«Mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España». Ésta es la primera y única reacción de Pedro Sánchez a la debacle en Andalucía. Ni una palabra de reflexión o autocrítica a lo que ha sido un torpedo a la línea de flotación del partido y a las expectativas de su presidente, cuyo liderazgo nacional queda comprometido. Ni rastro del «efecto Moncloa» en la primera cita con las urnas en las que se debía testar esa «ola de ilusión» y movilización que había provocado la llegada al poder del PSOE. Más bien, la ola se tornó en un tsunami de la extrema derecha que lo ha arrasado todo.

El mensaje de Sánchez tiene un único objetivo: arrojar la certidumbre de que ni el descalabro en el bastión socialista por excelencia trastocará sus planes de mantenerse en el poder. Es más, la pujanza de Vox y la posibilidad de que la extrema derecha acceda al poder en Andalucía se observa como una suerte de oportunidad. «Más que como un síntoma de debilidad, es un incentivo para seguir aplicando nuestras políticas». Esta frase de un importante miembro del Gobierno anticipa que la «estrategia del miedo» que ya se había empezado a implementar como acicate para conseguir la viabilidad de la legislatura se verá exacerbada en los próximos días. La consigna es articular un «dique de contención frente a la extrema derecha», azuzando el temor a que la tendencia que ha explotado en los comicios andaluces se pueda extrapolar también al resto del territorio español en las próximas convocatorias previstas para 2019.

Este argumento sirve de coartada para impulsar –desde otra perspectiva– una alianza de izquierdas que permita alargar la legislatura hasta que la amenaza se diluya. Esa dilación en los plazos hasta las próximas elecciones descarta casi por completo la posibilidad de un anticipo que se había demandado desde sectores del PSOE y del propio Gobierno. En este contexto, resucita además la expectativa del Ejecutivo de aprobar los Presupuestos Generales del Estado con los partidos independentistas. Moncloa no había renunciado a aprobar las cuentas y fuentes del entorno del presidente reconocían hace escasas fechas que podría promoverse una nueva intentona en enero, tras las elecciones andaluzas y la reunión con Quim Torra. Ahora, tanto el socio prioritario, Unidos Podemos, como algunos de los aliados independentistas que Sánchez necesita para sobrevivir en el poder, aspiran a recuperar el espíritu de la moción de censura para frenar el avance de la extrema derecha. «El resultado de las elecciones en Andalucía debe ser una llamada a la responsabilidad frente al fascismo. Hay que proteger el Estado del bienestar y la justicia social. Están en juego el futuro y la democracia de España», escribió Pablo Iglesias el domingo tras materializarse un escrutinio que dejaba a la izquierda en minoría. «O la izquierda española entiende que Cataluña será la tumba del fascismo o nos pasarán a todos por encima. Les plantaremos cara», señaló Gabriel Rufián (ERC) tras certificar que Vox obtendría 12 diputados.

Sin embargo, la alianza con los independentistas que puede ayudar a Pedro Sánchez a sobrevivir unos meses más en La Moncloa y afianzar el proyecto socialista, puede suponer –al mismo tiempo– la tumba electoral del PSOE en los próximos comicios. El diagnóstico de que su interlocución y la «operación distensión» que entabló con los soberanistas ha perjudicado al PSOE en las elecciones andaluzas es una valoración muy extendida en la formación. «Aprobar los Presupuestos con los independentistas da margen para solucionar el problema de fondo, pero ahondando más en el pecado original», asegura un dirigente que da por hecho que las cuentas saldrán adelante en el nuevo escenario abierto bajo la premisa de evitar un bloqueo que aboque a unos comicios anticipados en los que la extrema derecha pueda ampliar su base electoral.

Desde el Gobierno, sin embargo, se intenta desligar su alianza con los soberanistas de los malos resultados en Andalucía. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió ayer que el Ejecutivo «no tiene ningún acuerdo con los soberanistas» y para probarlo recuerda la actitud de estos partidos en las sesiones de control –cuando se produjo el controvertido escupitajo a Josep Borrell– o su reiterada negativa a apoyar los Presupuestos. Ábalos defendió que «no tienen nada en común» con estos partidos, a pesar de haber unido esfuerzos para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, y destacó que «nunca hemos dicho que compartamos sus valores», en alusión a las palabras de José María Aznar en las que reconocía verse identificado en algunos de los postulados de Vox.

En el Ejecutivo se escudan en que quienes quieren vincular sus coqueteos con el independentismo –posibilidad de aplicar indultos o negar la rebelión, entre otros– con el fracaso en las elecciones andaluzas solo persiguen una «intención propagandística» y reivindican que los acuerdos que se afanan en buscar desde Moncloa con estas formaciones se circunscriben únicamente al ámbito presupuestario y no a otras cuestiones, como la libertad de los presos del «procés» o la influencia en el Poder Judicial, como les demandan desde estos sectores.