicación se realizará de forma directa desde los distribuidores a los consumidores, informándoles puntualmente de la evolución de la contingencia y previsión de normalización del suministro».

Dependencia rusa

La posibilidad de cortes en el suministro no se justifica tanto por un posible desabastecimiento de España (muy improbable por los contratos de las energéticas nacionales con Argelia o Estados Unidos), como por la posibilidad de tener que desviar parte del gas que llega a nuestro país a otros miembros de la UE más afectados en caso de que Vladímir Putin cierre totalmente el grifo hacia Europa. Esta eventualidad, de la que alertó Defensa en 2014 y que Sánchez ignoró en su plan energético, provocaría tener que desviar muchos de los buques metaneros que llegan a las costas españolas hacia esos países, además de bombear todo el gas posible a través de los gasoductos que nos conectan con Francia.

El giro dado por Pedro Sánchez en la política sobre el Sáhara para contentar a Marruecos, ha provocado además la incertidumbre con el suministro gasista de Argelia, el mayor exportador a España. 

A esto se añade la presión de los países centroeuropeos, con Alemania a la cabeza, que urgen a España y Francia a finalizar el gasoducto que uniría la Península Ibérica con el resto de Europa (Midcat) y que aliviaría la presión ejercida por las amenazas de Putin de cerrar el grifo del gas a toda Europa.

Tras imponer por decreto sus primeras y polémicas medidas -la limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y de la calefacción a 19, así como el apagado de escaparates a las 22 horas- el Gobierno diseña ahora el plan de contingencia que deberá remitir a Bruselas antes de finales de septiembre y que incluirá tanto nuevas restricciones como recomendaciones para la ciudadanía.