¿Qué tienen en común Henri Parot, Carles Puigdemont y el rapero Valtonyc? Que todos han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en Estrasburgo) para hacer ver su idea de que la justicia española no funciona. En el caso de Puigdemont, además, se trata de una estrategia calculada para internacionalizar «su» conflicto particular, ya que hay muchas posibilidades de que el Tribunal lo titule como «el caso de España contra Cataluña». Esto daría un altavoz mediático europeo a las pretensiones del ex-presidente en su intención de denigrar a España como sea y avanzar en su proycto secesionista. Sus abogados ya se han preparado para una pelea judicial que puede durar hasta mediados del año 2019.

Ahora bien, ese tribunal al que han acudido no pertenece a las instituciones de la Unión Europea de la que formamos parte. ¿Qué organismo es ése, entonces, y por qué España tiene que respetar su jurisprudencia, renunciando a más y más soberanía? Antes de que el tribunal se pronuncie sobre los asuntos de Puigdemont, hemos querido comprobar si en otros países de la UE surgen voces críticas ante el cuestionamiento de la soberanía nacional, de los Estados miembros, por esa vía oficiosa.

Estamos atados de pies y manos. En la lucha contra el terrorismo, como en otros ámbitos, Francia se topa regularmente con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es dictarle a Francia su ley. Es urgente ya librarse de esta situación.

El 19 de septiembre de 2007, una resolución de alejamiento a Argelia fue firmada contra Djamel Beghal, privado de su nacionalidad francesa un año antes por haber proyectado un atentado contra la embajada de Estados Unidos en París en 2001. Estimando que su expulsión le ponía en peligro, el islamista argelino interpuso un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH)… ¡que le dio la razón! No era ni la primera ni la última vez que este tribunal con sede en Estrasburgo se descolgaba con una resolución surrealista privilegiando hasta el absurdo la libertad individual sobre la libertad pública, contra el derecho legítimo de un Estado a proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo.

Esta institución poco conocida por los franceses, que no hay que confundir con el Tribunal de Justicia de la UE (el cual pertenece a la Unión de los 28), depende del Consejo de Europa (47 países miembros) y se ha impuesto poco a poco como un verdadero tribunal constitucional europeo, dictando sentencias por encima de los 47 Estados (820 millones de habitantes), censurando con ligereza las legislaciones nacionales y condenando a los Estados que no respetan su interpretación de los “derechos humanos”. Este Tribunal ha desarrollado una concepción no solo procedimental de la democracia, sino “sustantiva”: dicho de otra manera, defiende una ideología. Formado por jueces militantes, expande mediante su jurisprudencia la vulgata “progresista” hecha de desconfianza sistemática hacia el Estado, de una caza fanática contra las “discriminaciones”, de la primacía dada a los delincuentes sobre sus víctimas, del respeto sagrado a los “derechos” de los terroristas, de un liberalismo absoluto en cuestiones de sociedad, de la defensa del individuo sobre el interés colectivo, de la negación de las fronteras y de la promoción de la inmigración.

“En Francia, el único Tribunal Supremo es el pueblo francés”

El TEDH se ceba con los países occidentales culpables de “discriminación en el trabajo” y otras menudencias, pero no se le escucha pronunciarse sobre lo que sucede en otros países del Consejo de Europa donde los ataques a los derechos humanos son mucho más graves.

Es en 1945, después de la experiencia totalitaria europea, cuando comienza una política de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948 por la Asamblea General de la ONU y, dos años más tarde, la Convención de Derechos Humanos y Libertades fundamentales fue firmada por los estados miembros del Consejo de Europa (N.T.: este organismo no pertenece a la Unión Europea). Pero estos textos, poco operativos, tenían sobre todo un valor simbólico en esencia. Eran simples comisiones, formadas por políticos y no por magistrados, las que se encargaban de verificar el respeto de los compromisos internacionales.

En 1959, se creó el TEDH, pero su competencia estaba subordinada a la decisión previa de la Comisión Europea de los Derechos Humanos, un órgano político una vez más. No se reunía más que algunos días al año. Pero bajo el impulso de los militantes de los derechos humanos reunidos alrededor de René Cassin, uno de los redactores de la Declaración Universal, el TEDH suplantó progresivamente al conjunto de las disposiciones de los derechos nacionales, incluyendo a las Constituciones; expresando claramente que los derechos humanos tenían por vocación estar por encima de la democracia. En 1998, la adopción de un Protocolo (nº 11) añadido a la Convención suprimió la Comisión Europea de los Derechos Humanos. El TEDH se convirtió en una jurisdicción permanente a la que pueden tener acceso directo los ciudadanos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. El número de denuncias anuales ha pasado de cinco mil en 1990 a sesenta y tres mil en 2017; el número de asuntos pendientes llega a los cincuenta y cinco mil.

Actuando en lugar de la política, este Tribunal formado por jueces de Azerbaiyán, Moldavia, Albania o Turquía, moldea impunemente nuestra sociedad e impone sus decisiones, sin ninguna legitimidad democrática y fuera de todo control. Es un gobierno de jueces absolutamente contrario a la concepción francesa de Estado soberano y de democracia. “En Francia, el único Tribunal Supremo es el pueblo francés” decía De Gaulle.

En el momento histórico en el que estamos desde hace unos años, con una inmigración descontrolada y un enemigo interior islamista dispuesto a todo, la ideología transmitida por el TEDH nos lleva al desastre, y ya es urgente librarse de él de una manera o de otra. El Parlamento ruso lo entendió muy bien cuando votó en 2015 una ley poniendo al Tribunal Constitucional de Rusia por encima de la jurisdicción internacional. El TEDH había condenado en aquel momento al país a pagar 1,9 millones de euros a los ex-accionistas del grupo petrolero Loukos, desmantelado por las autoridades rusas después de un fraude fiscal masivo. “No pagaremos, y no aplicaremos sus decisiones”, respondió entonces Putin. Otra solución podría ser salir de la Convención lo cual, al contrario de lo que se piensa, es jurídicamente posible. “La soberanía nacional pertenece al pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por la vía del referéndum” dice el artículo 3 de nuestra Constitución. No dice en ningún sitio que haya que rebajarla ante un tribunal supremo formado por jueces extranjeros, poco claros y fanáticos.

(Tribuna País Vasco)