Por Drieu Godefridi.- (*)

Aún es muy pronto para hacer una evaluación definitiva sobre la gestión del covid-19 en cada país, pero una cosa está clara: Bélgica está viviendo una auténtica masacre.

Todo empezó en 2015, cuando el Gobierno del primer ministro Charles Michel (actual presidente del Consejo Europeo) decidió destruir todo el ‘stock estratégico’ del país –63 millones de mascarillas, entre las cuales figuraban las tan valiosas FFP2–, cuidadosamente almacenado por el Ejército en un cuartel de Belgrade (Namur), porque estaba «desfasado», según declaró la ministra de Sanidad, Maggie de Block, que aún sigue en el cargo. «Para nada», afirmó el principal sindicato del Ejército; «esas máscaras fueron incineradas… para hacer sitio a los refugiados». En 2015, Bélgica y Europa se vieron inundadas de inmigrantes por la invitación a acudir al continente que les cursó la canciller alemana, Angela Merkel, y tanto las leyes de la UE como la Convención Europea de Derechos humanos hicieron materialmente imposible rechazarlos.

Todo el stock estratégico fue incinerado, sí; y nunca fue reemplazado, otra decisión de De Block que, dada la frecuencia con que se producen epidemias y pandemias, equivale a un crimen. «Gobernar es prever», que dijo Emile de Girardin.

Así que cuando la pandemia del coronavirus se extendió por Bélgica, este desgraciado país apenas tenía máscaras: ninguna para los ciudadanos, ninguna para la Policía, ninguna para las residencias de ancianos y casi ninguna para los hospitales.

La pandemia hizo erupción mucho antes en Italia que en Bélgica. El norte de Italia, tan ligado a China por medio de las industrias textil y de la moda, fue el epicentro de la pandemia en Europa. El 31 de enero Italia prohibió los vuelos procedentes de China, decisión lamentablemente tardía, y el 21 de febrero varias localidades del país transalpino quedaron completamente confinadas.

Muchos belgas tienen raíces italianas, especialmente en el sur (Valonia), y muchos más adoran Italia. De ahí que, pese al brote, entre el 22 y el 23 de febrero decenas de miles de belgas partieran a Italia para festejar el Carnaval. Y el Gobierno belga no abrió la boca.

Cuando esa gente regresó, principalmente por los dos mayores aeropuertos del país –el de Bruselas Sur (Charleroi) y el de Bruselas (Zaventem)–, no fue sometida a ningún chequeo. Sí lo fue cuando arribó a Italia, pero no cuando regresó a Bélgica. En ese entonces la ministra De Block manifestó que tomar la temperatura a la gente era inútil, y que cerrar la frontera no tenía sentido: «Un virus no se detiene en una frontera», dijo. Cuando el doctor Marc Wathelet trató de advertirle de los riesgos, De Block le llamó, en un tuit que posteriormente borró, «histérico».

Parece que la epidemia hizo eclosión en Bélgica, mayormente, de la mano de esos viajeros no chequeados.

A primeros de marzo, el Gobierno de la primera ministra Sophie Wilmès –del mismo Movimiento Reformador centro-izquierdista que su predecesor, Charles Michel– no veía problema en que los belgas asistieran a acontecimientos de masas, como el Salón Batibouw (una feria inmobiliaria), la Feria del Libro y, por supuesto, la manifestación por el Día de la Mujer del 8 de marzo. Para ese día, en Italia ya habían muerto 366 personas como consecuencia del virus.

Cuando Wilmès decidió finalmente ponerse en acción, por medio de unas directivas fechadas el 23 de marzo, lo hizo principalmente para proscribir cualquier iniciativa privada relacionada con las mascarillas y los medicamentos: el Gobierno se iba a hacer cargo.

Por desgracia, esos políticos profesionales y sus expertos no tenían la experiencia necesaria en el campo del comercio internacional. El primer cargamento de mascarillas solicitado por el Gobierno belga jamás llegó; las mascarillas del segundo cargamento eran muy eficaces… para hacer cafés, y cuando un emprendedor local tomó la iniciativa y encargó millones de mascarillas para que les fueran entregadas a las autoridades, fue demonizado –sin la menor justificación– como un «bandido». Pero, «hey, esto es una emergencia, ¡no tenemos tiempo para aportar pruebas!».

