Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se habían conjurado para que nada empañara la presentación del plan de reconstrucción. Pero el relato quedó truncado con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de remitir el caso Dina al Tribunal Supremo para que investigue la actuación del vicepresidente. La resolución del juez sostiene que Iglesias pudo maniobrar con el robo de la tarjeta del móvil de su colaboradora, Dina Bousselham, para sacar un rédito político. Lo que tiene ahora sobre la mesa el Supremo son 63 folios en las que el juez sostiene que el vicepresidente pudo incurrir en tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, y denuncia falsa o simulación de delito, castigados con hasta 9 años de prisión.

Iglesias no replicó la resolución pero sí alertó que “algunos poderes profundos” quieren devolver a España “al pasado”. Y se aferró a su misión como vicepresidente: el Gobierno de coalición seguirá con su “tarea histórica”. Iglesias cuenta con el apoyo explícito del presidente Pedro Sánchez que aseguró no estar preocupado por el envite judicial. De hecho, en una conversación informal con periodistas en su viaje a Argelia, ya avisó que la actuación judicial no romperá el Gobierno de coalición. Sánchez que tuvo tiempo de conversar con Iglesias antes de viajar, respondía así al PP, que saltó como un resorte pidiendo el cese de Iglesias.

La instrucción del caso Dina ha sido un cúmulo de problemas para Iglesias. El magistrado intentó apartar al vicepresidente de su condición inicial de perjudicado en la causa que se investigaba al excomisario José Manuel Villarejo como principal sospechoso de haber filtrado a un medio de comunicación el contenido de un chat interno de Podemos procedente de la tarjeta de móvil robada a Bousselham. Iglesias había denunciado una maniobra de las cloacas del Estado, auspiciada por el gobierno del PP para perjudicarle políticamente, pero el juez sospechaba de Iglesias. Fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien obligó al juez García-Castellón a mantener al líder de Podemos como perjudicado.

Tres semanas después, el juez ha decidido señalar directamente al vicepresidente y dejarlo en manos del Supremo al estar aforado como miembro del Gobierno. En su resolución, el magistrado sostiene que el líder de Unidas Podemos quiso unir deliberadamente el robo del teléfono de su asesora con la publicación meses después de mensajes de un chat de Podemos. “Se puede concluir que el proceso judicial se usó fraudulentamente por Iglesias para lograr algún tipo de ventaja electoral, pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones que pretendía sostener”, recoge la resolución.

Respaldo de la Moncloa

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La tesis del magistrado es que el vicepresidente aprovechó el hecho de que en el registro de un inmueble de Villarejo aparecieran partes del contenido de la tarjeta de Bousselham para denunciar que fue éste, como representante de las cloacas dirigidas por el PP, quien filtró al medio de comunicación OK Diario su contenido y publicado en julio del 2016. La exasesora había denunciado meses antes el robo de su teléfono pero hasta la publicación de su contenido se pensó que había sido un hurto típico.

El juez no cree que fuera Villarejo quien diera ese material a Ok Diario , a pesar de que en la causa constan múltiples contactos entre ambos. Al contrario, mantiene que fue la exasesora quien envió esos mensajes a otras personas y que acabaron en manos de este medio. Para el instructor, la prueba es que en su teléfono constaban capturas de pantalla de los mensajes que después fueron publicados. García-Castellón basa su afirmación en las revelaciones del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien sostuvo en su declaración como testigo que poco después de publicarse aquellos mensajes, en el servicio jurídico de Podemos ya se sabía de Bousselham había hecho pantallazos de aquel chat y los había enviado a terceras personas, extremo que ella niega.

Pese a todo, según el exabogado, la cúpula de Podemos decidió denunciar los hechos como una operación del gobierno del PP. “Es sobre la base de estas premisas cuando se entiende la consciente y planificada actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personación (como perjudicado en la causa), fingiendo ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”, en el 2016.

Además, el juez considera que Iglesias ha podido cometer un delito de descubrimiento por quedarse con la tarjeta de su exasesora durante varios meses, después de que el presidente de un medio de comunicación, se la hiciera llegar y no se la entregara de manera inmediata a su dueña. El delito de daños informáticos lo sostiene en base a que al devolver la tarjeta a Bousselham, ésta no funcionaba.

La exposición del juez

“Iglesias fingió ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima” del PP

Las tesis del juez dejaron a Podemos “atónito”. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que García-Castellón actúa sin “pruebas materiales, reabriendo asuntos cerrados y saltándose a la Audiencia Nacional y la Fiscalía”. Y añadió, “no quiero pensar que esto tiene que ver con que queramos reformar la ley del Poder Judicial”. Los ministros de Trabajo y Consumo, pusieron la mano en el fuego por Iglesias. Garzón subrayó que “hacer frente a las fuerzas reaccionarias, las mismas que protegen y blindan a corruptos, espías y recortadores de lo público, nunca ha sido fácil”.

El PP había salido en tromba a pedir el cese de Iglesias, con Pablo Casado al frente: “Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias”, “debe cumplir la misma vara de medir que exigía en sus moción de censura”. La reacción desde Ciudadanos fue similar. Su presidenta, Inés Arrimadas, plasmó en otro tuit la misma visión: “Si no fuera por el privilegio del aforamiento, Pablo Iglesias ya estaría imputado” y hacía una pregunta: “¿Piensa seguir escondiéndose sin dar la cara ante los españoles en el Congreso?”.