Isabel San Sebastián.- Ellos no van a parar, a menos que se les obligue, y el presidente no parece dispuesto a hacerlo. Ni este ni el anterior. Claro que si Rajoy pecó de extrema tibieza, Sánchez se acerca más a la complicidad. No en vano ocupa la poltrona merced al apoyo de esos golpistas. En política nada sale gratis y el poder cuesta muy caro; su precio es proporcional a la debilidad de quien lo persigue.

Transcurrido un año desde la consumación del mayor desafío a la democracia perpetrado desde 1981, la situación en Cataluña no ha dejado de deteriorarse. A cada nuevo gesto de apaciguamiento ofrecido por un Ejecutivo humillado sigue una bofetada sonora propinada con creciente chulería por algún caudillo independentista. Y como la paciencia tiene un límite, los catalanes oprimidos, los leales a la Constitución, hartos de sufrir abusos, han empezado a ejercer sus derechos en la calle porque se niegan, con razón, a ser expulsados del espacio público. Si nadie lo remedia pronto, las cosas pueden complicarse mucho.

El balance de estos doce meses no puede ser más desalentador. Salvo la actuación de la Justicia encarnada por Pablo Llarena, ejemplar cumplidor de su deber con el Estado de Derecho, todo ha sido cobardía y claudicación. La respuesta política al golpe consistió en una aplicación raquítica del 155, no solo insuficiente sino contraproducente.

En nombre de la mesura y la proporcionalidad mal entendida se dio rienda suelta a los complejos que han lastrado desde antiguo el modo en que el Gobierno central trata a esa región española, tan respetable e «histórica» como cualquier otra. Ni más ni menos. Ni se clausuró la costosísima televisión local que, con cargo a nuestros impuestos, difunde propaganda separatista las 24 horas del día, ni se disolvió el cuerpo de los Mozos, implicado hasta el cuello en la asonada del 1-O, tal como revelan las informaciones contenidas en el sumario que vamos conociendo con una mezcla de estupor y vergüenza, ni siquiera se les puso bajo el mando de una persona inequívocamente fiel a lo que establece el ordenamiento jurídico. La Policía autonómica sigue estando al servicio de una Generalitat abiertamente rebelde al mandato de la Carta Magna, que controla igualmente la educación, el presupuesto y los demás resortes del poder. ¿Por qué? Porque faltaron en Madrid convicción y coraje suficientes para hacer valer la Ley, aplazar tanto tiempo como fuese necesario la convocatoria de unas nuevas elecciones y castigar con todo el rigor posible ese atentado a la democracia que hoy por hoy sigue impune. ¿Qué digo impune? ¡Ha tenido premio! Dentro de la tómbola administrada por Sánchez tirando de nuestro dinero, Cataluña acaba de ser agraciada con 1.400 millones más. Otro tributo infamante e inútil que nutrirá las arcas del secesionismo gobernante. Paralelamente, se multiplican las voces partidarias de aplazar sine die el pago de la cuantiosa deuda que tiene pendiente en el FLA, donde es de lejos la más morosa, y aumentan las inversiones en infraestructuras de vanguardia, mientras ciertas capitales de provincia carecen de conexión ferroviaria digna.

Y suma y sigue. Hay ministros que abogan sin pudor por la liberación de los golpistas presos, la delegada del Gobierno va más lejos y pide indultos, las calles de Barcelona se llenan de insultantes lazos amarillos y fuera de nuestras fronteras el golpismo va sumando apoyos, mientras las distintas administraciones encargadas de impedirlo se lavan las manos o fracasan con estrépito.

Un año después, estamos peor. España se ha quedado huérfana. El golpe sigue su curso a falta de líderes que le hagan frente.