A principios de abril, dos meses después de que la pandemia se extendiera por Europa, en Bélgica aún no había mascarillas prácticamente, ni siquiera para los profesionales sanitarios que se exponen a diario al contagio, así que imagínense para el ciudadano del común.

Como no había máscaras, el Gobierno decidió anunciar que las máscaras no eran necesarias. La muestra suprema de la ineptitud gubernamental aún se puede ver en la web personal de la ministra de Sanidad: «Llevar máscaras para protegerse del coronavirus no tiene demasiado sentido».

Junto con las máscaras, el otro elemento imperativo para combatir al virus son los tests; hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido. Los tests son bastante sencillos de producir y el primer requisito para una respuesta eficiente ante cualquier pandemia. Los recursos sanitarios belgas son notables –hospitales, médicos, laboratorios públicos y privados, una enorme cantidad de compañías químicas privadas–, y el gasto público en sanidad belga es uno de los más elevados del mundo. Así las cosas, el Gobierno tenía la oportunidad de maquillar su ineptitud criminal con los tests.

Por desgracia, ocurrió todo lo contrario. Premió con el monopolio de facto sobre los tests al laboratorio de un tal Marc van Ranst, de la Universidad Católica de Lovaina. No hay razón concebible alguna para esa decisión, y las consecuencias fueron exactamente las mismas que con las mascarillas: la exclusión del sector privado y el racionamiento de los tests, de los que ha habido una cruel carestía desde el primer día.

La decisión es aún más sorprendente cuando uno se entera de que Van Ranst es no sólo médico sino un activista político. Declarado comunista e israelófobo, llegó a hablar un día del «Gazacausto», y se quedó tan a gusto con la palabreja. Este es el tipo al que se ha coronado Míster Test de toda Bélgica.

Cuando compañías privadas desarrollaron nuevos métodos de chequeo, el Gobierno belga publicó inmediatamente una nueva orden para proscribirlos, con el pretexto de que quizá no fueran 100% fiables.

Sin máscaras, rastreos y con apenas tests: esta viene siendo la situación en Bélgica en medio de la peor pandemia desde la gripe española de 1918. Es una situación dramática enteramente debida a las ominosas decisiones del Gobierno. Cuando Wilmès rompió el monopolio de facto que ella misma había creado, permitiendo tests de empresas privadas como GSK, ya era demasiado tarde.

Desafortunadamente, no acaba aquí esta triste historia de incompetencia criminal. Lo peor estaba aún por llegar. En vista de lo que sucedía en Italia y Alsacia (Francia), donde algunos hospitales se han visto temporalmente desbordados con los pacientes del coronavirus, el Gobierno belga tomó la que, en perspectiva, puede que sea la peor decisión adoptada desde 1945: los residentes en residencias de ancianos infectados tendrían que permanecer en las propias residencias. Así pues, no hubo hospitalización para esa pobre gente anciana.

Junto con la práctica total ausencia de máscaras y tests, esta directiva tuvo consecuencias cataclísmicas: muertes, muertes y más muertes. Bélgica habla ahora no de una sino de dos epidemias: la de la población en general y la de las residencias de ancianos. Trágicamente, prácticamente la mitad de las muertes por coronavirus en Bélgica han tenido lugar en asilos. Pese a los esfuerzos heroicos de sus trabajadores, los asilos belgas son de hecho trampas mortales. Para evitar contagios, a los moribundos que yacen en sus habitaciones no se les permite siquiera ver a sus familias una última vez; otra decisión del Gobierno belga que se ha proclamado, cancelado y vuelto a proclamar.

Sin máscaras, sin tests y con los asilos convertidos en trampas mortales: ahora entiende uno por qué Bélgica es el país del mundo con más muertes por coronavirus per cápita, con una cifra diez veces superior a la de Alemania [1].

La masacre belga es completamente debida a la trágica incompetencia de las elites gobernantes, y era completamente evitable.

NOTA:

[1] La inefable Maggie de Block ha anunciado que «recontará» las muertes en las residencias de ancianos porque algunos de los incluidos en las estadísticas sólo eran «sospechosos» de tener el coronavirus. Ahora bien, numerosos países, empezando por EEUU, han incluido los casos sospechosos en sus conteos.

(Gatestone Institute) Drieu Godefridi, escritor liberal, es el fundador del Instituto Hayek de Bruselas. Tiene un doctorado en Filosofía por la Sorbona de París y gestiona inversiones en varios países europeos.